Foro de Iniciativa Atea

La Comisión Europea ha lanzado este jueves un ultimátum a España para que aplique la norma comunitaria cuyo objetivo es reforzar el capital de los bancos y mejorar la política de remuneración de los directivos bancarios. El plazo para incorporar esta directiva a la legislación nacional expiraba el 1 de enero de 2011, pero España no ha aplicado todavía ninguna de sus disposiciones.

El ultimátum de Bruselas adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en el plazo de dos meses las autoridades españolas no corrigen la situación, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE).

La directiva en cuestión tiene por objeto garantizar la solvencia financiera de los bancos y sociedades de inversión, así como "atajar la excesiva e imprudente asunción de riesgos en el sector bancario favorecida por unas remuneraciones mal concebidas que han provocado la quiebra de distintas entidades y traído problemas a la sociedad en su conjunto", según ha destacado la Comisión.

"La actual crisis financiera prueba hasta qué punto es importante abordar esos dos aspectos para los ciudadanos, las empresas y la sociedad en su conjunto. Si unas normas comunes no se observan en el mismo grado en toda la UE, esto podría dar lugar a lagunas que podrían ser explotadas", ha criticado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Además de a España, el ultimátum afecta también a Eslovenia, Grecia, Italia, Polonia y Portugal. La Comisión también a Bélgica, Eslovaquia, Luxemburgo y Suecia a que den cumplimiento a las partes de la directiva que todavía no han aplicado.

En materia de incentivos salariales perversos, la directiva exige a los bancos y sociedades de inversión que apliquen políticas de remuneración solventes que no estimulen o premien las asunciones de riesgos excesivas. Los supervisores bancarios tienen la facultad de sancionar a los bancos cuyas políticas de remuneración no se ajusten a los nuevos requisitos. Sin embargo, la directiva no introduce límites salariales o en las primas.

La norma impone además unos requisitos de capital más altos para las retitulizaciones para asegurarse de que los bancos tienen en cuenta correctamente los riesgos de invertir en esos complejos productos financieros y endurece los requisitos de divulgación.

La directiva modifica la manera en que el banco evalúa los riesgos asociados a sus carteras de negociación para velar por que reflejen plenamente las posibles pérdidas derivadas de las fluctuaciones adversas del mercado en las condiciones de tensión del tipo que se ha vivido recientemente.

La familia Botín, investigada por presunta evasión fiscal
17 de junio de 2011 - 16:52

El banquero español Emilio Botín y su hija Ana Patricia figuran en la lista de denunciados por presunta falsedad documental y daño al fisco a través de sus haberes depositados en la sucursal ginebrina del HSBC.

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Los Botín, en la lista
Fernando Andreu, juez de la Audiencia Nacional en Madrid -tribunal con jurisdicción nacional-, admitió el pasado miércoles (15.06) una demanda presentada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España para someter a investigación a los hombres clave del Banco Santander.

El documento cita que se presentó denuncia “contra Emilio Botín Sanz de Sautuola García Ríos, así como contra sus hijos Ana Patricia, Paloma, Emilio, Carmen y Francisco, todos de apellidos Botín Sanz de Sautuola O´Shea”.
Y refiere también que existe demanda contra Jaime Botín Sanz de Sautuola García Ríos, así como contra sus respectivos hijos, Marcelino, Alfonso, Gonzalo, Marta y Lucrecia, que comparten los apellidos Botín Sanz de Sautuola Naveda.

En todos los casos, se busca determinar si cometieron delitos contra la Hacienda Pública al encubrir información vinculada a las cuentas que tienen en la sucursal ginebrina del HSBC. De confirmarse este escenario habrían incurrido en el delito de falsedad documental.

Parte de ‘los 659’
La familia Botín es parte de los 659 españoles que presuntamente ocultaron al fisco ibérico fondos por 8.300 millones de francos suizos (6.000 millones de euros) depositados en el HSBC de Ginebra.

Todos los contribuyentes involucrados fueron notificados en 2010 sobre la presunción de evasión de la que eran objeto para darles la posibilidad de regularizar su situación con Hacienda.

La Agencia Tributaria, entidad encargada de esta misión, confirmó que al cierre de 2010 alrededor de 300 contribuyentes se habían acercado al fisco, lo que le permitió recaudar 320 millones de francos suizos adicionales.

Algunos expedientes, no obstante, suscitaban aún dudas y fueron transferidos a la Fiscalía Anticorrupción. Y fue esta última la que pidió el apoyo de la Audiencia Nacional para garantizar que los citados contribuyentes no evadan sus responsabilidades fiscales.

Consultada por swissinfo.ch, la Audiencia Nacional confirmó que el Gobierno francés informó a su homólogo español desde mayo de 2010 sobre la presencia de la familia Botín entre los contribuyentes con cuentas no regulares en Suiza. Y explicó que para aclarar su situación con el fisco solicitó a los involucrados presentar las declaraciones que habían realizado para los ejercicios 2005-2009.

Cabe recordar que en España ameritan proceso penal solo los delitos fiscales que suponen un nivel de evasión personal superior a los 120.000 euros. Por lo tanto, las imputaciones que recaen sobre cada miembro de la familia Botín superan –de forma individual- este monto.