ARRIMAR EL ASCUA A LA SARDINA
Finalizaba el mes de junio cuando el Papa envió una carta al presidente de los obispos belgas, André-Joseph Léonard, en la que le expresaba su solidaridad, definiendo como "deplorables y sorprendentes" las formas de la redada realizada esa semana por la magistratura belga que investigaba los casos de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia.
Benedicto XVI afirmó entonces que la justicia debe seguir su curso, pero que lo haga "respetando la recíproca especificidad y autonomía" de la magistratura civil y la canónica.
Según esto, la especificidad, como cualidad de específico (adecuación de algo al fin que se destina) y la autonomía (potestad para regirse mediante normas propias) de la Iglesia Católica, han de exigir un trato diferencial del Estado respecto a los prelados católicos del país. Algo así como la inmunidad diplomática.
O lo que es lo mismo, si algún jerarca de la Iglesia está mezclado en asuntos turbios, el Estado debe proceder con él teniendo en cuenta su dignidad eclesiástica y las normas internas que rigen su status privilegiado. Es decir, en cuanto súbditos del Vaticano, esta tesis sostiene que deben ser tratados de forma desigual a los demás ciudadanos. Semejante interpretación supone una ingerencia en los asuntos del Estado belga que igualmente podrán reclamar otras confesiones religiosas. O sea, que reivindican un status propio por encima del poder civil de cada país, lo que les permitiría aplicar su propia justicia que, como es sabido consiste en castigar estos crímenes con el traslado del criminal a otro lugar, despreocupándose de la víctima.
Empleando el mismo argumento, cualquier colectivo, aún no religioso, estaría legitimado para formar un quiste en el cuerpo social y vivir aislado en ese cuerpo, con leyes y tribunales propios.
En España, posiblemente, nuestros tribunales serían más considerados y procederían con mayor miramiento hacia el prelado. No en vano la santa sede firmó con España en 1979 unos tratados que suponen la concesión de una serie de privilegios hacia una confesión religiosa, con la aplicación de sus normas morales al conjunto de la ciudadanía y a las instituciones del Estado, vulnerando el mandato constitucional de que ninguna religión tendrá carácter estatal.
De hecho, prelado alguno ha sido tan siquiera procesado por violación de la ley, al menos en lo que atañe a hechos criminosos, y a pesar de su responsabilidad como en lo relativo a delitos de pederastia. El reverencial temor al poder eclesiástico todavía pesa en una sociedad sometida secularmente a su imperio.
De vez en cuando se ocupa la conferencia episcopal de recordarnos su presencia, con acatamiento servil de los gobernantes de turno que cuidan de no irritarlos. ¡Qué largo se antoja el camino hacia el laicismo!
Carlos Etcheverría
Xornal de Galicia, 28-09-2010
