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Por primera vez en Argentina, unos magistrados han señalado en una sentencia la complicidad de la cúpula de la Iglesia católica con los crímenes de lesa humanidad cometidos en la sangrienta dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.

Y lo han hecho con las siguientes palabras: "Seguramente los miembros del pueblo de Dios, así como la generalidad de la sociedad argentina, esperan de una institución de tanta significación como la Iglesia Católica una actitud de más nítido y claro repudio a los mecanismos y a quienes, de una manera u otra, permitieron y consintieron la comisión de gravísimos hechos como los que ahora juzgamos".

Se trata del tribunal oral que ha juzgado en la provincia de La Rioja el asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, desaparecidos en julio de 1976. En el fallo, el tribunal condenó a prisión perpetua a los responsables del doble crimen: el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez; el vicecomodoro, Luis Fernando Estrella; y el ex comisario riojano, Domingo Benito Vera.

Los magistrados hablan de "indiferencia", pero también de connivencia con el aparato represivo, fundamentalmente en lo que respecta a los ataques al Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo (MSTM). Se trata de una corriente progresista dentro de la Iglesia católica latinoamericana que trabajaba con las comunidades pobres que desde la década de los 60 se enfrentaba tanto a los sectores más conservadores de la jerarquía eclesiástica como al poder económico de terratenientes y oligarcas.

En un fallo de 417 páginas, los jueces José Camilo Quiroga, Jaime Díaz Gavier y Carlos Julio Lascano exponen que "no se trató aquí de hechos aislados y fuera de contexto, presididos por móviles particulares", sino "de un plan sistemático de eliminación de opositores políticos". Los curas asesinados "formaban parte de un grupo de la Iglesia considerado 'enemigo' y 'blanco", y la cúpula eclesiástica estaba al tanto de ello.

Cerco al movimiento tercermundista

Los jueces recuerdan que las autoridades eclesiásticas ignoraron sistemáticamente las denuncias relativas a la persecución que sufrían los curas del entorno del obispo Enrique Angelelli, que murió en agosto de 1976 en lo que se archivó en falso como un accidente de tráfico. Angelelli falleció mientras transportaba documentos que informaban sobre la persecución a los curas tercermundistas, papeles que hoy han servido como pruebas del juicio, según publica el diario 'Página 12'.

El mismo periódico desveló hace unos meses que varios miembros ejecutivos de la Conferencia Episcopal argentina se reunieron con el ex dictador Jorge Videla en 1978, un revelador encuentro al que también hace mención esta sentencia. En aquella ocasión, cuando se habló del "problema de los desaparecidos", el cardenal Juan Aramburu expuso: "El problema es qué contestar para que la gente no siga arguyendo".

Esa connivencia no es cosa del pasado. Los magistrados sostienen en la sentencia que, todavía hoy, se aprecia "la actitud reticente de autoridades eclesiales e incluso del clero, al esclarecimiento de los crímenes que ahora juzgamos". Los jueces detallan que, cuando intentaron inspeccionar la parroquia en la que fueron secuestrados Murias y Longueville, el párroco les impidió la entrada con el argumento de que se estaban realizando "ejercicios espirituales" en el templo, pese a que se había notificado la visita.