Foro de Iniciativa Atea

El fiscal archiva la denuncia contra el rey por el safari de Botsuana

El Ministerio Público archiva el escrito presentado por un movimiento republicano aferrándose a la "inviolabilidad" del monarca que consagra la Constitución

El rey Juan Carlos, en una cacería de elefantes en 2006.

Frenazo en seco a la investigación judicial de la cacería de elefantes del rey en Botsuana. La Fiscalía Anticorrupción no estudiará si el monarca pudo cometer un presunto delito de cohecho pasivo impropio por haber aceptado que el empresario saudí Mohamed Eyad Kayali pagara los gastos del viaje que sólo trascendió porque acabó con el jefe del Estado en el hospital, operado de urgencia por una fractura de su cadera derecha.

La denuncia había sido elaborada por el letrado José Luis Escobar e impulsada por el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional (MCRC) y tomaba como base la doctrina utilizada por el Tribunal Supremo en el caso de los trajes que puso en el banquillo al expresident valenciano Francisco Camps. Entonces, el Alto Tribunal rubricó que una autoridad puede cometer el delito de cohecho impropio si recibe dádivas por razón de su cargo, sin que haga falta una contraprestación a cambio. El escrito apuntaba que ese era el caso: Kayali obsequió al rey con ese safari de lujo por ser quien era, la primera cabeza del Estado. El escrito intentaba sortear también el escollo más difícil: la consagración que la Constitución hace del monarca como persona inviolable (artículo 56. 3). ¿Cómo? Apuntando que el rey sólo goza de inmunidad cuando ejerce como jefe del Estado, pues sus actos son refrendados por el Gobierno. Pero aquellos que conciernen a su vida privada no estaban protegidos, y por tanto podía perseguírsele penalmente si se observaba delito [consultar denuncia íntegra aquí].

El archivo es una "monstruosidad" porque sitúa al rey "por encima de la ley", dice el letrado

Anticorrupción, en un escrito fechado el pasado 23 de mayo y al que ha tenido acceso Público [descargar aquí], alega que la imputación "no puede prosperar" al estar el cohecho impropio incluido en el Código Penal, en el título referido a los delitos contra la Administración Pública. Sin embargo, el fiscal dice que el bien jurídico protegido es la "integridad de la gestión administrativa y el respeto que se debe al normal funcionamiento de los órganos del Estado". Pero el obstáculo más grande para el Ministerio Público es que "se aúna la condición de inviolabilidad del rey de España, así dispuesto en la Constitución". Por todo ello, el fiscal procede al archivo de las diligencias, sin posibilidad de recurso alguno. Nada más. Anticorrupción emplea menos de un folio en su respuesta. No indaga si hay delito o no, sino que descarta estudiar el caso aferrándose a la condición "inviolable" de Juan Carlos.

El archivo es para Escobar una "monstruosidad", porque situar al monarca "por encima de la ley" significa "devolver al país no sólo al Medievo, sino a la Antigüedad". "Sólo tiranos como Hipias o a reyes como Jerjes o Darío tuvieron el privilegio que la Fiscalía otorga ahora a Juan Carlos pues frente a él, todo español queda desprovisto de sus derechos y su condición de ciudadano". Este abogado insiste en que el rey no es libre en sus actos oficiales como jefe del Estado, y por tanto no es responsable de ellos, pero sí que es "responsable" de sus actos privados.

"¿El Estado no puede perseguir al monarca si da un golpe de Estado? –se pregunta–. ¿No puede hacer nada si cometiera un presunto delito de robo, violación o asesinato? ¿No hay nadie para exigirle responsabilidades? Según las tesis de la Fiscalía, cualquier ciudadano tiene que doblegarse ante el rey, y el Estado renuncia a defender la vida y el interés legítimo de los ciudadanos. El Ministerio Público reviste al rey del ropaje personal de un tirano, viene a decir que está fuera de la ley".

Escobar también lamenta la escueta argumentación del fiscal, que contrapone a las razones, incluso de Derecho Internacional, que aportó en su denuncia, como la remisión al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que en su artículo 27. 1 estipula que el tratado es aplicable "por igual a todos", sin excluir al jefe del Estado. "Esperaba que la Fiscalía, casi por educación, razonara más su respuesta. O tiene una razón más poderosa, o su exposición es ridícula. ¿Cómo se puede defender que el rey está por encima de los derechos de los ciudadanos? La Fiscalía debe velar por la legalidad, la protección de los derechos ciudadanos, jamás los debe anular", asegura con indignación a este diario. "La Fiscalía es un instrumento más del poder y renuncia a su obligación constitucional para proteger a la Corona", añade y remacha: "La Zarzuela está muy a gusto porque el Ministerio Público es su gran abogado".

¿Y qué hacer ahora? El letrado advierte que este no es todavía un caso cerrado. Cree que la vía judicial sigue abierta, aunque la Fiscalía haya dicho que no. Para ello, adelanta que se presentará una querella criminal en el plazo de un mes, una vez que se haya constituido una "entidad jurídica", una asociación más formal, y no que se canalice a través de ciudadanos individuales, como ocurrió en el escrito ante Anticorrupción. La querella por un presunto delito de cohecho impropio se registraría en el juzgado de guardia de Madrid, ya que el monarca no goza de aforamiento –del que sí disfrutan, entre otros, los diputados y senadores o miembros del Gobierno central, que sólo pueden denunciados ante el Supremo–. Escobar asume que ese escrito será rechazado, pero se presentará a continuación un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. De allí viajaría al TS y de allí, finalmente, al Tribunal Constitucional (TC). Y ese es el objetivo último para él y para el MCRC que llegue al Alto Tribunal, el único que puede interpretar la Carta Magna, y en ella tiene un lugar privilegiado la Corona. "El único que podrá zanjar si el monarca está sometido a la ley o por encima de la ley", subraya.

Fuente: PÚBLICO.ES
http://www.publico.es/espana/436309/el- ... e-botsuana" onclick="window.open(this.href);return false;

Más de la mitad de los españoles, el 54 por ciento, se muestran partidarios de que haya un referéndum para elegir el modelo de Estado, entre una Monarquía parlamentaria o una República, según un sondeo realizado por el servicio de Indices de Opinión Pública de Simple Lógica, partner de Gallup en España. Además, según este estudio, casi la mitad de los ciudadanos creen que el gesto del Rey pidiendo perdón por ir a cazar elefantes a Africa es "insuficiente".

Según esta encuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, la proporción de quienes se manifiestan partidarios de la celebración del referéndum se eleva a medida que desciende la edad de los informantes y que se incrementa el nivel de estudios y el estatus social en que se ubican. Sólo a partir de los 55 años, el porcentaje de encuestados que cree necesario un referéndum cae del 50 por ciento.

Así, atendiendo a la edad, se observa que mientras entre los más jóvenes, quienes tienen de 18 a 24 años, representan casi tres de cada cuatro (73,1 por ciento) los partidarios de la consulta para elegir entre Monarquía o República, a media que se eleva la edad de los entrevistados ese porcentaje desciende hasta quedar en el 34,5 por ciento entre los mayores de 65 años.

En la franja que va de los 25 a los 34 años, es partidario del referéndum el 66,5 por ciento; entre 35 y 44 años, los que querrían tener la posibilidad de votar esta cuestión son el 54 por ciento y de 45 a 54 años, el 57,2 por ciento. Sólo a partir de los 55 este porcentaje baja de la mitad. Así, entre 55 y 64 años, es el 48 por ciento y a partir de 65 años, querrían un referéndum el 34,5 por ciento.

Algo similar ocurre atendiendo al nivel de estudios, ya que mientras entre los que tienen estudios primarios o inferiores representan un 47,5 por ciento los partidarios del referéndum, entre los que tienen estudios universitarios ese porcentaje se eleva hasta situarse en el 63,6 por ciento.

Atendiendo a la clase social de los entrevistados, hay que señalar que mientras entre los de clase baja o media-baja el porcentaje de los partidarios de que se elija el modelo de estado representan un 43,8 por ciento, entre los de clase alta o media-alta ese porcentaje se sitúa en el 63,6 por ciento.

Las diferencias son también claras atendiendo a la orientación política de los informantes, los que menos reclaman la consulta son los votantes populares, mientras que el porcentaje va aumentando hacia la izquierda. Así mientras entre quienes declaran haber votado al PP en las últimas Elecciones Generales representan el 35,3 por ciento los partidarios del referéndum, entre los del PSOE suponen un 51,6 por ciento los que sostienen esa misma opinión y entre los IU el 84,8 por ciento.


INDEFINICION SOBRE LA ABDICACION EN EL PRINCIPE
En la encuesta también se pregunta a los ciudadanos si son o no partidarios de la abdicación del Rey Juan Carlos a favor del Príncipe Felipe y los resultados obtenidos ponen de manifiesto un elevado nivel de "indefinición" en el posicionamiento de la población a propósito de la abdicación.

Algo menos de la mitad de los entrevistados se muestran indiferentes ante el tema de la abdicación del Rey a favor del heredero. Representan el 46,6 por ciento quienes se declaran ni a favor ni en contra de tal posibilidad. Entre los que sí toman partido el porcentaje de los que está a favor de la abdicación (30,5 por ciento) supera claramente al de los que se pronuncian en contra (18,3 por ciento).

También en este punto se observan diferencias reseñables de opinión en función de las principales características sociodemográficas de los informantes.

La proporción de quienes se muestran más bien indiferentes, pues no se declaran ni a favor ni en contra de la abdicación, es superior entre los menores de 45 años (52,8 por ciento), los que tienen estudios universitarios (50,8 por ciento) y los de clase media (53,2 por ciento).

En cambio, el porcentaje de los que se declaran a favor de la abdicación es superior entre las mujeres (32,7 por ciento), los que tienen de 55 a 64 años (36,1 por ciento), los que tienen estudios primarios o inferiores (35,4 por ciento)y los de clase baja o media-baja (39,3 por ciento).

La proporción de quienes se muestran en contra de la abdicación varía especialmente con la edad, pasando del 11,6 por ciento entre los que tienen de 25 a 34 años al 28,1 por ciento entre los que tienen más de 65.

Los encuestados también han sido preguntados por el viaje del Rey a Africa y su posterior petición de disculpas, tras conocerse la cacería de elefantes en la que participaba por un accidente en el que se rompió la cadera.

Las opiniones a propósito de la suficiencia del gesto de la petición de perdón están muy repartidas, aunque es ligeramente superior la proporción de quienes consideran que ha sido insuficiente, ya que estos son el 47,3 por ciento del total. Mientras que un 43,1 por ciento son los que creen que sí ha sido suficiente.

También son muy similares las proporciones de quienes consideran positivo o muy positivo el acto de petición de perdón del Rey (38,3 por ciento) y el de quienes opinan que no es positivo ni negativo (38,1 por ciento), mientras que representan uno de cada cinco (20,2 por ciento) los que lo valoran como negativo o muy negativo.

En general la valoración es más desfavorable entre los jóvenes, quienes tienen estudios universitarios y los de clase media-alta o alta y menos negativa entre los entrevistados de más edad, los que tienen menor nivel de estudios y los de clase media-baja o baja.

Artículo 56.

1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado Español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las Leyes.

2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.

3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65,2.

Artículo 64.

1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.

2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

jasimotosan escribió:Yo pienso que cuando blindaron tanto a los Borbones por algo sería, lo hicieron aposta sabiendo con quienes trataban, si no mirad la historia.

JohnyFK escribió:Según me cuentan los que vivieron la transición, esas concesiones tan poco democráticas hacia los que se habían beneficiado de la dictarura se establecieron para evitar una guerra civil. Pero ya hace más de 30 años de eso y creo que va siendo hora de finalizar la transición.

Vitriólico escribió:

JohnyFK escribió:Según me cuentan los que vivieron la transición, esas concesiones tan poco democráticas hacia los que se habían beneficiado de la dictarura se establecieron para evitar una guerra civil. Pero ya hace más de 30 años de eso y creo que va siendo hora de finalizar la transición.

Efectivamente, la amenaza de guerra civil (resurgimiento de los fantasmas del pasado) era lo que estaba en boca de la gente. Lo recuerdo perfectamente.

Sin embargo, habría que analizar la cuestión: ¿guerra civil? ¿de quiénes contra quiénes si el ejército franquista y demás fuerzas del "orden" controlaban el país? ¿Quién se iba a levantar contra ellos? ¿la parte de la población no adoctrinada después de cuarenta años?

Precisamente ese miedo fue el que aprovecharon la oligarquía, la caverna y la Iglesia para imponer con absoluta facilidad un estado de cosas aparentemente moderno pero que, en el fondo, mantenía y consolidaba sus privilegios. Los únicos que se opusieron fueron los de un cierto facherío recalcintrante, que exigían casi que Franco siguiese vivo y todo exactamente igual.
Pienso que estos grupos hicieron lo que se suponía que tenían que hacer para mantener sus intereses. Lo que me parece vergonzosa fue la actitud de los partidos "de izquierda", especialmente la del PCE, porque el PsoE ya estaba predestinado internacionalmente a ser la máquina de poder desideologizada y desactivadora de cualquier posible alternativa que es.

Es de hacer notar -como dice Shé- que de eso hace más de treinta años, casi lo que duró el Franquismo. Y yo añado que una gran parte de la población: todos aquellos menores de cincuenta y dos años -es decir, casi un 70% del total (según los últimos censos oficiales del año 2007 http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C ... n_por_edad" onclick="window.open(this.href);return false;) no han podido votar el bodrio de constitución que determina sus vidas.
¡Viva la Democracia ... allá donde sea que se encuentre!