Foro de Iniciativa Atea

La justicia argentina pregunta al Gobierno si España está investigando el genocidio franquista
La juez Servini de Cubria envía un exhorto por vía diplomática al Ejecutivo en el que describe los asesinatos y torturas de las víctimas
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 26/10/2010

La juez argentina María Servini de Cubria ha librado un exhorto por vía diplomática al Gobierno de España para que aclare "si se está investigando en ese país la existencia de un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado para aterrorizar españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física, y (...) la desaparición legalizada de menores de edad con pérdida de su identidad, llevados a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977".

Junto al exhorto, la juez ha enviado al Gobierno copia certificada de las denuncias presentadas en Buenos Aires por familiares de víctimas del franquismo y una docena de asociaciones de defensa de los derechos humanos.

El exhorto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, resume en nueve páginas los casos de algunas de las víctimas del franquismo. Por ejemplo, el de Severino Rivas Barja, " asesinado por falangistas en Portomarín el 29 de octubre de 1936" ; el de Elías García Holgado, " fusilado en Salamanca el 5 de julio de 1937 luego de un proceso sumarísimo en el que fue condenado por adhesión a la rebelión" ; el de Luis García Holgado, " fusilado en la carretera de Baños de Montemayor el 21 de septiembre de 1936" ; el de Vicente García Holgado, " desaparecido" o el de Silvia Carretero, torturada, y su marido, José Luis Sánchez Bravo, fusilado. Todos los casos, añade la juez, son "extensibles a decenas de miles de personas asesinadas en las semanas que siguen al 17 de julio de 1936 por el grupo de oficiales militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección" .

El texto contiene el estremecedor relato de los últimos momentos de algunas de las víctimas del franquismo. "Según testimonios de habitantes del pueblo, una vez asesinado de varios disparos, su cuerpo fue aplastado por un carro que le hicieron pasar por encima" , cuenta sobre Luis García Holgado, concejal del Ayuntamiento de Astorga fusilado en septiembre de 1936 a los 40 años. También las torturas que sufrieron algunos de los supervivientes, como Silvia Carretero, a la que en la comandancia de la Guardia Civil de Badajoz le dijeron: " Sabemos que estás embarazada porque tienes los pechos muy grandes, nos importa tres cojones si abortas" , antes de ponerle una soga al cuello y palillos.

La juez argentina reclama al Gobierno que le aclare si en España se están investigando estas atrocidades, y en caso afirmativo, que le ponga al corriente " de la naturaleza y el estado procesal actual de las investigaciones" .

La respuesta del Gobierno a ese exhorto no será fácil. El juez que quiso investigar esos crímenes, Baltasar Garzón, se encuentra suspendido y procesado precisamente por haber abierto una causa contra el franquismo. Y ese es el principal motivo por el que los denunciantes decidieron acudir a la justicia argentina. La abogada Ana Messuti animó el pasado sábado en Ponferrada a los familiares de las víctimas a sumarse a esta querella en Buenos Aires.

Justicia argentina pregunta si España investiga de crímenes del franquismo
26-10-2010 / 18:30 h


Buenos Aires, 26 oct (EFE).- La Justicia argentina pidió a España que le informe si en ese país hay causas abiertas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista, para resolver si corresponde atender demandas de españoles presentadas en los tribunales de Buenos Aires, informaron hoy fuentes judiciales.

La petición fue efectuada en un exhorto diplomático de la jueza federal bonaerense María Servini de Cubría, quien interviene en actuaciones iniciadas por víctimas del franquismo bajo el principio de "jurisdicción internacional" para juzgar casos de violaciones a los derechos humanos, dijeron a Efe las fuentes.

Servini de Cubría cumplió así con un dictamen de la Cámara Criminal y Correccional Federal que a comienzos del mes pasado respondió favorablemente a una apelación de los demandantes al ordenar la reapertura de la causa, que la jueza había archivado.

Si la justicia española respondiese que existen en ese país causas judiciales por crímenes del franquismo, la jueza podría ratificar el archivo de las actuaciones iniciadas en Buenos Aires en abril pasado con el auspicio de organismos humanitarios de Argentina y España, explicaron los portavoces.

En caso contrario, la magistrada podría declararse competente para seguir adelante con las actuaciones, que refieren a múltiples delitos de lesa humanidad cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 al 15 de junio de 1977, lapso que incluye a crímenes durante la Guerra Civil, indicaron.

Servini de Cubría había archivado las actuaciones en base a un dictamen de la Fiscalía según el cual tales crímenes han sido o son investigados por la justicia española, lo que dio lugar a una apelación de la parte querellante.

Pero a comienzos de septiembre, el tribunal de alzada declaró nula la decisión de la jueza "por carecer de fundamentación y sustento en el ordenamiento procesal vigente", según el dictamen al que tuvo acceso Efe.

La Cámara Criminal y Correccional Federal aceptó la petición de la querella para que por vía diplomática se pida a España que informe "si efectivamente" se investiga allí si existió "un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física" a manos del franquismo.

Subrayó que "la persecución penal" es "un corolario necesario del derecho" de toda persona a "una investigación judicial a cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente" que establezca si hubo violación de sus derechos, "se identifique a los responsables y se les impongan las sanciones pertinentes".

Entre las demandas ante los tribunales de Buenos Aires figuran las de Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados por el franquismo, y las de Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936, e Inés García, sobrina de Elías García, asesinado en 1937.

En abril pasado, Rivas y García encabezaron la querella presentada ante los tribunales federales argentinos por genocidio con el auspicio de organismos humanitarios locales, entre ellos el Servicio de Paz y Justicia que dirige Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980.

La demanda fue ampliada después con diecisiete nuevos casos de víctimas gallegas, de un total de casi 5.000 represaliados por la dictadura en Galicia, identificados en una investigación realizada por universidades gallegas durante los últimos cuatro años.

La querella pidió listas de las fosas comunes halladas en España, un censo de los niños robados durante la dictadura, e información de "todas las empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos que aún siguen activas". EFE

Argentina pregunta al Gobierno de Zapatero si el franquismo sigue impune

- Una juez envía un exhorto por orden de la Cámara Federal de Buenos Aires
- En la querella tramitada están imputados el Rey, Fraga y Adolfo Suárez

Juan Ignacio Irigaray | Buenos Aires
Actualizado martes 26/10/2010 13:35 horas

La juez argentina María Romilda Servini de Cubria ha preguntado por exhorto al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero si la Justicia española "está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado para aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física llevado a cabo entre 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977".

Si como parece probable La Moncloa llegase a contestar "no", entonces la magistrada -viuda de un militar- podrá declarar su competencia, en uso del principio de Justicia Universal que rige para los crímenes contra la Humanidad, e impulsar la querella que algunas víctimas del franquismo pusieron en su juzgado el miércoles 14 de abril pasado, fecha elegida por ser aniversario de la Segunda República española.

El exhorto enviado por vía diplomática tiene nueve folios y, entre otras cosas, describe algunos de los crímenes contra "decenas de miles de personas asesinadas en las semanas que siguen al 17 de julio de 1936 por el grupo de oficiales militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección".

Por ejemplo, se refiere al caso de Luis García Holgado, cuya sobrina Inés puso la querella. "Era concejal del ayuntamiento de Astorga -recordó- y fue fusilado a los 40 años en la carretera de Baños de Montemayor el 21 de septiembre de 1936". Y añadió que "una vez asesinado, su cuerpo fue aplastado por un carro que le hicieron pasar por encima".

También abordó la juez lo que ocurrió a los familiares de la víctima mencionada anteriormente: Elias García Holgado, "fusilado en la carretera de Baños de Montemayor el 21 de septiembre de 1936" y Vicente García Holgado, "desaparecido". Además, menciona los casos de Silvia Carretero "torturada", y su marido José Luis Sánchez Bravo, "desaparecido".

En cuanto a Severino Rivas Barja recordó que "asesinado por falangistas en Portomarin el 29 de octubre de 1936 cuando era alcalde de la localidad de Castro de Rei". Rivas Cando estuvo desaparecido hasta 2005 cuando encontraron sus restos en una fosa común. Su hijo Darío Rivas Cando, de 93 años y exiliado desde entonces en Argentina, puso la querella.

En principio, Servini de Cubria, tras un dictamen negativo del fiscal Federico Delgado, no había admitido a trámite esta querella, pero los querellantes recurrieron y la Cámara Federal porteña -un tribunal de apelaciones con trayectoria 'progresista'- revocó esa resolución y le ordenó a la juez que enviara este exhorto a Madrid.

A los familiares directos de las víctimas del franquismo se han sumado como querellantes, entre otros, las Abuelas de Plaza de Mayo, el Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y la Asociación Española por la Memoria Histórica.

Un dato importante de esta iniciativa judicial es que al extender su solicitud hasta 1977, más allá de la muerte de Francisco Franco (el 20 de noviembre de 1975) involucran también en su denuncia al Rey Juan Carlos I, al ex presidente Adolfo Suárez, además de Manuel Fraga Iribarne, ex ministro franquista y fundador de Alianza Popular, antecesora del PP.

Los querellantes planean repetir en Buenos Aires las concentraciones contra la impunidad del franquismo que se vienen realizando los jueves a las ocho de la tarde en la Puerta del Sol de Madrid. En la capital argentina lo harían a la misma hora en la Plaza de Mayo, después de la tradicional concentración que las Madres de la Plaza de Mayo llevan a cabo desde 1977

JohnyFK escribió:Yo por mi parte, investigar los crímenes franquistas por un lado lo considero legítimo, sobre todo para conocer la verdad en la historia reciente, y dignificar a las víctimas y sus familiares. Por otro lado es remover cieno.

Si se investigan los crímenes franquistas, también se podrían investigar los crímenes del bando republicano, porque fusilamientos de franquistas realizados por el bando republicano también los hubo (como las matanzas de Paracuellos). Una guerra civil es salvaje, sanguinaria y se mata a mucha gente, la mayoría de las veces a sangre fría y sin juicio. También hay que tener en cuenta que según el territorio al que pertenecieras indistintamente de tus propios ideales tenías que formar parte obligatoriamente del bando que tuviera el poder en él, convirtiéndote en traidor si lo rechazabas, y la gente por regla general elige sobrevivir, siendo muchos de estos crímenes fruto de la coacción. La diferencia es que los crímenes del bando republicano supongo que ya fueron expuestos y ajusticiados por el bando ganador (con su peculiar sentido de la justicia), y sus víctimas convertidas en mártires franquistas, aunque fueran los republicanos los que tuvieran derecho legítimo a defender su gobierno, elegido democráticmente.

Pero bueno, de todas maneras investigando no se van a recuperar las vidas de los que murieron, y remover algo históricamente tan reciente puede causar crispación social. Por lo cual tengo mis dudas acerca de la conveniencia de dicha investigación.

JohnyFK escribió:Si se investigan los crímenes franquistas, también se podrían investigar los crímenes del bando republicano,