Foro de Iniciativa Atea

Comisarios morales para el debate bioético

El comité que asesorará al Gobierno queda bajo una mayoría en postulados muy conservadores
El partidismo ideológico y la falta de pluralidad afectan a la autoridad e influencia del organismo
El Gobierno llena el Comité de Bioética de antiabortistas

El descubrimiento de un nuevo inmunosupresor, la ciclosporina, permitió en los años ochenta la revolución de los trasplantes y la sociedad tuvo que decidir si se podía o no compensar económicamente a los donantes. Más tarde llegó la fecundación in vitro, y tuvo que decidir qué hacer de los embriones sobrantes y si era lícito o no alquilar el vientre de una mujer para gestar un hijo concebido en la probeta. Ahora llegan la ingeniería de tejidos y los cambios asociados a la revolución de la genética, entre ellos la posibilidad de saber de qué vamos a enfermar cuando aún estamos sanos. Y a más largo plazo, pero tal vez no tanto, la posibilidad de resucitar especies extinguidas, por ejemplo la de los neandertales, o de tener hijos a la carta.

Sobre asuntos tan complejos deliberan y aconsejan los comités de bioética, pero también sobre otros mucho más cotidianos, como el derecho a una muerte digna o los requisitos para poder abortar, cuestiones en todo caso que tienen que ver con la vida de la gente, sus creencias y sus valores. Por eso los comités de bioética son también organismos de alta tensión ideológica. La renovación, el pasado 12 de enero, de todos los miembros del Comité de Bioética de España ha levantado una intensa polémica, suscitada por quienes consideran que el nuevo comité ha sufrido un claro corrimiento ideológico hacia posiciones ultraconservadoras. En un momento en el que se espera que llegue a la agenda política la reforma de la ley del aborto anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la composición del nuevo comité no ha pasado desapercibida. Siete de sus doce miembros se han pronunciado en discursos, conferencias o trabajos académicos en contra de la vigente ley del aborto, y algunos de ellos, incluso contra el derecho a abortar en ningún supuesto. Y varios se han pronunciado también en contra de la investigación con células madre embrionarias.

El Comité de Bioética se creó en julio de 2007, dentro de la Ley de Investigación Biomédica. España fue uno de los últimos países en incorporar este intrumento de deliberación y la forma en que se ha operado después revela una cierta falta de convencimiento. Fue un comité de parto lento —sus miembros no tomaron posesión hasta octubre de 2008— y escasa incidencia. “El Gobierno nunca nos encargó ningún informe ni dictamen”, relata su presidenta, Victoria Camps, catedrática emérita de Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahora, la forma en que se ha hecho la renovación indica que si del anterior Gobierno recibió indiferencia, de este ha recibido desdén. El comité debía renovarse por mitades cada cuatro años, de manera que ninguno de sus miembros podía estar más de seis, pero nunca llegó a detallarse el procedimiento. En octubre pasado, al cumplirse los cuatro años, el Ministerio de Sanidad decidió la renovación, pero no de la mitad, sino de la totalidad de los miembros. Nadie del Gobierno se dirigió ni a la presidenta ni a los integrantes del comité para comunicarles la decisión. Ni siquiera pudieron celebrar una última reunión. Los asuntos pendientes quedaron sobre la mesa. Victoria Camps expresó a la secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela, su disgusto por estas formas, impropias e injustas con un comité que había elaborado a pesar de todo y por propia iniciativa un considerable número de documentos y resoluciones, y cuyos miembros habían decidido al tomar posesión no cobrar por su dedicación, ni siquiera dietas. “El comité podría haber tenido mucha más incidencia si hubiera tenido la confianza y la complicidad de las instituciones”, lamenta Victoria Camps. “Muchas veces me he dicho: ¿para qué crean un comité de bioética si no saben para qué lo quieren?”.

Varios de los miembros cesados coinciden en que, si bien el Gobierno socialista no les dio interlocución, tampoco interfirió en sus decisiones. ¿Cambiará eso ahora? De momento, la composición del nuevo comité ha causado sorpresa en medios relacionados con la bioética. Varios de los miembros del nuevo comité han destacado por su activismo en favor de posiciones situadas en la ortodoxia católica más conservadora. Nicolás Jouve de la Barreda, catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá de Henares, es uno de los impulsores del Manifiesto 25 de marzo a favor de una investigación biomédica respetuosa con la vida humana y en 2009 se opuso a la reforma legal del aborto impulsada por el Gobierno socialista. Jouve ha publicado varios trabajos en los que defiende la tesis de que “la ciencia está a favor de la vida desde el momento de la concepción”, y por tanto, no es lícito interrumpirla. También critica la fecundación in vitro porque “deja indefensos al 90% de los embriones producidos”, posición en la que coincide con otros miembros como José Miguel Serrano Ruiz-Caldera o Vicente Bellver Capella, que también se han opuesto en diferentes foros a la investigación con células embrionarias.

En un artículo presentado en unas jornadas del Instituto Pontificio Juan Pablo II con el título La homosexualidad a la luz de la genética, Jouve sostiene también que la aceptación moral de la homosexualidad depende de si se considera una tendencia congénita o “una opción libremente aceptada como un modo de vida en cualquier caso irregular y desordenado”. Por su parte, Natalia López de Moratalla, presidenta de la Asociación Española de Bioética, se ha declarado en varias ocasiones contraria a despenalizar el aborto en cualquier supuesto. En un artículo titulado El amor a la vida naciente, sostiene que “los hijos no son un derecho de los padres humanos, aunque hayan sido engendrados por ellos (…) Es Dios quien llama a la existencia a esa persona en concreto y encarga a los padres engendrarle”. No es lícito, pues, interferir en los designios de Dios. En otro artículo publicado en la revista Cuadernos de Bioética en 2012 con el título ¿Cómo cambia el aborto el cerebro? sostiene que las mujeres que deciden abortar tienen “un 81% más de riesgo de padecer problemas de salud mental”. Según esta posición, lo que atenta contra la salud de la mujer no es obligarla a mantener un embarazo no deseado, sino la decisión de abortar, aunque sea libre y voluntaria.

Prohibir o limitar el derecho al aborto sería, en esta línea argumental, la forma de defender a las mujeres, una idea que también ha utilizado el ministro Ruiz-Gallardón. En un intento de darle la vuelta al argumentario feminista, el ministro presentó su proyecto de reforma como una iniciativa para proteger el derecho de las mujeres a la maternidad y a la salud. El proyecto de Gallardón ha recibido el apoyo explícito y entusiasta de otros miembros del comité, entre ellos el de María Teresa López López, vicepresidenta de la Fundación Acción Familiar.

El peso que estas posiciones tienen en el nuevo comité ha sido considerado excesivo. “No conozco antecedentes, ni en Europa ni en el mundo, de una composición tan sesgada en favor de unas determinadas posiciones”, afirma Margarida Boladeras, catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Barcelona. “Existe un amplio consenso en el mundo de la bioética sobre la necesidad de que estos comités representen la pluralidad de la sociedad. Un comité ad hoc como este no puede ser considerado propiamente un comité nacional de bioética”, sostiene. Pablo Simón Lorda, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y miembro del anterior comité, cree que la mayor parte de los nuevos miembros “tienen un sesgo ideológico marcadísimo” y que “sus postulados forman parte de un proyecto moral muy radical y muy alejado de la ética cívica pública, que tiene en la reforma de la ley del aborto su objetivo inmediato”.

Entre los tres miembros del anterior comité que han sido nombrados de nuevo figura César Nombela, catedrático de Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid. Nombela rechaza las críticas de sesgo político y recuerda que la elección es fruto de un procedimiento democrático. “De acuerdo con la ley que lo regula, una parte de los miembros han sido nombrados por las comunidades autónomas y el resto por diferentes ministerios. Cada uno ha decidido como ha creído oportuno. Por otra parte, es un órgano consultivo cuyos miembros actúan con total independencia”. “Que el procedimiento de elección sea democrático no excluye la posibilidad de sesgo partidista, como ocurre en otros organismos, como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial”, señala María Casado, directora del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. Casado destaca la “debilidad argumental y científica” de los trabajos publicados por algunos de los nuevos miembros y considera que la composición configura “un comité a medida de la agenda del Gobierno y nos remite a los tiempos más oscuros porque sigue las directrices de la Iglesia más reaccionaria”. Casado lamenta que España pueda estar representada en los organismos internacionales de bioética por personas de posiciones tan retrógradas y acientíficas. “En muchos de los trabajos publicados no se hace un esfuerzo por adaptar las creencias a la evidencia científica, sino por adaptar la ciencia a las creencias”.

El cardiólogo Manuel de los Reyes López, uno de los nuevos miembros elegido a propuesta del Consejo Interterritorial de Salud, afirma que desconoce los criterios aplicados, pero pide que se dé al nuevo comité “al menos la mínima oportunidad de demostrar que es capaz de encontrar los consensos deliberativos” que permitan llegar a resoluciones representativas. “Aunque es cierto que cada uno llega con una biografía y una mochila previa, en un Estado aconfesional y una sociedad con pluralidad de valores, cualquier resolución ha de estar basada en el respeto a los valores de los demás, la razonabilidad y la deliberación”, afirma. Sobre las posiciones previas, César Nombela precisa: “También los miembros del comité anterior habían publicado y tenían posiciones previas sobre los temas a debatir. Nadie está obligado a hacer abstracción de sus opiniones y creencias. El comité actúa como un árbitro en un debate que normalmente cristaliza en un criterio mayoritario, aunque a veces pueda expresarse tambien con votos particulares”. Nombela recuerda que el suyo fue el único voto particular que se expresó en contra del dictamen emitido por el comité anterior sobre la ley del aborto del Gobierno socialista, que fue aprobado por los restantes 11 miembros, incluido el jesuita Alonso Belate, que también repite, aunque más tarde este se retractó en un escrito difundido por la orden. Preguntado sobre si optará a la presidencia, Nombela responde que no ha recibido ninguna propuesta al respecto, pero en todo caso no se lo plantea porque su responsabilidad al frente de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de la que fue nombrado rector en diciembre, le exigirá total dedicación.

Para Pablo Simón Lorda, en un comité de ética es muy importante que sus miembros, “aunque tengan puntos de vista éticos particulares, sean capaces de dejarlos de lado y buscar puntos de encuentro”, cosa que resulta muy difícil si en su composición predominan los “comisarios morales”. Boladeras advierte de que la sospecha de partidismo moral es lo peor que le puede ocurrir a un comité de bioética, pues cuando eso ocurre, deja de tener autoridad e influencia.

En un libro que prepara Boladeras, Gilbert Hottois, profesor emérito de la Universidad Libre de Bruselas y miembro del Comité Consultivo de Bioética de Bélgica, considera que además de plural, un comité de bioética ha de estar formado por personas capaces de deliberar, de asumir los puntos de vista de las otras partes. Hottois recuerda que estos comités han sido creados para ayudar a tomar decisiones sobre cuestiones difíciles, y para que puedan cumplir su misión, han de ser capaces de llegar a consensos programáticos, es decir, buscar aquello en lo que se está de acuerdo, aunque no sea por las mismas razones.

“Yo era un filósofo feliz en el Grupo Europeo de Ética”, recuerda el profesor, “porque el pragmatismo era muy importante”. Pero también se siente feliz en el comité belga porque es realmente plural y aunque tarda en ocasiones en emitir sus dictámenes (tiene 40 miembros) puede hacer un trabajo deliberativo de calidad, entre otras cosas porque tiene como divisa “la negativa a ponerse en el lugar de lo político y tomar posiciones unilaterales o partidistas”. Lo fundamental, a la hora de elegir a los miembros de un organismo deliberativo no es tanto su posición de partida como lo que Hottois denomina “el espíritu de apertura y tolerancia”. Y eso es precisamente lo que se echa de menos en muchos de los nuevos miembros del comité.

Fuente:
MILAGROS PÉREZ OLIVA 23 ENE 2013
ELPAIS.COM
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Casado destaca la “debilidad argumental y científica” de los trabajos publicados por algunos de los nuevos miembros y considera que la composición configura “un comité a medida de la agenda del Gobierno y nos remite a los tiempos más oscuros porque sigue las directrices de la Iglesia más reaccionaria”. Casado lamenta que España pueda estar representada en los organismos internacionales de bioética por personas de posiciones tan retrógradas y acientíficas. “En muchos de los trabajos publicados no se hace un esfuerzo por adaptar las creencias a la evidencia científica, sino por adaptar la ciencia a las creencias”.

Shé escribió:Y si una empresa privada de seguridad o de mercenarios quisiera utilizar la ingeniería genética para generar soldados de élite, pongamos por caso? Y no estoy hablando de ninguna película de ciencia ficción, sino de algo bien posible.

O si alguien decidiera hacer un museo con especímenes extinguidos -como en Jurasic Park de Michael Crichton-, incluidos nuestros antepasados Cromagnon y Neanderthal?

Esa libertad que se desprendería de la falta de un equipo responsable de regulación me recuerda al neoliberalismo económico tan en voga.

Una cosa es que la ética sea cosa de todos, y otra que no deba haber una reglamentación que regule el uso de la ciencia para evitar abusos.