Un saludo foristas!
Este es un hilo en respuesta a mi respetado compañero Tontxu (y para todo aquel que esté interesado por supuesto), ya que se presentaron dudas sobre mi disposición a proveer "información" sobre Venezuela. En el presente expongo hechos relevantes y datos específicos sobre el gobierno de mi país. Lo he dividido en cinco (5) partes, redactadas en forma de crónica periodística, para que sea más fácil de digerir. Posteriormente publicaré estadísticas PRECISAS de los últimos diez años de gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías.
Espero que sea de su interés y agrado.
Un abrazo!
Primera Parte
Independencia de los Poderes Públicos
El Presidente Hugo Chávez Frías triunfó en las elecciones de 1998 con el apoyo del 35% de la población votante. Este fue el resultado de unos comicios con 36.55% de abstención. El mes anterior se había elegido, con la misma base electoral, un Congreso bicameral en el cual estaban representadas todas las fuerzas políticas del momento. El Presidente Chávez Frías inició un proceso de transformación del Estado Venezolano y amparado en una sentencia aprobada en enero de 1999 por la Corte Suprema de Justicia impulsó la realización de un referendo consultivo, contemplado en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, más no contemplado de manera clara en la Constitución de 1961. Dicho referendo buscaba la aprobación de un proceso constituyente que dotara a Venezuela de una nueva Constitución. De esta manera se llevó a cabo el proceso constituyente de 1999 y con el 35% del total de electores, el partido de Gobierno obtuvo el 96% de los delegados para la Asamblea Constituyente.
Antes de que la Asamblea Constituyente asumiera sus funciones, el Congreso electo fue muy disminuido en las suyas y en la práctica fue disuelto al aprobarse que entraría en funcionamiento la Comisión Delegada del Congreso. Es así como la Asamblea Nacional Constituyente asume el control del Poder Legislativo y comienza a desempeñar tareas correspondientes al Congreso Nacional tales como: la aprobación del presupuesto nacional, la aprobación de ausencias del país al Presidente de la Republica, nombramientos en el Poder Judicial, etc. Luego de ser aprobada la nueva Constitución, la Asamblea Nacional que emergió de las elecciones realizadas en julio de 2000 estaba conformada en su mayoría por representantes del partido de Gobierno. Por su parte, el presidente Hugo Chávez Frías fue relegitimado en una nueva elección presidencial con el 32% de los votos a su favor y una abstención superior al 43%.
La Asamblea Nacional le aprobó al Ejecutivo el 11 de noviembre de 2000 la segunda Ley Habilitante, con base en los artículos 203 y 236 de la Constitución de 1999, con la cual asumió transitoriamente tareas legislativas y cambió varias leyes fundamentales del país. (El extinto congreso le había aprobado la primera Ley Habilitante el 27 de abril de 1999, de conformidad con el Artículo 190, Ordinal 8 de la Constitución de 1961). Próximo a concluir las sesiones ordinarias del primer período constitucional (2000-2005), se comenta que de resultar electo un nuevo parlamento de mayoría oficialista en el mes de diciembre de 2005, éste le aprobaría nuevos poderes especiales al Presidente de la República para poder legislar. La aprobación de la segunda Ley Habilitante contribuyó a la fuerte resistencia y a las múltiples protestas por parte de la oposición que resultaron finalmente en el paro empresarial de diciembre de 2001, el paro laboral y los sucesos de abril de 2002.
Después de los sucesos de abril de 2002, el gobierno pierde el apoyo de algunos de los partidos de su coalición y pierde la mayoría calificada (dos terceras partes) en la Asamblea Nacional. Ante esta nueva realidad, la fracción parlamentaria del Gobierno procedió a aprobar, con mayoría simple, una serie de modificaciones (7 modificaciones en apenas 2 años) al Reglamento Interno y de Debates de la Asamblea Nacional. Estas modificaciones buscaban restringir la participación de la oposición en los debates de la Asamblea y hacer más expedita la aprobación de leyes orgánicas con mayoría simple. En consecuencia, las múltiples modificaciones al Reglamento Interno y de Debates fueron calificadas de inconstitucionales por las fracciones parlamentarias de la oposición; varias son las demandas que en este sentido han introducido los opositores en el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) sin que este organismo haya resuelto la materia o se haya pronunciado a favor o en contra de los demandantes. Tras designarse la nueva directiva de la Asamblea Nacional en enero de 2005, controlada por el oficialismo y presidida para aquel entonces por el Diputado Nicolás Maduro (actual Ministro de Relaciones Exteriores), el ambiente parlamentario ha sido cada vez más tenso. En una oportunidad se solicitó incluso a la Guardia Nacional que ingresara al Parlamento para sacar al diputado Nicolás Sosa del MAS a raíz de un altercado cuando se discutía la Reforma de la Ley del Banco Central (esta reforma fue aprobada sin distribuírsele copia a los diputados y sin el debate reglamentario, originando diversas protestas por parte de diputados de la oposición). A lo anterior se suman declaraciones de diputados oficialistas, como las de la diputada Iris Varela: “No van a poder frenar las reformas que a nosotros nos dé la gana de hacer de las leyes en este país, para eso tenemos una mayoría” (El Nacional, Miércoles 22 de junio de 2005).
Las modificaciones al Reglamento Interno y de Debates se han mantenido con la actual directiva. La más reciente permite al Presidente de la Asamblea declarar receso parlamentario y convocar la comisión delegada "cuando las circunstancias lo requieran". La finalidad de esta última reforma es facilitar a los diputados la incorporación a sus campañas de reelección, así como también la posibilidad de controlar la Asamblea Nacional dado el riesgo de perder la mayoría necesaria para la aprobación de algunas leyes puesto que 23 diputados del oficialismo no irán a reelección. En las pasadas elecciones parlamentarias del 4 de diciembre de 2005, la alianza oficialista conformada entre otros por los partidos MVR-PPT-PODEMOS-UPV-PCV, obtuvo los 167 cargos sujetos a elección. Lo anterior resultó luego de la renuncia de los partidos de oposición a sus candidaturas por considerar que el CNE no ofrecía las condiciones requeridas constitucionalmente para un proceso electoral transparente (una realidad palpable SÓLO para el que vive en Venezuela). Dicho proceso se llevó a cabo con una abstención del 74,75% según las cifras oficiales. Lo anterior resultó en una Asamblea Nacional compuesta en un 100% por seguidores del presidente Chávez y en consecuencia, exenta de pluralismo político y de tendencia absolutamente oficialista.
Hechos y datos sobre la democracia en Venezuela
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Freethinker45
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Re: Hechos y datos sobre la democracia en Venezuela
Segunda Parte
Respeto al Estado de Derecho
Parcialización de los nuevos Magistrados del TSJ
Una vez aprobada la modificación a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la mayoría simple de la Asamblea Nacional (83 de 165 diputados), ésta procedió a designar, en diciembre de 2004, 17 nuevos magistrados para el TSJ. De los 17 nombramientos, 12 eran para cubrir la ampliación de magistrados de 20 a 32 y los 5 restantes fueron para reemplazar a magistrados quienes se acogieron a la jubilación luego de verse presionados por el Gobierno para retirarse del TSJ.
Se designaron 17 principales y 32 suplentes alterando así el número y composición del máximo Tribunal y lográndose una mayoría favorable al Gobierno en todas las Salas del mismo Tribunal. Según el presidente de la Comisión de Postulaciones de la Asamblea Nacional (el diputado y militar retirado Pedro Carreño) el gobierno de Chávez no abriría espacio alguno para la oposición en el seno del TSJ, “No nos vamos a meter un autogol”, expresó anunciando la línea dura que se impondría: Los electos “son magistrados cuya filiación revolucionaria está más que garantizada”.
Entre los nombrados más destacados por su parcialización hacia el Gobierno están: Luis Velásquez Alvaray y Luis Franceschi, diputados de la bancada de gobierno en la Asamblea Nacional; Francisco Carrasquero, hasta entonces Presidente del Consejo Nacional Electoral, el militar retirado Eladio Aponte Aponte, ex Fiscal General Militar y Deyanira Nieves, jueza superior del circuito de Caracas quien ya habría decidido a favor del gobierno en casos como el de Carlos Melo (líder de la oposición encarcelado durante los sucesos de marzo de 2004), el de los atentados a las embajadas y el de los soldados disidentes asesinados. En el acto de juramentación de los nuevos Magistrados el 14 de diciembre de 2004, el Magistrado Luis Velásquez Alvaray, ex Diputado de la Asamblea Nacional y co-redactor de la ley que rige el máximo juzgado, así como de la reforma del cuestionado Código Penal aprobado por la Asamblea Nacional en enero de 2005, dijo que aunque formalmente renunciaba a su militancia en el Movimiento Quinta República, jamás podría dimitir a su compromiso con el proceso de cambios que lidera el Presidente Chávez y que desde el TSJ impulsaría una “justicia revolucionaria”. Su nombramiento, en opinión de algunos juristas, estaría violando la Constitución, que establece que: “Con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, los magistrados o magistradas, jueces o juezas, fiscales o fiscalas del Ministerio Público y defensores públicos o defensoras públicas, desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su función, ni por sí ni por interpuesta persona, ni ejercer ninguna otra función pública a excepción de actividades educativas. Los jueces y juezas no podrán asociarse entre sí” (Artículo 256).
La aprobación de la modificación a la Ley del TSJ y la designación de los magistrados generó múltiples protestas a nivel nacional por parte de connotados juristas, profesores universitarios (la élite educativa del país) y de los parlamentarios de oposición que abandonaron la sesión alegando que se vulneraba el principio de imparcialidad y autonomía del Poder Judicial. La organización en pro de la defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), aseveró el 14 de diciembre de 2004 que con esta Ley, la Asamblea Nacional asestó un severo golpe a la justicia independiente y autónoma. Ese criterio lo ratificó su Director, José Miguel Vivanco en la ciudad de caracas el día 26 de septiembre, agregando que se debería invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA. El Presidente del TSJ, Omar Mora Díaz, respondió a estas declaraciones de Vivanco calificándolas de maniobra “imperialista”(argumento trillado hasta el cansancio) y arremetiendo contra la forma en que se administra justicia en los Estados Unidos. Una preocupación similar por la independencia y actuación del poder judicial ha sido expresada recientemente por la Comisión Andina de Juristas.
Omar Mora Díaz es el nuevo Presidente del TSJ a partir del 4 de febrero de 2005 y en su primer contacto con la prensa, ofreció sacar a los jueces golpistas del Tribunal: “No puede ser que un juez, en nombre del principio de soberanía popular, se convierta en un golpista. No puede ser. A ese juez hay que removerlo a como dé lugar…No puede ser que el juez que vio por televisión a un señor –Pedro Carmona Estanga– dando un golpe de Estado, mañana lo suelte bajo el “artifucio” (sic) de que aquí hubo un vacío de poder. Ese señor no debe ser juez” (El Universal 3 de febrero de 2005). Expresó igualmente que la sentencia de la Sala Plena que absolvió a los oficiales quienes participaron en los hechos de abril del año 2002, (Efraín Vásquez Velasco, Héctor Ramírez Pérez, Ramón Pereira Olivares y Daniel Comisso Urdaneta), debería ser revertida; sin embargo, advirtió que ello debe ser resuelto de manera autónoma por la Sala Constitucional. Así mismo, Mora Díaz ha declarado abiertamente sus simpatías por el proceso político que vive el país: "Sí, yo si soy un revolucionario... cada revolución debe ser original…Uno de los errores del pasado, de quienes luchamos por transformar revolucionariamente la sociedad, fue la tendencia a copiar mecánicamente modelos extranjeros. En un momento dado, quisimos copiar la revolución bolchevique y fracasamos; después quisimos copiar la revolución china y fracasamos; luego la revolución cubana influyó poderosamente en la generación de los años 60 y quisimos aplicar mecánicamente esa experiencia y también fracasamos. La virtud de este proceso de transformación revolucionaria que vive Venezuela es que es una experiencia original… En los años 66 y 67, yo estuve preso cuatro veces en la Digepol y tres veces en la PM…Estuve hasta en Cachipo, un campamento antiguerrillero que estaba en Oriente. Yo militaba en la Juventud Comunista, en la clandestinidad. La vez que estuve preso seis meses fue cuando me imputaron por haber colaborado con la guerrilla, con el frente guerrillero que estaba en Falcón… Yo comencé a los 13 años de edad y milité hasta que se dividió el Partido Comunista. Me fui al PRV, porque yo era de la línea dura, pero, como ese movimiento fue infiltrado por los organismos de inteligencia se desmoronó (todo un paladín de la justicia). De ahí en adelante mantuve una posición independiente de izquierda, hasta hoy.”. (El Nacional 3 febrero 2005 Página A-5).
La Sala Penal Administrativa (SPA) del TSJ es la encargada del control jurisdiccional de los actos de la administración pública. En los últimos años, dicha sala no ha dictado ninguna decisión cautelar en protección de los administrados accionantes contra la administración pública. Lo anterior constituye una demostración de la actuación parcializada del Tribunal a favor del Gobierno. Por otra parte, todas las acciones intentadas ante el Tribunal Supremo de Justicia en contra del Presidente de la República han sido desestimadas o rechazadas y en la mayoría de los casos sin aceptar siquiera que se abra el procedimiento correspondiente.
Violación de la Carrera Judicial
Cuando el Presidente Chávez Frías asumió la Presidencia, el porcentaje de jueces provisionales era del 60%, hoy en día esta proporción llega al 80%. Esta situación ha sido denunciada varias veces por Human Rights Watch (HRW), quien en el punto IV de su informe del año 2004, señala que el cuerpo judicial del país de 1732 jueces “…está conformado por jueces provisionales (52%), jueces temporales (26%) y por quienes ocupan otros cargos sin ninguna estabilidad (2%.)”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado también esta situación en su informe de 2003. Los jueces y fiscales provisorios no gozan de estabilidad laboral ni de una carrera judicial. Por lo tanto, su participación pone en riesgo la autonomía e independencia del Poder Judicial. Lo anterior ha sido motivo de preocupación por parte de diversas organizaciones nacionales e internacionales. Esta información fue ratificada por el nuevo Presidente del TSJ, quien al ser designado recientemente, declaró que la mayoría de los jueces del país ocupan sus cargos con carácter provisorio y, por lo tanto, con una precaria estabilidad laboral. Sin embargo detalló que no se trataba de 80%, como afirma HRW sino “sólo del 75%”(vaya…que alivio!) y admitió también que “los jueces laborales engrosan la lista de quienes podrían estar sujetos a presiones extrajudiciales”. (El Nacional 03 de febrero de 2005. Página A-5).
En el año 2000, tras declararse la emergencia judicial en 1999 por parte del Gobierno e iniciarse un proceso de reforma del Poder Judicial, se organizaron los concursos de jueces a través de los cuales se seleccionaron 200 Magistrados. Sin una explicación satisfactoria, los concursos fueron suspendidos en marzo de 2003 y se piensa que la razón para esto fue el deseo por parte de la Comisión Judicial de nombrar y remover jueces de manera discrecional.
Desde que se declaró la emergencia judicial, muchos jueces han sido destituidos y reemplazados, algunos de ellos sin el beneficio del debido proceso y sin derecho a la defensa:
El magistrado Francisco Arriechi, presidente de la Sala de Casación Civil (SCC), fue destituido de su cargo por un procedimiento constitucionalmente dudoso al no gozar de la confianza del régimen.
Al magistrado Alberto Martini Urdaneta, presidente de la Sala Electoral, se le abrió un procedimiento para su destitución y fue posteriormente presionado para aceptar su jubilación luego de ser ponente de decisiones favorables al Referéndum Revocatorio.
Los tres magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (CPCA): Juan Carlos Apitz, Perkins Rocha y Ana María Ruggeri despedidos en octubre del 2003 luego de haber admitido numerosos recursos en contra de las políticas y los programas de gobierno del Presidente Chávez Frías. Por ejemplo la relacionada con los médicos cubanos enviados por el gobierno de Cuba para trabajar como voluntarios en la Misión Barrio Adentro que requerirían de una certificación del Colegio Venezolano de Médicos para ejercer la medicina en Venezuela. El caso de esta Corte fue recientemente admitido por La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ser revisado.
Los jueces Miguel Luna, Petra Jiménez y María Trastoy fueron suspendidos después de poner en libertad a personas detenidas durante las protestas contra el gobierno en febrero de 2003. La juez Mercedes Chocrón fue removida de su cargo por tratar de verificar si en una base militar, donde estaba detenido un general disidente, se estaban respetando las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los jueces de la Sala 10 de la Corte de Apelaciones, Pedro Troconis Da Silva y Hertzen Vilela Sibada, fueron suspendidos por revocar la medida de prohibición de salida del país contra 27 imputados de rebelión civil por el supuesto respaldo al decreto mediante el cual Pedro Carmona Estanga sustituyó al Presidente Hugo Chávez el 12 de abril de 2002.
El caso de la provisionalidad también afecta a los fiscales del Ministerio Público. La CIDH (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos), en un comunicado dado a conocer el 11 de marzo de 2005, ha mostrado su preocupación porque desde el año 2004 hasta la fecha se han designado una gran cantidad de fiscales provisionales (436) del Ministerio Público. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), designado a comienzos de 2005, inició en el mes de abril de ese mismo año un proceso de intervención e juzgados y destitución de jueces y fiscales por parte de la Comisión Judicial del TSJ, en los estados Lara, Táchira, Falcón, Yaracuy, Anzoátegui, Nueva Esparta, etc. Estas acciones han sido consideradas en algunos casos como abusivas y no ajustadas a derecho, e incluso generaron una interpelación en la Asamblea Nacional del Magistrado Luis Velásquez Alvaray, Presidente de la Comisión Judicial del TSJ. Este proceso de intervención del Poder Judicial ha continuado. Se anunció recientemente que 71% de los más de 1800 jueces del país serán evaluados para determinar si pueden permanecer en sus cargos o si serán destituidos como ya ocurrió con 230 de ellos. Por otra parte, en el mes de agosto de 2005 se iniciaron los cursos de formación y capacitación en la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM). El Presidente del máximo Tribunal, Omar Mora Díaz, anunció que de los 1500 jueces que realizaron el curso, 330 fueron reprobados. Éstos serán destituidos y cubiertos por abogados designados en Sala Plena.
La intervención del Poder Judicial ha estado rodeada de diversos conflictos y enfrentamientos. Entre ellos se cuentan los que condujeron a la destitución de manera irregular de la directora de la ENM, magistrada Carmen Elvigia Porras. El anuncio de la creación de “ciudades judiciales municipales” y la mudanza de los actuales tribunales del centro de Caracas, ha suscitado una serie de protestas por parte de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela entre otros. A lo anterior se suma la protesta de los trabajadores de los tribunales que reclaman el incumplimiento de algunas cláusulas contractuales e incluso han amenazado con paralizar los tribunales, a lo que el Presidente de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Luis Velázquez Alvaray, ha respondido con amenazas de despidos. Sin embargo, se anunció posteriormente que se iniciaban las negociaciones entre la DEM y los Sindicatos.
El TSJ al servicio del Gobierno
Desconocimiento de las decisiones de organismos supranacionales en relación a los DDHH
Ante la solicitud de nulidad de las normas del Código Penal que consagran como delito las expresiones consideradas como irrespetuosas a autoridades, funcionarios e instituciones públicas, el TSJ convalidó, mediante la sentencia N. 1942 el 15 de julio de 2003, dichos delitos de expresión conocidos internacionalmente como "leyes de desacato" y estableció la posibilidad para la "censura previa" judicial. La sentencia anterior contiene expresiones, argumentos y decisiones que constituyen un desacato a la doctrina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDDHH) y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica del 22 de noviembre de 1969, y es Ley de la nación conforme a la Ley Aprobatoria publicada en la Gaceta Oficial N° 31.256 del 14 de junio de 1977.
Los puntos más destacados de dicha sentencia se pueden resumir de la siguiente manera: (...) La Sala considera que, por encima del Tribunal Supremo de Justicia y a los efectos del artículo 7 constitucional, no existe órgano jurisdiccional alguno, a menos que la Constitución o la ley así lo señale, y que aún en este último supuesto, la decisión que se contradiga con las normas constitucionales venezolanas, carece de aplicación en el país, y así se declara. (…) Que carece de aplicación en el país cualquier decisión de órganos jurisdiccionales supranacionales, transnacionales o internacionales que violen la Constitución, o que no hayan agotado el trámite del derecho interno, en Venezuela. (…) Que las recomendaciones de los organismos internacionales, en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tienen un carácter diferente a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no son de obligatorio cumplimiento, siendo -como lo dice la propia palabra- recomendaciones, no vinculantes.
De esta manera, el máximo Tribunal deja la puerta abierta para el desconocimiento en Venezuela de las decisiones de tribunales y organismos internacionales lo cual tiene muy preocupados a connotados juristas, a los propios organismos internacionales y las ONG defensoras de los derechos humanos en Venezuela.
Desacato al Tribunal superior
El 15 de marzo de 2004, la Sala Electoral del TSJ tomó una decisión, la Nº 24, en la cual ordenaba al Consejo Nacional Electoral mediante una medida cautelar, sumar, las 876.017 firmas recolectadas para solicitar el Referendo Revocatorio Presidencial y que el organismo electoral había declarado inválidas (llamadas también “firmas planas”), al resto de las firmas consideradas como buenas y proceder al proceso de reparos tomando en cuenta sólo el reglamento original del CNE. A pesar de ser una sentencia firme del TSJ en Sala Electoral, que es la Sala competente con relación al tema, el CNE hizo caso omiso de esta decisión del Tribunal Supremo alegando que sólo acatarían decisiones de la Sala Constitucional. El 23 de marzo de 2005, la Sala Constitucional del TSJ, declaró nula la sentencia nº 24 dictada el 15 de marzo de 2004 por la Sala Electoral, ratificó el derecho del CNE para desarrollar las normas tendentes a la reglamentación de los procesos electorales y referendarios y ordenó a la Sala Electoral a “abstenerse de tomar cualquier medida de nulidad o amparo y de adoptar cualquier decisión con respecto a los procesos electorales”.
En marzo de 2004 fue ordenada la detención del alcalde del Municipio Baruta, Henrique Capriles Radonski (de oposición por supuesto y actual Gobernador del Estado Miranda) por su “presunta” participación en los ataques a la embajada de Cuba el 12 de abril de 2002. El 1 de abril de 2004, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia anuló la orden de detención que pesaba sobre el alcalde. Sin embargo, el Tribunal 2° de Control del área metropolitana de Caracas acordó el 11 de mayo de 2004 una medida privativa de libertad contra el alcalde, quien fue detenido y encarcelado mientras duró el juicio y hasta que fue finalmente absuelto de todos los cargos en el mes de septiembre de 2004.
El 30 de diciembre de 2002 fue detenido el General (R) Carlos Alfonzo Martínez y recluido en la sede de la Policía Política (DISIP) sin que se conocieran los cargos que se formulaban en su contra. Fue introducido un amparo en su favor y éste fue acordado por el Tribunal 18 de Control, a cargo del juez David Manrique, quien ordenó su liberación. Sin embargo, el General continuó detenido. El 19 de Junio de 2003 la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por unanimidad, acordó la libertad del General. Tampoco este fallo fue acatado sino hasta que concluyó el juicio, con una condena a cinco años, de la que fue finalmente absuelto el 30 de octubre de 2004 por la Sala 2 de la Corte de Apelaciones. No obstante, el 16 de abril de 2005, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia aprobó, de oficio, el recurso de casación que había sido interpuesto por el Ministerio Público contra la decisión de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones, la cual absolvía al militar condenado a cinco años de prisión por la presunta comisión del delito de violación de zonas de seguridad. La prensa nacional (más del 70 %) ha reseñado y resumido los casos más emblemáticos en los cuales pueden observarse algunas violaciones notorias al debido proceso y a la autonomía e independencia del poder judicial.
La Sala 7 de la Corte de Apelaciones confirmó el sobreseimiento de la causa penal contra el Vicepresidente (en ese entonces) José Vicente Rangel (amigo íntimo de Chávez) y Feijoo Colomine por el despido de tres empleadas del Consejo Nacional de Fronteras, presuntamente por haber firmado a favor del referéndum revocatorio contra el Presidente Hugo Chávez Frías.
Respeto al Estado de Derecho
Parcialización de los nuevos Magistrados del TSJ
Una vez aprobada la modificación a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la mayoría simple de la Asamblea Nacional (83 de 165 diputados), ésta procedió a designar, en diciembre de 2004, 17 nuevos magistrados para el TSJ. De los 17 nombramientos, 12 eran para cubrir la ampliación de magistrados de 20 a 32 y los 5 restantes fueron para reemplazar a magistrados quienes se acogieron a la jubilación luego de verse presionados por el Gobierno para retirarse del TSJ.
Se designaron 17 principales y 32 suplentes alterando así el número y composición del máximo Tribunal y lográndose una mayoría favorable al Gobierno en todas las Salas del mismo Tribunal. Según el presidente de la Comisión de Postulaciones de la Asamblea Nacional (el diputado y militar retirado Pedro Carreño) el gobierno de Chávez no abriría espacio alguno para la oposición en el seno del TSJ, “No nos vamos a meter un autogol”, expresó anunciando la línea dura que se impondría: Los electos “son magistrados cuya filiación revolucionaria está más que garantizada”.
Entre los nombrados más destacados por su parcialización hacia el Gobierno están: Luis Velásquez Alvaray y Luis Franceschi, diputados de la bancada de gobierno en la Asamblea Nacional; Francisco Carrasquero, hasta entonces Presidente del Consejo Nacional Electoral, el militar retirado Eladio Aponte Aponte, ex Fiscal General Militar y Deyanira Nieves, jueza superior del circuito de Caracas quien ya habría decidido a favor del gobierno en casos como el de Carlos Melo (líder de la oposición encarcelado durante los sucesos de marzo de 2004), el de los atentados a las embajadas y el de los soldados disidentes asesinados. En el acto de juramentación de los nuevos Magistrados el 14 de diciembre de 2004, el Magistrado Luis Velásquez Alvaray, ex Diputado de la Asamblea Nacional y co-redactor de la ley que rige el máximo juzgado, así como de la reforma del cuestionado Código Penal aprobado por la Asamblea Nacional en enero de 2005, dijo que aunque formalmente renunciaba a su militancia en el Movimiento Quinta República, jamás podría dimitir a su compromiso con el proceso de cambios que lidera el Presidente Chávez y que desde el TSJ impulsaría una “justicia revolucionaria”. Su nombramiento, en opinión de algunos juristas, estaría violando la Constitución, que establece que: “Con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, los magistrados o magistradas, jueces o juezas, fiscales o fiscalas del Ministerio Público y defensores públicos o defensoras públicas, desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su función, ni por sí ni por interpuesta persona, ni ejercer ninguna otra función pública a excepción de actividades educativas. Los jueces y juezas no podrán asociarse entre sí” (Artículo 256).
La aprobación de la modificación a la Ley del TSJ y la designación de los magistrados generó múltiples protestas a nivel nacional por parte de connotados juristas, profesores universitarios (la élite educativa del país) y de los parlamentarios de oposición que abandonaron la sesión alegando que se vulneraba el principio de imparcialidad y autonomía del Poder Judicial. La organización en pro de la defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), aseveró el 14 de diciembre de 2004 que con esta Ley, la Asamblea Nacional asestó un severo golpe a la justicia independiente y autónoma. Ese criterio lo ratificó su Director, José Miguel Vivanco en la ciudad de caracas el día 26 de septiembre, agregando que se debería invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA. El Presidente del TSJ, Omar Mora Díaz, respondió a estas declaraciones de Vivanco calificándolas de maniobra “imperialista”(argumento trillado hasta el cansancio) y arremetiendo contra la forma en que se administra justicia en los Estados Unidos. Una preocupación similar por la independencia y actuación del poder judicial ha sido expresada recientemente por la Comisión Andina de Juristas.
Omar Mora Díaz es el nuevo Presidente del TSJ a partir del 4 de febrero de 2005 y en su primer contacto con la prensa, ofreció sacar a los jueces golpistas del Tribunal: “No puede ser que un juez, en nombre del principio de soberanía popular, se convierta en un golpista. No puede ser. A ese juez hay que removerlo a como dé lugar…No puede ser que el juez que vio por televisión a un señor –Pedro Carmona Estanga– dando un golpe de Estado, mañana lo suelte bajo el “artifucio” (sic) de que aquí hubo un vacío de poder. Ese señor no debe ser juez” (El Universal 3 de febrero de 2005). Expresó igualmente que la sentencia de la Sala Plena que absolvió a los oficiales quienes participaron en los hechos de abril del año 2002, (Efraín Vásquez Velasco, Héctor Ramírez Pérez, Ramón Pereira Olivares y Daniel Comisso Urdaneta), debería ser revertida; sin embargo, advirtió que ello debe ser resuelto de manera autónoma por la Sala Constitucional. Así mismo, Mora Díaz ha declarado abiertamente sus simpatías por el proceso político que vive el país: "Sí, yo si soy un revolucionario... cada revolución debe ser original…Uno de los errores del pasado, de quienes luchamos por transformar revolucionariamente la sociedad, fue la tendencia a copiar mecánicamente modelos extranjeros. En un momento dado, quisimos copiar la revolución bolchevique y fracasamos; después quisimos copiar la revolución china y fracasamos; luego la revolución cubana influyó poderosamente en la generación de los años 60 y quisimos aplicar mecánicamente esa experiencia y también fracasamos. La virtud de este proceso de transformación revolucionaria que vive Venezuela es que es una experiencia original… En los años 66 y 67, yo estuve preso cuatro veces en la Digepol y tres veces en la PM…Estuve hasta en Cachipo, un campamento antiguerrillero que estaba en Oriente. Yo militaba en la Juventud Comunista, en la clandestinidad. La vez que estuve preso seis meses fue cuando me imputaron por haber colaborado con la guerrilla, con el frente guerrillero que estaba en Falcón… Yo comencé a los 13 años de edad y milité hasta que se dividió el Partido Comunista. Me fui al PRV, porque yo era de la línea dura, pero, como ese movimiento fue infiltrado por los organismos de inteligencia se desmoronó (todo un paladín de la justicia). De ahí en adelante mantuve una posición independiente de izquierda, hasta hoy.”. (El Nacional 3 febrero 2005 Página A-5).
La Sala Penal Administrativa (SPA) del TSJ es la encargada del control jurisdiccional de los actos de la administración pública. En los últimos años, dicha sala no ha dictado ninguna decisión cautelar en protección de los administrados accionantes contra la administración pública. Lo anterior constituye una demostración de la actuación parcializada del Tribunal a favor del Gobierno. Por otra parte, todas las acciones intentadas ante el Tribunal Supremo de Justicia en contra del Presidente de la República han sido desestimadas o rechazadas y en la mayoría de los casos sin aceptar siquiera que se abra el procedimiento correspondiente.
Violación de la Carrera Judicial
Cuando el Presidente Chávez Frías asumió la Presidencia, el porcentaje de jueces provisionales era del 60%, hoy en día esta proporción llega al 80%. Esta situación ha sido denunciada varias veces por Human Rights Watch (HRW), quien en el punto IV de su informe del año 2004, señala que el cuerpo judicial del país de 1732 jueces “…está conformado por jueces provisionales (52%), jueces temporales (26%) y por quienes ocupan otros cargos sin ninguna estabilidad (2%.)”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado también esta situación en su informe de 2003. Los jueces y fiscales provisorios no gozan de estabilidad laboral ni de una carrera judicial. Por lo tanto, su participación pone en riesgo la autonomía e independencia del Poder Judicial. Lo anterior ha sido motivo de preocupación por parte de diversas organizaciones nacionales e internacionales. Esta información fue ratificada por el nuevo Presidente del TSJ, quien al ser designado recientemente, declaró que la mayoría de los jueces del país ocupan sus cargos con carácter provisorio y, por lo tanto, con una precaria estabilidad laboral. Sin embargo detalló que no se trataba de 80%, como afirma HRW sino “sólo del 75%”(vaya…que alivio!) y admitió también que “los jueces laborales engrosan la lista de quienes podrían estar sujetos a presiones extrajudiciales”. (El Nacional 03 de febrero de 2005. Página A-5).
En el año 2000, tras declararse la emergencia judicial en 1999 por parte del Gobierno e iniciarse un proceso de reforma del Poder Judicial, se organizaron los concursos de jueces a través de los cuales se seleccionaron 200 Magistrados. Sin una explicación satisfactoria, los concursos fueron suspendidos en marzo de 2003 y se piensa que la razón para esto fue el deseo por parte de la Comisión Judicial de nombrar y remover jueces de manera discrecional.
Desde que se declaró la emergencia judicial, muchos jueces han sido destituidos y reemplazados, algunos de ellos sin el beneficio del debido proceso y sin derecho a la defensa:
El magistrado Francisco Arriechi, presidente de la Sala de Casación Civil (SCC), fue destituido de su cargo por un procedimiento constitucionalmente dudoso al no gozar de la confianza del régimen.
Al magistrado Alberto Martini Urdaneta, presidente de la Sala Electoral, se le abrió un procedimiento para su destitución y fue posteriormente presionado para aceptar su jubilación luego de ser ponente de decisiones favorables al Referéndum Revocatorio.
Los tres magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (CPCA): Juan Carlos Apitz, Perkins Rocha y Ana María Ruggeri despedidos en octubre del 2003 luego de haber admitido numerosos recursos en contra de las políticas y los programas de gobierno del Presidente Chávez Frías. Por ejemplo la relacionada con los médicos cubanos enviados por el gobierno de Cuba para trabajar como voluntarios en la Misión Barrio Adentro que requerirían de una certificación del Colegio Venezolano de Médicos para ejercer la medicina en Venezuela. El caso de esta Corte fue recientemente admitido por La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ser revisado.
Los jueces Miguel Luna, Petra Jiménez y María Trastoy fueron suspendidos después de poner en libertad a personas detenidas durante las protestas contra el gobierno en febrero de 2003. La juez Mercedes Chocrón fue removida de su cargo por tratar de verificar si en una base militar, donde estaba detenido un general disidente, se estaban respetando las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los jueces de la Sala 10 de la Corte de Apelaciones, Pedro Troconis Da Silva y Hertzen Vilela Sibada, fueron suspendidos por revocar la medida de prohibición de salida del país contra 27 imputados de rebelión civil por el supuesto respaldo al decreto mediante el cual Pedro Carmona Estanga sustituyó al Presidente Hugo Chávez el 12 de abril de 2002.
El caso de la provisionalidad también afecta a los fiscales del Ministerio Público. La CIDH (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos), en un comunicado dado a conocer el 11 de marzo de 2005, ha mostrado su preocupación porque desde el año 2004 hasta la fecha se han designado una gran cantidad de fiscales provisionales (436) del Ministerio Público. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), designado a comienzos de 2005, inició en el mes de abril de ese mismo año un proceso de intervención e juzgados y destitución de jueces y fiscales por parte de la Comisión Judicial del TSJ, en los estados Lara, Táchira, Falcón, Yaracuy, Anzoátegui, Nueva Esparta, etc. Estas acciones han sido consideradas en algunos casos como abusivas y no ajustadas a derecho, e incluso generaron una interpelación en la Asamblea Nacional del Magistrado Luis Velásquez Alvaray, Presidente de la Comisión Judicial del TSJ. Este proceso de intervención del Poder Judicial ha continuado. Se anunció recientemente que 71% de los más de 1800 jueces del país serán evaluados para determinar si pueden permanecer en sus cargos o si serán destituidos como ya ocurrió con 230 de ellos. Por otra parte, en el mes de agosto de 2005 se iniciaron los cursos de formación y capacitación en la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM). El Presidente del máximo Tribunal, Omar Mora Díaz, anunció que de los 1500 jueces que realizaron el curso, 330 fueron reprobados. Éstos serán destituidos y cubiertos por abogados designados en Sala Plena.
La intervención del Poder Judicial ha estado rodeada de diversos conflictos y enfrentamientos. Entre ellos se cuentan los que condujeron a la destitución de manera irregular de la directora de la ENM, magistrada Carmen Elvigia Porras. El anuncio de la creación de “ciudades judiciales municipales” y la mudanza de los actuales tribunales del centro de Caracas, ha suscitado una serie de protestas por parte de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela entre otros. A lo anterior se suma la protesta de los trabajadores de los tribunales que reclaman el incumplimiento de algunas cláusulas contractuales e incluso han amenazado con paralizar los tribunales, a lo que el Presidente de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Luis Velázquez Alvaray, ha respondido con amenazas de despidos. Sin embargo, se anunció posteriormente que se iniciaban las negociaciones entre la DEM y los Sindicatos.
El TSJ al servicio del Gobierno
Desconocimiento de las decisiones de organismos supranacionales en relación a los DDHH
Ante la solicitud de nulidad de las normas del Código Penal que consagran como delito las expresiones consideradas como irrespetuosas a autoridades, funcionarios e instituciones públicas, el TSJ convalidó, mediante la sentencia N. 1942 el 15 de julio de 2003, dichos delitos de expresión conocidos internacionalmente como "leyes de desacato" y estableció la posibilidad para la "censura previa" judicial. La sentencia anterior contiene expresiones, argumentos y decisiones que constituyen un desacato a la doctrina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDDHH) y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica del 22 de noviembre de 1969, y es Ley de la nación conforme a la Ley Aprobatoria publicada en la Gaceta Oficial N° 31.256 del 14 de junio de 1977.
Los puntos más destacados de dicha sentencia se pueden resumir de la siguiente manera: (...) La Sala considera que, por encima del Tribunal Supremo de Justicia y a los efectos del artículo 7 constitucional, no existe órgano jurisdiccional alguno, a menos que la Constitución o la ley así lo señale, y que aún en este último supuesto, la decisión que se contradiga con las normas constitucionales venezolanas, carece de aplicación en el país, y así se declara. (…) Que carece de aplicación en el país cualquier decisión de órganos jurisdiccionales supranacionales, transnacionales o internacionales que violen la Constitución, o que no hayan agotado el trámite del derecho interno, en Venezuela. (…) Que las recomendaciones de los organismos internacionales, en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tienen un carácter diferente a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no son de obligatorio cumplimiento, siendo -como lo dice la propia palabra- recomendaciones, no vinculantes.
De esta manera, el máximo Tribunal deja la puerta abierta para el desconocimiento en Venezuela de las decisiones de tribunales y organismos internacionales lo cual tiene muy preocupados a connotados juristas, a los propios organismos internacionales y las ONG defensoras de los derechos humanos en Venezuela.
Desacato al Tribunal superior
El 15 de marzo de 2004, la Sala Electoral del TSJ tomó una decisión, la Nº 24, en la cual ordenaba al Consejo Nacional Electoral mediante una medida cautelar, sumar, las 876.017 firmas recolectadas para solicitar el Referendo Revocatorio Presidencial y que el organismo electoral había declarado inválidas (llamadas también “firmas planas”), al resto de las firmas consideradas como buenas y proceder al proceso de reparos tomando en cuenta sólo el reglamento original del CNE. A pesar de ser una sentencia firme del TSJ en Sala Electoral, que es la Sala competente con relación al tema, el CNE hizo caso omiso de esta decisión del Tribunal Supremo alegando que sólo acatarían decisiones de la Sala Constitucional. El 23 de marzo de 2005, la Sala Constitucional del TSJ, declaró nula la sentencia nº 24 dictada el 15 de marzo de 2004 por la Sala Electoral, ratificó el derecho del CNE para desarrollar las normas tendentes a la reglamentación de los procesos electorales y referendarios y ordenó a la Sala Electoral a “abstenerse de tomar cualquier medida de nulidad o amparo y de adoptar cualquier decisión con respecto a los procesos electorales”.
En marzo de 2004 fue ordenada la detención del alcalde del Municipio Baruta, Henrique Capriles Radonski (de oposición por supuesto y actual Gobernador del Estado Miranda) por su “presunta” participación en los ataques a la embajada de Cuba el 12 de abril de 2002. El 1 de abril de 2004, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia anuló la orden de detención que pesaba sobre el alcalde. Sin embargo, el Tribunal 2° de Control del área metropolitana de Caracas acordó el 11 de mayo de 2004 una medida privativa de libertad contra el alcalde, quien fue detenido y encarcelado mientras duró el juicio y hasta que fue finalmente absuelto de todos los cargos en el mes de septiembre de 2004.
El 30 de diciembre de 2002 fue detenido el General (R) Carlos Alfonzo Martínez y recluido en la sede de la Policía Política (DISIP) sin que se conocieran los cargos que se formulaban en su contra. Fue introducido un amparo en su favor y éste fue acordado por el Tribunal 18 de Control, a cargo del juez David Manrique, quien ordenó su liberación. Sin embargo, el General continuó detenido. El 19 de Junio de 2003 la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por unanimidad, acordó la libertad del General. Tampoco este fallo fue acatado sino hasta que concluyó el juicio, con una condena a cinco años, de la que fue finalmente absuelto el 30 de octubre de 2004 por la Sala 2 de la Corte de Apelaciones. No obstante, el 16 de abril de 2005, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia aprobó, de oficio, el recurso de casación que había sido interpuesto por el Ministerio Público contra la decisión de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones, la cual absolvía al militar condenado a cinco años de prisión por la presunta comisión del delito de violación de zonas de seguridad. La prensa nacional (más del 70 %) ha reseñado y resumido los casos más emblemáticos en los cuales pueden observarse algunas violaciones notorias al debido proceso y a la autonomía e independencia del poder judicial.
La Sala 7 de la Corte de Apelaciones confirmó el sobreseimiento de la causa penal contra el Vicepresidente (en ese entonces) José Vicente Rangel (amigo íntimo de Chávez) y Feijoo Colomine por el despido de tres empleadas del Consejo Nacional de Fronteras, presuntamente por haber firmado a favor del referéndum revocatorio contra el Presidente Hugo Chávez Frías.
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Freethinker45
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Re: Hechos y datos sobre la democracia en Venezuela
Tercera Parte
Parcialidad del Consejo Nacional Electoral (CNE)
El artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) aprobada por la Asamblea Nacional (AN) en octubre de 2002, establece que el Comité de Postulaciones, organismo que evalúa y propone a la AN los candidatos a rectores para integrar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que por definición debe estar conformado por miembros de la sociedad (art. 295 de la Constitución), está integrado por 21 miembros de los cuales 11 son diputados. Esta interpretación de los diputados, según la cual ellos deben formar parte de ese Comité pues son parte de la sociedad, no sólo contradice el espíritu de la Constitución y su artículo 296, sino que además está claramente en contra de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 21 de noviembre de 2002 que dice textualmente:
"(.) Que estando el Estado conformado por ciudadanos que pertenecen a fuerzas políticas, la sociedad civil tiene que ser diferente a esas fuerzas, cuyos exponentes son los partidos o grupos políticos. Consecuencia de ello, es que las organizaciones políticas no conforman la sociedad civil, sino la sociedad política cuyos espacios están delimitados por la Constitución y las leyes. Por lo tanto, todo tipo de participación partidista en personas jurídicas, desnaturaliza su condición de organizaciones representativas de la sociedad civil." (Nº 1395, Exp. 00-1901, del 21 de noviembre de 2000, en el caso de los Gobernadores contra el Ministerio de Finanzas.)
El artículo 296 de la Constitución establece que el CNE debe ser designado "...por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes." Sin embargo, el actual CNE fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia en dos oportunidades, el 25 de agosto del 2003 y el 20 de enero de 2005.
El 25 de agosto de 2003 ante el vacío institucional producto de la omisión de la AN para elegir un CNE, el máximo Tribunal procedió a designarlo: "... tomando en cuenta las consultas que se hicieron a los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional". Este procedimiento -consultar a los partidos políticos- contradice lo establecido en los artículos 294 y 296 de la Constitución y el artículo 9.4 de la LOPE, los cuales buscan garantizar la integración imparcial de un organismo que debería estar ajeno a vinculaciones de carácter partidista.
En esta primera designación, el TSJ también se extralimitó en sus atribuciones en cuanto a las facultades que le establece la Constitución para llenar una "omisión legislativa". En este sentido procedió a designar al Secretario del CNE, Dr. William Pacheco; al Consultor Jurídico del CNE, Dr. Andrés Brito; a los integrantes de los órganos subordinados (Junta Nacional Electoral, Comisión de Registro Civil y Electoral y Comisión de Participación Política y Financiamiento) y a los miembros del Consejo de Participación Política. El TSJ se extralimitó además al decidir quién sería Presidente y Vicepresidente del CNE cuando esto es una decisión que debe ser tomada internamente por sus 5 rectores.
En una segunda oportunidad, tras la renuncia del Presidente y Vicepresidente del CNE, el TSJ procedió a nombrar nuevos integrantes del CNE el 20 de enero de 2005 sin previa consulta a la Asamblea Nacional. Esta designación ocurrió en flagrante violación del artículo 13 de la LOPE el cual estipula que “los respectivos rectores suplentes ocuparan las vacantes que se generen por faltas temporales o permanentes de los rectores principales”. Tampoco el TSJ en esta ocasión esperó a que la AN hiciera los intentos para suplir esas vacantes y designar un CNE definitivo. De acuerdo con la Constitución, el CNE es un órgano que “debe mantenerse al margen de las contiendas políticas y las discusiones partidistas”. Sin embargo, el TSJ nunca ocultó que realizaba la selección de los miembros del CNE atendiendo a criterios consultados y discutidos con los partidos políticos. Eso marcó la integración del organismo y era por todos conocido que el CNE designado el 25 de agosto de 2003 contaba con tres miembros -Francisco Carrasquero, Oscar Battaglini y Jorge Rodríguez-, a quienes se les identificaba como simpatizantes del Gobierno; mientras que a Ezequiel Zamora y Sobella Mejías, se les identificaba con la oposición. Esa diferencia fue notoria en la aprobación de las decisiones polémicas del organismo - resaltada incluso en el informe del Centro Carter - entre las decisiones más importantes estuvo la del 13 de septiembre de 2003 en la cual rechazaron las firmas presentadas por la oposición el 20 de agosto de 2002 para solicitar el Referendo Revocatorio Presidencial. Esta parcialización y actuación discrecional fue advertida incluso por los observadores internacionales, quienes así lo reflejaron en sus informes sobre el proceso de Referendo Revocatorio, concluido el 15 de agosto de 2004.
La proporción de tres a dos miembros a favor del gobierno en el CNE se vio sensiblemente alterada al designar el 20 de enero de 2005 a Tibisay Lucena y a Oscar León Uzcátegui como miembros principales del CNE, quedando así el organismo con una proporción de cuatro a uno a favor del gobierno. La tendencia oficialista de uno de sus integrantes, Francisco Carrasquero, se confirmó con su designación como integrante del Tribunal Supremo de Justicia elegido por una Asamblea Nacional con mayoría simple favorable al Gobierno del Presidente Chávez Frías.
El pasado 28 de abril de 2006 fueron designados los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral por parte del Comité de Postulaciones Electorales (CPE) de la Asamblea Nacional. Sin embargo, en este proceso se incurrió en violaciones a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) e incluso al propio reglamento de funcionamiento que el mismo CPE elaboró para llevar a cabo su gestión. En este sentido, de acuerdo al artículo 2 de la CRBV se violentaron los siguientes principios:
“Principio de Legalidad. Falta de sometimiento pleno del CPE al artículo 295 de la Constitución el cual consagra la conformación específica de los miembros del Comité por “representantes de los diferentes sectores de la sociedad”.
Principio de Objetividad. Falta de aplicación de criterios objetivos y cuantitativos para la selección de la lista de postulados a rectores del CNE presentada ante la Asamblea Nacional (AN), obviando la utilización de baremos para la revisión de currícula y de guía cuantificada para evaluación de entrevistas. Por el contrario, la labor realizada se circunscribió a criterios referidos “a la conciencia” o por “acuerdos políticos”, en ningún caso justificados en el ordenamiento constitucional y legal.
Principio de Igualdad. Falta de aplicación de los criterios de selección en igualdad de condiciones para todos los postulados lo que resultó en exclusiones injustas e inclusiones inexplicables en la lista de postulados presentada ante la AN.”
El nombramiento de estos rectores fue producto de impugnaciones por parte de algunas organizaciones, como la organización política Alianza Bravo Pueblo representada por Antonio Ledezma (actual Alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas), quien señaló que “la Asamblea Nacional violó el artículo 296 de la Constitución, el cual establece que las autoridades del Poder Electoral serán personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos" (El Universal, 05 de mayo, 2006).
Dudosa confiabilidad del proceso automatizado de votación
El artículo 63 de la Constitución establece que: "El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas." El secreto del voto y el resultado de los procesos electorales han estado en duda desde el Referendo Revocatorio Presidencial (RRP) a raíz del intento por automatizar todo el sistema electoral. A continuación se describen los temas principales generadores de desconfianza en los actuales procesos electorales:
Durante el proceso del RRP el 15 de agosto de 2004 se introdujo la máquina “captadora de huellas” como paso previo para ingresar al centro de votación. Plasmar la huella y presentar la cédula de identidad era el primer requisito antes de pasar a votar. De esta manera existía la posibilidad de retrasar el proceso, como en efecto ocurrió , y que se conociera si la persona que iba a votar había firmado o no la solicitud de revocatorio del mandato presidencial en noviembre de 2003, al cotejar su cédula con la lista de los firmantes. Esto permitía que a discreción de los funcionarios se negara el derecho al voto a algunos ciudadanos con la excusa de que no estaban inscritos en el centro de votación. Además, tal como ocurrió en las elecciones regionales, esto permitía al CNE prolongar el proceso de votación para así favorecer o perjudicar a alguna de las tendencias en pugna.
La utilización de los cuadernos electrónicos de votación anunciada para futuros comicios, que reemplazarían a los cuadernos físicos que hasta ahora se han utilizado y en donde queda registrada la firma y la huella de los electores después de haber votado. La utilización de los cuadernos electrónicos no garantiza el secreto del voto que establecen la Constitución y la LOSPP puesto que la información - secuencia y tiempo del voto - almacenada en ellos puede cotejarse con la de las máquinas de votación y conocer así la elección de los ciudadanos.
La utilización de las maquinas de votación -que pueden transmitir y recibir datos (comunicación bidireccional) y en consecuencia se pudieran hacer correcciones o alteraciones durante el proceso de votación- y el proceso automatizado de escrutinios, son dos de los puntos más sensibles de la automatización del proceso electoral habida cuenta de las sospechas y dudas con respecto a lo ocurrido el 15 de agosto durante el Referendo Revocatorio Presidencial .
En cuanto al proceso de escrutinio, se entiende por tal "Reconocer y computar los votos que para elecciones u otros actos análogos se han dado secretamente por medio de bolas, papeletas o en otra forma." (DRAE), si bien la legislación venezolana contempla que el acto de escrutinios será automatizado (Art, 175 de la LOSPP), también establece que se debe garantizar que cada voto se puede registrar individualmente (Art. 153 LOSPP) y que se pueda verificar (Art. 154), además de que debe ser un acto público (Art. 169 LOSPP); y lo más importante, que el procedimiento debe estar cuidadosamente especificado por el CNE con seis meses de anticipación a la realización de cualquier proceso electoral. (Art. 168 y Art. 171 LOSPP). Ante las graves denuncias que se han hecho sobre fraude en procesos anteriores -que ya se mencionaron y que no han sido aclaradas a satisfacción de una parte importante de la población- este tema debe ser visto por las autoridades electorales y los electores con sumo detenimiento para generar confianza en el proceso electoral.
En cuanto a la transmisión de los datos, la LOSPP establece que "sólo se transmitirán datos una vez concluido el Acto de Escrutinio." (Artículo 157). Sin embargo, en las Normas para la Instalación y Constitución de la Mesa de Referendo y para los Actos de Votación y de Escrutinio de los Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular y en las regulaciones del CNE para las pasadas elecciones regionales del 31 de octubre de 2004 (de categoría jurídica inferior a la LOSPP), se establecía que la transmisión de los resultados se haría una vez cerrado el acto de votación y antes de realizar el escrutinio. Lo anterior fue una clara violación al artículo 157 de la LOSPP citado anteriormente.
Contrario a lo que se esperaba, la automatización ha empeorado la precisión y robustez de los resultados electorales. Mientras que en procesos anteriores, manuales o menos automatizados, las actas no contabilizadas no superaban el 2% de las actas totales, en la última elección regional no se contabilizaron cerca del 5% de las actas para la elección de Gobernadores.
Además, la automatización no ha agilizado el proceso de votación y escrutinio. El tiempo que antes perdíamos contando votos y esperando a que se totalizaran, lo perdemos hoy haciendo largas filas durante horas para sufragar debido a la lentitud en las máquinas captadora de huellas y máquinas de votación. El retraso en el proceso de votación y escrutinio, que antes afectaba a funcionarios, simpatizantes de partidos y ciudadanos que trabajan en esas tareas, hoy afecta a todos los electores incrementando naturalmente las tendencias abstencionistas de los ciudadanos. Este hecho fue resaltado incluso por los observadores internacionales en el Referendo Revocatorio Presidencial realizado el 15 de agosto de 2004.
Previo a las elecciones parlamentarias del 4 de diciembre de 2005 y durante tres procesos electorales desde agosto de 2004, el CNE le aseguró al país que las máquinas de votación no guardaban la secuencia de los votos sino que por el contrario, éstas desordenaban y ocultaban dicha secuencia. Sin embargo, en una auditoría realizada el 23 de Noviembre de 2005, los técnicos del partido Primero Justicia “comprobaron frente a los observadores internacionales que la secuencia de votación se conserva en la máquina y en sus memorias removibles” (El Universal, 26 de noviembre de 2005) poniendo en riesgo el secreto del voto. Como consecuencia de este hecho, los partidos de la alianza opositora propusieron que se mantuvieran los equipos de identificación biométrica (capta huellas) “off line”. Posteriormente, el 29 de noviembre de 2005, el CNE decidió eliminar las capta huellas para las elecciones del 4 de diciembre sin reconocer la vulnerabilidad en el sistema automatizado de votación.
El Consejo Nacional Electoral sigue en deuda para entregar la rendición de cuentas y el balance de la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2008 ante la Asamblea Nacional, tal como se lo ordena el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Electoral que establece la obligación de presentarla entre los 60 días posteriores a la culminación del año fiscal. Se espera que los rectores del CNE respondan por las siguientes cifras multimillonarias otorgadas por el Estado para que cumpliera con su función de organizar y administrar las pasadas elecciones regionales y cubrir los gastos derivados de su gestión administrativa, como también explicar la fuente de los recursos destinados a las Primarias del PSUV:
• Novecientos sesenta y dos millones, novecientos sesenta y seis mil setecientos bolívares fuertes (BsF. 962.966.700), asignados de acuerdo al decreto anual de presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional en su Ley general de Presupuesto 2008.
• Crédito adicional por trescientos sesenta y dos millones trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y tres bolívares fuertes (BsF. 362.358.833) para financiar también las elecciones regionales de noviembre pasado y parte de los gastos administrativos, según el decreto publicado en Gaceta Oficial Nº 39.002 de fecha 26/08/2008.
• Crédito adicional por trescientos doce millones cuatrocientos cincuenta y seis mil novecientos ochenta y siete bolívares fuertes (BsF. 312.456.987), para cubrir gastos relacionados con el referendo de la enmienda constitucional y con los trabajadores de este ente comicial, aprobados el 11 de noviembre de 2008 y publicado en Gaceta Oficial Nº 39.056.
Parcialidad del Consejo Nacional Electoral (CNE)
El artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) aprobada por la Asamblea Nacional (AN) en octubre de 2002, establece que el Comité de Postulaciones, organismo que evalúa y propone a la AN los candidatos a rectores para integrar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que por definición debe estar conformado por miembros de la sociedad (art. 295 de la Constitución), está integrado por 21 miembros de los cuales 11 son diputados. Esta interpretación de los diputados, según la cual ellos deben formar parte de ese Comité pues son parte de la sociedad, no sólo contradice el espíritu de la Constitución y su artículo 296, sino que además está claramente en contra de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 21 de noviembre de 2002 que dice textualmente:
"(.) Que estando el Estado conformado por ciudadanos que pertenecen a fuerzas políticas, la sociedad civil tiene que ser diferente a esas fuerzas, cuyos exponentes son los partidos o grupos políticos. Consecuencia de ello, es que las organizaciones políticas no conforman la sociedad civil, sino la sociedad política cuyos espacios están delimitados por la Constitución y las leyes. Por lo tanto, todo tipo de participación partidista en personas jurídicas, desnaturaliza su condición de organizaciones representativas de la sociedad civil." (Nº 1395, Exp. 00-1901, del 21 de noviembre de 2000, en el caso de los Gobernadores contra el Ministerio de Finanzas.)
El artículo 296 de la Constitución establece que el CNE debe ser designado "...por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes." Sin embargo, el actual CNE fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia en dos oportunidades, el 25 de agosto del 2003 y el 20 de enero de 2005.
El 25 de agosto de 2003 ante el vacío institucional producto de la omisión de la AN para elegir un CNE, el máximo Tribunal procedió a designarlo: "... tomando en cuenta las consultas que se hicieron a los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional". Este procedimiento -consultar a los partidos políticos- contradice lo establecido en los artículos 294 y 296 de la Constitución y el artículo 9.4 de la LOPE, los cuales buscan garantizar la integración imparcial de un organismo que debería estar ajeno a vinculaciones de carácter partidista.
En esta primera designación, el TSJ también se extralimitó en sus atribuciones en cuanto a las facultades que le establece la Constitución para llenar una "omisión legislativa". En este sentido procedió a designar al Secretario del CNE, Dr. William Pacheco; al Consultor Jurídico del CNE, Dr. Andrés Brito; a los integrantes de los órganos subordinados (Junta Nacional Electoral, Comisión de Registro Civil y Electoral y Comisión de Participación Política y Financiamiento) y a los miembros del Consejo de Participación Política. El TSJ se extralimitó además al decidir quién sería Presidente y Vicepresidente del CNE cuando esto es una decisión que debe ser tomada internamente por sus 5 rectores.
En una segunda oportunidad, tras la renuncia del Presidente y Vicepresidente del CNE, el TSJ procedió a nombrar nuevos integrantes del CNE el 20 de enero de 2005 sin previa consulta a la Asamblea Nacional. Esta designación ocurrió en flagrante violación del artículo 13 de la LOPE el cual estipula que “los respectivos rectores suplentes ocuparan las vacantes que se generen por faltas temporales o permanentes de los rectores principales”. Tampoco el TSJ en esta ocasión esperó a que la AN hiciera los intentos para suplir esas vacantes y designar un CNE definitivo. De acuerdo con la Constitución, el CNE es un órgano que “debe mantenerse al margen de las contiendas políticas y las discusiones partidistas”. Sin embargo, el TSJ nunca ocultó que realizaba la selección de los miembros del CNE atendiendo a criterios consultados y discutidos con los partidos políticos. Eso marcó la integración del organismo y era por todos conocido que el CNE designado el 25 de agosto de 2003 contaba con tres miembros -Francisco Carrasquero, Oscar Battaglini y Jorge Rodríguez-, a quienes se les identificaba como simpatizantes del Gobierno; mientras que a Ezequiel Zamora y Sobella Mejías, se les identificaba con la oposición. Esa diferencia fue notoria en la aprobación de las decisiones polémicas del organismo - resaltada incluso en el informe del Centro Carter - entre las decisiones más importantes estuvo la del 13 de septiembre de 2003 en la cual rechazaron las firmas presentadas por la oposición el 20 de agosto de 2002 para solicitar el Referendo Revocatorio Presidencial. Esta parcialización y actuación discrecional fue advertida incluso por los observadores internacionales, quienes así lo reflejaron en sus informes sobre el proceso de Referendo Revocatorio, concluido el 15 de agosto de 2004.
La proporción de tres a dos miembros a favor del gobierno en el CNE se vio sensiblemente alterada al designar el 20 de enero de 2005 a Tibisay Lucena y a Oscar León Uzcátegui como miembros principales del CNE, quedando así el organismo con una proporción de cuatro a uno a favor del gobierno. La tendencia oficialista de uno de sus integrantes, Francisco Carrasquero, se confirmó con su designación como integrante del Tribunal Supremo de Justicia elegido por una Asamblea Nacional con mayoría simple favorable al Gobierno del Presidente Chávez Frías.
El pasado 28 de abril de 2006 fueron designados los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral por parte del Comité de Postulaciones Electorales (CPE) de la Asamblea Nacional. Sin embargo, en este proceso se incurrió en violaciones a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) e incluso al propio reglamento de funcionamiento que el mismo CPE elaboró para llevar a cabo su gestión. En este sentido, de acuerdo al artículo 2 de la CRBV se violentaron los siguientes principios:
“Principio de Legalidad. Falta de sometimiento pleno del CPE al artículo 295 de la Constitución el cual consagra la conformación específica de los miembros del Comité por “representantes de los diferentes sectores de la sociedad”.
Principio de Objetividad. Falta de aplicación de criterios objetivos y cuantitativos para la selección de la lista de postulados a rectores del CNE presentada ante la Asamblea Nacional (AN), obviando la utilización de baremos para la revisión de currícula y de guía cuantificada para evaluación de entrevistas. Por el contrario, la labor realizada se circunscribió a criterios referidos “a la conciencia” o por “acuerdos políticos”, en ningún caso justificados en el ordenamiento constitucional y legal.
Principio de Igualdad. Falta de aplicación de los criterios de selección en igualdad de condiciones para todos los postulados lo que resultó en exclusiones injustas e inclusiones inexplicables en la lista de postulados presentada ante la AN.”
El nombramiento de estos rectores fue producto de impugnaciones por parte de algunas organizaciones, como la organización política Alianza Bravo Pueblo representada por Antonio Ledezma (actual Alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas), quien señaló que “la Asamblea Nacional violó el artículo 296 de la Constitución, el cual establece que las autoridades del Poder Electoral serán personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos" (El Universal, 05 de mayo, 2006).
Dudosa confiabilidad del proceso automatizado de votación
El artículo 63 de la Constitución establece que: "El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas." El secreto del voto y el resultado de los procesos electorales han estado en duda desde el Referendo Revocatorio Presidencial (RRP) a raíz del intento por automatizar todo el sistema electoral. A continuación se describen los temas principales generadores de desconfianza en los actuales procesos electorales:
Durante el proceso del RRP el 15 de agosto de 2004 se introdujo la máquina “captadora de huellas” como paso previo para ingresar al centro de votación. Plasmar la huella y presentar la cédula de identidad era el primer requisito antes de pasar a votar. De esta manera existía la posibilidad de retrasar el proceso, como en efecto ocurrió , y que se conociera si la persona que iba a votar había firmado o no la solicitud de revocatorio del mandato presidencial en noviembre de 2003, al cotejar su cédula con la lista de los firmantes. Esto permitía que a discreción de los funcionarios se negara el derecho al voto a algunos ciudadanos con la excusa de que no estaban inscritos en el centro de votación. Además, tal como ocurrió en las elecciones regionales, esto permitía al CNE prolongar el proceso de votación para así favorecer o perjudicar a alguna de las tendencias en pugna.
La utilización de los cuadernos electrónicos de votación anunciada para futuros comicios, que reemplazarían a los cuadernos físicos que hasta ahora se han utilizado y en donde queda registrada la firma y la huella de los electores después de haber votado. La utilización de los cuadernos electrónicos no garantiza el secreto del voto que establecen la Constitución y la LOSPP puesto que la información - secuencia y tiempo del voto - almacenada en ellos puede cotejarse con la de las máquinas de votación y conocer así la elección de los ciudadanos.
La utilización de las maquinas de votación -que pueden transmitir y recibir datos (comunicación bidireccional) y en consecuencia se pudieran hacer correcciones o alteraciones durante el proceso de votación- y el proceso automatizado de escrutinios, son dos de los puntos más sensibles de la automatización del proceso electoral habida cuenta de las sospechas y dudas con respecto a lo ocurrido el 15 de agosto durante el Referendo Revocatorio Presidencial .
En cuanto al proceso de escrutinio, se entiende por tal "Reconocer y computar los votos que para elecciones u otros actos análogos se han dado secretamente por medio de bolas, papeletas o en otra forma." (DRAE), si bien la legislación venezolana contempla que el acto de escrutinios será automatizado (Art, 175 de la LOSPP), también establece que se debe garantizar que cada voto se puede registrar individualmente (Art. 153 LOSPP) y que se pueda verificar (Art. 154), además de que debe ser un acto público (Art. 169 LOSPP); y lo más importante, que el procedimiento debe estar cuidadosamente especificado por el CNE con seis meses de anticipación a la realización de cualquier proceso electoral. (Art. 168 y Art. 171 LOSPP). Ante las graves denuncias que se han hecho sobre fraude en procesos anteriores -que ya se mencionaron y que no han sido aclaradas a satisfacción de una parte importante de la población- este tema debe ser visto por las autoridades electorales y los electores con sumo detenimiento para generar confianza en el proceso electoral.
En cuanto a la transmisión de los datos, la LOSPP establece que "sólo se transmitirán datos una vez concluido el Acto de Escrutinio." (Artículo 157). Sin embargo, en las Normas para la Instalación y Constitución de la Mesa de Referendo y para los Actos de Votación y de Escrutinio de los Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular y en las regulaciones del CNE para las pasadas elecciones regionales del 31 de octubre de 2004 (de categoría jurídica inferior a la LOSPP), se establecía que la transmisión de los resultados se haría una vez cerrado el acto de votación y antes de realizar el escrutinio. Lo anterior fue una clara violación al artículo 157 de la LOSPP citado anteriormente.
Contrario a lo que se esperaba, la automatización ha empeorado la precisión y robustez de los resultados electorales. Mientras que en procesos anteriores, manuales o menos automatizados, las actas no contabilizadas no superaban el 2% de las actas totales, en la última elección regional no se contabilizaron cerca del 5% de las actas para la elección de Gobernadores.
Además, la automatización no ha agilizado el proceso de votación y escrutinio. El tiempo que antes perdíamos contando votos y esperando a que se totalizaran, lo perdemos hoy haciendo largas filas durante horas para sufragar debido a la lentitud en las máquinas captadora de huellas y máquinas de votación. El retraso en el proceso de votación y escrutinio, que antes afectaba a funcionarios, simpatizantes de partidos y ciudadanos que trabajan en esas tareas, hoy afecta a todos los electores incrementando naturalmente las tendencias abstencionistas de los ciudadanos. Este hecho fue resaltado incluso por los observadores internacionales en el Referendo Revocatorio Presidencial realizado el 15 de agosto de 2004.
Previo a las elecciones parlamentarias del 4 de diciembre de 2005 y durante tres procesos electorales desde agosto de 2004, el CNE le aseguró al país que las máquinas de votación no guardaban la secuencia de los votos sino que por el contrario, éstas desordenaban y ocultaban dicha secuencia. Sin embargo, en una auditoría realizada el 23 de Noviembre de 2005, los técnicos del partido Primero Justicia “comprobaron frente a los observadores internacionales que la secuencia de votación se conserva en la máquina y en sus memorias removibles” (El Universal, 26 de noviembre de 2005) poniendo en riesgo el secreto del voto. Como consecuencia de este hecho, los partidos de la alianza opositora propusieron que se mantuvieran los equipos de identificación biométrica (capta huellas) “off line”. Posteriormente, el 29 de noviembre de 2005, el CNE decidió eliminar las capta huellas para las elecciones del 4 de diciembre sin reconocer la vulnerabilidad en el sistema automatizado de votación.
El Consejo Nacional Electoral sigue en deuda para entregar la rendición de cuentas y el balance de la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2008 ante la Asamblea Nacional, tal como se lo ordena el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Electoral que establece la obligación de presentarla entre los 60 días posteriores a la culminación del año fiscal. Se espera que los rectores del CNE respondan por las siguientes cifras multimillonarias otorgadas por el Estado para que cumpliera con su función de organizar y administrar las pasadas elecciones regionales y cubrir los gastos derivados de su gestión administrativa, como también explicar la fuente de los recursos destinados a las Primarias del PSUV:
• Novecientos sesenta y dos millones, novecientos sesenta y seis mil setecientos bolívares fuertes (BsF. 962.966.700), asignados de acuerdo al decreto anual de presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional en su Ley general de Presupuesto 2008.
• Crédito adicional por trescientos sesenta y dos millones trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y tres bolívares fuertes (BsF. 362.358.833) para financiar también las elecciones regionales de noviembre pasado y parte de los gastos administrativos, según el decreto publicado en Gaceta Oficial Nº 39.002 de fecha 26/08/2008.
• Crédito adicional por trescientos doce millones cuatrocientos cincuenta y seis mil novecientos ochenta y siete bolívares fuertes (BsF. 312.456.987), para cubrir gastos relacionados con el referendo de la enmienda constitucional y con los trabajadores de este ente comicial, aprobados el 11 de noviembre de 2008 y publicado en Gaceta Oficial Nº 39.056.
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Freethinker45
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Re: Hechos y datos sobre la democracia en Venezuela
Cuarta Parte
Libertad de Expresión
Independencia de los Medios de Comunicación
.Desde su arribo al poder, el Presidente Chávez Frías ha fijado su atención en los medios privados al considerarlos sus principales enemigos. Califica como los 4 jinetes del Apocalipsis (bastante bíblico) a las cuatro principales televisoras privadas por difundir opiniones de crítica a sus políticas de gobierno. A través del uso de medios indirectos para restringir la libertad de expresión (herramientas de presión hacia las televisoras privadas), el gobierno ha logrado en gran medida minimizar y suprimir espacios de opinión de la televisión que difunden opiniones contrarias y críticas de la gestión del Presidente Chávez. Venevisión, por ejemplo, uno de los principales canales televisivos, ha suprimido sus espacios de opinión y sus noticieros durante el día; Televen ha suprimido los espacios de opinión de algunos controversiales periodistas como Martha Colomina y Cesar Miguel Rondón; lo mismo han hecho cientos de emisoras de radio.
Durante los últimos años, los entes reguladores de la actividad de los prestadores de servicios de radio y televisión han iniciado numerosos procedimientos sancionatorios y fiscales ligados a temas políticos, los cuales buscan imponer multas mil-millonarias de tal magnitud que podrían inhabilitar operativamente a cualquier canal de televisión. Estos procedimientos han sido catalogados como medidas de presión por parte del gobierno para que los canales de televisión eviten emitir opiniones disidentes del gobierno.
El 7 de diciembre de 2004 fue sancionada por la Asamblea Nacional la nueva Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) La nueva Ley incrementa el control del Estado sobre las transmisiones de radio y televisión y crea disposiciones que violan los estándares internacionales (contenidas en los artículos 6 y 7). Estas disposiciones imponen limitaciones a la difusión de imágenes y sonidos basadas en conceptos tan ambiguos que no permiten al comunicador y al usuario saber con certeza los límites de cumplimiento de la Ley pues éstos están sujetos a la interpretación subjetiva del ente regulador. Se creó un Directorio de Responsabilidad Social compuesto por 11 personas cuya función principal es la aplicación de la Ley y la imposición de sanciones a los infractores. Entre las sanciones están: obligar a la cesión de espacios para la difusión de mensajes culturales y educativos, multas, suspensión y revocatoria de la habilitación administrativa que permite operar a las empresas y revocatoria de las concesiones. En la práctica, este nuevo Directorio desempeña funciones de “censor de medios”.
De los 11 miembros, 7 fueron designados por el gobierno en representación de organismos gubernamentales y ninguno representa a los prestadores de servicios de radio y televisión. Lo anterior deja a los regulados en una posición de defensa seriamente debilitada al momento de tomar decisiones sobre la procedencia o no de alguna sanción. El presidente de la Dirección es el Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), cargo de libre nombramiento y remoción y designado por el Presidente de la República. Diversas organizaciones internacionales han expresado su criterio y preocupación con relación a esta Ley. Human Rights Watch a través de su representante para las Américas, José Miguel Vivanco, cuestionó tajantemente la Ley diciendo que “imponer camisas de fuerza a los medios no es la forma correcta de promocionar la democracia".
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó que la Ley crea un sistema de control sobre las informaciones de los medios radioeléctricos que permite la intromisión estatal en los contenidos de los medios. Ante esta situación exhortó al gobierno de Venezuela a derogar la Ley por considerar que es incongruente con los principios básicos de libertad de expresión y de prensa.
La organización internacional “Reporteros sin Frontera” dijo a través de un comunicado: “Nos sentimos extremadamente preocupados por la aprobación de una ley cuyo margen de interpretación es muy amplio y que podría instrumentalizarse contra los medios de comunicación que no comparten los puntos de vista del gobierno.” La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó que: “La utilización de términos vagos [en la Ley], sumado a la existencia de sanciones que podrían ser excesivas, pueden causar un efecto amedrentador sobre los medios de comunicación y los periodistas, limitando el flujo de información sobre cuestiones de interés público”.
En conclusión, con la nueva Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, el Gobierno establece una serie de controles en los horarios y contenidos de las programaciones que, a juicio de los expertos, le pone una dura camisa de fuerza a la libertad de expresión. De allí que el director general de Radio Caracas Televisión (RCTV), Marcel Granier, introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una demanda de nulidad contra la Ley de Contenido por considerarla inconstitucional y violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos. La respuesta del Gobierno a todas las criticas y solicitudes en contra de la Ley de Contenidos o Ley Resorte es la de reformarla pero para introducir elementos de control a la televisión por suscripción o televisión por cable, aspecto que no está claramente regulada en la versión vigente.
Uno de los casos más notorios de acoso a los medios por parte del estado venezolano es el caso del diario El Universal. El Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, acusó al diario El Universal de vilipendio e injuria por su editorial del 25 de julio de 2005 en el cual hacía algunas críticas a la forma en que se imparte justicia en Venezuela. Este hecho recibió el repudio de la comunidad nacional, incluidos algunos partidarios del Gobierno y de la comunidad internacional. El Fiscal General criticó algunas de estas posiciones, especialmente la de la Sociedad Interamericana de Prensa. Finalmente la Fiscalía retiró algunas de las acusaciones.
El 28 de diciembre de 2006 el Presidente Chávez anuncia que suspenderá en marzo concesión de RCTV, durante salutación de fin de año a las FAN en la Academia Militares. Acusó al canal del “golpista” (que novedad). Marcel Granier, presidente de empresas 1BC, asegura que la autorización es hasta el 2020. Varios organismos internacionales se pronuncian. El 11 de enero de 2007, HRW condenó restricciones a la libertad de expresión en Venezuela. La SIP envió un comunicado: “Deterioro de la libertad de prensa en Venezuela no es producto de la casualidad. El 24 de enero, William Lara, Ministro de Comunicación e Información declara: “Después de mayo RCTV será “un modelo de televisión al servicio del país”. El 27 de mayo de 2007, el gobierno de Venezuela cierra el canal de televisión RCTV y confisca todos sus equipos (antenas, microondas, telepuertos, equipos auxiliares de televisión y energía, torres, casetas de transmisión, cercas perimetrales y acometidas eléctricas) e infraestructura, que serán usadas por el nuevo canal socialista Tves.
RCTV vuelve a transmitir su señal a través del servicio de cable como RCTV Internacional el 16 julio de 2007. El 21 de enero de 2010, en una rueda de prensa, el Director de CONATEL y Ministro de Estado, Diosdado Cabello, calificó a RCTV-I y otros 121 canales por suscripción como “nacionales” y los conminó a asumir las limitaciones y restricciones antes mencionadas. El 23 de enero de 2010, RCTV-I no transmitió un discurso del presidente Chávez (ya que no estaba en la obligación “legal”) y, ese mismo día, Diosdado Cabello anunció, públicamente, la decisión de sacar del aire a RCTV-I (por segunda vez). Esta orden fue ejecutada por las operadoras de televisión por suscripción a las cero horas del 24 de enero, bajo amenaza de sufrir acciones legales.
Mientras el Gobierno ataca y acosa duramente a los medios de comunicación privados, un aspecto que comienza a preocupar es el creciente espacio radiotelevisivo y de medios impresos ocupado por el propio Gobierno. En un reciente artículo publicado en la prensa nacional en marzo de 2010, un especialista en estos temas reveló que "en once años el gobierno ha pasado a ser el primer comunicador mediático del país. Chávez ha hablado cerca de 200.000 minutos en unas 1.800 cadenas de radio y televisión, más 320 maratónicos programas dominicales ("Aló presidente") y centenares de declaraciones a la prensa en el país y el extranjero, por lo que debe haber empleado al menos 4.000 horas en la exposición pública (¿Todavía alguien puede dudar de su megalomanía?).
Recientemente el gobierno atacó al diario El Nacional por la publicación de una fotografía en primera plana mostrando los cadáveres en una morgue de Caracas, y en consecuencia prohibió a los medios impresos "deben abstenerse de realizar publicaciones de imágenes violentas, sangrientas, grotescas, bien sea de sucesos o no, que de una forma u otra vulneren la integridad psíquica y moral de los niños'', señaló el fallo (pero no hace NADA por controlar el crimen para evitar tantas muertes).
Persecución a periodistas
Un numeroso grupo de reconocidos periodistas y conductores de programas de opinión ha sido citado en una o varias ocasiones por la Fiscalía General y Tribunales de la República para que rindan declaraciones sobre hechos noticiosos que afectan la imagen del gobierno. Entre estos comunicadores se encuentran:
Las periodistas Patricia Poleo, directora del diario El Nuevo País, y Tamoa Calzadilla, reportera del diario "Últimas Noticias", fueron citadas para revelar sus fuentes de información en la investigación que abriera el Ministerio Público por la filtración de documentos del expediente del fiscal Danilo Anderson. En el caso de Patricia Poleo , las acciones de presión fueron más evidentes al ser allanada su casa por funcionarios policiales en la búsqueda de documentos que revelaran su fuente de información. Además se anunció que imputarían a la periodista por la presunta comisión del delito de manejo ilícito de información y de documentos de carácter reservado que forman parte de las actuaciones relacionadas con el caso de Danilo Anderson.
Fracasadas estas acciones en contra de la Periodista Patricia Poleo, el Ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón, la demandó por el delito de difamación al haber publicado en “El Nuevo País” la foto de un soldado, identificado como él mismo en el texto de la publicación, e inclinado sobre un cadáver en Venezolana de Televisión. El Ministro negó que se tratara de él y tras un breve juicio fue encontrada culpable y condenada a una pena de seis meses de prisión. La condena fue posteriormente suspendida por tratarse de un primer delito por ser de muy pocos meses. A la periodista se le obligó a pagar los costos totales del proceso y a publicar la sentencia dos veces, con un intervalo de 7 días, en los diarios El Nuevo País y El Nacional para dejar constancia de la decisión.
Ibéyise Pacheco, columnista del diario El Nacional y conductora de un programa de opinión en la radio, fue condenada a nueve meses de prisión al ser demandada por el coronel (Ej) Angel Bellorín por difamación agravada y continuada en su columna "En privado" del diario "El Nacional"
Pacheco fue imputada también por la fiscalía 56 por una denuncia que realizó en su columna de prensa en mayo de 2003 basada en una grabación de una reunión en el Palacio de Miraflores entre el vicepresidente José Vicente Rangel y los ministros Aristóbulo Istúriz y María Cristina Iglesias.
El periodista Napoleón Bravo fue imputado por la Fiscalía por el supuesto delito de incitación al odio al mencionar al nieto del Vicepresidente de la República.
Marianella Salazar , columnista de El Nacional y conductora de un programa de radio fue imputada por el delito de difamación al denunciar supuestas irregularidades del Vicepresidente José Vicente Rangel y el gobernador de Miranda Diosdado Cabello.
La periodista Patricia Poleo, directora del diario “El Nuevo País”, es imputada por el tribunal 34º de Control, acusada de haber participado en el asesinato del Fiscal Danilo Anderson ocurrido el pasado 18 de Noviembre de 2004 como uno de los presuntos autores intelectuales. Patricia Poleo es señalada por Giovanni Vásquez de Armas, testigo principal del Ministerio Público, de haber participado en las reuniones donde se planificó tal hecho. A través de un Informe de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, se dio a conocer que Vásquez de Armas, quien supuestamente estuvo presente en las reuniones donde se planificó el atentado, estuvo preso por forjar documentación falsa. La misma lo acreditaba como médico psiquiatra y forense, miembro del FBI, campeón mundial de karate y profesor de inglés(todo un personaje). La imputación recayó también sobre el empresario y accionista del canal de noticias “Globovisión”, Nelson Mezerhane, sobre Salvador Romaní (hijo) y el General retirado de la Guardia Nacional Eugenio Añez Núñez. Giovanni Vásque. Vale destacar que Vásquez de Armas está libre de toda culpa por ofrecer información de los otros supuestos implicados a la Fiscalía General de la República.
Posteriormente, las autoridades colombianas probaron que Giovanni Vásquez De Armas estaba preso en Colombia en la fecha en la que él dice que se dio la reunión conspiradora en Panamá. Por último, Globovisión obtuvo cuatro declaraciones originales distintas, fechadas el mismo día, a la misma hora y en la misma Fiscalía, en donde Giovanni Vásquez acusa en cada declaración a diferentes personas de la auditoría intelectual de asesinato del Fiscal Danilo Anderson, las cuatro declaraciones están firmadas por el fiscal de la causa y por Giovanni Vásquez y contiene las huellas dactilares. Desde el año 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación por la situación de los periodistas en Venezuela. Existen denuncias de centenares que han sido físicamente agredidos (muchas grabadas en video) por funcionarios gubernamentales o simpatizantes del Gobierno en el desempeño de sus funciones informativas. A varios de estos periodistas se les ha acordado medidas cautelares de protección pero persisten las quejas por parte de los afectados en el sentido de que éstas no han sido efectivas y que el Gobierno no se ha esforzado por hacerlas cumplir. Como consecuencia del incumplimiento por parte del gobierno del Presidente Hugo Chávez a las medidas cautelares acordadas por la Comisión Interamericana, ésta solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenara al Estado venezolano la adopción de Medidas Provisionales para la protección del derecho a la vida, integridad personal y libertad de expresión de los periodistas (http://www.corteidh.or.cr/seriee/index.html#luisiana) ,así como la protección de las instalaciones de algunos medios de comunicación audiovisual y de algunos medios impresos. La Corte Interamericana ha adoptado varias resoluciones ordenando esta protección provisional en los últimos años. (http://www.corteidh.or.cr/paises/venezuela.html).
No solo los medios radiales y televisivos han sido acosados, también los medios impresos se han visto acosados por el Gobierno y otros entes del Estado. Desde el año 2002 hasta la fecha, igual que los medios televisivos y las emisoras de radio, las sedes de oficinas de periódicos han sido atacadas por simpatizantes del Gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías. Igual suerte han tenido cientos de reporteros de calle quienes deben salir a trabajar con chalecos antibalas, cascos y máscaras antigás para protegerse de los ataques de la Guardia Nacional y de grupos violentos seguidores del Presidente. Todos los eventos de agresión a medios y periodistas por parte de particulares afectos al gobierno han tenido alguna relación con discursos o pronunciamientos del Presidente y otros altos funcionarios de gobierno en contra de los medios privados. Algunos de estos eventos fueron recogidos por el Diputado Alberto Jordán Hernández. El Bloque de Prensa de Venezuela ha realizado un compendio de los ataques a los periodistas y medios de comunicación social desde la llegada de Hugo Chávez a la Presidencia.
Libertad de Expresión
Independencia de los Medios de Comunicación
.Desde su arribo al poder, el Presidente Chávez Frías ha fijado su atención en los medios privados al considerarlos sus principales enemigos. Califica como los 4 jinetes del Apocalipsis (bastante bíblico) a las cuatro principales televisoras privadas por difundir opiniones de crítica a sus políticas de gobierno. A través del uso de medios indirectos para restringir la libertad de expresión (herramientas de presión hacia las televisoras privadas), el gobierno ha logrado en gran medida minimizar y suprimir espacios de opinión de la televisión que difunden opiniones contrarias y críticas de la gestión del Presidente Chávez. Venevisión, por ejemplo, uno de los principales canales televisivos, ha suprimido sus espacios de opinión y sus noticieros durante el día; Televen ha suprimido los espacios de opinión de algunos controversiales periodistas como Martha Colomina y Cesar Miguel Rondón; lo mismo han hecho cientos de emisoras de radio.
Durante los últimos años, los entes reguladores de la actividad de los prestadores de servicios de radio y televisión han iniciado numerosos procedimientos sancionatorios y fiscales ligados a temas políticos, los cuales buscan imponer multas mil-millonarias de tal magnitud que podrían inhabilitar operativamente a cualquier canal de televisión. Estos procedimientos han sido catalogados como medidas de presión por parte del gobierno para que los canales de televisión eviten emitir opiniones disidentes del gobierno.
El 7 de diciembre de 2004 fue sancionada por la Asamblea Nacional la nueva Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) La nueva Ley incrementa el control del Estado sobre las transmisiones de radio y televisión y crea disposiciones que violan los estándares internacionales (contenidas en los artículos 6 y 7). Estas disposiciones imponen limitaciones a la difusión de imágenes y sonidos basadas en conceptos tan ambiguos que no permiten al comunicador y al usuario saber con certeza los límites de cumplimiento de la Ley pues éstos están sujetos a la interpretación subjetiva del ente regulador. Se creó un Directorio de Responsabilidad Social compuesto por 11 personas cuya función principal es la aplicación de la Ley y la imposición de sanciones a los infractores. Entre las sanciones están: obligar a la cesión de espacios para la difusión de mensajes culturales y educativos, multas, suspensión y revocatoria de la habilitación administrativa que permite operar a las empresas y revocatoria de las concesiones. En la práctica, este nuevo Directorio desempeña funciones de “censor de medios”.
De los 11 miembros, 7 fueron designados por el gobierno en representación de organismos gubernamentales y ninguno representa a los prestadores de servicios de radio y televisión. Lo anterior deja a los regulados en una posición de defensa seriamente debilitada al momento de tomar decisiones sobre la procedencia o no de alguna sanción. El presidente de la Dirección es el Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), cargo de libre nombramiento y remoción y designado por el Presidente de la República. Diversas organizaciones internacionales han expresado su criterio y preocupación con relación a esta Ley. Human Rights Watch a través de su representante para las Américas, José Miguel Vivanco, cuestionó tajantemente la Ley diciendo que “imponer camisas de fuerza a los medios no es la forma correcta de promocionar la democracia".
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó que la Ley crea un sistema de control sobre las informaciones de los medios radioeléctricos que permite la intromisión estatal en los contenidos de los medios. Ante esta situación exhortó al gobierno de Venezuela a derogar la Ley por considerar que es incongruente con los principios básicos de libertad de expresión y de prensa.
La organización internacional “Reporteros sin Frontera” dijo a través de un comunicado: “Nos sentimos extremadamente preocupados por la aprobación de una ley cuyo margen de interpretación es muy amplio y que podría instrumentalizarse contra los medios de comunicación que no comparten los puntos de vista del gobierno.” La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó que: “La utilización de términos vagos [en la Ley], sumado a la existencia de sanciones que podrían ser excesivas, pueden causar un efecto amedrentador sobre los medios de comunicación y los periodistas, limitando el flujo de información sobre cuestiones de interés público”.
En conclusión, con la nueva Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, el Gobierno establece una serie de controles en los horarios y contenidos de las programaciones que, a juicio de los expertos, le pone una dura camisa de fuerza a la libertad de expresión. De allí que el director general de Radio Caracas Televisión (RCTV), Marcel Granier, introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una demanda de nulidad contra la Ley de Contenido por considerarla inconstitucional y violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos. La respuesta del Gobierno a todas las criticas y solicitudes en contra de la Ley de Contenidos o Ley Resorte es la de reformarla pero para introducir elementos de control a la televisión por suscripción o televisión por cable, aspecto que no está claramente regulada en la versión vigente.
Uno de los casos más notorios de acoso a los medios por parte del estado venezolano es el caso del diario El Universal. El Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, acusó al diario El Universal de vilipendio e injuria por su editorial del 25 de julio de 2005 en el cual hacía algunas críticas a la forma en que se imparte justicia en Venezuela. Este hecho recibió el repudio de la comunidad nacional, incluidos algunos partidarios del Gobierno y de la comunidad internacional. El Fiscal General criticó algunas de estas posiciones, especialmente la de la Sociedad Interamericana de Prensa. Finalmente la Fiscalía retiró algunas de las acusaciones.
El 28 de diciembre de 2006 el Presidente Chávez anuncia que suspenderá en marzo concesión de RCTV, durante salutación de fin de año a las FAN en la Academia Militares. Acusó al canal del “golpista” (que novedad). Marcel Granier, presidente de empresas 1BC, asegura que la autorización es hasta el 2020. Varios organismos internacionales se pronuncian. El 11 de enero de 2007, HRW condenó restricciones a la libertad de expresión en Venezuela. La SIP envió un comunicado: “Deterioro de la libertad de prensa en Venezuela no es producto de la casualidad. El 24 de enero, William Lara, Ministro de Comunicación e Información declara: “Después de mayo RCTV será “un modelo de televisión al servicio del país”. El 27 de mayo de 2007, el gobierno de Venezuela cierra el canal de televisión RCTV y confisca todos sus equipos (antenas, microondas, telepuertos, equipos auxiliares de televisión y energía, torres, casetas de transmisión, cercas perimetrales y acometidas eléctricas) e infraestructura, que serán usadas por el nuevo canal socialista Tves.
RCTV vuelve a transmitir su señal a través del servicio de cable como RCTV Internacional el 16 julio de 2007. El 21 de enero de 2010, en una rueda de prensa, el Director de CONATEL y Ministro de Estado, Diosdado Cabello, calificó a RCTV-I y otros 121 canales por suscripción como “nacionales” y los conminó a asumir las limitaciones y restricciones antes mencionadas. El 23 de enero de 2010, RCTV-I no transmitió un discurso del presidente Chávez (ya que no estaba en la obligación “legal”) y, ese mismo día, Diosdado Cabello anunció, públicamente, la decisión de sacar del aire a RCTV-I (por segunda vez). Esta orden fue ejecutada por las operadoras de televisión por suscripción a las cero horas del 24 de enero, bajo amenaza de sufrir acciones legales.
Mientras el Gobierno ataca y acosa duramente a los medios de comunicación privados, un aspecto que comienza a preocupar es el creciente espacio radiotelevisivo y de medios impresos ocupado por el propio Gobierno. En un reciente artículo publicado en la prensa nacional en marzo de 2010, un especialista en estos temas reveló que "en once años el gobierno ha pasado a ser el primer comunicador mediático del país. Chávez ha hablado cerca de 200.000 minutos en unas 1.800 cadenas de radio y televisión, más 320 maratónicos programas dominicales ("Aló presidente") y centenares de declaraciones a la prensa en el país y el extranjero, por lo que debe haber empleado al menos 4.000 horas en la exposición pública (¿Todavía alguien puede dudar de su megalomanía?).
Recientemente el gobierno atacó al diario El Nacional por la publicación de una fotografía en primera plana mostrando los cadáveres en una morgue de Caracas, y en consecuencia prohibió a los medios impresos "deben abstenerse de realizar publicaciones de imágenes violentas, sangrientas, grotescas, bien sea de sucesos o no, que de una forma u otra vulneren la integridad psíquica y moral de los niños'', señaló el fallo (pero no hace NADA por controlar el crimen para evitar tantas muertes).
Persecución a periodistas
Un numeroso grupo de reconocidos periodistas y conductores de programas de opinión ha sido citado en una o varias ocasiones por la Fiscalía General y Tribunales de la República para que rindan declaraciones sobre hechos noticiosos que afectan la imagen del gobierno. Entre estos comunicadores se encuentran:
Las periodistas Patricia Poleo, directora del diario El Nuevo País, y Tamoa Calzadilla, reportera del diario "Últimas Noticias", fueron citadas para revelar sus fuentes de información en la investigación que abriera el Ministerio Público por la filtración de documentos del expediente del fiscal Danilo Anderson. En el caso de Patricia Poleo , las acciones de presión fueron más evidentes al ser allanada su casa por funcionarios policiales en la búsqueda de documentos que revelaran su fuente de información. Además se anunció que imputarían a la periodista por la presunta comisión del delito de manejo ilícito de información y de documentos de carácter reservado que forman parte de las actuaciones relacionadas con el caso de Danilo Anderson.
Fracasadas estas acciones en contra de la Periodista Patricia Poleo, el Ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón, la demandó por el delito de difamación al haber publicado en “El Nuevo País” la foto de un soldado, identificado como él mismo en el texto de la publicación, e inclinado sobre un cadáver en Venezolana de Televisión. El Ministro negó que se tratara de él y tras un breve juicio fue encontrada culpable y condenada a una pena de seis meses de prisión. La condena fue posteriormente suspendida por tratarse de un primer delito por ser de muy pocos meses. A la periodista se le obligó a pagar los costos totales del proceso y a publicar la sentencia dos veces, con un intervalo de 7 días, en los diarios El Nuevo País y El Nacional para dejar constancia de la decisión.
Ibéyise Pacheco, columnista del diario El Nacional y conductora de un programa de opinión en la radio, fue condenada a nueve meses de prisión al ser demandada por el coronel (Ej) Angel Bellorín por difamación agravada y continuada en su columna "En privado" del diario "El Nacional"
Pacheco fue imputada también por la fiscalía 56 por una denuncia que realizó en su columna de prensa en mayo de 2003 basada en una grabación de una reunión en el Palacio de Miraflores entre el vicepresidente José Vicente Rangel y los ministros Aristóbulo Istúriz y María Cristina Iglesias.
El periodista Napoleón Bravo fue imputado por la Fiscalía por el supuesto delito de incitación al odio al mencionar al nieto del Vicepresidente de la República.
Marianella Salazar , columnista de El Nacional y conductora de un programa de radio fue imputada por el delito de difamación al denunciar supuestas irregularidades del Vicepresidente José Vicente Rangel y el gobernador de Miranda Diosdado Cabello.
La periodista Patricia Poleo, directora del diario “El Nuevo País”, es imputada por el tribunal 34º de Control, acusada de haber participado en el asesinato del Fiscal Danilo Anderson ocurrido el pasado 18 de Noviembre de 2004 como uno de los presuntos autores intelectuales. Patricia Poleo es señalada por Giovanni Vásquez de Armas, testigo principal del Ministerio Público, de haber participado en las reuniones donde se planificó tal hecho. A través de un Informe de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, se dio a conocer que Vásquez de Armas, quien supuestamente estuvo presente en las reuniones donde se planificó el atentado, estuvo preso por forjar documentación falsa. La misma lo acreditaba como médico psiquiatra y forense, miembro del FBI, campeón mundial de karate y profesor de inglés(todo un personaje). La imputación recayó también sobre el empresario y accionista del canal de noticias “Globovisión”, Nelson Mezerhane, sobre Salvador Romaní (hijo) y el General retirado de la Guardia Nacional Eugenio Añez Núñez. Giovanni Vásque. Vale destacar que Vásquez de Armas está libre de toda culpa por ofrecer información de los otros supuestos implicados a la Fiscalía General de la República.
Posteriormente, las autoridades colombianas probaron que Giovanni Vásquez De Armas estaba preso en Colombia en la fecha en la que él dice que se dio la reunión conspiradora en Panamá. Por último, Globovisión obtuvo cuatro declaraciones originales distintas, fechadas el mismo día, a la misma hora y en la misma Fiscalía, en donde Giovanni Vásquez acusa en cada declaración a diferentes personas de la auditoría intelectual de asesinato del Fiscal Danilo Anderson, las cuatro declaraciones están firmadas por el fiscal de la causa y por Giovanni Vásquez y contiene las huellas dactilares. Desde el año 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación por la situación de los periodistas en Venezuela. Existen denuncias de centenares que han sido físicamente agredidos (muchas grabadas en video) por funcionarios gubernamentales o simpatizantes del Gobierno en el desempeño de sus funciones informativas. A varios de estos periodistas se les ha acordado medidas cautelares de protección pero persisten las quejas por parte de los afectados en el sentido de que éstas no han sido efectivas y que el Gobierno no se ha esforzado por hacerlas cumplir. Como consecuencia del incumplimiento por parte del gobierno del Presidente Hugo Chávez a las medidas cautelares acordadas por la Comisión Interamericana, ésta solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenara al Estado venezolano la adopción de Medidas Provisionales para la protección del derecho a la vida, integridad personal y libertad de expresión de los periodistas (http://www.corteidh.or.cr/seriee/index.html#luisiana) ,así como la protección de las instalaciones de algunos medios de comunicación audiovisual y de algunos medios impresos. La Corte Interamericana ha adoptado varias resoluciones ordenando esta protección provisional en los últimos años. (http://www.corteidh.or.cr/paises/venezuela.html).
No solo los medios radiales y televisivos han sido acosados, también los medios impresos se han visto acosados por el Gobierno y otros entes del Estado. Desde el año 2002 hasta la fecha, igual que los medios televisivos y las emisoras de radio, las sedes de oficinas de periódicos han sido atacadas por simpatizantes del Gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías. Igual suerte han tenido cientos de reporteros de calle quienes deben salir a trabajar con chalecos antibalas, cascos y máscaras antigás para protegerse de los ataques de la Guardia Nacional y de grupos violentos seguidores del Presidente. Todos los eventos de agresión a medios y periodistas por parte de particulares afectos al gobierno han tenido alguna relación con discursos o pronunciamientos del Presidente y otros altos funcionarios de gobierno en contra de los medios privados. Algunos de estos eventos fueron recogidos por el Diputado Alberto Jordán Hernández. El Bloque de Prensa de Venezuela ha realizado un compendio de los ataques a los periodistas y medios de comunicación social desde la llegada de Hugo Chávez a la Presidencia.
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Re: Hechos y datos sobre la democracia en Venezuela
Quinta Parte
Violación de los Derechos Humanos
Los casos del Amparo, el Caracazo y del estado Vargas han sido motivo de sentencias definitivas e incluso reparaciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Costa Rica. En sus informes anuales desde el año 2000, diversas organizaciones nacionales e internacionales, han venido reflejando estas violaciones de los derechos humanos y su incremento en los últimos años. COFAVIC ha realizado un amplio seguimiento de la actuación de los Grupos Parapoliciales. Tras varios años de insistencia por parte de las ONG defensoras de los derechos humanos denunciando estos hechos, la Fiscalía finalmente ha comenzado a imputar a los integrantes de estos grupos Parapoliciales o Grupos de Exterminio. En los informes anuales de PROVEA se da cuenta también de múltiples violaciones a los derechos humanos y en especial, de las violaciones del derecho a la vida.
Desde el año 2002 la CIDH comenzó a dictar medidas provisionales de protección a periodistas(Marta Colomina y Liliana Velásquez, Periodistas de RCTV), medios de comunicación (El Nacional y Así es la Noticia, Globovisión); defensores de los derechos humanos (Liliana Ortega y COFAVIC, Carlos Nieto y José Luís Uzcategui) y simples ciudadanos (Eloisa Barios e integrantes de su familia), amenazados en algunos casos por grupos parapoliciales o grupos de exterminio, integrados por ex agentes o agentes de cuerpos policiales. Durante los sucesos de abril de 2002 murieron 19 personas y hasta la fecha no se conocen los culpables de dichos asesinatos. La creación de una Comisión de la Verdad aprobada en la Mesa de Negociaciones y Acuerdos presidida por el Secretario General de la OEA el 29 de mayo de 2003 nunca se llevó a cabo.
Entre los acusados de los sucesos de abril de 2002 están los denominados “pistoleros de Puente Llaguno” Richard Peñalver, Rafael Cabrices, Nicolás Rivera Muentes y Henry Atencio. Éstas personas fueron grabadas disparando a la marcha de la oposición hacia el Palacio de Miraflores el 11 de abril de 2002. Actualmente están todos en libertad plena luego de que fueron absueltos por el Tribunal Cuarto de Juicio el 18 de septiembre de 2003 y algunos han sido tratados incluso como verdaderos héroes por el propio Presidente de la Republica. Sin embargo, ocho policías metropolitanos cuyo Alcalde se identificó con la oposición y ordenó la protección de los manifestantes, fueron acusados de ser responsables materiales del delito y se encuentran detenidos en una cárcel de Maracay. Ellos son: Sgto. Julio Ramírez Rodríguez Salazar, Sgto. II Rafael Alfredo Nazoa López, Dgdo. Luis Enrique Molina Cerrada, Inspector Jefe Héctor José Rovain, Cabo I Arube José Pérez Salazar, Cabo II Ramón Humberto Zapata Alfonso, Com. Jefe Marcos Javier Hurtado y Agente Erasmo Bolívar.
Henry Vivas, Lazaro Forero e Iván Simonovis, quien para la fecha se desempeñaba como Secretario de Seguridad Ciudadana, están presos, acusados de “cómplices necesarios en homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva y por lesiones personales” por los hechos del 11 de abril del 2002. El juez 34 de Control, Maikel Moreno, fue quien autorizó la aprehensión y detención del Comisario Simonovis . Este juez consideró que no debía inhibirse de conocer el caso aún cuando fue el abogado defensor de Richard Peñalver, uno de los Pistoleros de Puente Llaguno. A Simonovis le violaron sus derechos al apresarlo además sin la orden de detención ni captura correspondiente.
Durante Noviembre y Diciembre de 2003, el CNE convocó a un proceso de recolección de firmas para solicitar el Referéndum Revocatorio Presidencial. La Coordinadora Democrática, organismo que para ese entonces representaba a la oposición, le dirigió una carta a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en donde denunciaba derechos políticos, civiles y sociales que se habían vulnerado a partir de ese entonces. De igual forma, un resumen elaborado por el Bloque de Prensa, muestra los hechos reflejados por los medios de comunicación impresos durante las protestas ciudadanas que se llevaron a cabo durante febrero y marzo de 2004 en todo el país en contra de las decisiones del CNE, consideradas como un arrebato del derecho a un Referéndum Revocatorio establecido en la Constitución. En el caso de Forero y Simonovis, incluso sus derechos políticos se ven amenazados.
Otro de los aspectos relevantes con relación al deterioro de los derechos humanos es el trato que reciben algunos soldados, víctimas de un reglamento de castigos desproporcionado que incluye hasta la práctica de las “celdas de castigo”, a todas luces violatoria de elementales derechos humanos. Algunos han perdido la vida durante incendios que se han producido en estas celdas y hasta el momento no se han aclarado debidamente los responsables de estos hechos. Son tres los casos de soldados recluidos y quemados en estas ignominiosas celdas de castigo:
Ángel Ciro Pedreáñez falleció el 4 de mayo de 2004, al igual que el soldado Orlando Bustamante, pero tras pasar 35 días en cuidados especiales por sufrir severas quemaduras en una celda de castigo en el Fuerte Mara.
El soldado José Febres Narváez, miembro de la Brigada de Cazadores del estado Monagas, murió el 30 de enero del año 2001 cuando el teniente del ejército Alessandro Sicat Torresroció con thiner y prendió fuego a tres soldados en una celda de castigo.
El distinguido Rommer José Luján Martínez (20 años) y Raúl Royett Gutiérrez (19), miembros del Batallón de Reserva del cuartel Gran Mariscal de Ayacucho en Cumaná.
En el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde hay miembros de la Fuerza Armada detenidos y acusados por rebelión militar sin que se les formulen los cargos respectivos y sin darles el beneficio de antejuicio de mérito que les corresponde por ser militares de alta graduación. Algunos de ellos que han sido dados de baja de la Fuerza Armada no han sido pasados a los tribunales civiles correspondientes. Entre ellos están: Gral. (R) Ovidio Poggiolli, Gral. (R) Francisco Usón, Cnel. Jesús Farías Rodríguez, Cnel. Jesús Castro Yeyes, Cnel. Carlos Guerra, Tte. Cnel. Humberto Quintero, Tte. Cnel. Francisco Martínez, Cap. Javier Nieto, Cap. Rafael Faría Villasmil, Cap. Javier Quintero, Cap. Otto Gevagûer, Tte. Darwin Valera, Cap. de Altura. Luís Salazar, Gral Felipe Rodríguez (el cuervo). De todos los mencionados anteriormente, el único sentenciado es el Gen. (R) Francisco Usón quien fue condenado por un tribunal militar a 5 años y 6 meses de cárcel por opinar acerca de cuáles podrían ser los efectos de utilizar un lanzallamas en una celda de castigo. Según el abogado penalista Alberto Arteaga Sánchez, Usón no podía ser juzgado por la jurisdicción militar puesto que el hecho ocurrió siendo él un militar retirado. Recientemente se ha anunciado que un Coronel retirado de la Guardia Nacional será enjuiciado por injuria a la Fuerza Armada. El Coronel Valero defendió al capitán Javier Nieto Quintero en el juicio de los presuntos paramilitares y en un receso señaló que la justicia estaba al servicio del régimen.
En mayo de 2004 fue develado por el Gobierno un supuesto intento de ataque al Palacio de Miraflores por un grupo de paramilitares en su mayoría de nacionalidad colombiana que fueron detenidos en una hacienda en las cercanías de Caracas. El caso es conocido como el de los “paramilitares”. Por este caso están siendo juzgados también seis oficiales venezolanos, entre ellos: el General retirado Ovidio Poggioli —detenido sin la correspondiente formulación de cargos y sometido a juicio en tribunal militar a pesar de estar retirado— los coroneles Jesús Faría Rodríguez, Jesús Castro Yelles y los capitanes Javier Quintero González, Rafael Farías Villasmil y Javier Nieto, a quienes finalmente se les ha formulado los cargos respectivos y se les solicitan penas de más de 20 años a algunos.
Irrespeto a la Privacidad y la Propiedad Privada
Los siguientes hechos permiten que el excesivo control del Estado sea percibido directamente por los ciudadanos:
La aprobación de la nueva Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión sancionada por la Asamblea Nacional el pasado 7 de diciembre de 2004. La misma se percibe como un incremento del control del Estado sobre las transmisiones de radio y televisión al crear una serie de disposiciones que violan los estándares en un intento de intimidación a la libertad de prensa.
La aprobación de la Ley de Reforma del Código Penal que entró en vigencia el pasado 16 de marzo de 2005, y que se percibe y efectivamente constituye un intento por “criminalizar” la disidencia política e incrementar las penas de los llamados “delitos de desacato”, conocidas en Venezuela como “vilipendio”.
La revocatoria de sentencias firmes de algunos tribunales incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia. Lo anterior implica que “cualquier persona es susceptible de ser llevada nuevamente ante los tribunales después de haber sido declarada inocente”.
Desde hace varios años vienen apareciendo tanto en las televisoras del estado como en las publicaciones adeptas al Gobierno del Presidente Chávez y en Internet, trascripciones de conversaciones telefónicas entre personalidades de la oposición. Estas conversaciones son “ilegalmente grabadas sin el conocimiento y consentimiento de los agraviados y son utilizadas para desprestigiar, amedrentar o inculpar a personas por algún tipo de acción o contenido de la conversación”. Lo anterior resulta en que se perciba con desconfianza y como una amenaza de invasión a la privacidad la Providencia Administrativa publicada el 1 de abril de 2005 en la Gaceta Oficial N° 38157. La misma tiene por objeto establecer las normas relativas al requerimiento de datos personales de los abonados del servicio de telefonía móvil al momento de la suscripción de los contratos de servicio, así como las normas relativas al suministro de información por parte de los operadores de estos servicios a los órganos de seguridad del Estado.
Vicente Brito, ex presidente de Fedecámaras, afirma que desde el 2000 hasta la fecha han sido invadidos 13.928 terrenos en el país. Según Brito, han sido afectados unos 40.000 dueños de activos y se han perdido cerca de 180.000 puestos de trabajo lo que ha ocasionado pérdidas que superan los 13 billones de bolívares. Esta información ha sido el resultado de un trabajo de investigación durante más de cinco años realizado por la organización “Red por la Defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución” concentrado en las invasiones y al margen de las intervenciones y expropiaciones que adelanta el Instituto Nacional de Tierras (INTI). Innumerables son las denuncias hechas en este sentido y los intentos por parte de los dueños de tierras intervenidas por mostrar su titularidad. La nueva Ley de Tierras, marco legal para llevar a cabo dichas intervenciones, fue aprobada el 16 de junio de este año y contempla el concepto de latifundio y la inclusión de dos artículos que habían sido eliminados por el TSJ.
Violación de los Derechos Humanos
Los casos del Amparo, el Caracazo y del estado Vargas han sido motivo de sentencias definitivas e incluso reparaciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Costa Rica. En sus informes anuales desde el año 2000, diversas organizaciones nacionales e internacionales, han venido reflejando estas violaciones de los derechos humanos y su incremento en los últimos años. COFAVIC ha realizado un amplio seguimiento de la actuación de los Grupos Parapoliciales. Tras varios años de insistencia por parte de las ONG defensoras de los derechos humanos denunciando estos hechos, la Fiscalía finalmente ha comenzado a imputar a los integrantes de estos grupos Parapoliciales o Grupos de Exterminio. En los informes anuales de PROVEA se da cuenta también de múltiples violaciones a los derechos humanos y en especial, de las violaciones del derecho a la vida.
Desde el año 2002 la CIDH comenzó a dictar medidas provisionales de protección a periodistas(Marta Colomina y Liliana Velásquez, Periodistas de RCTV), medios de comunicación (El Nacional y Así es la Noticia, Globovisión); defensores de los derechos humanos (Liliana Ortega y COFAVIC, Carlos Nieto y José Luís Uzcategui) y simples ciudadanos (Eloisa Barios e integrantes de su familia), amenazados en algunos casos por grupos parapoliciales o grupos de exterminio, integrados por ex agentes o agentes de cuerpos policiales. Durante los sucesos de abril de 2002 murieron 19 personas y hasta la fecha no se conocen los culpables de dichos asesinatos. La creación de una Comisión de la Verdad aprobada en la Mesa de Negociaciones y Acuerdos presidida por el Secretario General de la OEA el 29 de mayo de 2003 nunca se llevó a cabo.
Entre los acusados de los sucesos de abril de 2002 están los denominados “pistoleros de Puente Llaguno” Richard Peñalver, Rafael Cabrices, Nicolás Rivera Muentes y Henry Atencio. Éstas personas fueron grabadas disparando a la marcha de la oposición hacia el Palacio de Miraflores el 11 de abril de 2002. Actualmente están todos en libertad plena luego de que fueron absueltos por el Tribunal Cuarto de Juicio el 18 de septiembre de 2003 y algunos han sido tratados incluso como verdaderos héroes por el propio Presidente de la Republica. Sin embargo, ocho policías metropolitanos cuyo Alcalde se identificó con la oposición y ordenó la protección de los manifestantes, fueron acusados de ser responsables materiales del delito y se encuentran detenidos en una cárcel de Maracay. Ellos son: Sgto. Julio Ramírez Rodríguez Salazar, Sgto. II Rafael Alfredo Nazoa López, Dgdo. Luis Enrique Molina Cerrada, Inspector Jefe Héctor José Rovain, Cabo I Arube José Pérez Salazar, Cabo II Ramón Humberto Zapata Alfonso, Com. Jefe Marcos Javier Hurtado y Agente Erasmo Bolívar.
Henry Vivas, Lazaro Forero e Iván Simonovis, quien para la fecha se desempeñaba como Secretario de Seguridad Ciudadana, están presos, acusados de “cómplices necesarios en homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva y por lesiones personales” por los hechos del 11 de abril del 2002. El juez 34 de Control, Maikel Moreno, fue quien autorizó la aprehensión y detención del Comisario Simonovis . Este juez consideró que no debía inhibirse de conocer el caso aún cuando fue el abogado defensor de Richard Peñalver, uno de los Pistoleros de Puente Llaguno. A Simonovis le violaron sus derechos al apresarlo además sin la orden de detención ni captura correspondiente.
Durante Noviembre y Diciembre de 2003, el CNE convocó a un proceso de recolección de firmas para solicitar el Referéndum Revocatorio Presidencial. La Coordinadora Democrática, organismo que para ese entonces representaba a la oposición, le dirigió una carta a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en donde denunciaba derechos políticos, civiles y sociales que se habían vulnerado a partir de ese entonces. De igual forma, un resumen elaborado por el Bloque de Prensa, muestra los hechos reflejados por los medios de comunicación impresos durante las protestas ciudadanas que se llevaron a cabo durante febrero y marzo de 2004 en todo el país en contra de las decisiones del CNE, consideradas como un arrebato del derecho a un Referéndum Revocatorio establecido en la Constitución. En el caso de Forero y Simonovis, incluso sus derechos políticos se ven amenazados.
Otro de los aspectos relevantes con relación al deterioro de los derechos humanos es el trato que reciben algunos soldados, víctimas de un reglamento de castigos desproporcionado que incluye hasta la práctica de las “celdas de castigo”, a todas luces violatoria de elementales derechos humanos. Algunos han perdido la vida durante incendios que se han producido en estas celdas y hasta el momento no se han aclarado debidamente los responsables de estos hechos. Son tres los casos de soldados recluidos y quemados en estas ignominiosas celdas de castigo:
Ángel Ciro Pedreáñez falleció el 4 de mayo de 2004, al igual que el soldado Orlando Bustamante, pero tras pasar 35 días en cuidados especiales por sufrir severas quemaduras en una celda de castigo en el Fuerte Mara.
El soldado José Febres Narváez, miembro de la Brigada de Cazadores del estado Monagas, murió el 30 de enero del año 2001 cuando el teniente del ejército Alessandro Sicat Torresroció con thiner y prendió fuego a tres soldados en una celda de castigo.
El distinguido Rommer José Luján Martínez (20 años) y Raúl Royett Gutiérrez (19), miembros del Batallón de Reserva del cuartel Gran Mariscal de Ayacucho en Cumaná.
En el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde hay miembros de la Fuerza Armada detenidos y acusados por rebelión militar sin que se les formulen los cargos respectivos y sin darles el beneficio de antejuicio de mérito que les corresponde por ser militares de alta graduación. Algunos de ellos que han sido dados de baja de la Fuerza Armada no han sido pasados a los tribunales civiles correspondientes. Entre ellos están: Gral. (R) Ovidio Poggiolli, Gral. (R) Francisco Usón, Cnel. Jesús Farías Rodríguez, Cnel. Jesús Castro Yeyes, Cnel. Carlos Guerra, Tte. Cnel. Humberto Quintero, Tte. Cnel. Francisco Martínez, Cap. Javier Nieto, Cap. Rafael Faría Villasmil, Cap. Javier Quintero, Cap. Otto Gevagûer, Tte. Darwin Valera, Cap. de Altura. Luís Salazar, Gral Felipe Rodríguez (el cuervo). De todos los mencionados anteriormente, el único sentenciado es el Gen. (R) Francisco Usón quien fue condenado por un tribunal militar a 5 años y 6 meses de cárcel por opinar acerca de cuáles podrían ser los efectos de utilizar un lanzallamas en una celda de castigo. Según el abogado penalista Alberto Arteaga Sánchez, Usón no podía ser juzgado por la jurisdicción militar puesto que el hecho ocurrió siendo él un militar retirado. Recientemente se ha anunciado que un Coronel retirado de la Guardia Nacional será enjuiciado por injuria a la Fuerza Armada. El Coronel Valero defendió al capitán Javier Nieto Quintero en el juicio de los presuntos paramilitares y en un receso señaló que la justicia estaba al servicio del régimen.
En mayo de 2004 fue develado por el Gobierno un supuesto intento de ataque al Palacio de Miraflores por un grupo de paramilitares en su mayoría de nacionalidad colombiana que fueron detenidos en una hacienda en las cercanías de Caracas. El caso es conocido como el de los “paramilitares”. Por este caso están siendo juzgados también seis oficiales venezolanos, entre ellos: el General retirado Ovidio Poggioli —detenido sin la correspondiente formulación de cargos y sometido a juicio en tribunal militar a pesar de estar retirado— los coroneles Jesús Faría Rodríguez, Jesús Castro Yelles y los capitanes Javier Quintero González, Rafael Farías Villasmil y Javier Nieto, a quienes finalmente se les ha formulado los cargos respectivos y se les solicitan penas de más de 20 años a algunos.
Irrespeto a la Privacidad y la Propiedad Privada
Los siguientes hechos permiten que el excesivo control del Estado sea percibido directamente por los ciudadanos:
La aprobación de la nueva Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión sancionada por la Asamblea Nacional el pasado 7 de diciembre de 2004. La misma se percibe como un incremento del control del Estado sobre las transmisiones de radio y televisión al crear una serie de disposiciones que violan los estándares en un intento de intimidación a la libertad de prensa.
La aprobación de la Ley de Reforma del Código Penal que entró en vigencia el pasado 16 de marzo de 2005, y que se percibe y efectivamente constituye un intento por “criminalizar” la disidencia política e incrementar las penas de los llamados “delitos de desacato”, conocidas en Venezuela como “vilipendio”.
La revocatoria de sentencias firmes de algunos tribunales incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia. Lo anterior implica que “cualquier persona es susceptible de ser llevada nuevamente ante los tribunales después de haber sido declarada inocente”.
Desde hace varios años vienen apareciendo tanto en las televisoras del estado como en las publicaciones adeptas al Gobierno del Presidente Chávez y en Internet, trascripciones de conversaciones telefónicas entre personalidades de la oposición. Estas conversaciones son “ilegalmente grabadas sin el conocimiento y consentimiento de los agraviados y son utilizadas para desprestigiar, amedrentar o inculpar a personas por algún tipo de acción o contenido de la conversación”. Lo anterior resulta en que se perciba con desconfianza y como una amenaza de invasión a la privacidad la Providencia Administrativa publicada el 1 de abril de 2005 en la Gaceta Oficial N° 38157. La misma tiene por objeto establecer las normas relativas al requerimiento de datos personales de los abonados del servicio de telefonía móvil al momento de la suscripción de los contratos de servicio, así como las normas relativas al suministro de información por parte de los operadores de estos servicios a los órganos de seguridad del Estado.
Vicente Brito, ex presidente de Fedecámaras, afirma que desde el 2000 hasta la fecha han sido invadidos 13.928 terrenos en el país. Según Brito, han sido afectados unos 40.000 dueños de activos y se han perdido cerca de 180.000 puestos de trabajo lo que ha ocasionado pérdidas que superan los 13 billones de bolívares. Esta información ha sido el resultado de un trabajo de investigación durante más de cinco años realizado por la organización “Red por la Defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución” concentrado en las invasiones y al margen de las intervenciones y expropiaciones que adelanta el Instituto Nacional de Tierras (INTI). Innumerables son las denuncias hechas en este sentido y los intentos por parte de los dueños de tierras intervenidas por mostrar su titularidad. La nueva Ley de Tierras, marco legal para llevar a cabo dichas intervenciones, fue aprobada el 16 de junio de este año y contempla el concepto de latifundio y la inclusión de dos artículos que habían sido eliminados por el TSJ.
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Tontxu
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Re: Hechos y datos sobre la democracia en Venezuela
Pienso que hay que aclarar un pequeño detalle que supongo se te ha olvidado, ya que te refieres exclusivamente a las elecciones del 8 de noviembre de 1998 donde el partido (MVR) fue el que obtuvo (21,3 %), en las que consiguieron 42 escaños en la cámara de diputados y 12 senadores. Expreso el matiz y agrego que, al mes siguiente 6 de diciembre de 1998 Hugo Chávez gana las presidenciales con el 56,20 % (3.673.685 votos). En Venezuela hay dos procesos electorales.Freethinker45 escribió:Un saludo foristas!
Este es un hilo en respuesta a mi respetado compañero Tontxu (y para todo aquel que esté interesado por supuesto), ya que se presentaron dudas sobre mi disposición a proveer "información" sobre Venezuela. En el presente expongo hechos relevantes y datos específicos sobre el gobierno de mi país. Lo he dividido en cinco (5) partes, redactadas en forma de crónica periodística, para que sea más fácil de digerir. Posteriormente publicaré estadísticas PRECISAS de los últimos diez años de gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías.
Espero que sea de su interés y agrado.
Un abrazo!
Primera Parte
Independencia de los Poderes Públicos
El Presidente Hugo Chávez Frías triunfó en las elecciones de 1998 con el apoyo del 35% de la población votante. Este fue el resultado de unos comicios con 36.55% de abstención. El mes anterior se había elegido, con la misma base electoral, un Congreso bicameral en el cual estaban representadas todas las fuerzas políticas del momento. El Presidente Chávez Frías inició un proceso de transformación del Estado Venezolano y amparado en una sentencia aprobada en enero de 1999 por la Corte Suprema de Justicia impulsó la realización de un referendo consultivo, contemplado en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, más no contemplado de manera clara en la Constitución de 1961. Dicho referendo buscaba la aprobación de un proceso constituyente que dotara a Venezuela de una nueva Constitución. De esta manera se llevó a cabo el proceso constituyente de 1999 y con el 35% del total de electores, el partido de Gobierno obtuvo el 96% de los delegados para la Asamblea Constituyente.
Estarás conmigo que este dato no se puede obviar. Chávez destaca por delante de figuras tan influyentes como Henrique Salas Römer que consigue el 39,97% de los votos.
En cuanto al referéndum constituyente o consultivo de Venezuela de 1999, fue una consulta vinculante que se celebró el 25 de abril de 1999. Hay que resaltar que Chávez ya lo anunció (prometió) en la campaña electoral a las presidenciales de 1998 . Ofreció refundar el país sustituyendo el antiguo ordenamiento jurídico vigente y así el posibilitar una nueva Constitución que debería ser aprobada mediante referéndum popular y que, de aprobarse permitiría que se convocaran a elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente.
Las dos preguntas en cuestión fueron las siguientes;
¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una Democracia Social y Participativa? 87,75% dijeron sí, 7,26% votaron no.
¿Esta usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para la Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, examinadas y modificadas por el Consejo Nacional Electoral en sesión de fecha Marzo 24, 1999 y publicada en su texto integro, en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.669 de fecha Marzo, 25 de 1999?. 81,74 % votaron sí y 12,75% dijeron no. La abstención fue del 62,35%.
El 17 de noviembre de 1999 el texto es sancionado por la Asamblea Constituyente y que fue sometido a Referéndum popular el 15 de diciembre de 1999. Deseo subrayar que es la primera y única en la historia nacional venezolana que una redacción constitucional fuera aprobada por el pueblo mediante referéndum, consiguiendo un respaldo del 71,78% de los votos. Esta ratificación popular se promulgó definitivamente el 20 del mismo mes en la Asamblea Nacional Constituyente.
Deseo resaltar algunas de las características pioneras de la constitución Venezolana de 1999 y que son únicas en la región; reconocimiento de los pueblos indígenas, así como la oficialidad de sus lenguas y el derecho sobre los territorios ocupados ancestralmente. También se reconoce el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Alguno de los dos debe de estar equivocado con los datos, porque a mi no me salen las cuentas o las fuentes de información que ambos manejamos son diametralmente diferentes.Antes de que la Asamblea Constituyente asumiera sus funciones, el Congreso electo fue muy disminuido en las suyas y en la práctica fue disuelto al aprobarse que entraría en funcionamiento la Comisión Delegada del Congreso. Es así como la Asamblea Nacional Constituyente asume el control del Poder Legislativo y comienza a desempeñar tareas correspondientes al Congreso Nacional tales como: la aprobación del presupuesto nacional, la aprobación de ausencias del país al Presidente de la Republica, nombramientos en el Poder Judicial, etc. Luego de ser aprobada la nueva Constitución, la Asamblea Nacional que emergió de las elecciones realizadas en julio de 2000 estaba conformada en su mayoría por representantes del partido de Gobierno. Por su parte, el presidente Hugo Chávez Frías fue relegitimado en una nueva elección presidencial con el 32% de los votos a su favor y una abstención superior al 43%.
El Movimiento quinta República (MVR) en las elecciones del 30 de julio de 2000 obtuvo el 44,38% de los votos con lo que consiguió 91 escaños, seguido de Acción Democrática con el 16,11% y con 33 escaños. Subrayo que la cámara está compuesta de 165 escaños con lo cual el MVR obtiene la mayoría absoluta.
Estas elecciones fueron simultáneas con las presidenciales (que son las que al parecer te refieres).
En ellas el candidato Hugo Chávez obtiene el 59,70% con 3.757.773 de votos populares, mientras su adversario Francisco Arias Cárdenas el 37,5 % con 2.359.459 de los votos populares. Actualmente Cárdenas es embajador de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas. La abstención bajó con respecto a anteriores consultas al 43,69%.
Si estoy en un error te ruego me lo hagas saber.
Del resto, me vas a permitir que visto la cantidad de información especializada que aportas y, a tenor que, los datos suministrados hasta el momento no concuerdan con los que yo poseo, me veo en la obligación de tener que contrastar todo el resto que has expuesto, lo cual redundará en una demora por mi parte. Dicho lo cual y, a falta de más tiempo, contestaré una vez haya "estudiado" las aportaciones que has descrito. Aportando si cabe, mi punto de vista al respecto. Creo que la tarea será ardua. Saludos.
“Algunos científicos son tan distraídos que no recuerdan ni dónde han dejado la ética”Ramón Eder
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Re: Hechos y datos sobre la democracia en Venezuela
Saludos Tontxu!
Primero que todo, no hace falta que menciones las bondades de la Constitución de mi país (no viene al caso y la conozco bastante bien), pero bueno, estás en tu derecho. En cuanto a los datos que aportas, tenemos las mismas cifras, lo que obviamente no comprendiste, o mejor dicho (y me disculpo), no supe explicar de forma apropiada fue el hecho de que, para 1998 la "población votante inscrita" era de 11.013.021 y la cantidad "real" de votantes fue de 6.537.304 que equivale al 63.45 % de la población votante; esto a su vez da un resultado (como ya mencioné) de 36.55 % de abstención. Por lo tanto, SÍ estoy en lo cierto al afirmar que Chávez ganó con un 35 % de aceptación de la población votante "total" (realmente es menos que eso, pero fui generoso y redondeé); hay que aplicar las matemáticas de manera justa, es decir, sin "SUBJETIVIDADES".
Segundo, no te preocupes que yo sé perfectamente que las elecciones del 2000 fueron llamadas las "generales" (presidenciales, regionales y legislativas) y realmente no he obviado detalle alguno. En las presidenciales (que mencionas con ahínco), la "población votante inscrita" (vuelvo a hacer la acotación para disipar cualquier duda) era de 11.720.660 y la cantidad "real" de votantes fue de 6.288.578, lo cual da como resultado una alta abstención de 43.69 % (comparada con la elección antes mencionada), dicho esto, no me equivoco para nada cuando digo que la abstención fue "mayor al 43 %" (0.69 % mayor para ser exacto-matemática elemental-).
Tercero, nuestra Asamblea Nacional es un órgano unicameral que está conformado por 167 Diputados (no por 165); asumo que viste los datos en wikipedia sobre las elecciones legislativas y observaste el gráfico que ilustra los peldaños logrados por partido (dan un total de 165); el detalle que obviamente desconoces (porque no eres venezolano) es que el Partido Alianza Bravo Pueblo retiró a dos de sus diputados por conflictos internos, puestos que fueron ocupados más tarde por Diputados del partido Podemos.
Finalmente, estás en plena libertad de "dudar" y "estudiar" toda la información que expuse...pero te sugiero que lo hagas MUY bien.
Éxito...un abrazo!
Primero que todo, no hace falta que menciones las bondades de la Constitución de mi país (no viene al caso y la conozco bastante bien), pero bueno, estás en tu derecho. En cuanto a los datos que aportas, tenemos las mismas cifras, lo que obviamente no comprendiste, o mejor dicho (y me disculpo), no supe explicar de forma apropiada fue el hecho de que, para 1998 la "población votante inscrita" era de 11.013.021 y la cantidad "real" de votantes fue de 6.537.304 que equivale al 63.45 % de la población votante; esto a su vez da un resultado (como ya mencioné) de 36.55 % de abstención. Por lo tanto, SÍ estoy en lo cierto al afirmar que Chávez ganó con un 35 % de aceptación de la población votante "total" (realmente es menos que eso, pero fui generoso y redondeé); hay que aplicar las matemáticas de manera justa, es decir, sin "SUBJETIVIDADES".
Segundo, no te preocupes que yo sé perfectamente que las elecciones del 2000 fueron llamadas las "generales" (presidenciales, regionales y legislativas) y realmente no he obviado detalle alguno. En las presidenciales (que mencionas con ahínco), la "población votante inscrita" (vuelvo a hacer la acotación para disipar cualquier duda) era de 11.720.660 y la cantidad "real" de votantes fue de 6.288.578, lo cual da como resultado una alta abstención de 43.69 % (comparada con la elección antes mencionada), dicho esto, no me equivoco para nada cuando digo que la abstención fue "mayor al 43 %" (0.69 % mayor para ser exacto-matemática elemental-).
Tercero, nuestra Asamblea Nacional es un órgano unicameral que está conformado por 167 Diputados (no por 165); asumo que viste los datos en wikipedia sobre las elecciones legislativas y observaste el gráfico que ilustra los peldaños logrados por partido (dan un total de 165); el detalle que obviamente desconoces (porque no eres venezolano) es que el Partido Alianza Bravo Pueblo retiró a dos de sus diputados por conflictos internos, puestos que fueron ocupados más tarde por Diputados del partido Podemos.
Finalmente, estás en plena libertad de "dudar" y "estudiar" toda la información que expuse...pero te sugiero que lo hagas MUY bien.
Éxito...un abrazo!
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Vitriólico
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Re: Hechos y datos sobre la democracia en Venezuela
Y ... ¿algo sobre ateísmo o religión en Venezuela? ...
Si pretendes razonar sobre religión con un creyente piensa que, si pudiera razonar sobre ello, ... ¡no sería creyente!
"La primera vez que alguien te engaña, es culpa suya. La segunda, tuya.". (Proverbio árabe).
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Freethinker45
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Re: Hechos y datos sobre la democracia en Venezuela
Por cierto, quiero explicar, quizás no a tí (Tontxu) porque probablemente ya lo habrás investigado, pero sí al resto de los foristas, que la proclama de "refundar" la república a través de una Asamblea Constituyente para crear un nuevo ordenamiento jurídico (constitución) por parte de Hugo Chávez Frías, no siempre fue acogida con sumo entusiasmo por una abrumadora mayoría de los venezolanos. De hecho, durante la campaña presidencial para las elecciones de 1998, Chávez no fue favorito sino hasta los dos últimos meses. La candidata Irene Sáez (quien ya había sido alcaldesa del Municipio Chacao en dos oportunidades, cumpliendo una EXCELENTE gestión) llevaba la delantera (siendo candidata independiente con su propio partido IRENE); ésta al final aceptó el apoyo de los dos partidos tradicionales (y ciertamente nefastos) de la política venezolana: Acción Democrática (AD) y Copei. En ese momento surge Salas Römer (con Proyecto Venezuela) como opción contraria a Chávez. Salas Römer había realizado una buena labor como Gobernador de un importante estado industrial en Venezuela (Carabobo), pero la gente lo percibía como un candidato más de la "oligarquía" (término que puso de moda Chávez y con el cual atacó sin cuartel a sus rivales).
Con todo esto quiero decir que, la victoria de Chávez en esa primera elección (1998) fue en gran medida a causa del llamado "voto castigo" (la opción diametralmente opuesta a la derecha tradicional y la que más les hacía daño). Y termino diciendo que, aún cuando nuestra Carta Magna está llena de hermosas virtudes (y realmente lo está), de NADA sirve (se convierte en "letra muerta") si quienes se encargan de hacerla cumplir carecen totalmente de ética y la acomodan a su conveniencia...por eso, el Socialismo que tan orgullosamente defiendes (y que reconozco tiene "algunas" virtudes, aunque MUY poco realistas en la sociedad actual), se queda en el vacío cuando los "actores" no se ciñen al "libreto".
Quedan pendientes MUCHÍSIMOS puntos, pero te voy a dar un "break" para no abrumarte tanto; y no me despediré sin antes recordarte que te respeto y considero que podemos tener un debate maduro sin caer el personal, lo cual quiero evitar a toda costa.
Saludos
Con todo esto quiero decir que, la victoria de Chávez en esa primera elección (1998) fue en gran medida a causa del llamado "voto castigo" (la opción diametralmente opuesta a la derecha tradicional y la que más les hacía daño). Y termino diciendo que, aún cuando nuestra Carta Magna está llena de hermosas virtudes (y realmente lo está), de NADA sirve (se convierte en "letra muerta") si quienes se encargan de hacerla cumplir carecen totalmente de ética y la acomodan a su conveniencia...por eso, el Socialismo que tan orgullosamente defiendes (y que reconozco tiene "algunas" virtudes, aunque MUY poco realistas en la sociedad actual), se queda en el vacío cuando los "actores" no se ciñen al "libreto".
Quedan pendientes MUCHÍSIMOS puntos, pero te voy a dar un "break" para no abrumarte tanto; y no me despediré sin antes recordarte que te respeto y considero que podemos tener un debate maduro sin caer el personal, lo cual quiero evitar a toda costa.
Saludos
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Freethinker45
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Re: Hechos y datos sobre la democracia en Venezuela
Saludos Vitriólico!
No te preocupes que pronto abriré otros temas interesantes...espero que encuentres útil la información del presente hilo (o al menos te entretenga el debate, jejeje).
No te preocupes que pronto abriré otros temas interesantes...espero que encuentres útil la información del presente hilo (o al menos te entretenga el debate, jejeje).
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Vitriólico
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Re: Hechos y datos sobre la democracia en Venezuela
Pues mira, ... no. Nada útil ni entretenido.Freethinker45 escribió:Saludos Vitriólico!
No te preocupes que pronto abriré otros temas interesantes...espero que encuentres útil la información del presente hilo (o al menos te entretenga el debate, jejeje).
Y no por ser éste un foro sobre ateísmo y no sobre política, sino sobre todo habida cuenta de las diferencias de actitud crítica existente en general respecto de países o situaciones sumisos con el sistema, cosa que harta un poco.
Vitriólicos saludos para ti también.
Si pretendes razonar sobre religión con un creyente piensa que, si pudiera razonar sobre ello, ... ¡no sería creyente!
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Freethinker45
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Re: Hechos y datos sobre la democracia en Venezuela
Entiendo perfectamente tu punto; sin embargo,si no me equivoco esta zona se llama "Café Ateo", lo cual cual según los propietarios del foro es una zona "off-topic", con lo cual se puede discutir sobre "cualquier" tema (y entre los mencionados en el título está "política"); también debo recordarte que al principio del hilo expresé "claramente" a quien iba dirigido, ya que me sentí aludido por ciertos comentarios "sin fundamento" sobre la política de mi país por parte de cierto participante y decidí responder (considero que es mi "derecho"), de una manera respetuosa y por demás fundamentada.Vitriólico escribió:Pues mira, ... no. Nada útil ni entretenido.Freethinker45 escribió:Saludos Vitriólico!
No te preocupes que pronto abriré otros temas interesantes...espero que encuentres útil la información del presente hilo (o al menos te entretenga el debate, jejeje).
Y no por ser éste un foro sobre ateísmo y no sobre política, sino sobre todo habida cuenta de las diferencias de actitud crítica existente en general respecto de países o situaciones sumisos con el sistema, cosa que harta un poco.
Vitriólicos saludos para ti también.
Estás en libertad de no considerar el tema ni "útil" ni "entretenido", pero eso no me impide exponerlo (hasta donde yo sé). Nos estamos leyendo en otros temas...!
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Uraniburg
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Re: Hechos y datos sobre la democracia en Venezuela
Lo que indicas es una manipulación para minimizar los resultados de la votación sobre todo del ganador . Votar supongo que es un derecho y no una obligación entonces no puedes utilizar el hecho de las votaciones y el hecho de que la gente no quiera votar para ridiculizar las cifras de la votación. Ganó las elecciones por mayoría de votos. Esa abstención perjudica tanto al que ganó como al que perdió (Realmente perjudica a los Venezolanos), no puedes usar esa cifra para ridiculizar la victoria ... Una cosa son las votaciones y otra es analizar los resultados de las votaciones con todo lo que pueda conllevar.Freethinker45 escribió: Primero que todo, no hace falta que menciones las bondades de la Constitución de mi país (no viene al caso y la conozco bastante bien), pero bueno, estás en tu derecho. En cuanto a los datos que aportas, tenemos las mismas cifras, lo que obviamente no comprendiste, o mejor dicho (y me disculpo), no supe explicar de forma apropiada fue el hecho de que, para 1998 la "población votante inscrita" era de 11.013.021 y la cantidad "real" de votantes fue de 6.537.304 que equivale al 63.45 % de la población votante; esto a su vez da un resultado (como ya mencioné) de 36.55 % de abstención. Por lo tanto, SÍ estoy en lo cierto al afirmar que Chávez ganó con un 35 % de aceptación de la población votante "total" (realmente es menos que eso, pero fui generoso y redondeé); hay que aplicar las matemáticas de manera justa, es decir, sin "SUBJETIVIDADES
Una preguntas tontas
¿Por qué de dicha abstención?
¿Por qué se habla de fraude cuando distintas ong`s y observadores internacionales vieron el visto bueno?
Siempre me asombra en ciertas democracias que cuando los politicuchos de turno no ganan siembran la semilla del fraude, y esto lo digo porque en todos los sitios "cuecen habas", y siempre sale esto del fraude allí en Venezuela como aquí en España. Aceptamos el sistema pero si no ganó yo el sistema es malo. Por ejemlplo lo de las papeletas electrónica nadie se opuso o supo convencer a los observadores neutrales del que el sistema era malo o corrupto. De ese referéndum, Jimmy Carter dice:
http://www.derechos.org/nizkor/venezuel ... arter.html Qué por supuesto no ve nada anómalo en el sístema utilizado.Durante el día, los líderes de la oposición nos presentaron a nosotros y a sus partidarios lo que resultó ser datos erróneos de boca de urna que mostraban que Chávez perdía la votación por 20 puntos o más, y también enviaron esta información a su propia gente y a los medios de noticias extranjeros. Sin embargo, los medios noticiosos cumplieron con la decisión del CNE contra la emisión de cualquier clase de presuntos resultados de la votación en el interior.
Los que intentaron el fraude fue la oposición dando datos erroneos e incumpliendo la decisión el CNE para así manipular la intención de voto durante las votaciones.
Y como no me quiero meter en política ( hay está el pueblo para que decida que gobierno quieren tener mientras tenga capacidad para elegir) sino destacar las tropelias de los medios de comunicación contra sistemas no afines a sus intereses.
De ese Referéndum:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=3804
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=3605
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Freethinker45
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Re: Hechos y datos sobre la democracia en Venezuela
http://www.derechos.org/nizkor/venezuel ... arter.html Qué por supuesto no ve nada anómalo en el sístema utilizado.Uraniburg escribió:Lo que indicas es una manipulación para minimizar los resultados de la votación sobre todo del ganador . Votar supongo que es un derecho y no una obligación entonces no puedes utilizar el hecho de las votaciones y el hecho de que la gente no quiera votar para ridiculizar las cifras de la votación. Ganó las elecciones por mayoría de votos. Esa abstención perjudica tanto al que ganó como al que perdió (Realmente perjudica a los Venezolanos), no puedes usar esa cifra para ridiculizar la victoria ... Una cosa son las votaciones y otra es analizar los resultados de las votaciones con todo lo que pueda conllevar.Freethinker45 escribió: Primero que todo, no hace falta que menciones las bondades de la Constitución de mi país (no viene al caso y la conozco bastante bien), pero bueno, estás en tu derecho. En cuanto a los datos que aportas, tenemos las mismas cifras, lo que obviamente no comprendiste, o mejor dicho (y me disculpo), no supe explicar de forma apropiada fue el hecho de que, para 1998 la "población votante inscrita" era de 11.013.021 y la cantidad "real" de votantes fue de 6.537.304 que equivale al 63.45 % de la población votante; esto a su vez da un resultado (como ya mencioné) de 36.55 % de abstención. Por lo tanto, SÍ estoy en lo cierto al afirmar que Chávez ganó con un 35 % de aceptación de la población votante "total" (realmente es menos que eso, pero fui generoso y redondeé); hay que aplicar las matemáticas de manera justa, es decir, sin "SUBJETIVIDADES
Un saludo Uraniburg!
Entiendo lo que quieres decir, pero te explico: el Presidente Hugo Chávez se ha jactado una y otra vez de que él representa a una "inmensa" mayoría de los venezolanos, lo cual ,según él, queda demostrado en los resultados de las votaciones, Ahora bien, la aclaratoria que hice tiene como finalidad "demostrar" que él no representa a una "inmensa" mayoría sino a una "relativa", lo cual es comprobable usando las matemáticas (¿por qué es tan difícil de entender?). Mi intención NO es "ridiculizar" al presidente ni sus victorias (quizás no comparta su ideología pero es el mandatario de turno y punto). Estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices que la abstención nos perjudica a todos (en cualquiera de los casos); pero es ese punto precisamente el que quiero explicar: el que se abstiene no emite una opinión en forma de voto pero SÍ en forma de protesta, ante su inconformidad por todas las opciones políticas que se le presentan (o en algunos casos por simple "apatía", que aún así implica "falta de interés" en algo). Por lo tanto, NO es la mayoría la que lo apoya, lo cual no quiere decir que TODOS los demás lo adversen (espero haberme sabido explicar esta vez).
Siempre me asombra en ciertas democracias que cuando los politicuchos de turno no ganan siembran la semilla del fraude, y esto lo digo porque en todos los sitios "cuecen habas", y siempre sale esto del fraude allí en Venezuela como aquí en España. Aceptamos el sistema pero si no ganó yo el sistema es malo. Por ejemlplo lo de las papeletas electrónica nadie se opuso o supo convencer a los observadores neutrales del que el sistema era malo o corrupto. De ese referéndum, Jimmy Carter dice:
Durante el día, los líderes de la oposición nos presentaron a nosotros y a sus partidarios lo que resultó ser datos erróneos de boca de urna que mostraban que Chávez perdía la votación por 20 puntos o más, y también enviaron esta información a su propia gente y a los medios de noticias extranjeros. Sin embargo, los medios noticiosos cumplieron con la decisión del CNE contra la emisión de cualquier clase de presuntos resultados de la votación en el interior.
Los que intentaron el fraude fue la oposición dando datos erroneos e incumpliendo la decisión el CNE para así manipular la intención de voto durante las votaciones.
Y como no me quiero meter en política ( hay está el pueblo para que decida que gobierno quieren tener mientras tenga capacidad para elegir) sino destacar las tropelias de los medios de comunicación contra sistemas no afines a sus intereses.
Vaya, para no quererte "meter" en política haces aseveraciones algo arriesgadas (y por demás atrevidas); Ya que mencionas los "medios de
comunicación" (que es una de mis especialidades) ¿has visto en realidad ambas caras de la moneda? En Venezuela vivimos una polarización política (y mediática) nunca antes vista. Ciertamente los medios "privados" se han convertido en actores del proceso político, pero el Presidente Chávez ha hecho su parte para transformar al canal del "Estado" en el del "Gobierno", además de haber abierto otros tantos que le rinden pleitesía (muy imparcial esto supongo). De todos modos, como dijo un compañero forista "nadie puede hacerlo TODO bien ni TODO mal"...pero ciertamente me sorprende como algunos de ustedes se apasionan con ciertos temas que "creen" conocer y "descalifican" las opiniones de quienes estamos en MEJOR posición para saber (no porque yo posea la "verdad absoluta" sino porque vivo la "realidad del día a día" en mi país).
De todos modos, bienvenidos sean tus comentarios y aportes.
Un abrazo!
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Tontxu
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Re: Hechos y datos sobre la democracia en Venezuela
Qué quedan pendientes muchos puntos, no que cabe la menor duda.Freethinker45 escribió:Por cierto, quiero explicar, quizás no a tí (Tontxu) porque probablemente ya lo habrás investigado, pero sí al resto de los foristas, que la proclama de "refundar" la república a través de una Asamblea Constituyente para crear un nuevo ordenamiento jurídico (constitución) por parte de Hugo Chávez Frías, no siempre fue acogida con sumo entusiasmo por una abrumadora mayoría de los venezolanos. De hecho, durante la campaña presidencial para las elecciones de 1998, Chávez no fue favorito sino hasta los dos últimos meses. La candidata Irene Sáez (quien ya había sido alcaldesa del Municipio Chacao en dos oportunidades, cumpliendo una EXCELENTE gestión) llevaba la delantera (siendo candidata independiente con su propio partido IRENE); ésta al final aceptó el apoyo de los dos partidos tradicionales (y ciertamente nefastos) de la política venezolana: Acción Democrática (AD) y Copei. En ese momento surge Salas Römer (con Proyecto Venezuela) como opción contraria a Chávez. Salas Römer había realizado una buena labor como Gobernador de un importante estado industrial en Venezuela (Carabobo), pero la gente lo percibía como un candidato más de la "oligarquía" (término que puso de moda Chávez y con el cual atacó sin cuartel a sus rivales).
Con todo esto quiero decir que, la victoria de Chávez en esa primera elección (1998) fue en gran medida a causa del llamado "voto castigo" (la opción diametralmente opuesta a la derecha tradicional y la que más les hacía daño). Y termino diciendo que, aún cuando nuestra Carta Magna está llena de hermosas virtudes (y realmente lo está), de NADA sirve (se convierte en "letra muerta") si quienes se encargan de hacerla cumplir carecen totalmente de ética y la acomodan a su conveniencia...por eso, el Socialismo que tan orgullosamente defiendes (y que reconozco tiene "algunas" virtudes, aunque MUY poco realistas en la sociedad actual), se queda en el vacío cuando los "actores" no se ciñen al "libreto".
Quedan pendientes MUCHÍSIMOS puntos, pero te voy a dar un "break" para no abrumarte tanto; y no me despediré sin antes recordarte que te respeto y considero que podemos tener un debate maduro sin caer el personal, lo cual quiero evitar a toda costa.
Saludos
Es evidente que haya sectores inmovilistas que su mayor deseo es que todo siga igual, por lo que, cuando oyen tales cosas; como refundar, nueva constitución, etc. se les pongan los pelos de punta. Esto ocurre hasta en las mejores familias, pero el referéndum constitucional expresó claramente lo contrario. Si esto no es un fundamento suficiente, ya me dirás en que te fundas tú para ningunear los hechos.
Por cierto, la ciudadanía que no vota, no cuenta. Podríamos sacar las cifras de los EEUU donde la abstención habitual supera el 50% (100 millones de norteamericanos), y el ganador supera por los pelos al siguiente en liza. Barak Obama consiguió el 52,9% (69.456.897 ) lo que no supera el 30% del total del censo y a pesar de todo gobernará el mundo. Nos guste o no.
Si se aplicara esta lógica que has plasmado, es de ley que se aplique a todos, hasta a los contrincantes de Chávez ¿Lógico, a qué sí?.
Tanto Hugo Chávez como Römer, no tenían ninguna opción, esto lo aseguraban los técnicos de opinión en rigor a las encuestas que manejaban, pero las cosas cuando se ven desde muy cerca a veces pierden perspectiva. Hay que alejarse un poco del árbol, ya que de lo contrario te puede tapar el bosque. Es esto lo que les ocurrió, mas dar por sentado que el pueblo es manejable y que Globovisión podría reconducir el barco hacía aguas menos turbias.
Atacar sin cuartel en las elecciones lo hace todo dios y, si argumentar que la oligarquía venezolana había elegido a un "Rosa" como alternativa menos dolosa, antes que a un Rojo, no es responsabilidad de Chávez.
Dudo que la palabra “oligarquía” sea en Venezuela un modismo introducido por Chávez, porque la oligarquía llevaba gobernando en Venezuela más de siglo y medio. Bueno, salvo que el vocablo estuviera prohibido anteriormente, no lo entiendo. Chávez, está claro que, no es tan patán como lo pintan.
El voto de “castigo” que introduces para quitarle méritos, está claro que, pasaba de “castigo”. Pienso que el riguroso análisis que has hecho no ha sido muy exacto.
Mi análisis sintetizado es el siguiente; por fin, en Venezuela se presentaba una alternativa real al poder de la oligarquía que había campado a sus anchas durante la mayor parte de la historia de la República. Ante este temor real, la oligarquía apostó por Römer, porque éste era el candidato más favorable a sus intereses y el único que podía frenar el aluvión de votantes hacía la alternativa de cambio real (Chávez), ya que Römer sólo significaba Alternancia, propio de todos sistemas democráticos burgueses, donde lo que impera es la alternancia en el gobierno, no en el poder, este está en otros lugares y los alternantes nunca ponen en cuestión el citado poder (Sistema), con lo cuál se cambia la fachada pero el contenido queda intacto. Esta es la democracia que impera en la totalidad de los países presuntamente democráticos. La democracia no es sinónimo de capitalismo, hay otras formas de construir democracia, por ejemplo; la democracia participativa que ahora se está intentando construir en la República bolivariana de Venezuela y que, si las cosas van como van conducirá al tan odiado socialismo democrático.
Lo más interesante del proceso es que la alternativa se ha ido afianzando con el tiempo, hasta llegar sucesivamente ganando elección tras elección. Sólo hay que tirar de datos fundamentados, que han llegado superar con creces todas las expectativas democráticas de la historia de Venezuela; Chávez en la última consulta, 62,84% y 7.309.080 de votos emitidos. ¿Quién dá más?.
Hombre, decir que la Carta Magna tiene muchas virtudes, no está nada mal, algo es algo. Bien es cierto que, en este foro se ha llegado a decir que era cuasi fascista. Este suele ser el problema que tú definías (más o menos) como una patología digna de prejuiciosos dogmáticos que ni siquiera han leído la dichosa Carta Magna. Es más, hasta la propia ONU reconoció que era una de las constituciones más avanzadas del mundo.
Qué no se cumple, posiblemente. Pero esto no es quizá porque no se quiera cumplir, sino por razones puramente objetivas. Una Carta Magna es una declaración de intenciones a cumplir, no es una varita mágica, hay que crear las condiciones objetivas para ello. Siendo en la creación de las citadas condiciones objetivas donde está el meollo de la cuestión; distribución de la riqueza nacional, eliminación de privilegios, reparto participativo a los actores sociales, en pos de reequilibrar la balanza entre los que ostentan Todo y los desheredados históricos. Tarea ardua, no me cabe ninguna duda.
No hay ninguna Carta Magna que se cumpla al 100%, ni tan siquiera al 50%. De lo que se trata es de luchar para que lo escrito se materialice, no para colgarlo en la pared del escritorio del director de la multinacional de turno.
Tú opinión me parece muy bien, pero decir que el socialismo no es para estos tiempos que corren es una opinión que evidentemente no comparto. No se trata de mi orgullo, sino de una necesidad imperiosa; pasar la página de la historia del capitalismo, para evitar las desigualdades, imponer la justicia, reequilibrando los recursos en aras de repartirlos globalmente y acabar con la depredación del planeta, o el planeta acabará con todos nosotros. No es por orgullo, ni por envidia (Churchill), ni por cosas semejantes, es por decencia, por ética y porque es de justicia. No más siervos.
PD; no temas, por lo general no tengo la afición de personalizar los debates, salvo que me sienta agredido. Por tanto y por mi parte, podemos debatir hasta sin fundamentos. Cada uno tiene los suyos y tú tienes fundamentos de sobra, pero te aseguro que yo no carezco de ellos. No soy marxista por esa enfermedad absurda que Churchill puerilmente nos asignó (la envidia), lo soy gracias al Sistema que él defendió desde la cloacas del imperio Británico. Cómo a él le gustaba decir, "resistiremos hasta la última sangre del francés". Cara dura tenía para exportar, como todo político conservador que se precie.
“Algunos científicos son tan distraídos que no recuerdan ni dónde han dejado la ética”Ramón Eder
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Uraniburg
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Re: Hechos y datos sobre la democracia en Venezuela
¿Dime la afirmaciones arriesgadas y atrevidas en mi anterior post?
No descalifico sino que resalto errores tendeciosos, lo del porcentaje total que manejas es bastante tendecioso admítelo, no puedes contar como votos los no votos, asi es el sistema de votación sino hay ninguna ley que diga que si hay tanta abstención invalida o penaliza los votos.
Si preguntas a Tontxu tendrá una opinión de España, me preguntas a mí y tendré la mia y si le preguntas a Reficul tendrá la suya y te asegura que no será la misma y todos vivimos nuestra realidad de día a día. Y no me meto en política
porque uno sabe como acaba esto , cada uno tirando para su lado y nadie se baja del caballo. Si los Venezolanos quieren a Chavez, pues encantado, que hay muchos venezolanos que no quieren a Chavez, perfecto pero hay está las urnas para que el pueblo decida y se respete la decisión del resultado. Que chavez intenta manejar o no el cotarro a su antojo, bueno es propio de muchas democracias y de "democratas" no hago distinción, ni Chavez es santo de mi devoción pero no me gustan los Diablos impuestos por ciertos medios. De momento las urnas dan la razón a Chavez, quieras o no, y por eso estoy con el pueblo Venezolano, por que han elegido libremente, o tan libremente como podemos decidir (los de allí y los de aquí), esto en contra de cierta enquina de ciertos países conocidos por todos.
No descalifico sino que resalto errores tendeciosos, lo del porcentaje total que manejas es bastante tendecioso admítelo, no puedes contar como votos los no votos, asi es el sistema de votación sino hay ninguna ley que diga que si hay tanta abstención invalida o penaliza los votos.
Si preguntas a Tontxu tendrá una opinión de España, me preguntas a mí y tendré la mia y si le preguntas a Reficul tendrá la suya y te asegura que no será la misma y todos vivimos nuestra realidad de día a día. Y no me meto en política
porque uno sabe como acaba esto , cada uno tirando para su lado y nadie se baja del caballo. Si los Venezolanos quieren a Chavez, pues encantado, que hay muchos venezolanos que no quieren a Chavez, perfecto pero hay está las urnas para que el pueblo decida y se respete la decisión del resultado. Que chavez intenta manejar o no el cotarro a su antojo, bueno es propio de muchas democracias y de "democratas" no hago distinción, ni Chavez es santo de mi devoción pero no me gustan los Diablos impuestos por ciertos medios. De momento las urnas dan la razón a Chavez, quieras o no, y por eso estoy con el pueblo Venezolano, por que han elegido libremente, o tan libremente como podemos decidir (los de allí y los de aquí), esto en contra de cierta enquina de ciertos países conocidos por todos.-
Tontxu
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Re: Hechos y datos sobre la democracia en Venezuela
El paro laboral fue debido a una huelga de empresarios convocada por la patronal (Fedecámaras), sumándose a la huelga los ejecutivos de la empresa estatal petrolera PDVSA llegando a detener la producción nacional de crudo. Esto último en España no se hubiera permitido nunca. La Ley Habilitante lo que se proponía era reajustar el entramado económico del país. Evidentemente la nueva mayoría del país así lo solicitaba.Freethinker45 escribió:
La Asamblea Nacional le aprobó al Ejecutivo el 11 de noviembre de 2000 la segunda Ley Habilitante, con base en los artículos 203 y 236 de la Constitución de 1999, con la cual asumió transitoriamente tareas legislativas y cambió varias leyes fundamentales del país. (El extinto congreso le había aprobado la primera Ley Habilitante el 27 de abril de 1999, de conformidad con el Artículo 190, Ordinal 8 de la Constitución de 1961). Próximo a concluir las sesiones ordinarias del primer período constitucional (2000-2005), se comenta que de resultar electo un nuevo parlamento de mayoría oficialista en el mes de diciembre de 2005, éste le aprobaría nuevos poderes especiales al Presidente de la República para poder legislar. La aprobación de la segunda Ley Habilitante contribuyó a la fuerte resistencia y a las múltiples protestas por parte de la oposición que resultaron finalmente en el paro empresarial de diciembre de 2001, el paro laboral y los sucesos de abril de 2002.
Después de los sucesos de abril de 2002, el gobierno pierde el apoyo de algunos de los partidos de su coalición y pierde la mayoría calificada (dos terceras partes) en la Asamblea Nacional. Ante esta nueva realidad, la fracción parlamentaria del Gobierno procedió a aprobar, con mayoría simple, una serie de modificaciones (7 modificaciones en apenas 2 años) al Reglamento Interno y de Debates de la Asamblea Nacional. Estas modificaciones buscaban restringir la participación de la oposición en los debates de la Asamblea y hacer más expedita la aprobación de leyes orgánicas con mayoría simple. En consecuencia, las múltiples modificaciones al Reglamento Interno y de Debates fueron calificadas de inconstitucionales por las fracciones parlamentarias de la oposición; varias son las demandas que en este sentido han introducido los opositores en el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) sin que este organismo haya resuelto la materia o se haya pronunciado a favor o en contra de los demandantes. Tras designarse la nueva directiva de la Asamblea Nacional en enero de 2005, controlada por el oficialismo y presidida para aquel entonces por el Diputado Nicolás Maduro (actual Ministro de Relaciones Exteriores), el ambiente parlamentario ha sido cada vez más tenso. En una oportunidad se solicitó incluso a la Guardia Nacional que ingresara al Parlamento para sacar al diputado Nicolás Sosa del MAS a raíz de un altercado cuando se discutía la Reforma de la Ley del Banco Central (esta reforma fue aprobada sin distribuírsele copia a los diputados y sin el debate reglamentario, originando diversas protestas por parte de diputados de la oposición). A lo anterior se suman declaraciones de diputados oficialistas, como las de la diputada Iris Varela: “No van a poder frenar las reformas que a nosotros nos dé la gana de hacer de las leyes en este país, para eso tenemos una mayoría” (El Nacional, Miércoles 22 de junio de 2005).
Las modificaciones al Reglamento Interno y de Debates se han mantenido con la actual directiva. La más reciente permite al Presidente de la Asamblea declarar receso parlamentario y convocar la comisión delegada "cuando las circunstancias lo requieran". La finalidad de esta última reforma es facilitar a los diputados la incorporación a sus campañas de reelección, así como también la posibilidad de controlar la Asamblea Nacional dado el riesgo de perder la mayoría necesaria para la aprobación de algunas leyes puesto que 23 diputados del oficialismo no irán a reelección. En las pasadas elecciones parlamentarias del 4 de diciembre de 2005, la alianza oficialista conformada entre otros por los partidos MVR-PPT-PODEMOS-UPV-PCV, obtuvo los 167 cargos sujetos a elección. Lo anterior resultó luego de la renuncia de los partidos de oposición a sus candidaturas por considerar que el CNE no ofrecía las condiciones requeridas constitucionalmente para un proceso electoral transparente (una realidad palpable SÓLO para el que vive en Venezuela). Dicho proceso se llevó a cabo con una abstención del 74,75% según las cifras oficiales. Lo anterior resultó en una Asamblea Nacional compuesta en un 100% por seguidores del presidente Chávez y en consecuencia, exenta de pluralismo político y de tendencia absolutamente oficialista.
Me consta que las nacionalizaciones no son bien recibidas, salvo cuando estas son para subsanar las pérdidas económicas.
Ejemplos tenemos ahora hasta en los EEUU, donde “rescatan” a la banca privada para una vez saneada volverla a privatizar. Esta práctica es habitual (nacionalización de las pérdidas), en todos los países. Lo que no es habitual es lo contrario, nacionalizar aquellos sectores industriales que son estratégicos para la nación y, si son rentables, pues mejor que mejor. No sé dónde puede residir la queja, ¿No es más plausible nacionalizar las ganancias que no la pérdidas?, esto es de Perogrullo. Yo al menos no compraría una empresa en quiebra.
Lo que has denominado “sucesos”, en realidad fue un golpe de estado que secuestró al presidente constitucional elegido democráticamente por mayoría absoluta (59,70%). Este sería el lenguaje apropiado, tanto histórico como periodístico.
Chávez fue detenido y trasladado inicialmente al fuerte Tiuna. El miso día el empresario y presidente de Fedecámaras Pedro Carmona se autoproclamó presidente interino, desoyendo la constitución que en el artículo 228 dice; "La elección del Presidente o Presidenta de la República se hará por votación universal, directa y secreta, en conformidad con la ley. Se proclamará electo o electa el candidato o candidata que hubiere obtenido la mayoría de votos válidos”. Está claro que, para el empresariado de Fedecámaras la constitución no tenía nada de bueno. No voy a colocar ahora las lindeces que el tal Carmona lanza desde Colombia acerca de las equivocaciones que dice haber tenido durante el golpe de estado, parecido a lo que desde Perú y compañero de viaje Manuel Rosales (ambos perseguidos por la justicia) dice que hay que hacer es liquidar (literalmente) al presidente. Al mejor estilo de Far West. Hay muchos más, el último que acaba de visitarnos es el banquero Alvaro Gorrín que en su precioso yate ha recalado en el puerto de Tenerife, disfrutando de las cálidas noches de esta preciosa isla del archipiélago canario. Todo un personaje.
Las primeras medidas de Carmona fueron; disolución de la Asamblea Nacional (parlamento), del Tribunal Superior de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, todos los gobernadores, alcaldes y concejales, la remoción del Fiscal General, del contralor, y del Defensor del Pueblo, así como de todos los embajadores, cónsules y vicecónsules como también de las Misiones Permanentes Diplomáticas, así como la eliminación de las 48 leyes habilitantes y la derogación de la Constitución.
Ante las masivas protestas populares delante del Palacio de Miraflores (ocultadas por Globovisión) y la oposición del general Raúl Isaías Baduel líder de la “Operación: Restitución de la Dignidad Nacional" rescata a Hucho Chávez del cautiverio de la prisión militar en la Isla La Orchila y se restaura el orden constitucional.
El golpe de estado fue en realidad un golpe empresarial y mediático, apoyado también por la Iglesia Católica, sin olvidar a nuestro estimado expresidente Aznar y por supuesto a los EEUU. Siguiendo la tónica habitual EEUU y España hacen un comunicado al alimón;
“Los gobiernos de Estados Unidos y de España, en el marco de su diálogo político reforzado, siguen los acontecimientos que se desarrollan en Venezuela con gran interés y preocupación, y en contacto continuo". Los dos gobiernos "declaran su rechazo a los actos de violencia que han causado una cantidad de víctimas", "expresan su pleno respaldo y solidaridad con el pueblo de Venezuela" y "expresan su deseo de que la excepcional situación que experimenta Venezuela conduzca en el plazo más breve a la normalización democrática plena". Todo un chiste.
Pedro Carmona se encuentra actualmente en Colombia donde se le concedió asilo político. No comments.
PD; esto lo cuento, aunque ya sé que eres conocedor de los hechos. Pero algo habrá que decir, aunque sea sin mucho fundamento.
“Algunos científicos son tan distraídos que no recuerdan ni dónde han dejado la ética”Ramón Eder
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Freethinker45
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Re: Hechos y datos sobre la democracia en Venezuela
Hola Tontxu!
Excelente aporte (como dije antes, eres bastante versado); no puedo sino estar de acuerdo contigo con respecto a los sucesos del 11 de abril que terminaron en un "golpe de estado" (aunque se quiera llamar "un vacío de poder"). Yo que estoy aquí en Venezuela debo admitir que la "imparcialidad" a nivel periodístico se perdió hace rato (tanto del lado opositor como del oficialista). Ese famoso principio de "veracidad" de la información ha sido vapuleado hasta el cansancio. Y por supuesto que tengo una excelente opinión sobre nuestra Carta Magna (es una obra de arte); sigo teniendo mis reservas sobre el socialismo y mi opinión de Chávez sigue intacta pero la pluralidad de opiniones es necesaria.
Gracias por los comentarios!
un abrazo
Excelente aporte (como dije antes, eres bastante versado); no puedo sino estar de acuerdo contigo con respecto a los sucesos del 11 de abril que terminaron en un "golpe de estado" (aunque se quiera llamar "un vacío de poder"). Yo que estoy aquí en Venezuela debo admitir que la "imparcialidad" a nivel periodístico se perdió hace rato (tanto del lado opositor como del oficialista). Ese famoso principio de "veracidad" de la información ha sido vapuleado hasta el cansancio. Y por supuesto que tengo una excelente opinión sobre nuestra Carta Magna (es una obra de arte); sigo teniendo mis reservas sobre el socialismo y mi opinión de Chávez sigue intacta pero la pluralidad de opiniones es necesaria.
Gracias por los comentarios!
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Tontxu
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Re: Hechos y datos sobre la democracia en Venezuela
Buenas tardes, Dennys,
Me parece muy significativo que hayas citado como fuentes imparciales a Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras y a la SPI.
Ya sé que, en otro hilo acerca de Chávez ya hablé de estas imparciales ONGs, pero no puedo dejar el espacio vacío en aras que los que seguidores de este debate estén informados de quienes son realmente estas almas tan caritativas que trabajan a favor de la justicia, la libertad y la verdad informativa. Aunque, también me consta que no necesitarás (supongo) de las precisiones que a continuación expondré.
Para conocer la imparcialidad de cualquier organización siempre se hace necesario saber que intereses sostienen y a quiénes defienden, bien sean particulares o grupales. Por tanto, no hay como conocer quién o quienes financian el proyecto en cuestión.
La “ONG” Human Rights Watch es financiada por la Church World Service que es una organización jesuita norteamericana. También es sabido que son financiados por las . multinacionales Winston y Ford.
Para muestra un botón, aunque no hay que olvidarse de la todopoderosa asociación “Fondo Nacional para la Democracia” creada por el más que tolerante Ronald Reagan y financiada por el congreso de los EEUU, donde entre sus destacados socios de honor está el aún más tolerante senador por Arizona el ilustre John McCain. Todos los financieros que sostienen a la HRW está claro que son fieles defensores de la libertad, de la justicia y sobre todo imparciales.
Las acciones llevadas a cabo por HRW en Venezuela son dignas de encomio, sobre todo, por su talante “neutral”. Aunque, el compañero Dennys ya ha descrito algunas denuncias me tomo la libertad de exponer mi visión sobre las aparentes violaciones a la libertad e independencia del poder judicial realizadas por esta “ONG”.
Vayamos a julio de 2004. Un mes antes del referéndum presidencial venezolano, José Miguel Vivanco director de RHW inició una campaña contra el gobierno venezolano a cuenta de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo, acusando a Chávez y su gobierno de falta de independencia en el poder judicial.
Al parecer, es de vital importancia para esta ONG que el poder judicial debe ser independiente, esto nadie lo pone en duda. Pero la acusación de ausencia de independencia es totalmente infundada. ¿Quienes son los encargados de elegir a los jueces del alto tribunal?, ¿Se eligen ellos así mismo o por el contrario los eligen los representantes de los poderes del Estado?. En España son elegidos (la mayoría) por los dos partidos políticos. Está claro que la cabeza de la magistratura está politizada hasta el tuétano. Pero para HRW esto es un destino, pues sí esto es así, podrían meter en el mismo paquete a toda Europa, con EEUU a la cabeza. No hay por donde agarrarlo.
En cuanto a la acusación de que Chávez pretende hacerse con el control de los medos de comunicación, es más de lo mismo. En Venezuela en 80% de los medios de comunicación están en manos privadas que en su mayoría son opositores al proceso revolucionario del gobierno. Montaron un circo mediático internacional a cuenta del cierre de la cadena RCTV que, dicho sea de paso, sigue emitiendo con normalidad y con contenidos de dudoso respeto democrático. Sin olvidarse que el cierre fue porque caducó la licencia tras 50 años de tenencia.
Al alimón con HRW, también se junta a este coro Robert Ménard, el que fue secretario general de “Reporteros sin fronteras” hasta el 2008, dijo lo siguiente, “Chávez tiene una posición hegemónica en los medios de comunicación”. Mentira cochina y con premeditación, porque cualquier imberbe reportero sabe que esto no se ajusta a la realidad, por lo dicho anteriormente. La mayoría de las televisiones por cable y satélite son de empresas privadas. Y en referencia a la prensa escrita, hay 118 periódicos tanto nacionales como regionales pertenecen al sector privado. Es verdad que existe una hegemonía mediática, pero no del gobierno, sino de los grupos económicos y financieros privados.
Estos defensores de las libertades (RHW) vuelven aparecer en octubre de 2007, a dos meses vista del Referendo Constitucional del mismo año. ¡Qué caprichosa es la vida!, estos siempre aparecen en momentos clave con la intención de intoxicar el ambiente previo a cualquier evento de vital importancia para el pueblo venezolano. Por lo visto, una constitución socialista es un ataque a los intereses de sus financieros arriba citados.
La excusa que pusieron fue los poderes excepcionales que el presidente de la nación tendría en casos de emergencia nacional. Esto es una broma, porque de lo contrario no se entiende. ¿Díganme un solo país democrático que no contemple en su constitución los citados poderes extraordinarios para el presidente ante una emergencia nacional?. De verdad, sólo un crédulo mal informado puede creerse tamaño dislate.
Claro que, como bien dice Dennys, probar la parcialidad con la que actúan a favor de los intereses para los que trabajan (el imperio) es un “argumento trillado hasta el cansancio”. Será todo lo trillado que se quiera, pero si tienes interés sólo hay que darse un paseo por la red, para comprobar que todo lo dicho es tan cierto como los dólares que reciben para su altruista e imparcial causa.
Sin embargo, nada dicen de la masacre que la oligarquía boliviana perpetró en Pando. De los asesinatos de sindicalistas en Colombia, de los desplazados por los paramilitares, etc.
Acabo con los altruistas de HRW y dejaré para otra día a los aguerridos “Reporteros sin Fronteras”. Estos son todavía más interesantes. Saludos.
Me parece muy significativo que hayas citado como fuentes imparciales a Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras y a la SPI.
Ya sé que, en otro hilo acerca de Chávez ya hablé de estas imparciales ONGs, pero no puedo dejar el espacio vacío en aras que los que seguidores de este debate estén informados de quienes son realmente estas almas tan caritativas que trabajan a favor de la justicia, la libertad y la verdad informativa. Aunque, también me consta que no necesitarás (supongo) de las precisiones que a continuación expondré.
Para conocer la imparcialidad de cualquier organización siempre se hace necesario saber que intereses sostienen y a quiénes defienden, bien sean particulares o grupales. Por tanto, no hay como conocer quién o quienes financian el proyecto en cuestión.
La “ONG” Human Rights Watch es financiada por la Church World Service que es una organización jesuita norteamericana. También es sabido que son financiados por las . multinacionales Winston y Ford.
Para muestra un botón, aunque no hay que olvidarse de la todopoderosa asociación “Fondo Nacional para la Democracia” creada por el más que tolerante Ronald Reagan y financiada por el congreso de los EEUU, donde entre sus destacados socios de honor está el aún más tolerante senador por Arizona el ilustre John McCain. Todos los financieros que sostienen a la HRW está claro que son fieles defensores de la libertad, de la justicia y sobre todo imparciales.
Las acciones llevadas a cabo por HRW en Venezuela son dignas de encomio, sobre todo, por su talante “neutral”. Aunque, el compañero Dennys ya ha descrito algunas denuncias me tomo la libertad de exponer mi visión sobre las aparentes violaciones a la libertad e independencia del poder judicial realizadas por esta “ONG”.
Vayamos a julio de 2004. Un mes antes del referéndum presidencial venezolano, José Miguel Vivanco director de RHW inició una campaña contra el gobierno venezolano a cuenta de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo, acusando a Chávez y su gobierno de falta de independencia en el poder judicial.
Al parecer, es de vital importancia para esta ONG que el poder judicial debe ser independiente, esto nadie lo pone en duda. Pero la acusación de ausencia de independencia es totalmente infundada. ¿Quienes son los encargados de elegir a los jueces del alto tribunal?, ¿Se eligen ellos así mismo o por el contrario los eligen los representantes de los poderes del Estado?. En España son elegidos (la mayoría) por los dos partidos políticos. Está claro que la cabeza de la magistratura está politizada hasta el tuétano. Pero para HRW esto es un destino, pues sí esto es así, podrían meter en el mismo paquete a toda Europa, con EEUU a la cabeza. No hay por donde agarrarlo.
En cuanto a la acusación de que Chávez pretende hacerse con el control de los medos de comunicación, es más de lo mismo. En Venezuela en 80% de los medios de comunicación están en manos privadas que en su mayoría son opositores al proceso revolucionario del gobierno. Montaron un circo mediático internacional a cuenta del cierre de la cadena RCTV que, dicho sea de paso, sigue emitiendo con normalidad y con contenidos de dudoso respeto democrático. Sin olvidarse que el cierre fue porque caducó la licencia tras 50 años de tenencia.
Al alimón con HRW, también se junta a este coro Robert Ménard, el que fue secretario general de “Reporteros sin fronteras” hasta el 2008, dijo lo siguiente, “Chávez tiene una posición hegemónica en los medios de comunicación”. Mentira cochina y con premeditación, porque cualquier imberbe reportero sabe que esto no se ajusta a la realidad, por lo dicho anteriormente. La mayoría de las televisiones por cable y satélite son de empresas privadas. Y en referencia a la prensa escrita, hay 118 periódicos tanto nacionales como regionales pertenecen al sector privado. Es verdad que existe una hegemonía mediática, pero no del gobierno, sino de los grupos económicos y financieros privados.
Estos defensores de las libertades (RHW) vuelven aparecer en octubre de 2007, a dos meses vista del Referendo Constitucional del mismo año. ¡Qué caprichosa es la vida!, estos siempre aparecen en momentos clave con la intención de intoxicar el ambiente previo a cualquier evento de vital importancia para el pueblo venezolano. Por lo visto, una constitución socialista es un ataque a los intereses de sus financieros arriba citados.
La excusa que pusieron fue los poderes excepcionales que el presidente de la nación tendría en casos de emergencia nacional. Esto es una broma, porque de lo contrario no se entiende. ¿Díganme un solo país democrático que no contemple en su constitución los citados poderes extraordinarios para el presidente ante una emergencia nacional?. De verdad, sólo un crédulo mal informado puede creerse tamaño dislate.
Claro que, como bien dice Dennys, probar la parcialidad con la que actúan a favor de los intereses para los que trabajan (el imperio) es un “argumento trillado hasta el cansancio”. Será todo lo trillado que se quiera, pero si tienes interés sólo hay que darse un paseo por la red, para comprobar que todo lo dicho es tan cierto como los dólares que reciben para su altruista e imparcial causa.
Sin embargo, nada dicen de la masacre que la oligarquía boliviana perpetró en Pando. De los asesinatos de sindicalistas en Colombia, de los desplazados por los paramilitares, etc.
Acabo con los altruistas de HRW y dejaré para otra día a los aguerridos “Reporteros sin Fronteras”. Estos son todavía más interesantes. Saludos.
“Algunos científicos son tan distraídos que no recuerdan ni dónde han dejado la ética”Ramón Eder
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Tontxu
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Re: Hechos y datos sobre la democracia en Venezuela
"Los defensores de la libertad de prensa mundial"
Reporteros sin Fronteras es una “ONG”, con sede en París, dedicada presuntamente a la salvaguardia de la libertad de prensa y de expresión en el mundo. Una libertad de prensa que funciona según los cánones marcados por los grandes medios de comunicación mundiales.
¿Quién financia a estos guardianes de la libertad de expresión?. Por un lado, el gobierno francés y la Unión Europea, además reciben cuantiosos fondos de la “Fundación Nacional para la Democracia”, que no es otra cosa que una de tantas tapaderas civiles de la CIA. También es financiada por fabricantes de armamento de Francia como es el caso Serge Dassault o del ya desaparecido vendedor de misiles Jean-Guy Lagardère. Además de todo esto, recibe fondos de los oligopolios mediáticos y de grandes editores, como del francés François Pinault .
Los chicos de Reporteros sin Fronteras, además, reciben cuantiosos fondos y ayuda de los mayores oligopolios mediáticos del mundo, como Vivendi Universal, o de grandes editores, como de La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), famosa por su intervencionismo mediático en Latinoamérica. También se nutren de la “fundación Norteamericana" dirigida por el cubano Frank Calzón que se sabe que es de la CIA; así como, de miembros de la mafia cubana en Miami, como Leopoldo Fernández Pujals, ex capitán de marines en Vietnam y expropietario de la cadena Telepizza, como, de Nancy Crespo, distribuidora de las llamada "Freedom House”.
Las investigaciones del canadiense Jean-Guy Allard, la estadounidense Diana Barahona y el francés Salim Lamrani son concluyentes: "Reporteros sin Fronteras es una organización sostenida económica y políticamente por los mayores depredadores de la libertad de información en el mundo: los grandes monopolios de la comunicación y los gobiernos de las potencias occidentales, principalmente el de los Estados Unidos. No en vano el diagnóstico de esta ONG acerca de los lugares donde la libertad de prensa está más amenazada coincide al pié de letra con el del Departamento de Estado de Washington”.
Jean-Guy Allard, que ha escrito un libro al respecto, dice taxativamente que su presidente hasta 2008 en que dimitió Robert Ménard es un agente que trabaja para la CIA.
Se podría escribir mucho más, pero creo que resulta innecesario, ya que la red está plagada de información al respecto. Con el camelo de autodenominarse ONG, creen que pueden ser creíbles. Pero sólo hace falta ver sus informes para darse cuenta que nunca hay una sola denuncia contra los EEUU, ni hacía otros países occidentales.
Tampoco defienden a sus colegas asesinados, como por ejemplo nuestro compatriota José Couso, donde hasta su propia familia denunció a RSF, por el cínico informe que realizó acerca del asesinato del periodista de telecinco y que fue elaborado por un íntimo amigo del que dio la orden de disparar.
Casos como el del periodista sudanés de Al Jazeera Sami al Hajj, encerrado durante tres años en el campo de exterminio de Guantánamo, donde RSF, no dijeron absolutamente nada. De cómo RSF se niegan a defender la vida del periodista afroamericano Mumia Abu Jamal, que desde 1982 está en el corredor de la muerte en Estados Unidos. Tampoco hacen/hicieron nada a favor del periodista mapuche Pedro Cayuqueo, detenido en Chile.
Ya se les vio el plumero cuando en 1999 fueron asesinados 16 periodistas de la televisión Yugoslava en uno de los tantos bombardeos de la OTAN, donde ni siquiera aparecieron sus nombres en el informe anual de esta “ONG”. En fin, Si quieren pasearse por la red aquí les dejo un enlace, aunque hay muchos más. Saludos.
Reporteros sin Fronteras es una “ONG”, con sede en París, dedicada presuntamente a la salvaguardia de la libertad de prensa y de expresión en el mundo. Una libertad de prensa que funciona según los cánones marcados por los grandes medios de comunicación mundiales.
¿Quién financia a estos guardianes de la libertad de expresión?. Por un lado, el gobierno francés y la Unión Europea, además reciben cuantiosos fondos de la “Fundación Nacional para la Democracia”, que no es otra cosa que una de tantas tapaderas civiles de la CIA. También es financiada por fabricantes de armamento de Francia como es el caso Serge Dassault o del ya desaparecido vendedor de misiles Jean-Guy Lagardère. Además de todo esto, recibe fondos de los oligopolios mediáticos y de grandes editores, como del francés François Pinault .
Los chicos de Reporteros sin Fronteras, además, reciben cuantiosos fondos y ayuda de los mayores oligopolios mediáticos del mundo, como Vivendi Universal, o de grandes editores, como de La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), famosa por su intervencionismo mediático en Latinoamérica. También se nutren de la “fundación Norteamericana" dirigida por el cubano Frank Calzón que se sabe que es de la CIA; así como, de miembros de la mafia cubana en Miami, como Leopoldo Fernández Pujals, ex capitán de marines en Vietnam y expropietario de la cadena Telepizza, como, de Nancy Crespo, distribuidora de las llamada "Freedom House”.
Las investigaciones del canadiense Jean-Guy Allard, la estadounidense Diana Barahona y el francés Salim Lamrani son concluyentes: "Reporteros sin Fronteras es una organización sostenida económica y políticamente por los mayores depredadores de la libertad de información en el mundo: los grandes monopolios de la comunicación y los gobiernos de las potencias occidentales, principalmente el de los Estados Unidos. No en vano el diagnóstico de esta ONG acerca de los lugares donde la libertad de prensa está más amenazada coincide al pié de letra con el del Departamento de Estado de Washington”.
Jean-Guy Allard, que ha escrito un libro al respecto, dice taxativamente que su presidente hasta 2008 en que dimitió Robert Ménard es un agente que trabaja para la CIA.
Se podría escribir mucho más, pero creo que resulta innecesario, ya que la red está plagada de información al respecto. Con el camelo de autodenominarse ONG, creen que pueden ser creíbles. Pero sólo hace falta ver sus informes para darse cuenta que nunca hay una sola denuncia contra los EEUU, ni hacía otros países occidentales.
Tampoco defienden a sus colegas asesinados, como por ejemplo nuestro compatriota José Couso, donde hasta su propia familia denunció a RSF, por el cínico informe que realizó acerca del asesinato del periodista de telecinco y que fue elaborado por un íntimo amigo del que dio la orden de disparar.
Casos como el del periodista sudanés de Al Jazeera Sami al Hajj, encerrado durante tres años en el campo de exterminio de Guantánamo, donde RSF, no dijeron absolutamente nada. De cómo RSF se niegan a defender la vida del periodista afroamericano Mumia Abu Jamal, que desde 1982 está en el corredor de la muerte en Estados Unidos. Tampoco hacen/hicieron nada a favor del periodista mapuche Pedro Cayuqueo, detenido en Chile.
Ya se les vio el plumero cuando en 1999 fueron asesinados 16 periodistas de la televisión Yugoslava en uno de los tantos bombardeos de la OTAN, donde ni siquiera aparecieron sus nombres en el informe anual de esta “ONG”. En fin, Si quieren pasearse por la red aquí les dejo un enlace, aunque hay muchos más. Saludos.
“Algunos científicos son tan distraídos que no recuerdan ni dónde han dejado la ética”Ramón Eder