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Abogado documenta ante la CPI 470 casos de asesinatos, torturas y reclutamiento de menores

Demandan a Calderón en La Haya por “delitos de lesa humanidad”
También fueron acusados los titulares de Ejército, Marina y Seguridad Pública, y El Chapo Guzmán

Periódico La Jornada
Sábado 26 de noviembre de 2011, p. 5
El abogado mexicano Netzaí Sandoval presentó ayer ante la Corte Penal Internacional (CPI) una demanda contra el presidente Felipe Calderón y parte de su gabinete de seguridad –respaldada con más de 23 mil firmas–, así como contra los integrantes del cártel de Sinaloa, por la comisión de diversos delitos de lesa humanidad, ocurridos en el contexto de la actual guerra contra el crimen organizado.

El expediente presentado ante el fiscal general de dicho organismo, Luis Moreno Ocampo, está integrado por 470 casos documentados de asesinatos, torturas, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores, que se han producido en un “contexto generalizado de violencia sistemática que ha llevado a México a una crisis humanitaria, con más de 50 mil personas ultimadas, 230 mil desplazados y 10 mil desaparecidos”, explicó Sandoval en entrevista con Radio Nederland Internacional.

La denuncia fue presentada en La Haya, Holanda, sede de la CPI, que es la encargado de juzgar crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad. Además de aportar la documentación probatoria de los casos, en el documento se “explican las fallas” del sistema judicial mexicano que impiden resolverlos en territorio nacional.

En la petición, indicó Sandoval, se responsabiliza directamente al Estado mexicano por la ejecución de crímenes de lesa humanidad, como las violaciones sexuales perpetradas por elementos del Ejército Mexicano, y la “esclavización” de migrantes indocumentados por funcionarios, en colaboración con los grupos de delincuentes.

Asimismo, denuncia los homicidios de civiles en retenes militares; las desapariciones forzadas atribuibles a agentes estatales; el uso de la tortura como mecanismo para lograr autoinculpaciones, y ejecuciones extrajudiciales.

Aunque el “máximo responsable” de dichos crímenes sería el titular del Poder Ejecutivo, en tanto jefe de las fuerzas armadas, la denuncia también incluye a varios elementos del gabinete calderonista, entre ellos los secretarios de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, Guillermo Galván, Francisco Saynez y Genaro García Luna, respectivamente, además del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.

Entre las denuncias más graves contra las instituciones del Estado mexicano se encuentran las relativas al Instituto Nacional de Migración, en el que altos funcionarios han “participado en el secuestro y venta de migrantes” a los grupos de narcotraficantes, como ya ha documentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En cuanto a la actuación de los grupos delictivos, el documento presentado por el abogado mexicano denuncia que en los años recientes han logrado afianzar un amplio poder territorial y cuentan con verdaderos ejércitos, a los cuales se les atribuyen numerosos casos de ejecuciones, amputaciones y decapitaciones, además de ataques contra blancos civiles y reclutamiento de menores de edad.
Sandoval enfatizó que hubo necesidad de presentar esta denuncia ante la CPI, dada la “falta de capacidad y voluntad del sistema judicial mexicano para juzgar los crímenes de lesa humanidad”, ya que muchos de los delitos cometidos por el gobierno y el hampa ni siquiera están tipificados en el Código Penal, lo que genera una “evidente política de encubrimiento del Estado”.

Un triunfo, si México es puesto “bajo observación”

John Ackerman, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló en entrevista que a pesar de las dificultades del caso y de la previsible resistencia del gobierno de Calderón a ser juzgado, la expectativa es que el fiscal Luis Moreno Ocampo abra un expediente sobre la situación en el país, donde se concluya que sí se cometen delitos de lesa humanidad y éstos no pueden ser analizados en territorio nacional.

“No hace falta que se pronuncie sobre la culpabilidad del Presidente, sino que reconozca los delitos y la imposibilidad de que sean investigados. Pensamos que esto es obvio, porque en el Código Penal ni siquiera están tipificados, las autoridades judiciales no tienen ninguna autonomía para abrir una investigación, y el fuero militar todavía impide juzgar crímenes cometidos por el Ejército”, apuntó.

Todo lo anterior construye una especie de “blindaje jurídico” que obstaculiza la justicia. Ante ello, es necesario recurrir al apoyo de los organismos internacionales. “Esto tiene que evaluarlo el fiscal, y si abre un expediente, eso ya sería una victoria para nosotros”.

La demanda contra el Presidente de México será una “gran prueba” para la CPI, consideró Ackerman, pues hasta ahora dicho organismo se ha encargado casi exclusivamente de enjuiciar a gobernantes de países africanos –con la excepción del líder serbio Slobodan Milosevic–, identificados como “enemigos” de los países industrializados, pero en este caso a Calderón se le considera un aliado funcional.

“Como antecedente –dijo– tenemos el caso de Colombia, donde la CPI decidió no abrir una investigación, pero sí colocar al país bajo observación formal. Si logramos ese primer paso, ya sería una ganancia. Vamos a ver hasta dónde evalúan en términos jurídicos, y hasta dónde ceden a la presión del gobierno de México”, aseveró.

Están en favor de combatir la violencia con violencia, revela encuesta de la UNAM

Jóvenes aprueban tortura y hasta pena de muerte contra delincuentes
Si se les da a elegir entre libertad y seguridad, los adolescentes se inclinan por la segunda

Consideran válido que fuerzas de seguridad maten a criminales, aunque puedan ser detenidos

Periódico La Jornada
Jueves 25 de agosto de 2011, p. 5
Jóvenes de entre 15 y 19 años de edad constituyen la mayoría de las personas que se manifestaron por la tortura y hasta la pena de muerte para combatir la delincuencia organizada, según la encuesta aplicada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre cultura constitucional. En tanto, la población de mayor edad expresó su desacuerdo por el empleo de esas medidas.

Así lo muestran los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado, elaborada por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la máxima casa de estudios, que se aplicó a 2 mil 208 personas de 15 años en adelante en todo el país.

Uno de los indicadores revela que si se les da a elegir entre libertad y seguridad, los jóvenes se inclinan por la segunda.

Otros resultados del sondeo muestran que en gran parte de la juventud entrevistada hay una inclinación por el combate de la violencia con la violencia.

La encuesta –aplicada en mayo de este año– señala que son los jóvenes de 15 a 19 años quienes en su mayoría consideraron válido que las fuerzas de seguridad maten a integrantes de la delincuencia organizada, aun cuando exista la posibilidad de detenerlos para presentarlos ante instancias de procuración de justicia.

Algunas de las conclusiones revelan que casi 30 por ciento de los encuestados se manifestó en favor de esas medidas, la mayoría (36.6 por ciento) jóvenes en ese rango de edad. En cambio, 50 por ciento de total de la muestra dijo estar en desacuerdo.

En términos generales, casi 25 por ciento de los encuestados expresó su acuerdo con que se torture a personas detenidas por pertenecer a grupos criminales, como un método para obtener información, y destaca que gran parte (aunque no se precisa el porcentaje) de quienes apoyaron esta fórmula también son jóvenes. En tanto, tanto 40 por ciento –sobre todo mayores de edad– está en contra de esa medida.

La mayoría de las personas que participó en el sondeo y que se declaró en favor de la pena de muerte está en ese rango de edad (15 a 19 años). Aunque 70 por ciento de los encuestados no apoya ese castigo.

Cincuenta por ciento del total de los entrevistados está en desacuerdo en que la única manera de combatir la violencia sea con el empleo de métodos violentos. Pero entre los sectores que se manifestaron de acuerdo (25 por ciento) aparecen una vez más los jóvenes.
Los resultados de la investigación, coordinada por Julia Flores, responsable del área de Investigación Aplicada y Opinión del IIJ, asientan que los jóvenes y las mujeres son quienes más desconfianza muestran en sus comunidades. Además, las personas de 15 a 34 años consideran que en México los postulados de la Constitución “no se cumplen nada”.

Asimismo, la mayoría del 70 por ciento que apoyó que se convoque a un constituyente para redactar una nueva Carta Magna, son personas de entre 15 y 34 años, muchas de ellas con licenciatura y que habitan en la zona norte del país.

En general, casi 55 por ciento de los encuestados coincidió en que es posible combatir la violencia sin violar los derechos humanos, contra 30 por ciento que señaló lo contrario, entre ellos aparecen personas de 15 a 34 años.

Los jóvenes ocupan una gran parte del 50 por ciento de los entrevistados que dijo que no son de su interés los asuntos que discuten diputados y senadores en el Congreso de la Unión.

Dos de cada 10 personas señalaron que es deseable violar la ley sin ser sorprendidos y la mayoría de quienes coincidieron en esta idea son jóvenes de entre 25 y 29 años.

A la pregunta de si el gobierno debería cerrar o conceder permisos a los bares sin licencia, más de la mitad de los entrevistados afirmó que deben ser clausurados, aunque un tercio –entre ellos los más jóvenes– se pronunció por que se les otorguen permisos.

Para obtener los resultados se dividió al país en cuatro regiones: norte, sur, centro y centro occidente, y el cuestionario se aplicó en las viviendas.

Este estudio fue dado a conocer el martes y entre sus principales conclusiones destaca que más de la mitad de los encuestados consideró que la situación actual del país empeorará para 2012. Asimismo, las universidades públicas son las instituciones que más confianza generan entre los ciudadanos, seguidas por los maestros y el Ejército, mientras que los diputados, partidos políticos y policías se situaron en los últimos sitios de confianza.

La Cámara de Diputados ha aprobado aprobó por mayoría modificar al artículo 24 de la Constitución mexicana, acabando con el estado laico.

Durante casi cuatro horas, el pleno tuvo una confrontación de posiciones en la que los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), defendieron los cambios, mientras que el Partido del Trabajo (PT) y parte del de la Revolución Democrática (PRD) advirtieron el cambio favorecía a la jerarquía católica.

La reforma, propuesta por el diputado José Ricardo López Pescador (PRI) fue aprobada por mayoría calificada de 199 votos a favor, contra 58 en contra y tres abstenciones. El tema pasa al Senado.

¿En qué cambia el panorama?

Con el cambio introducido será posible que los obispos y pastores intervengan en política y en campaña política, que regrese la religión como asignatura a las escuelas públicas, y a poseer medios electrónicos de comunicación.

Roberto Blancarte lo argumentó así en el diario Milenio:

¿Por qué la jerarquía católica querría cambiar el artículo 24 constitucional? Después de todo éste, que ya se cambió hace 20 años, parecería garantizar de manera cabal la libertad de cada quien para creer lo que quiera creer y para practicar su culto respectivo, con sólo algunas restricciones mínimas provenientes de la necesidad de mantener el orden público. El artículo en cuestión sostiene: “Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”. Se agrega que “el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna” y que “los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos” y que “los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria”. En suma, el artículo en su actual redacción reconoce que cada quien puede creer lo que quiera creer y practicar su religión como quiera. ¿Por qué entonces el Episcopado católico se ha propuesto cambiarlo? La respuesta es simple: porque, a pesar de negarlo, en el fondo su objetivo es la educación religiosa en la escuela pública, la posesión de medios de comunicación electrónicos, la libertad para participar abiertamente en cuestiones no sólo políticas sino electorales y porque esa noción lo que sostiene básicamente es que ningún gobierno le puede poner trabas legales a las agrupaciones religiosas para su actuación. Los obispos apenas pueden ocultar —con un doble discurso— su proyecto a mediano y largo plazo.