Foro de Iniciativa Atea

Parece increíble, pero España ocupa el segundo lugar del mundo en número de fosas clandestinas, solo detrás de Camboya. Lo más chocante es que, en pocos días, el Tribunal Supremo podría asestar un mazazo terrible a las aspiraciones de justicia de los familiares de más de 110.000 de personas que aún permanecen enterradas por todo el país.

Y es que el único intento judicial de investigar los espeluznantes asesinatos y desapariciones ha llevado al Juez Garzón al banquillo, acusado de incumplir la Ley de Amnistía de 1977. La Fiscalía y destacados juristas mundo secundan las acciones de Garzón en este caso, y el derecho internacional establece que crímenes de tal gravedad no pueden ser objeto de amnistía. Pero el Supremo está bajo una enorme presión y podría condenar al juez, enviando un mensaje intimidatorio a los que luchan contra la impunidad y buscan proteger la dignidad de las víctimas y de sus familias.

Las críticas internacionales siguen creciendo, y nuestras autoridades son conscientes de que la independencia y reputación de nuestra judicatura está en entredicho. Enviémosles un mensaje ensordecedor pidiéndoles que apliquen los principios de derecho internacional, absuelvan al Juez Garzón, y garanticen un tratamiento justo y humano a los familiares de todos los que siguen abandonados en fosas comunes. Quedan pocos días para el final del juicio - firma ahora la urgente petición, y será entregada al Tribunal Supremo cuando alcancemos 50.000 firmas.

A los miembros de la Sala Penal del Tribunal Supremo, y al Presidente de dicho Tribunal:

Les pedimos que absuelvan al magistrado Baltasar Garzón en el caso abierto por su investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en España. Según el derecho internacional, la investigación y enjuiciamiento de delitos tales como las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las desapariciones forzosas no pueden ser objeto de amnistía. Ha llegado la hora de garantizar el derecho de las víctimas de tales crímenes y de sus familiares a la verdad, la justicia y la reparación.

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Según aparece en La Jornada, diario nacional mexicano:

"Insiste en que hay una deuda con las víctimas y reitera: “mi conciencia está tranquila”
Garzón espera sentencia del Tribunal Supremo de España por investigar delitos del franquismo
Lamentable, el proceso por una indagatoria hecha conforme al derecho internacional: relatora

Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 9 de febrero de 2012, p. 22
Madrid, 8 de febrero. El caso contra el juez Baltasar Garzón quedó visto para sentencia. En su derecho a ejercer el turno de la última palabra, el magistrado, acusado de prevaricación por investigar violaciones a los derechos humanos durante el franquismo, aseguró: “sólo puedo decir que mi conciencia está tranquila porque tomé las decisiones que creí ajustadas a derecho para investigar, perseguir y sancionar a quien correspondiera, por crímenes masivos de desaparición forzada de personas y detenciones ilegales. Creo que esto se le debe a las víctimas para que no se produzca el olvido”.

Con las palabras de Garzón se cerró uno de los procesos más polémicos y de más interés en todo el país, al tratarse de un caso que profundiza en la herida de la Guerra Civil (1936-1939), la represión del régimen fascista de Francisco Franco (1939-1975) y la pasividad de la justicia española para responder a las peticiones de familiares de las víctimas.

Garzón, el único juez que investigó e intentó poner algo de luz sobre el paradero de los miles de enterrados en fosas comunes o de los niños robados a sus madres por su ideología, se sentó en el banquillo de los acusados por un supuesto delito de prevaricación y de ser encontrado culpable podría ser condenado a 20 años de inhabilitación y a una multa millonaria.

El magistrado fue acusado por el sindicato ultraderechista, Manos Limpias, vinculado a sectores franquistas.

Después de escuchar durante cuatro días testimonios de víctimas y de familiares que hasta la fecha siguen luchando por sepultar dignamente a su padre, abuelo o hermano fusilados, tocó el turno de hablar a Garzón y a sus abogados.

Los siete magistrados que integran la sala del Tribunal Supremo escucharon de nuevo lo que Garzón ya había afirmado en su primera comparecencia: que en su actuación “no hubo prevaricación” y siempre actuó “acorde a la ley. Mi conciencia está tranquila”. Añadió que su investigación pretendió “dar protección a las víctimas frente a hechos delictivos, lo cual se puede compartir o discrepar, pero creo que es defendible”.

El abogado del sindicato ultra, Joaquín Ruiz Infante, centró su intervención en ratificar su petición de 20 años de inhabilitación con el argumento de que Garzón no investigó también cientos de ejecuciones perpetradas por republicanos en Paracuellos del Jaramá, en noviembre de 1936. A esto, el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, respondió: “las víctimas de Paracuellos fueron identificadas, honradas, se les reparó en la media de lo posible, aunque no hay reparación para una muerte, pero fueron indemnizadas. Aquí ocurre exactamente lo contrario. No se sostiene desde el punto de vista jurídico.”

Para el abogado de Garzón, “los cónyuges, los hijos, siguen sufriendo una tortura al no saber qué pasó a sus familiares y dónde están los restos”.

El fiscal Luis Navajas aseguró que Garzón dictó resoluciones “incorrectas y equivocadas” pero que “eran corregibles por la vía de los recursos, no de una querella por prevaricación”. Y añadió que un fallo condenatorio “tendría un efecto devastador y atentaría contra la independencia judicial”.

El caso está visto para sentencia y ahora sólo queda esperar la conclusión de los siete magistrados españoles. El ponente de la sentencia será el magistrado Andrés Martínez Arrieta, quien deberá contar con la aceptación mayoritaria de los jueces Carlos Granados (que preside la vista), Perfecto Andrés Ibáñez, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano Soriano, José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.

“A mi juicio, una sentencia condenatoria tendría un efecto devastador”, afirmó el fiscal Luis Navajas, al considerar que equivaldría a “atentar contra el principio de la independencia del Poder Judicial” y haría temer a otros jueces acciones similares por no seguir la corriente general.

Es lamentable que el juez Garzón pueda ser castigado por haber abierto una investigación en línea con las obligaciones de España de investigar violaciones de derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional”, dijeron la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul, y los cinco expertos independientes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

“Los supuestos errores en decisiones judiciales no deben ser motivo para la remoción de un juez y, menos aún, para el inicio de un proceso penal”, observó la relatora especial. “La autonomía en la interpretación de la ley es un elemento fundamental en el rol de un juez y en el avance de los derechos humanos”, subrayó. “Ningún juez debe tener temor a ser independiente en sus funciones”, señaló Knaul."

El comentario inicial del hilo era referente a la investigación de los crímenes del franquismo, pero esa es sólo una de las tres causas con las que se pretende linchar a Garzón.

Hoy mismo se ha hecho pública la sentencia por la investigación de la corrupción organizada. Por perseguir a los políticos mafiosos españoles que nos roban a todos Garzón ha sido condenado a 11 años de inhabilitación.

Aquí os dejo su respuesta:

NOTA DE BALTASAR GARZÓN REAL ANTE LA SENTENCIA DE LA SALA 2 DEL TRIBUNAL SUPREMO EN LA CAUSA SEGUIDA CONTRA EL MISMO

"Rechazo frontalmente la sentencia que me ha sido notificada en el día de hoy.

Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada.

He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas.

Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses.

Mi actuación en el denominado caso Gürtel, se ajustó a la ley y en su desarrollo, tomé todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción, partiendo de los contundentes indicios y para evitar la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como ya lo habían hecho antes, a los abogados designados.

Se me ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban y se ha prescindido de la implicación y participación de abogados en la trama.

La afirmación que se contiene en la sentencia para justificar el supuesto dolo de que “la inclusión de la cláusula previniendo el derecho de defensa dejando a un lado su efectividad, revela que sabía que su resolución afectaba a este derecho” es una aberración que contradice todo el sentido de la misma y se utiliza para eliminar la base de mi absolución. La sentencia no dice en ningún momento cual es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice sencillamente porque no existe. Lo inventa. Así mismo falta a la verdad cuando se dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar dicho derecho, cuando personalmente me cuide de garantizarlo y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal.

Esta sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España.

Acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido.

Madrid a 9 de febrero de 2012

Lo primero que pensé cuando supe de la condena contra Garzón, fue en qué ocurrirá con otras investigaciones en curso o futuras -que posiblemente no verán la luz en mucho tiempo o jamás-.

Qué mensaje se está enviando al juez que decidió quedarse con la patata caliente de los delitos de Urdangarin? O a cualquiera que defienda los intereses de los desahuciados por los bancos, frente a los de los Santos Bancos?

Esto, en mi opinión, no perjudica en exceso a Garzón, que se defenderá mientras la opinión pública le confiere la calidad de víctima y héroe a la vez, y a quien no le perjudica esta sentencia en su actual trabajo.

La que sale mortalmente herida es la propia justicia española, en la que los ciudadanos claramente ya tenemos la prueba de que es una rémora franquista en la que no se puede confiar, y por tanto la democracia se ve privada de uno de sus principales garantes.

Corren malos tiempos en todos los sentidos. Pero tal vez estas cosas permiten cambios sustanciales en los que todos podamos participar.

Juristas avisan de que la sentencia es "increíble"
Catedráticos y abogados consideran amenazada la independencia de los magistrados

PERE RUSIÑOL BARCELONA 10/02/2012 02:20

La sentencia que condena a Baltasar Garzón y le expulsa de la carrera judicial cayó ayer como una bomba entre los juristas progresistas. Pero era una bomba que se sabía inexorable, más allá del juicio y de la ley. "Es la crónica de una muerte anunciada", subrayó el catedrático de Derecho Penal Hernán Hormazábal.

"Es una sentencia innecesariamente larga, con una exuberante cita de doctrina jurisprudencial, pero con un problema muy perturbador para el sistema: se le dice a los jueces que la interpretación de la jurisprudencia puede dar lugar a prevaricación", advierte José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Supremo.

Varios expertos temen los efectos sobre instrucciones en marcha

El efecto pernicioso que esta condena puede tener para el trabajo cotidiano de los magistrados es precisamente uno de los aspectos más subrayados por los juristas consultados por Público, que coinciden en calificarla de "increíble": "Lo que hay aquí es un mensaje para todos los jueces: cuidado con lo que hacéis porque si os saltáis el guión os arriesgáis a que se os considere prevaricadores", advierte Jaume Asens, de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, quien considera que la sentencia, aunque emane del Alto Tribunal, es "un ataque a la independencia de los jueces".

"Doble vara"
"Se consolida una doble vara de medir en Derecho Penal. Una, exquisita para los amigos y la otra, durísima para los adversarios", agrega Asens, que considera "un sarcasmo" que se utilice como "excusa" el derecho fundamental a la defensa para liquidar la carrera judicial de Garzón.

Vinculan la condena al impacto internacional de la causa de la memoria

"Lo que los jueces del Supremo han dejado claro es que es un peligro investigar a los poderosos. Y lo que ya es el colmo es que la sentencia coin-cida además con que el Poder Judicial esté investigando al juez que instruye la causa de Iñaki Urdangarin", concluye.

También Cristina Almeida mostró específicamente su indignación por el hecho de que se haya condenado a Garzón por atropellar un derecho fundamental como el de defensa: "Se ha buscado dar apariencia de juridicidad, como si realmente estuvieran preocupados por el derecho de defensa", apunta la abogada.

Y añade, indignada: "Bajo la capa de la protección de derechos fundamentales, lo que se acaba defendiendo es la posibilidad de delinquir de unos sinvergüenzas". "Yo y muchos otros luchamos por el derecho de defensa como no lo hizo ninguno de estos magistrados del Supremo, pero ello no tiene nada que ver con aprovecharse de la condición de abogado para ayudar a delinquir", concluye.

Human Rights Watch atribuye la sentencia a "represalias"

Efecto inmediato
Los efectos en el día a día, advierte por su parte el abogado Gonzalo Boye, empezarán a notarse inmediatamente en las investigaciones que tienen en marcha muchos jueces: "El Supremo ha sentado un precedente del que se puede arrepentir muy pronto, habida cuenta la gran cantidad de actuaciones que se realizan a diario en muchos juzgados de España", recalca.

Por su parte, Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), insiste en que no se aportan razones jurídicas que justifiquen la condena: "Por mucho esfuerzo que se haga, es evidente que no logra sostenerse la acusación de prevaricación", apunta.

"La prevaricación sólo es posible cuando la actuación del juez es completamente insostenible, sin ninguna posible explicación jurídica. Es evidente que nunca puede darse este supuesto cuando la misma decisión ha sido avalada después por otro juez instructor [Antonio Pedreira], por la Fiscalía y por un magistrado en un voto particular y sólo se persigue a uno de ellos", insiste García Arán.

"Un sinsentido"
Hormazábal, también catedrático de Derecho Penal, aporta el mismo argumento que su colega. Y añade la característica de la "contaminación increíble, con jueces que juzgan mientras instruyen causas contra la misma persona" para concluir que en este caso, la redacción concreta de la sentencia es casi lo de menos: "Es exactamente lo que esperaba todo el mundo: un sinsentido que no tiene ni pies ni cabeza, pero que no ha sorprendido a nadie".

La mayoría de los juristas consultados coinciden en un punto: el juicio por las escuchas de la Gürtel debía acabar sí o sí en condena, más allá de los argumentos jurídicos, porque expulsar a Garzón de la magistratura por la causa del franquismo comportaría un "escándalo internacional". "De las tres causas simultáneas, esta es la que tenía más posibilidades de construir una sentencia condenatoria más técnica, aunque no haya rastro jurídico de prevaricación", apunta García Arán.

"El Supremo necesitaba una sentencia condenatoria antes de la causa de la memoria histórica y, aunque está completamente fuera de lugar, la de las escuchas es la única que tenía posibilidades de construirse desde el punto de vista técnico", le secunda Hormazábal.

Reed Brody, el observador que Human Rights Watch ha desplazado a Madrid para seguir los juicios, se alineó con la interpretación de la causa única para apartar al magistrado, con tres patas formales: "Los enemigos de Garzón lograron su objetivo. Ante la acumulación simultánea de acusaciones contra Garzón, subsiste el temor de que haya sido objeto de represalias por su actuación en varios casos controvertidos".

Público

Y sin embargo, la motivación de la condena tiene todo el sentido -que me he leído entera y de la que pongo el enlace, por si a alguien le interesa http://imagenes.publico-estaticos.es/re ... garzon.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; -

Garzón es un tío valiente que se ha atrevido a pisar donde no había pisado nadie (cosa que aplaudo, que agradezco y que comparto) ... pero sin ningún cuidado -las conocidas como "Garzonadas" en el mundillo jurídico desde hace mucho tiempo- y presumo que creyéndose invulnerable.

Porque lo que no se puede es vulnerar el derecho a la defensa interviniendo las comunicaciones entre los acusados y sus abogados defensores ya que son diálogos en los que el acusado se puede autoincriminar al hablar con su defensor.

Queda la cuestión de la valoración de la prevaricación, pero éste es un asunto inherente al propio concepto pues juzga intenciones subjetivas.

Lo que pasa es que tenemos a Garzón como un símbolo y nos jode que desaparezca (y a mí, también -que conste-) y , además, la acusación es de las más asquerosas de las posibles (corruptos del PP), pero ninguna justicia puede anteponer ésto a la vulneración de derechos fundamentales.

Si Garzón no fuera de nuestra cuerda ¿se habría montado la que se ha montado? ¿le hubieran defendido a capa y espada así?


PD: Antes de que lo digáis, lo diré yo: Esperanza Aguirre a venido a decir más o menos esto en la Asamblea de Madrid. Ya lo sé, lo he escuchado y me ido preocupadísimo a tomarme un calmante y meterme en la cama. Pero, ¡qué le vamos a hacer!

Nada más terminar de escribir el anterior mensaje, he leído una opinión de Arturo González (alguien que no es santo de mi devoción -por cierto-), pero con cuya opinión estoy de acuerdo en este caso. La reproduzco a continuación:

Blog
Puntadas sin hilo

Arturo González

Con todo dolor de corazón, leída la sentencia, debo decir que la condena por prevaricación contra el magistrado-juez Garzón me parece procedente y adecuada a derecho, y ello por una razón rotunda, clara, precisa y contundente que entendería un niño: bajo ningún concepto se pueden intervenir las conversaciones de un preso con su abogado. Punto. Creo que la decisión de los siete magistrados es la correcta.

Bien es cierto que si hubieran querido absolverlo habrían encontrado camino aun de modo un tanto sofisticado pero sin oprobio, alegando que el derecho no es una ciencia exacta, que está sometido a interpretación, y que habiendo sido anuladas posteriormente las decisiones posteriores del juez, era posible su absolución. Pero, estimo, los magistrados han decidido dentro de una pureza profesional e ideológica irreprochables.

Es duro decirlo frente al sentimiento de fervor popular con que cuenta Garzón. Pero creo también que los gritos y manifestaciones en la calle en su favor no le han ayudado. Es tremendo y descalificador que le llamen fascistas a los magistrados, – alguno de ellos como el Presidente del Tribunal con un pasado democrático intachable y arriesgado en el País Vasco de su más dura época -, aunque imagino que habrán ignorado tales gritos y manifestaciones.

Pienso que Garzón cometió un grave error al recusar a los magistrados designados en primer lugar y que efectivamente fueron recusados, porque realmente estaban contaminados al haber intervenido en varias fases de admisión e instrucción. Los magistrados recusados le habrían condenado o no, pero con toda seguridad el Tribunal de Estrasburgo habría declarado nulo el juicio precisamente por esa contaminación. Desgraciadamente me atrevo a vaticinar que ese Tribunal de Estrasburgo, por el contrario, no revocará y sí confirmará la sentencia dentro de cinco o seis años por estar sólidamente fundada y razonada. Con anterioridad, el Tribunal Constitucional, si Garzón acude a él por violación de derechos fundamentales, tampoco le dará la razón, siempre según mi ojalá que errado vaticinio, porque en realidad no hay ningún derecho fundamental quebrantado. Incluso no me extrañaría que, llegado el caso, ni siquiera admitiese el recurso a trámite.

Creo que esta sentencia tendrá una influencia decisiva en el desbaratamiento del caso Gürtel ante la nulidad de una parte importantísima de las pruebas en contra de los supuestos corruptos madrileños, valencianos, etcétera. Todo un desastre, que no le quita mérito a la sentencia contra Garzón.

Tampoco valdrán las razones de que otros jueces en otros casos, como en el de Marta del Castillo, hayan podido autorizar conversaciones de presos con sus abogados. El hecho es que nadie presentó recurso ni querella alguna.

Estamos, pues, ante un dilema de racionalidad jurídica frente a sentimentalidad. Sentimentalmente yo estoy con Garzón, pero racionalmente estoy con el Tribunal Supremo que ha dictado la sentencia. Y bien que lo siento.

Fuente: http://blogs.publico.es/arturo-gonzalez ... 09/garzon/" onclick="window.open(this.href);return false;

Coincido con ambos (Vitro y Arturo), aunque mi opinión no esta muy informada ¿no estamos hablando de renunciar a derechos básicos en pro de la seguridad?

Otra cosa es que la malversación de caudales públicos, debiera ser tratada como un delito cercano al terrorismo y consentir por ley, dada la incompetencia y robo continuado de los impuestos de los ciudadanos, esas escuchas.

Vitriólico escribió:Y sin embargo, la motivación de la condena tiene todo el sentido -que me he leído entera y de la que pongo el enlace, por si a alguien le interesa http://imagenes.publico-estaticos.es/re ... garzon.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; -

Existen juristas capaces de retorcer tanto el argumento que acaban por justificar cosas que van en contra el sentido común. Cuando una sentencia va en contra del sentido común es que algo en el argumento está mal, aunque los legos no sepamos verlo. Y no me refiero solo a este caso, véase, por ejemplo, la sentencia de la minifalda, o la que dice que 21 puñaladas no es ensañamiento, y tantas así.

Vitriólico escribió:Si Garzón no fuera de nuestra cuerda ¿se habría montado la que se ha montado? ¿le hubieran defendido a capa y espada así

De nuestra cuerda?

Si hablamos de que se haga Justicia, sí, soy de su cuerda. Pero únicamente por eso, puesto que alguien de mi cuerda que haga las cosas tan mal impidiendo así que se haga justicia, difícilmente tendría mi apoyo.

Si lo hizo tan mal, cómo no hay unanimidad entre los juristas?

Como dice Pastra, si la justicia puede ir en contra del sentido común, es que algo no está bien.

En este caso, igual que en el de la investigación por los crímenes del franquismo, tenemos un juez que ha pretendido hacer justicia en una dirección que molesta a la derecha dictatorial, y ese es el problema real.

En cuanto a si tenía o no que haber ordenado escuchas de las conversaciones de los acusados y sus abogados, Garzón dice que tenía indicios de que los abogados eran cómplices de los delincuentes y que estaban ayudando a éstos a blanquear o a sacar dinero de la trama Gürtel de España. Estas escuchas lo demostraron: se puede ver el caso como una investigación a unos delincuentes -en este caso abogados- y sus cómplices que no estaban preparando en estas conversaciones una defensa legal de sus clientes, sino ayudandoles a delinquir? Porque sí hay juristas que pueden. Cómo no vamos a poder nosotros?

Si la justicia no puede permitir esta visión de la instrucción, y no permitiéndolo favorece a la trama Gürtel y compañía, es esto realmente Justicia?

Ya está bien, no?

No abre esto la veda a que cualquiera se sienta justificado para delinquir? Los poderosos porque se sienten protegidos. Y los demás porque podrían -podríamos- sentirse moralmente invitados. E, incluso, muchos podrían sentirse estúpidos por no hacerlo.

Recordemos otro caso, el del Hotel Madrid del que se expulsó a familias desahuciadas invitadas a alojarse allí por el 15 M. Este hotel pertenece a una empresa al parecer implicada en la trama urbanística de la operación Malaya: Jueces y policías pagados por todos nosotros desalojando familias desahuciadas por los bancos -a los que no olvidemos que se rescató con fondos públicos- de un hotel vacío perteneciente a gente relacionada con el hampa urbanístico. Toma justicia!, aunque en este caso cumpliera con todos los cánones -que obviamente habrá que poner en cuestión-.

¿El sentido común? El llamado "sentido común", de existir, nunca ha debido ser una guía de actuación para nada. El "sentido común" es lo opuesto muchas veces a la ciencia, al progreso y a la lógica. Si el "sentido común" fuera lo que se sugiere, pensaríamos como en el Medievo, que la Tierra es plana.
Y ¿qué sentido común"? Porque MI "sentido común" me indica lo contrario.

Como bien dice A.Fdez. en su artículo, aquí se contraponen sentimientos contra razones. Y cuando afirmo que Garzón es "de los nuestros" quiero decir que persigue los mismos fines, por cierto no compartidos con gran parte de la ciudadanía de este país, lamentablemente.
Pero eso no le autoriza como juez a saltarse las propias leyes del país que debe aplicar en virtud de un "fin superior". NO SE PUEDE (si no es a costa de que el sistema jurídico salte literalmente por los aires).

Me da igual lo que resultase de la conversación entre los corruptos de mierda esos y sus abogados (que, además, no es como decís, porque autorizó escuchas generales y no a abogados concretos). La ley dice muy claramente que no se puede hacer eso. Ni aunque delincan. Y si no gusta, habrá que cambiar la Ley, no vulnerarla. Por muy asquerosos que sean los imputados.

Si no se entiende eso, no se puede entender los principios en que se basa el Derecho. Ese alejamiento entre ese "sentido común" y los principios que deben regular todo sistema legal es muy preocupante.

Por último, yo también estoy pasmado de escuchar ciertas reacciones de personas y organismos que consideraba serios y que, en este caso concreto, se comportan como hooligans ingleses, con juicios de valor como único argumento. Como Villarejo, por ejemplo.
La falta de unanimidad entre las opiniones puede ser muy lógica. Y me gustaría escuchar razones que me convencieran de lo contrario -cosa que hasta ahora no ha sucedido-. Y, por cierto, sí ha existido unanimidad en el Supremo, con algunos jueces que no se pueden encasillar en la "Caverna" de ninguna manera aunque, ahora, "el sentido común" arrase con todos y los encasille en ella por igual.

Arturo González escribió:... bajo ningún concepto se pueden intervenir las conversaciones de un preso con su abogado.

FALSO.

Sí que se puede, tanto en casos de terrorismo como cuando el abogado está al servicio de la trama criminal, porque ya no es un abogado, sino un delincuente más.

Reficul escribió:

Arturo González escribió:... bajo ningún concepto se pueden intervenir las conversaciones de un preso con su abogado.

FALSO.

Sí que se puede, tanto en casos de terrorismo como cuando el abogado está al servicio de la trama criminal, porque ya no es un abogado, sino un delincuente más.

Querido Rafa, eso no es así.

Es cierto que la ley plantea una sola excepción en caso de terrorismo, derivada de los tiempos en que los abogados de ETA servían de enlace entre los presos y la Organización. Es una excepción tomada por pura presión política y que fue muy discutida. En mi opinión, tampoco se debería haber aprobado, pero se aprobó por las circunstancias de aquella época.
Pero esa, ni es la norma general, ni es aplicable de ninguna manera a este caso.

Pero eso de que también está permitido "cuando el abogado está al servicio de la trama criminal, porque ya no es un abogado, sino un delincuente más" no es cierto.

• Primero, porque eso no lo dice en ninguna parte la Ley.
  
  Segundo, porque el abogado "será un delincuente" cuando haya sido juzgado y condenado. Y no antes.
  
  Tercero, porque en este caso no existieron "datos de ninguna clase que indicaran que los letrados mencionados en los hechos probados estaban aprovechando el ejercicio de la defensa para cometer nuevos delitos", como dice textualmente la sentencia.
  
  Cuarto, porque las escuchas se autorizaron para cualquier abogado de los presos. Presente o futuro, de tal manera que ni siquiera es sostenible la presunción de que alguien concreto delinquía.
  
  Quinto, porque uno de los pilares de todo sistema jurídico civilizado es la confidencialidad entre el abogado y su cliente. Sin esa confidencialidad, no se puede ejercer el derecho efectivo de defensa y se incurre en indefensión.

Supongo que, a consecuencia de la que le debe haber caído desde el progresismo oficial que le rodea a Arturo González después de su artículo (recogido en este hilo en un mensaje mío anterior), ha publicado ahora lo siguiente -que también comparto-:

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Puntadas sin hilo

Arturo González

Puntualizaciones

1. La Ley se refiere exclusivamente a personas encarceladas.

2. La única excepción es la de terroristas presos. Mi opinión es que también debieran tener ese mismo derecho de que no se pudiesen intervenir sus conversaciones con sus abogados.

3. Fundamental: El Tribunal Supremo señala y aclara que no se pueden intervenir conversaciones, sin que sea necesario ni correcto entrar en si se acordó la intervención con tal o cual fin o motivo. Simplemente, no se pueden intervenir.

4. No conocer esa norma sería como un cirujano que no supiera qué es un bisturí, o un médico de cabecera que desconociese la aspirina. Quebrantarla conlleva una arbitrariedad (por no emplear el término totalitario, que también utiliza el tribunal). Y lo que es arbitrario es injusto.

5. Los efectos restrictivos que pueda originar la sentencia en el caso Gürtel será culpa del condenado y no del tribunal juzgador. En todo caso, el proceso Gürtel se alargará como consecuencia de los múltiples recursos que se prevén, y queda un tanto desarbolado, pero ello no quiere decir, ni mucho menos, que los posibles delincuentes vayan a ser eximidos de pena.

6. Que policías hayan solicitado que se interviniesen las conversaciones, y que el Ministerio Fiscal también las haya apoyado no es decisivo. Ni los policías ni el Fiscal toman decisiones; las decisiones las toma únicamente el juez. En cientos de miles de casos no se toman en consideración las aportaciones de la Policía o los criterios del Fiscal.

7. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, señor Pedreira, a quien correspondió seguir con la instrucción, confirmó las escuchas ordenadas por Garzón y no se la ha enjuiciado ni condenado por prevaricación. Otros jueces, como el que llevó el caso de Marta del Castillo en Sevilla, también autorizaron grabar conversaciones de los presos con sus abogados, y tampoco se las ha enjuiciado por prevaricación, se alega con insistencia.

El Derecho Penal español se rige por el principio acusatorio. Y nadie, ni abogados, ni fiscales, ni ciudadanos se han querellado ni contra el magistrado Pedreira ni contra el juez del caso Marta del Castillo, ni ningún otro. Y este requisito es esencial e inevitable.

8. Este juicio no ha tenido nada que ver con el mal llamado de las ‘víctimas del franquismo’, pendiente de sentencia. Son juicios separados. Por ello es improcedente mezclar los argumentos de un caso con el del otro.

9. Uno de los abogados de los jefes de Gürtel, tachados de delincuentes en muchas opiniones, es uno de los abogados más prestigiosos, serios y sabio del Derecho penal español, el catedrático Rodríguez Mourullo. A quien seguramente indignó que intervinieran las conversaciones de su defendido con él en prisión, quebrantando el derecho de estrategia y defensa.

10. Sin entrar en más detalles, no entiendo por qué se acusa de fascista y franquista al tribunal juzgador. Me parece una aberración y una ofensa falsa y gratuita. ¿Alguien conoce, por ejemplo y por citar uno solo, la trayectoria profesional y personal del Presidente del tribunal, Joaquín Jiménez, para acusarle de ello. Resulta abyecto decir eso. Recuerdo que el fallo fue por unanimidad.

11. Se apoya y defiende la discrepancia de opiniones y criterios dentro y fuera del proceso. Pero quienes la defienden no permiten que se discrepe de ellos.

12. ¿Y si esperamos a ver qué dicen el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo?

13. ‘Elimina la posibilidad de investigar la corrupción’, como ha dicho el propio señor Garzón comentando su sentencia. No es cierto. ¿O intervenir las conversaciones de presos con sus abogados es la única manera de investigar la corrupción? ¿Tantas veces usó Garzón este sistema en los cientos de casos de corrupción que instruyó?

14. Manifiesto abiertamente mi no identificación con el ex Fiscal Anticorrupción, Jiménez Villarejo e Iñaqui Gabilondo cuando manifiesta el primero que ‘el Tribunal Supremo está al servicio de la venganza’, y el segundo que ‘el objetivo de la sentencia del Supremo era acabar con la carrera del juez’.

15. No se es más progresista o de izquierda por defender a ultranza a Garzón, ni se es más conservador o de derecha por gozar con su condena.

Fuente: http://blogs.publico.es/arturo-gonzalez ... izaciones/" onclick="window.open(this.href);return false;

Mientras dejamos que los expertos juristas opinen en un sentido o en otro, solo cabe admitir que la Justicia no es una ciencia exacta, y que la vara de medir, según sean los casos, los acusados, los abogados o los jueces, puede ser bien distinta como vemos constantemente.

Por mi parte reitero que no trago a Garzón desde hace muchos años, y que no es una simpatía personal lo que me hace "estar de su lado", sino el cariz de las causas en curso.

Ya sé que "el sentido común" también puede ser muy subjetivo. Pero al menos admitamos que pretender que la justicia sea, de hecho, igual para todos, sería un objetivo universal para quienes queremos que la democracia avance. Y no que se imparta una justicia que claramente beneficia a sus enemigos mientras que es implacable con quien no tiene poder, con el ciudadano de a pie, o con un juez que saca el pie del tiesto. Y esto es lo que a mi parecer se está reflejando, detalles aparte -detalles evaluados muy diferentemente por unos juristas y otros-, en estos juicios contra Garzón.

Un artículo de hoy mismo.
(Juro que yo no lo he escrito. Pero los resaltados sí son míos).

¿Y si no fuera Garzón?

Andrés Betancor

La sentencia del Tribunal Supremo que condena al magistrado Baltasar Garzón por delito de prevaricación es analizada usualmente desde la vertiente personal. Como la de un destacado político socialista que ha mostrado su preocupación por la condena a “un juez español con este perfil”.
Lo importante, para algunos, es el perfil, la persona, la trayectoria, su ideología… en definitiva, que el condenado sea “uno de los nuestros”. Esta vertiente no me interesa como jurista. Me interesa qué es lo que la sentencia establece y puede ser considerado como una aportación al progreso de nuestro Estado de Derecho.

La sentencia me ha gustado. Es una sentencia argumentada, clara, didáctica. Creo que es una síntesis excelente de qué significa el Estado de Derecho en relación al proceso penal. Con estos ojos quiero analizarla. En primer lugar, la sentencia reitera que todos los poderes y todas las autoridades del Estado están sometidas al Derecho; no hay nadie al margen.

En el caso del poder judicial, “se legitima por la aplicación de la ley a la que está sujeto, y no por la simple imposición de sus potestades” desamparadas del Derecho. El juez no puede sustituir el imperio de la ley por un acto contrario de mero voluntarismo.

En segundo lugar, los derechos fundamentales son el fundamento del orden político y de la paz social (artículo 10 de la Constitución). Uno de estos derechos es el de defensa, el cual es “esencial, nuclear, en la configuración del proceso penal” en el Estado de Derecho.
“La pretensión legítima del Estado en cuanto a la persecución y sanción de las conductas delictivas, sólo debe ser satisfecha dentro de los límites impuestos al ejercicio del poder por los derechos que corresponden a los ciudadanos en un Estado de Derecho”. La Justicia tiene un límite infranqueable: los derechos fundamentales, tal como el derecho de defensa.

En tercer lugar, la lesión a este derecho de defensa se produce cuando se violenta la confidencialidad de la relación del abogado con su cliente. Es suficiente la mera escucha, “la interceptación de las comunicaciones, sin que importe la posterior utilización de las grabaciones”. Y con esta lesión se constriñen otros derechos importantes en el seno del proceso penal como el derecho a no declarar, el derecho al secreto profesional y el derecho a la intimidad.

En cuarto lugar, la intervención de las comunicaciones de los abogados con sus clientes sólo puede producirse respetando ciertas garantías. En nuestro Derecho estas garantías son las del artículo 51 de la Ley General Penitenciaria. La interpretación consolidada tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo exige que la intervención sólo puede producirse previa autorización judicial y en los casos de terrorismo. Éstas son dos condiciones habilitantes acumulativas.

En quinto lugar, la prevaricación se produce, como dispone el artículo 446 del Código penal, cuando el juez dicta, a sabiendas, una resolución injusta. Una resolución será injusta cuando es “exponente de una clara irracionalidad” y, además, cuando sabe el juez que “no es conforme a Derecho y que a ella no llegaría empleando los métodos usuales de interpretación, sino solamente imponiendo su propia voluntad, su deseo o su criterio sobre la interpretación racional de la ley”.


La intervención ordenada por Garzón fue prevaricadora por injusta (puesto que “arbitrariamente restringe sustancialmente el derecho de defensa de los imputados en prisión, sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable”) y fruto “a ojos de cualquiera” de “un acto de mero voluntarismo que, por su contenido, se alejaba de modo arbitrario y absoluto de la aplicación razonada del Derecho causando un daño totalmente injustificado y difícilmente reparable en los derechos de defensa de los imputados y, en su medida, en los derechos de los letrados afectados”.

En definitiva, esta sentencia marcará un hito relevante en la historia judicial española. A mi juicio, más por su contenido que por la persona del condenado. Un hito, parafraseando al gran maestro del Derecho, Eduardo García de Enterría, en la lucha contra las inmunidades del poder. Es irrelevante que sea judicial o no judicial: es poder y todo poder debe estar sujeto de manera efectiva a y por el Derecho.

Están en juego los derechos fundamentales. “La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia”. Ésta es la clave. La Justicia debe soportar unos límites para seguir siendo Justicia: los límites del Derecho y de los derechos. Los límites que la separan de la barbarie; de la venganza impulsada por cualquier abyecto fin.

Fuente: http://www.expansion.com/2012/02/10/opi ... 06512.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Y, además, aburrido de escuchar meros juicios de valor, yo sigo esperando que alguien justifique razonadamente el que se pueda intervenir las conversaciones entre un abogado y su cliente, como ocurre frecuentemente en las dictaduras.
Deseando ser convencido, espero sentado.

Por una vez cien por cien de acuerdo con Vitriólico, se están confundiendo sentimientos con realidad.

Hablando con una amiga abogada; parece que el asunto es que las escuchas es una practica habitual por parte de jueces, abogados y fiscales.

Normalmente consentida al no ser denunciada, y aquí es donde han empezado los problemas para Garzón, con la denuncia de una practica que es ilegal de facto.

Vitriólico escribió:¿El sentido común? El llamado "sentido común", de existir, nunca ha debido ser una guía de actuación para nada. El "sentido común" es lo opuesto muchas veces a la ciencia, al progreso y a la lógica. Si el "sentido común" fuera lo que se sugiere, pensaríamos como en el Medievo, que la Tierra es plana.
Y ¿qué sentido común"? Porque MI "sentido común" me indica lo contrario.

Como bien dice A.Fdez. en su artículo, aquí se contraponen sentimientos contra razones. Y cuando afirmo que Garzón es "de los nuestros" quiero decir que persigue los mismos fines, por cierto no compartidos con gran parte de la ciudadanía de este país, lamentablemente.
Pero eso no le autoriza como juez a saltarse las propias leyes del país que debe aplicar en virtud de un "fin superior". NO SE PUEDE (si no es a costa de que el sistema jurídico salte literalmente por los aires).

Me da igual lo que resultase de la conversación entre los corruptos de mierda esos y sus abogados (que, además, no es como decís, porque autorizó escuchas generales y no a abogados concretos). La ley dice muy claramente que no se puede hacer eso. Ni aunque delincan. Y si no gusta, habrá que cambiar la Ley, no vulnerarla. Por muy asquerosos que sean los imputados.

Si no se entiende eso, no se puede entender los principios en que se basa el Derecho. Ese alejamiento entre ese "sentido común" y los principios que deben regular todo sistema legal es muy preocupante.

Por último, yo también estoy pasmado de escuchar ciertas reacciones de personas y organismos que consideraba serios y que, en este caso concreto, se comportan como hooligans ingleses, con juicios de valor como único argumento. Como Villarejo, por ejemplo.
La falta de unanimidad entre las opiniones puede ser muy lógica. Y me gustaría escuchar razones que me convencieran de lo contrario -cosa que hasta ahora no ha sucedido-. Y, por cierto, sí ha existido unanimidad en el Supremo, con algunos jueces que no se pueden encasillar en la "Caverna" de ninguna manera aunque, ahora, "el sentido común" arrase con todos y los encasille en ella por igual.

Estás confundiendo sentido común con intuición, y además generalizando. Yo estoy reivindicando el sentido común para actuar como la mayoría espera, y sobre todo en cuestiones judiciales. Si se hace una ley para castigar una conducta, retorcer el argumento para no castigar esa conducta es ir en contra del sentido común por muy bien argumentada que esté; no estoy diciendo que sea la única vía de actuación para todo.

Solo que la decisión de escuchar a los encausados y sus abogados, si bien partió de él, ni la tomó sin consultar, ni la tomó solo, ni cuando dejó el caso se revocó, si no que se confirmó.

Por cierto, las sentencias judiciales se pueden criticar, ¡y hasta recurrir!, sin convertirse en un antisistema liberticida. No porque sea una sentencia judicial hay que agachar la cabeza, ni hacer genuflexiones ante los venerables togados.

Pastranec escribió: ...
Solo que la decisión de escuchar a los encausados y sus abogados, si bien partió de él, ni la tomó sin consultar, ni la tomó solo, ni cuando dejó el caso se revocó, si no que se confirmó.

Por cierto, las sentencias judiciales se pueden criticar, ¡y hasta recurrir!, sin convertirse en un antisistema liberticida. No porque sea una sentencia judicial hay que agachar la cabeza, ni hacer genuflexiones ante los venerables togados.

El juez instructor es el responsable único de autorizar esas escuchas ilegales. Y si hay más gente con responsabilidad que comparte esa manera de actuar, deberían ser procesados también. De hecho, creo que se debiera procesar de oficio también al magistrado que prolongó las escuchas que autorizó Garzón después de ser sustituido por aquél. Pero el que no lo haya sido puede ser una discriminación o un escándalo, pero ello de ninguna manera exime a Garzón.

Y por supuesto que una sentencia se puede criticar. Pero CRITICAR en su primera acepción como juzgar de las cosas, fundándose en los principios de la ciencia, no en la segunda de vituperar gratuitamente.
Y todavía estoy por escuchar algún argumento razonado para justificar la acción objeto de la condena. Adhesiones y valoraciones personales, cientos. Argumentos sobre la incorrección del objeto de la sentencia, ni uno sólo.
Y me gustaría, porque, como he dicho varias veces, comparto los fines del juez plenamente.