Foro de Iniciativa Atea

Andrés Ollero Tassara será el encargado de redactar la sentencia del Tribunal Constitucional
El recurso del PP sobre el aborto, en manos de un exdiputado ‘popular’, miembro del Opus Dei y antiabortista

La redacción de la sentencia sobre el recurso del PP contra la ley del aborto en el Tribunal Constitucional estará en manos del magistrado Andrés Ollero Tassara, exdiputado ‘popular’ durante 17 años, miembro del Opus Dei y contrario al aborto y el matrimonio homosexual.

Un juez contra el matrimonio gay y otro contrario a la reforma laboral marcan la renovación del Tribunal Constitucional
A Ollero, que sustituye a la magistrada saliente Elisa Pérez Vera, le corresponde proseguir con las ponencias que esta tenía asignadas, entre ellas la referida al recurso del PP.. Ollero ha criticado en numerosos escritos y foros desde su posición de catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos la reforma de la ley del aborto llevada a cabo por el Gobierno de Zapatero.

Dice que no sabe si se abstendrá
En declaraciones a El País, Andrés Ollero afirmó que no tenía conocimiento aun de que le correspondiera la redacción de la ponencia sobre el aborto, por lo que ni siquiera se ha planteado la abstención en la votación. Sobre sus declaraciones públicas contra la reforma llevada a cabo por el Gobierno socialista respondió que resulta muy difícil a los 60 años o más no haberse pronunciado sobre todos los asuntos polémicos. “Lo normal es que los juristas hablemos de los problemas jurídicos. Si haber hablado de un asunto fuera una condición que invalidara, sería imposible que el Constitucional se pronunciase sobre nada”, puntualizó el exdiputado del PP.

No es un tema urgente para Gallardón
La deliberación del recurso del PP sobre la ley de plazos del aborto de 2010 “no es un tema urgente” para el pleno del Tribunal Constitucional, porque el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado la promulgación de una nueva ley que desbaratará la reforma socialista y eliminará aspectos muy importantes como los supuestos de la malformación del feto, según han confirmado fuentes del tribunal.

Fuente: ELPLURAL .COM
http://www.elplural.com/2012/08/14/el-r ... abortista/" onclick="window.open(this.href);return false;

skeptic escribió:Y la "defensora" del pueblo rechaza recurrir el repago sanitario, pero insta a la fiscalía a perseguir a Gordillo.

jasimotosan escribió:Estoy de acuerdo con @Shé ¿A qué tanto cuento? Nada, que revivan otra vez el TOP y la ley de Vagos y Maleantes (cuidando de eximir de ella a curas, políticos y familia real, claro), la Sección Femenina y los Sindicatos Vert... Bueno lo de los sindicatos no hace falta.

Pero ¡Por amor del ser inexistente! Que no se digan demócratas ni que están ahí porque el pueblo lo ha querido ni que es por nuestro bien, eso no... Con el culo al aire y a cuatro patas pero con la cabeza muy alta. Un poco de respeto al menos.

Lo que opina del aborto el miembro del Opus Dei que redactará la sentencia del Constitucional

“La mayor injusticia es la capacidad de la sociedad de mirar hacia otro lado cuando se vulneran derechos humanos básicos, como por ejemplo el aborto. La historia nos llamará a capítulo por ello.”

"El aborto es una cuestión alarmante para cualquier persona con más sentido común que frivolidad, sea creyente o no. El Papa sí que abordó el problema; si Zapatero no lo hizo es porque no tendría nada positivo que ofrecer al respecto…"

"Formalmente, según el Consejo de Estado, no hay derecho al aborto en la ley, pero si alguien puede abortar durante 14 semanas sin dar explicaciones y se le financia, pues no sé en qué puede consistir un derecho sino en eso."

"Si hay un ser humano, dejar a su madre en paz supone autorizar un acto de guerra contra su hijo, permitiéndole que se desembarace de él. Si no hay un ser humano o, al menos, no es digno de protección penal, alguien debería molestarse en exhibir argumentos."

"El Derecho va siempre vinculado a una visión del hombre. Con la eutanasia como “nuevo derecho” vol­vemos a un individualis­mo radical, la expresión más clara de un capitalismo degenerado, que aboga, como en el caso del aborto, y también en este de la eutanasia, por desembarazarse de toda carga".


Andrés Ollero. Es miembro del Opus Dei, exdiputado del PP y magistrado del Tribunal Constitucional. Es el ponente imparcial que redactará la sentencia del recurso de anticonstitucionalidad del PP contra la ley del aborto.


Las citas salen de aquí: 28 de abril de 2005, 21 de enero de 1987, 10 de marzo de 2010 y 14 de mayo de 2010.

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¿Recusará el PP a este magistrado igual que hizo con el Estatut y Pérez Tremps?


Fuente: Ignacio Escolar
escolar.net

skeptic escribió:A falta de confirmar que todo eso sea cierto, es impresionante ese blog, ya sabíamos muchas de esas cosas, pero de verdad pone los pelos de punta verlo todo recopilado.

La mujer vuelve a perder
La reforma del aborto pretende que el feto es persona, pero para ello se requiere nacer

JOAN J. QUERALT 7 MAY 2013 - 00:22 CET

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en declaraciones recientes a este periódico, expuso cuál es su posición ante la regulación actual de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). No ofreció aún un texto prenormativo, sino ideas más o menos concretas, como la de la preeminencia, en algunos casos, de la integridad del feto sobre los derechos fundamentales de la mujer. Ese amagar y no dar (desde el inicio mismo de la legislatura) sobre el tema de la reforma del aborto ofrece una equivocidad calculada sobre el alcance de una contrarreforma de la normativa actual y amenaza los derechos de las mujeres en la consolidación de una vida sexual y reproductiva sanas.

Así, se nos ofrece alguna de cal y otras de arena. Las de cal: ya no parece argumentarse que el aborto es equiparable al asesinato, algo que nunca lo fue en nuestro derecho penal contemporáneo desde el siglo XIX. En segundo lugar, el feto deja de ser para el conservadurismo oficial un bien absoluto: la IVE puede ser, según y cómo, legalmente posible. Ahora las de arena. La principal: el feto es persona. Otra no menos importante: la vida empieza con la concepción. Una nueva: la protección de los discapacitados, protección de origen internacional, nada menos.

La sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 estableció que el feto no es persona, sino solo un interés a proteger

Por ello, la vuelta atrás, derogando la Ley de 2010, recurrida por el Grupo Parlamentario Popular ante el Tribunal Constituciona, comporta, con la penumbra informativa en la que acontecen las afirmaciones que comento, no saber hasta dónde llegará la regresión. Una cosa parece, al menos en teoría, clara: los conservadores aceptan la sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985 que bendijo, con matices menores, la regulación anterior.

La idea fuerte del planteamiento contrario a la IVE, especialmente si esta se concibe, como hace el moderno derecho comparado, como un derecho de la mujer, es que el feto es persona y es persona desde el mismo momento de la concepción.

Sin embargo, quienes ensalzan sin cuento la Constitución y ponen como límite de sus actuaciones al Tribunal Constitucional deberían recordar que la sentencia 53/1985 desbarató este planteamiento al establecer que el feto no es persona, sino solo un interés a proteger. Interés, por otro lado, que no es absoluto: “Si la vida del nasciturus se protegiera incondicionalmente, se protegería más a la vida del no nacido que a la vida del nacido, y se penalizaría a la mujer por defender su derecho a la vida (…); por consiguiente, resulta constitucional la prevalencia de la vida de la madre”. Por tanto, el feto ni es persona ni es un bien que pueda condicionar el derecho a la vida de la madre.

Sentado lo anterior, se alude ahora a que, en los casos de malformación fetal, compatible o no con la vida posnatal, se contravendría la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (de 2006, ratificada en 2008). Dejando de lado la contradicción no menor de enarbolar esta norma con el vaciamiento material de la Ley de Dependencia, hay que dejar sentados dos aspectos esenciales. El primero, que la Convención es un instrumento de derecho internacional que, como la inmensa mayoría de los que aprueba Naciones Unidas, supone todo lo más un compromiso estatal, aquí de eliminar obstáculos que impidan el libre desarrollo de la personalidad de los discapacitados.

Si la reforma sigue adelante, un feto malformado será un bien superior a la libertad de la mujer, y lo será bajo pena criminal

La segunda cuestión hace referencia a que, en lugar alguno de dicha Convención se hace referencia al aborto, a la IVE, al embarazo u otro estado análogo. No hace referencia, porque los destinatarios últimos de la acción gubernamental son las personas y los fetos, como sabemos, no son personas. Se es persona cuando se nace, tal como reza la legislación civil; sin nacimiento no hay personalidad según secular legislación.

Lo que en el fondo sucede, tal como demuestra el recurso de constitucionalidad interpuesto contra la Ley de 2010 ya mencionada, es que esta se configura como una ley que reconoce el derecho fundamental de la mujer a su sexualidad y a su libre maternidad. Por ello, declara impune la IVE cometida dentro de las primeras 14 semanas de embarazo, sin alegar ningún motivo. Únicamente se requiere que la mujer sea informada de las posibilidades que tiene de continuar la gestación y de las eventuales (¿cuáles, hoy día?) ayudas a percibir por tal maternidad y dejar un lapso de tres días entre esa información y la IVE.

Si las cosas no se tuercen, no solo se arrumbará con esta libertad básica, sino que un feto malformado será un bien superior a la libertad y bienestar de la mujer. Y lo será bajo pena criminal. Hay que repetir que las legislaciones sobre el aborto permiten abortar, no obligan a hacerlo; igual que la previsión del matrimonio o de la compraventa: nadie ha de casarse ni ha de comprar o vender. Lo que no es de recibo es que unas muy respetables creencias de una minoría (así lo pone de manifiesto la demoscopia) se impongan a la mayoría por la vía de la ley penal: se podrá ir a la cárcel por discrepar, en el fondo, de una tesis religiosa que oficialmente rige hace apenas 200 años y se presenta como eterna. Muy democrático no parece.

Joan J. Queralt es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona.

Ni ETA ni cefalópodos: diez mitos y una verdad sobre el aborto
Por: Ricardo de Querol | 10 de mayo de 2013

Mensaje en el vientre de una manifestante a favor del derecho al aborto, por Santi Burgos.

El debate del aborto echa chispas mucho antes de tener siquiera un anteproyecto de reforma legal que debatir. Porque anuncios ha habido muchos, más o menos confusos, pero la hora de presentar una propuesta concreta se dilata desde el principio de la legislatura, cuando Gallardón sorprendió dando prioridad a la reforma.
Los clichés no funcionan siempre en este asunto, en el que se enfrentan lo ideal y lo razonable, visiones distintas de cuándo comienza lo humano y hasta dónde llega la libertad de la mujer, un peso histórico de la tradición religiosa frente al ejemplo de tolerancia legal en la mayoría de países avanzados. Muchos ingredientes para el simplismo, zonas grises, sensibilidades heridas. Personas que lo tienen muy claro no se han visto en el dramático dilema. Hay quien no aprueba el aborto, pero tampoco que se encarcele a quien llega a esa situación. No puede ser simple la solución a un problema complejo.

No es fácil debatir sobre el aborto tampoco dentro del PP. Buena parte de la derecha, la más laica, se echa las manos a la cabeza pensando en las consecuencias del plan de Gallardón para volver al aborto bajo prescripción médica rigurosa y sin aceptar como causa una malformación, por severa que sea. La idea de volver a ver a mujeres citadas al cuartelillo o sentadas en el banquillo chirría a muchos militantes y simpatizantes; también que se reabra el puente aéreo a Londres. Son muchos quienes no entienden que se abra ese frente, que no parece una prioridad de la ciudadanía, justo ahora, en un momento de emergencia económica y con demasiados conflictos abiertos.
Los dos portavoces parlamentarios del PP, Alonso y Hernando, se han desmarcado abiertamente del plan de Gallardón; Cospedal evita apoyarlo; Rajoy y Santamaría no se mojan o son ambiguos. Luego aparece Fernández Díaz soltando eso de que "el aborto y ETA tienen algo que ver, pero no demasiado". Faltaba la diputada Beatriz Escudero, que tuiteó lo de que hoy se defiende más "a los cefalópodos y mamíferos porque sufren" que a los no nacidos. La parlamentaria que fue apercibida por el partido no fue ella, sino Celia Villalobos, multada por ausentarse del Congreso para no votar una moción del PSOE contra la reforma de Gallardón.

Tampoco es que la izquierda vea este asunto de una única manera. Fue el PSOE quien reguló el aborto en España las dos veces que se ha hecho. Primero en 1985, con Felipe González en La Moncloa, con la despenalización de tres supuestos: riesgo para la madre, malformación o violación. Los intentos de introducir el cuarto supuesto (el del "conflicto personal") no cuajaron en 1995 porque acabó la legislatura sin su aprobación definitiva, pero Zapatero completó en 2010 el cambio de modelo e introdujo una ley de plazos. Con ella, el aborto es libre durante las primeras 14 semanas, condicionado a supuestos (riesgo para la mujer, malformación) hasta la 22 y restringido tras ese plazo a casos muy excepcionales (como un feto sin cerebro, condenado a morir al nacer) que evalúa un tribunal médico. Desagradó a algunos sectores socialistas la insistencia en definir el aborto como un derecho (la ley se refería en realidad al "derecho a elegir la maternidad"), porque prefieren verlo como un mal menor. Algunos (pocos) objetaron que las menores puedan decidir sin sus padres. Pero con el modelo de plazos en sí no hubo gran debate, porque se entendió que es el dominante en Europa. El más claro y transparente.

Máscaras a lo 'Viernes 13' en una protesta antiabortista en Sevilla, por Alejandro Ruesga.

Enredado el debate del aborto en las contradicciones entre quienes se supone decidirán la reforma, y con la izquierda y las organizaciones de mujeres dispuestas a dar la batalla, convendría al menos saber de qué estamos hablando. Con ese fin pretendo aquí aclarar algunas confusiones.

1. Una ley más restrictiva evitaría miles de abortos. Falso. Ese titular apareció en un diario nacional pero no se sostiene. Una ley que impida abortar legalmente reduciría, obviamente, el número de abortos legales, pero aumentaría los clandestinos o en el extranjero. Un estudio de la OMS publicado en la respetada revista médica The Lancet en 2012 confirmaba que la tasa de abortos no es inferior, más bien al contrario, en los países que lo prohíben. Los abortos se practican allí en la clandestinidad con grandes riesgos sanitarios para la mujer. Pero se practican.

2. Una ley de plazos es más permisiva que la de supuestos. Según como se mire. Es más permisiva en el sentido de que no obliga a la mujer a dar una justificación (la más socorrida era el riesgo psicológico) en abortos en el primer trimestre de gestación. Pero la ley de 2010 es mucho más restrictiva para practicar abortos en embarazos avanzados, al introducir el criterio de la viabilidad fetal. Esto implica que incluso en caso de riesgo grave para la madre, un feto de más de 22 semanas no puede ser eliminado si hay posibilidad de sacarlo adelante (porque la medicina ha mejorado mucho la supervivencia de los neonatos prematuros). Sin embargo, con la ley anterior podía alegarse riesgo psicológico en cualquier momento del embarazo, porque la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 que tanto invoca Gallardón eliminó los límites temporales al aborto por peligro para la madre. Si a usted no le parece lo mismo un aborto el primer mes de gestación que en el octavo, puede considerar la ley de plazos más garantista para el no nacido. Otro ejemplo: el Reino Unido tiene una ley de supuestos tan amplia que en la práctica es de plazos. Durante décadas ese país ha recibido a mujeres llegadas de otros países para acogerse a ella. Francia, Alemania o Italia tienen leyes de plazos.

3. La reforma de Gallardón pretende volver al modelo de 1985. Incierto. El ministro ha hecho saber que no se considerará la malformación del feto como causa de aborto, lo que acaba con uno de los tres supuestos de esa norma. Además se plantea que cada aborto por riesgo para la madre sea acreditado por dos médicos ajenos al centro que practica el aborto, cuando con la ley de Felipe González era un único profesional, normalmente el de la clínica, el que certificaba el riesgo. Lo del riesgo psicológico era un coladero, sí. Todo el mundo lo sabía. Aznar no lo modificó en ocho años de Gobierno. ¿Cómo discutir que enfrentarse a una maternidad indeseada implica un problema psicológico?

4. La ley de 1985 funcionaba bien. Dudoso. Funcionaba en el sentido de que hacía posible, gracias al coladero citado, que se practicaran los abortos por el cauce legal. El detonante de la reforma de 2010 fue la constatación de que la norma anterior no resolvía la inseguridad jurídica, como se demostró cuando una unidad de la la Guardia Civil citó a declarar a decenas de mujeres que habían abortado en la clínica Isadora, en un caso que el juez archivó tachándolo de montaje. Por otro lado, un reportaje de una televisión danesa desveló que una clínica de Barcelona atraía a personas de toda Europa para abortar fuera del límite de 22 semanas. Este caso sí llegó a juicio pero los delitos no pudieron probarse y acabó en absolución. En todo caso influyó en la decisión de fijar plazos más estrictos.

5. Son las personas más incultas las que abortan. Lo dijo Escudero de forma rotunda y nada elegante, pero ningún dato lo constata. Las estadísticas del Ministerio de Sanidad indican que abortan mujeres de todas las edades, niveles de formación y perfiles socioeconómicos. Solo un 2,3% de los abortos corresponden a mujeres sin estudios; un 11% son de universitarias. Tampoco es demostrable con las cifras que el número de abortos sea más elevado en las clases más desfavorecidas, lo que no sería difícil de explicar en su contexto social. El dato que sí es constatable es que las inmigrantes recurren al aborto más que las españolas: un 40% de los abortos son de extranjeras, una proporción muy superior a su peso en la población.

6. El aborto lo deben decidir los médicos de la sanidad pública. Complicado. El empeño de Gallardón por asegurar que todo aborto responde a un criterio médico es uno de los asuntos más conflictivos de la reforma. ¿Está el sistema sanitario público preparado para participar, con un diagnóstico previo por partida doble, en decenas de miles de intervenciones cada año? En la sanidad está extendida una especie de objeción de conciencia tácita, que ha desviado casi todos los abortos al sector privado, aunque no se dispone de un registro general de objetores, así que se desconoce cuántos aceptarían participar en ellos. El asunto de fondo es que esta reforma trasladaría la responsabilidad final, la decisión última, de la mujer a su médico. ¿O tendría una mujer que peregrinar de doctor en doctor hasta que alguno avale lo que está decidida a hacer en cualquier caso? Sin duda lo encontraría.

7. Las mujeres no irán a la cárcel con la nueva ley. El ministro de Justicia lo afirma con grandilocuencia. Lo cierto es que las mujeres que abortan no iban a la cárcel con la ley de 1985 ni pueden ir con la de 2010, así que no se ve la novedad. La ley vigente sólo prevé multas para la mujer por aborto ilegal, no así para el médico. Incluso con una ley más dura puede ocurrir que no vayan a la cárcel si no tienen antecedentes, porque la condena máxima sea inferior a dos años de prisión, lo que no evita que se enfrenten a un proceso penal. Eso se quería evitar con la ley de 2010. Porque no beneficia a nadie ni repara nada: a un trauma añade otro.

Folleto de una campaña de la Conferencia Episcopal Española en 2009.

8. Se protege más la vida animal que la del embrión humano. Lo dijo esta semana en Twitter Beatriz Escudero (refiriéndose al cefalópodo) y hace unos años lo decía la Conferencia Episcopal, con aquella campaña del lince que estaba más protegido que un niño talludito. Proteger el medio ambiente y la vida animal, en especial de especies amenazadas, es algo propio de países avanzados. Regular el aborto para que el fenómeno se encauce por vías legales también lo es. El lince ibérico es una especie autóctona, una riqueza de nuestro ecosistema, que gracias a los esfuerzos científicos se está salvando de la extinción. En los restaurantes se fríen cefalópodos (calamares, pulpo, sepia) todos los días y se sirven en un plato a quien quiera comérselos. ¿Qué demonios tiene eso que ver con que haya mujeres que se enfrentan a un embarazo indeseado?

9. ETA y el aborto tienen poco que ver, algo sí, pero no demasiado. Supongo que lo que quiso decir Fernández Díaz es que ambos fenómenos causan muertes de personas. La afirmación es muy propia de ese discurso político que detesta los matices y adora los mensajes simples. Y entonces todo es lo mismo: los nazis que los escraches; los terroristas que su víctima Eduardo Madina; Hitler y Stalin que Artur Mas. Con esa visión es el mismo pecado cortar un embarazo que poner un coche-bomba. Coherente con lo que se oye.

10. Existe una violencia estructural que empuja a las mujeres a abortar. Otro argumento de Gallardón necesitado de más explicaciones. Si quiere decir que las mujeres deciden sobre su embarazo coaccionadas, tendría que detallar por quién. Si lo que afirma es que hay circunstancias que presionan a favor del aborto se nos ocurren muchas: paro, precariedad laboral, falta de acceso a la vivienda, recorte de ayudas sociales de todo tipo, despidos fáciles, empobrecimiento, impago escandaloso a cuidadores de dependientes... Ninguna de esas variables ha ido a mejor con el Gobierno de Rajoy.

11. El número de abortos es muy elevado en España. Esto sí es cierto. 118.359 abortos en 2011 no son una cifra menor (María R. Sahuquillo detalla los datos en este artículo). Era igualmente elevada antes de entrar en vigor la ley de plazos, y son factores demográficos (mujeres en edad fértil) y socioeconómicos (migraciones, crisis) los que explican mejor las variaciones anuales. Estamos en torno a 10 abortos al año por cada 1.000 mujeres, cifra que se sitúa en la media europea según un estudio de 2011 de la revista internacional de ginecología BJOG. Países con leyes flexibles para el aborto como Holanda están muy por debajo de las tasas españolas, en 7 por 1.000; los países de Europa del Este tienen los registros más altos de la Unión. Cifras abultadas en cualquier caso.

Si queremos reducir ese número de abortos, y creo que muchos apoyamos ese objetivo, ¿qué debemos hacer? ¿Reformar la legislación penal? ¿O apoyar de verdad la maternidad? ¡Si están desmantelando los servicios sociales! ¿Mejorar la educación sexual, educar en valores? ¡Si lo consideran adoctrinamiento! Quien espere resolver este problema llamando a la castidad no sabe en qué mundo vive. Y el que crea que el BOE persuadirá a muchas de abortar equivoca el tiro. ¿Están (estamos) contra el aborto? Promovamos un sexo responsable sin puritanismos. Y hagamos más fácil la vida de quien elige tener un hijo.

El Salvador rechaza la solicitud de aborto de una mujer en riesgo de muerte

• El Tribunal Supremo considera que "los derechos de la madre no prevalecen" sobre el niño
• Beatriz, de 22 años, está embarazada de un feto anencefálico y gravemente enferma
• Entrevista con la joven: “Yo lo que quiero es vivir”

MARÍA R. SAHUQUILLO Madrid 30 MAY 2013 - 08:22 CET

Una activista de Amnistía Internacional se manifiesta en favor de la mujer de El Salvador en México. / HENRY ROMERO (REUTERS)

Beatriz, la salvadoreña que había solicitado a su país interrumpir el embarazo que está poniendo en grave riesgo su vida, no podrá hacerlo en El Salvador. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de su país ha rechazado su solicitud de amparo. La mujer, de 22 años, padece Lupus, enfermedad renal grave y preclamsia y está encinta de un feto anencefálico –falta de parte del cerebro—que, además, no vivirá aunque lleve a término su embarazo. Razones por las que los médicos que la atienden habían aconsejado la intervención de su embarazo. La sala constitucional, sin embargo ha considerado que la intervención terapéutica que solicitaban tanto ella como los facultativos es contraria a su Constitución. En El Salvador el aborto está prohibido y se penaliza con hasta 50 años de cárcel para las mujeres que se sometan a él y 12 para los médicos que lo realizan.

“Los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus [el no nacido] ni viceversa”, dice el alto tribunal en su fallo, notificado a las partes hace unas horas. “Existe un impedimento absoluto para autorizar la práctica de un aborto por contrariar la protección constitucional”, dicen los magistrados “que se otorga a la persona humana desde el momento de la concepción”, destacan. Tres de los cinco magistrados del Constitucional salvadoreño ha votado para denegar la solicitud de amparo de Beatriz, uno en contra y otro se ha abstenido.

El Constitucional dictaminó también que los exámenes periciales a los que se ha sometido a Beatriz –encinta ya de 23 semanas y que permanece ingresada en un hospital de San Salvador desde hace más de un mes-- han mostrado que la mujer está recibiendo el tratamiento adecuado y que está “estable” . Consideran, por tanto, que con los cuidados adecuados –que, según el fallo deber seguir recibiendo-- la continuidad con el embarazo no pone en riesgo la vida de la mujer.

Avisa, además, a los facultativos que la atienden y que habían considerado que la mejor opción para Beatriz era interrumpir el embarazo: “Los médicos deben asumir los riesgos que conlleva el ejercicio de su profesión; de allí que a ellos les corresponde estrictamente decidir los procedimientos y el momento de actuar, tomando en cuenta el referido mandato constitucional que garantiza la vida de la madre y del producto de la concepción”.

Tras la notificación del fallo, las organizaciones de mujeres y de derechos civiles han hecho un llamamiento al presidente de El Salvador, Mauricio Funes, para que interceda para permitir la interrupción del embarazo de Beatriz. Su caso ha reavivado el debate sobre el aborto en ese país que modificó la ley en los años 1990 para prohibirlo bajo cualquier circunstancia. El Salvador es uno de los cinco países de Latinoamérica, junto a Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Chile, que prohíben el aborto de manera absoluta.