Foro de Iniciativa Atea

El franquismo, en el banquillo
Una juez argentina pone en evidencia a la justicia española
Tras superar múltiples obstáculos, las víctimas celebran las primeras imputaciones
NATALIA JUNQUERA Madrid 29 SEP 2013 - 00:53 CET

De izquierda a derecha: Felisa Echegoyen y José María Galante (torturados por Billy el Niño),
junto a Carlos Slepoy y Ascensión Mendieta, en la puerta de la antigua DGS. / ULY MARTÍN

"Sabemos que estás embarazada porque tienes los pechos muy grandes. Nos importa tres cojones si abortas”. Silvia Carretero estaba, efectivamente, de dos meses cuando fue detenida y torturada, primero en la comandancia de la Guardia Civil de Badajoz y después en la Dirección General de Seguridad (DGS), en Sol (Madrid), en septiembre de 1975. Tenía 21 años. Hoy es una de las firmantes de la querella argentina contra los crímenes del franquismo, en su nombre y en el de su marido, José Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados de la dictadura, el 27 de septiembre de 1975, junto a Humberto Baena y Ramón García Sanz —los tres eran miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP)— y los etarras Ángel Otaegui y Juan Paredes. Carretero llamó a aquel bebé Luisa Humberta Ramona en homenaje a su marido y sus dos compañeros. Luis Eduardo Aute les escribió Al alba.

LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO. Fuente: Metroscopia

El día que Isabel Pérez Alegre, también miembro del FRAP, cumplía 21 años, Carretero se las apañó para enviarle unos dulces a la celda de aislamiento en la que estaba desde el pabellón de presas políticas de la cárcel de Yeserías. Treinta y ocho años después, Pérez Alegre acudirá en los próximos días al consulado argentino en Madrid para sumarse a la querella interpuesta en Buenos Aires. La causa, que pareció dormitar durante más de tres años, acaba de dar un vuelco al ordenar la magistrada María Servini de Cubría la detención de tres expolicías (dos han muerto) y un ex guardia civil acusados de torturas. Pérez Alegre conoce bien a uno de ellos, Billy el Niño, al que el juez Pablo Ruz va a citar en la Audiencia Nacional.

“Me detuvieron en octubre de 1975. Me llevaron a la DGS, me rodearon y me empezaron a pegar por todas partes. Eran cinco policías. Billy el Niño pegaba de vez en cuando, pero sobre todo dirigía a los demás. Me ataron a un radiador y me golpearon con porras en las corvas, en los riñones... Cuando fui al baño me tuvieron que llevar entre dos, ya no podía caminar. Me miré al espejo y no reconocía mi propio cuerpo, deformado por los golpes...”, relata Pérez Alegre.

Treinta y ocho años después, los moratones han desaparecido, pero otras secuelas permanecen. “Lo peor fue que me quebraron, me hicieron hablar, y eso es algo que a veces no me deja dormir por las noches. Detuvieron a compañeros míos y yo los oía gritar y sabía que les estaban haciendo lo mismo que me habían hecho a mí. Hubo un chico que se tiró contra una puerta, y los cristales llegaron hasta donde yo estaba. Intenté suicidarme con aquellos cristalitos, pero eran muy pequeños. También pensé en darme un golpe fuerte en la cabeza contra el radiador, pero no tenía fuerzas...”, recuerda. “La gente que no ha tenido ese miedo permanente no sabe lo que es el miedo. Oír un ascensor y sentir pánico por quién subirá, estar siempre asustado...”.

Todos los represaliados del franquismo empiezan a contar su historia hablando del miedo. El que tenían a ser fusilados, a que hicieran desaparecer en cualquier cuneta a un familiar, a que les robaran a su hijo, a las torturas, a pudrirse en una cárcel tras una farsa de juicio... y el miedo que, muerto Franco, seguían teniendo a exigir responsabilidades, a denunciar lo que habían sufrido. Cuando Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, abrió la fosa en la que yacía su abuelo, en octubre de 2000, familiares de otros fusilados le llevaban a sus casas para contarle en susurros y con las persianas bajadas que ellos también estaban buscando a su padre, a su hermano... “Ahora ya no tienen miedo”, explica Silva. “Cada fosa abierta ha sido un paso adelante. Estos 13 años han sido un proceso de toma de conciencia, de aprendizaje de libertad”.

Las exhumaciones activaron un resorte que se convirtió en un fenómeno imparable. Los familiares empezaron a exigir al Estado la localización de los hombres y mujeres hechos desaparecer por el franquismo. En 2006 acudieron a la justicia. Para cuando, seis años después, se les terminaron de cerrar todas las puertas de la española, tras la suspensión del juez Baltasar Garzón y un auto del Supremo que eliminaba cualquier vía para la investigación penal de los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura, ya no estaban dispuestos a conformarse. Y deshaciendo el mismo camino que 15 años antes habían hecho las víctimas de la dictadura de Jorge Rafael Videla hasta Madrid, llamaron a las puertas de la justicia argentina.

La querella se presentó en Buenos Aires el 14 de abril de 2010, día de la República, en un acto que contó con la presencia de un premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Dos semanas después, el fiscal argentino Federico Delgado dictaminó que debía desestimarse porque en España “había procesos judiciales en curso” sobre los crímenes denunciados. El 5 de mayo de 2010, la juez archivó la causa. Pero el 3 de septiembre de ese año, la sala segunda de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina le obligó a reabrirla porque el fiscal había obtenido “de internet”, decía el auto, la argumentación para desestimarla.

En octubre de 2010, la juez libró un exhorto diplomático al Gobierno para que le informara de si se estaba investigando en España un plan sistemático de exterminio de los “partidarios de la forma representativa de gobierno” entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. El Ejecutivo de Zapatero no se dio prisa en responder y cuando lo hizo, en junio de 2011, fue para mentir.

En España —decía el informe enviado a la juez argentina por el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido—, “se están tramitando numerosos procedimientos judiciales relativos a hechos delictivos cometidos durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura, tanto en relación con la eliminación física de los partidarios de la República y de la forma democrática de Gobierno, como de la desaparición de menores”. El escrito recordaba que el juez Garzón había repartido en noviembre de 2008 la causa contra el franquismo entre los juzgados territoriales donde se encontraban las fosas, y que muchos las habían archivado, pero no por aplicación de la ley de amnistía de 1977, sino por “extinción de la responsabilidad penal”. Ni una palabra de la suspensión del juez de la Audiencia Nacional precisamente por abrir aquella causa.

El primer gran triunfo de las víctimas fue precisamente desmontar ante la justicia argentina esa mentira del Gobierno español, mostrándole que la fiscalía había calificado aquel plan sistemático de exterminio como delitos comunes; que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional había acordado en diciembre de 2008 “dejar sin efecto todos los actos y resoluciones” tomadas por Garzón; que en 2009 había sido admitida a trámite en el Supremo una querella contra él del pseudosindicato Manos Limpias a la que se sumaría en enero de 2010 nada menos que Falange, y que en mayo de ese año, el Poder Judicial había suspendido al juez de la Audiencia Nacional. Es decir, que el único investigado en España por los crímenes del franquismo era, precisamente, el juez que había querido investigarlos.

Y la juez argentina empezó a actuar. El 13 de diciembre de 2011 libró otro exhorto pidiendo a las autoridades españolas que le enviaran nombres y último domicilio de los miembros de los consejos de ministros, Fuerzas Armadas, Guardia Civil, policía y dirigentes de Falange entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977; el número e identidad de los desaparecidos, asesinados y torturados por motivos de persecución política; el de niños robados; la localización de las fosas comunes y la lista de empresas beneficiadas por el trabajo forzado de los presos republicanos que seguían activas. El Gobierno español respondió que las personas a las que se imputaba “la autoría intelectual” del plan de exterminio franquista habían fallecido y que, en cualquier caso, España tenía “competencia preferente” para juzgarlos.

La juez decidió entonces tomar declaración a 91 víctimas y solicitó autorización para desplazarse a Madrid, Vigo y Barcelona, del 8 al 28 de septiembre de 2012. Le dieron permiso, pero pocos medios y menos días, por lo que Servini de Cubría desistió. En mayo de 2013 dispuso los medios necesarios para la toma de esos testimonios por videoconferencia en el consulado argentino en Madrid, pero en el último momento el procedimiento se suspendió porque el embajador argentino comunicó a la magistrada “el malestar” que causaba al Gobierno español lo que estaba haciendo.

Por todo esto es por lo que la juez empleó nada menos que 204 folios para justificar la petición de detención de cuatro policías en su auto del pasado 18 de septiembre.

De esas 204 páginas, Garzón, al que la juez argentina citó a declarar el pasado 27 de mayo, destacó cuatro palabras: “Crímenes de lesa humanidad”. “Es lo que son. Lo que yo he creído siempre. Me alegro mucho por las víctimas del franquismo, aunque me apena que sea en Argentina donde se tengan que investigar estos crímenes porque España cerró todas las vías”, declaró a EL PAÍS. El exjuez de la Audiencia Nacional está convencido de que Servini de Cubría seguirá imputando a más responsables.

Los querellantes habían pedido la imputación de otros cinco cargos franquistas: tres exministros —José Utrera Molina, suegro del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez González— y dos exjueces —Rodolfo Gómez Chaparro y Jesús Cejas Mohedano—. Ahora anuncian que van a pedir más, pero de momento, las víctimas celebran ese triunfo de los presos políticos, agrupados en la asociación La Comuna, como uno propio. Cuando en 2000 se abrió la fosa donde yacía Emilio Silva Faba “era impensable que llegara el día en que hubiera una orden de detención internacional contra un cargo franquista”, explica su nieto. “Para mí, Billy el Niño es un compañero de los que fusilaron a mi abuelo cuarenta años antes. Era parte de una misma estructura diseñada para mantener a la población aterrorizada y defender los intereses de una élite”.

La vida de Ascensión Mendieta, de 88 años, se truncó mucho antes de que Billy el Niño se hiciera célebre en Madrid por su afición a la tortura, pero está muy ilusionada con el avance que las órdenes de detención suponen para la causa y con el viaje que, pese a su avanzada edad, piensa hacer a Argentina para explicarle a la juez por qué su nombre también está en esta querella. “Nos dejaron sin padre a siete hermanos, el más pequeño de un año. Yo tenía 12 cuando lo fusilaron. Quiero que le saquen de la fosa en la que está con otros 16 hombres”.

Mañana, Carlos Slepoy, uno de los abogados que lleva años peleando por sacar adelante esta causa, se reunirá con el juez Ruz. Este letrado argentino cierra un círculo perfecto, el camino de ida y vuelta que marca la última resolución de Servini de Cubría. Slepoy fue el abogado en la primera causa que se abrió contra Videla, desde España, precisamente por Garzón, en septiembre de 1996. Y ahora es el defensor de los españoles que han hecho el camino inverso, de Madrid a Buenos Aires, para que se investiguen los crímenes del franquismo. “Durante mucho tiempo”, recuerda, “Argentina se opuso a juzgar los crímenes de su dictadura. Finalmente, el presidente Néstor Kirchner decidió que o se juzgaban o se extraditaba a España a los responsables. El muro de impunidad se fue resquebrajando y muchos jueces argentinos se replantearon la situación —hoy hay más de 300 condenados—. Estoy convencido de que en España habrá jueces que, pese a lo que le ocurrió a Garzón, se atrevan a investigar estos crímenes. En pocos días se ha condensado el trabajo de años, se ha puesto en jaque a la impunidad. Y es producto del tesón de las víctimas”. Ya no se conforman. Y están acostumbradas a esperar.

• 1 - España no extradita a sus nacionales, sino que los juzga por los delitos que sean de aplicación en el país;
  2 - La Ley de Amnistía política de 1.977 blinda aquellos delitos no directamente prescritos, por lo que no se pueden juzgar.
  Resultado: comunicación a la Justicia argentina de que no proceden sus demandas. Y, si insisten, darán vueltas y más vueltas durante años hasta que todos los posibles imputados hayan desaparecido del mapa por edad.

Vitriólico escribió:Se encontrarán de frente con:

• 1 - España no extradita a sus nacionales, sino que los juzga por los delitos que sean de aplicación en el país;
  2 - La Ley de Amnistía política de 1.977 blinda aquellos delitos no directamente prescritos, por lo que no se pueden juzgar.
  Resultado: comunicación a la Justicia argentina de que no proceden sus demandas. Y, si insisten, darán vueltas y más vueltas durante años hasta que todos los posibles imputados hayan desaparecido del mapa por edad.

En resumen: hasta que en España no se derogue la infame ley de 1.977, ná de ná. Ese es el quid de la cuestión. Asunto político en el que el PPsoE nunca ha querido entrar (para empezar, porque en su día ellos fueron los principales protagonistas del "pacto").

Cuando lo de Pinochet y Garzón, ya se veía venir esto. Ha tardado mucho más de lo que personalmente esperaba, pero me temo que sólo servirá para airear vergüenzas.

España se resiste a juzgar el franquismo

• Dos enviados de la ONU piden al Estado que colabore con la justicia argentina
• El Supremo y el Parlamento se oponen a dejar sin efecto la ley de amnistía
• La ONU reclama a España juzgar el franquismo
• “Disfrutaba torturando. Al pegarte, tenía un gesto de placer”

NATALIA JUNQUERA Madrid 5 OCT 2013 - 00:02 CET

El presidente Adolfo Suárez y los vicepresidentes Fuentes y Gutiérrez Mellado aplauden en pie
con el resto de la Cámara Baja tras la aprobación de la ley de Amnistía. / CHEMA CONESA

España se resiste a juzgar el franquismo y también a que se lo juzguen otros. De momento, el Estado está reaccionando como Argentina o Chile hace 17 o 15 años, cuando era un juez español, Baltasar Garzón, quien reclamaba la detención de dictadores, militares o policías de ambos países en aplicación del principio de justicia universal. El Gobierno mintió para que no avanzara la causa abierta por una juez desde Buenos Aires, asegurándole por escrito que había “numerosos procedimientos judiciales abiertos” en España por los crímenes del franquismo. Después, vetó la toma de declaración por videoconferencia de las víctimas. Y ahora, tras las primeras imputaciones, contra cuatro torturadores de la dictadura —dos han muerto—, el Gobierno, jueces y fiscales la esquivan e invocan los argumentos que antes esgrimieron otros países: la ley de Amnistía de 1977.

Normalmente, las órdenes de Interpol se ejecutan en horas —así ocurrió recientemente, por ejemplo, con el pederasta indultado por error por el rey de Marruecos, Daniel Galván—, pero en este caso, 18 días después del auto por el que la juez argentina María Servini de Cubría los reclamaba para interrogarlos, siguen sin ser arrestados. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz comunicó a través de Interpol que dos de los reclamados habían fallecido y espera para citar a los dos que aún viven (el exguardia civil Jesús Muñecas y el exinspector José Antonio González Pacheco, Billy el Niño) a que las autoridades argentinas remitan a las españolas la documentación de extradición cumplimentada. Ruz, al igual que la fiscalía de la Audiencia Nacional, no considera necesario detenerlos cautelarmente ya que están localizados por las fuerzas de seguridad, informa Fernando J. Pérez. La fiscalía española, que no comprobó siquiera si los cuatro reclamados seguían vivos, mantiene que pueden estar amparados por la ley de Amnistía de 1977, lo que impediría su entrega.

Dos enviados de la ONU a España, un argentino y una bosnia, del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas, acaban de pedir al Gobierno que deje sin efecto la ley para juzgar aquí la desaparición de más de 114.000 españoles y 30.000 niños robados durante la Guerra Civil y la dictadura.

El grupo pide, además, que España ratifique la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Desde el Ministerio de Justicia prometen “estudiar con detenimiento” sus peticiones. Pero todas las iniciativas presentadas hasta ahora para atender a ese llamamiento, que ya en anteriores ocasiones había hecho la ONU, han sido sucesivamente rechazadas en el Congreso. La mayoría del Parlamento (PP y PSOE) rechaza tocar la ley.

Las 204 páginas que ha redactado la juez María Servini de Cubría para pedir la detención de los torturadores españoles, acusados de crímenes contra la humanidad, colocan a España en el mismo lugar que Garzón puso a Argentina en 1996. Es decir, obliga al Estado a tomar postura sobre un asunto que allí, en su día, se intentó zanjar con dos leyes (de obediencia debida y punto final) y aquí por dos vías: la administrativa (la ley de Memoria Histórica) y la judicial (la sentencia del Supremo sobre la causa de Garzón y el auto de marzo de 2012 que cerró la vía para la investigación penal de esos crímenes en España).

Allí, tras un largo y accidentado proceso, que incluyó medidas para impedir la colaboración con la justicia española, finalmente, optaron por derogar sus leyes de amnistía. “Cuando España pidió la extradición de ciudadanos argentinos por delitos cometidos en nuestro territorio en función del principio de justicia universal, los jueces nos encontramos en la disyuntiva entre enviarlos a que los juzgase una jurisdicción extranjera o juzgarlos nosotros”, recordaba a EL PAÍS, tras la muerte en prisión de Videla, Raúl Zaffaroni, uno de los siete juristas que anuló las leyes de amnistía argentinas. “En el primer caso, estaríamos dejando al país en la situación de una tribu y a todos sus ciudadanos en riesgo de ser procesados por cualquier país. La única solución era asumir la jurisdicción y juzgarlos conforme a nuestras leyes, por nuestros tribunales”.

Aquí, de momento, el Gobierno ha hecho todo lo que ha podido por desanimar a la juez argentina, y la justicia tampoco se ha dado prisa en complacerla. El fondo del asunto, como lo fue en otros países, es la ley de Amnistía. Argentina derogó las suyas con la llegada al poder de Néstor Kirchner. Chile y Guatemala la adaptaron de forma que se pudieran investigar las desapariciones forzadas de las víctimas. Perú tampoco aplica la suya. Brasil la mantiene.

Fue precisamente el auto por el que Garzón abrió, en 2008, una investigación sobre los crímenes del franquismo, el que resucitó el debate sobre la ley y provocó un juego de sillas entre partidarios y detractores de la norma: quienes con más ahínco la defendían en 1977 eran los que más empeño ponían tres décadas después en que se modificara o derogara y viceversa. Así, en 1977, era el diputado de Alianza Popular Antonio Carro quien se oponía a la ley: “No es buena medicina la amnistía. La única medicina que aplican las democracias más genuinas y consolidadas es una estricta aplicación de la ley”, decía. Y casi 36 años más tarde, el pasado 25 de septiembre, era el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), quien defendía en el Congreso la vigencia de la ley, tomando prestadas las palabras de un comunista, Marcelino Camacho: “La amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y cruzadas”. El suegro del ministro, José Utrera Molina, es, por cierto, una de las imputaciones que solicitan los querellantes. ¿Qué ha pasado en 36 años para que un diputado del PP termine parafraseando a un comunista precisamente para responder a otro, Cayo Lara, quien acababa de decir que “ninguna ley de amnistía puede ser utilizada como ley de punto final”? Estas son las distintas posiciones y argumentos.

Garzón: “No afecta a crímenes de lesa humanidad”.

El juez argumentó que los hechos denunciados por las víctimas del franquismo no entraban dentro de la ley de Amnistía porque esta norma amnistiaba “actos de intencionalidad política” y él, explicaba, estaba investigando crímenes contra la humanidad, que no prescriben. Garzón apoyaba su argumento en la jurisprudencia de tribunales internacionales (el especial para Sierra Leona, Estrasburgo, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

El Supremo: “La ley de amnistía está vigente”.

El juez del Supremo Luciano Varela calificó de “imaginación creativa” la argumentación de Garzón y en abril de 2010 abrió un caso contra él por prevaricación. El alto tribunal terminó absolviéndole, pero en la misma sentencia quiso zanjar el debate jurídico sobre la ley de Amnistía y la posibilidad de juzgar el franquismo. La sentencia recordaba que la fiscalía calificó los hechos de “delitos comunes” y prescritos. Y argumentaba que, aunque en otros países existían los llamados “juicios de la verdad”, en España ese papel corresponde “a los historiadores”, no a los jueces, ya que solo es posible realizar una investigación cuando existe un responsable vivo. La ley de Amnistía, destacaban, “tuvo un evidente sentido de reconciliación” en la transición española, “tan alabada nacional e internacionalmente”, y “ningún juez puede cuestionar la legitimidad de ese proceso. Se trata de una ley vigente cuya eventual derogación correspondería, en exclusiva, al Parlamento”.

El Parlamento: la ley de amnistía no se toca.

El Congreso ha rechazado en varias ocasiones iniciativas para modificar la ley de forma que los crímenes del franquismo se puedan juzgar en España. El pasado septiembre, Ruiz-Gallardón recurría a Marcelino Camacho para justificar ante Cayo Lara la vigencia de la norma. Unos meses antes, en abril, el Gobierno respondía a otra pregunta parlamentaria de Gaspar Llamazares con la misma idea: “Ha sido un instrumento fundamental de reconciliación entre los españoles. El Tribunal Constitucional se ha manifestado a favor de la misma”.

El PSOE tampoco es partidario de tocarla

“Fue una ley necesaria y no creemos conveniente revertirla”, explica a EL PAÍS Ramón Jáuregui, exministro del segundo Gobierno de Zapatero. “Comprendemos los sentimientos. Estamos mucho más cerca de los torturados que de los torturadores, pero seguimos convencidos de que la ley estuvo bien hecha. Algunos perdonamos mucho más que otros, pero el perdón fue colectivo. Y esa decisión es la base de una convivencia reconciliada”. Preguntado por la posibilidad de que el franquismo se juzgue en Argentina, responde: “Yo acepto la justicia universal, pero creo que siempre tiene que ser sometida a los criterios de la soberanía popular. El proceso argentino está cargado de buenas intenciones, pero en España decidimos hace mucho tiempo que no nos íbamos a pasar factura de lo que hicimos antes de 1976”.

Gaspar Llamazares, por lado, insiste: “No hace falta derogar la ley, basta con modificarla para impedir cualquier interpretación de impunidad de los crímenes del franquismo. Si no, haremos el mismo papel que hizo Chile con Pinochet. Sería una vergüenza que el franquismo se termine juzgando en Argentina. Demostraría que somos unos hipócritas que hace años dábamos lecciones a los demás”.

La ONU: “España está obligada a investigar”

La declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1992 y la convención internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, que España ratificó en 2009, “impide expresamente la aplicación de la ley de Amnistía para estos delitos”, explica Ariel Dulitzky, uno de los enviados de la ONU. “España está obligada internacionalmente a no aplicar los efectos de la ley que impiden una investigación judicial. El poder judicial no puede presumir que han muerto sin investigar, y la prescripción no empieza a contar hasta que los familiares de la víctima saben su paradero”. Dulitzky cree que, tarde o temprano, España tendrá que enfrentarse al problema. “La demanda de justicia de las víctimas no va a cesar. Han pasado 70 años y las familias siguen ahí, pidiendo justicia, verdad y reparación”.

Argentina formaliza las órdenes de captura contra los franquistas imputados
Tras haber firmado la solicitud de extradición, la jueza Servini de Cubría espera una respuesta oficial del Gobierno de Rajoy para que dé curso a la petición de captura contra los cuatro torturadores

ANA DELICADO Buenos Aires 31/10/2013 17:25 Actualizado: 31/10/2013 17:40

La jueza argentina María Servini.

La jueza María Servini de Cubría, que lleva adelante la causa abierta en Argentina contra los crímenes del franquismo, firmó este lunes el pedido de extradición para cuatro exfuncionarios de seguridad de la dictadura acusados de torturas en Argentina, según han confirmado a Público fuentes del juzgado. El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz había solicitado la formalización de las órdenes de arresto, así que ahora es el turno de España para decidir si da curso o no al requerimiento de la Justicia argentina.

Las peticiones de captura internacional cursadas a través de Interpol son contra el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González; y ex inspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño. Aunque España confirmó el fallecimiento de Giralte González (muerto en 2007), y de Galván Abascal (en 2009), la Justicia argentina no ha recibido ningún documento que acredite el deceso de ambos, así que la solicitud de extradición se mantiene para los cuatro españoles.

El texto firmado por la magistrada debe todavía pasar un último control antes de ser remitido. "Falta que la Cámara Federal certifique la firma de la doctora para que nosotros podamos enviar el oficio a la Cancillería", comentan las fuentes a este diario. Una vez sorteada esta diligencia, la Cancillería argentina enviará el expediente al ministerio de Justicia español. El Consejo de Ministros, entonces, será quien tenga la última palabra para decidir si accede a la extradición y el caso pasa a manos de la Audiencia Nacional.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires, al que pertenece Servini de Cubría, tendrá que esperar a que el Gobierno se pronuncie. "Ahora tenemos que esperar a que contesten", aseguran desde allí. "Los tiempos van a ser los que decida España".

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz aseguró, el 25 de septiembre, que citaría a Muñecas Aguilar, de 77 años, González Pacheco, alias Billy el Niño, de 66, apenas Argentina formalizara las peticiones de detención. Un día antes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional consideraba "innecesarias, habida cuenta la antigüedad de los hechos" las detenciones de los españoles imputados.

La Fiscalía indicó, en un escrito enviado al juez Ruz, que el Convenio Bilateral sobre Extradición y Asistencia Judicial España Argentina exigía que las órdenes vinieran acompañadas de "un relato de hechos y circunstancias precisas de tiempo y lugar de comisión" de los delitos. El Ministerio Público, que también se escudaba en la Ley de Amnistía de 1977, solicitaba a Ruz que, no obstante, requiriera a Argentina "la solicitud de extradición y la documentación necesaria para tal fin".

En Argentina, la tortura está tipificada con penas que oscilan entre los ocho y los 25 años de prisión.

Siguen los avances
El pasado 18 de septiembre, la magistrada dictaba orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para los cuatro presuntos torturadores, que convirtieron en los primeros imputados de la causa. Los españoles procesados, de acuerdo con la Justicia argentina, deben ser extraditados "a efectos de recibir declaración indagatoria".

La resolución de Servini de Cubría de septiembre reconocía su incumbencia en los pedidos de extradición. "Se procede que esta magistratura curse específicamente a las autoridades españolas esta orden de detención", decía el texto, añadiendo que se debía comunicar "el arresto preventivo de los nombrados con fines de extradición a efectos de recibir declaración indagatoria a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)".

El próximo 2 de diciembre una delegación de víctimas del franquismo, integrada tanto por querellantes como por políticos, será recibida por Servini de Cubría en un acto que tendrá lugar en el Palacio de Tribunales de Buenos Aires. La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, encargada de gestionar la lista de asistentes, ha confirmado la presencia de Merçona Puig Antich, hermana de Salvador Puig Antich, el militante del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) asesinado a garrote vil el 2 de marzo de 1974 en una cárcel de Barcelona.

Por otro lado, al menos 230 personas viajarán el próximo 29 de noviembre a Madrid para tramitar ante la embajada argentina, de manera individual o colectiva, 172 denuncias de crímenes del franquismo.

Mientras tanto, el Parlamento andaluz tramita una Proposición No de Ley de respaldo a la querella argentina, que cuenta ya con más de 150 denunciantes particulares. Por el momento, el único Parlamento autonómico que ha mostrado su apoyo a la causa es el vasco, gracias a los votos de PNV, EH Bildu y PSE.

Bajo el principio de justicia universal, que reconoce desde 1853 la Constitución argentina, el juzgado de Servini de Cubría se declaró competente para investigar los crímenes franquistas a raíz de una querella que se presentó en abril de 2010 por "delitos de genocidio y/o de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977", fecha en la que se celebraron las primeras elecciones democráticas tras el franquismo.

La única causa que hay abierta en el mundo para investigar los crímenes del franquismo es la que se impulsa desde Argentina.

La ONU exige a España que deje de ampararse en la Ley de Amnistía para no juzgar al franquismo
Reclama una investigación de oficio, "exhaustiva e imparcial", que permita condenar con graves sanciones a los culpables de desapariciones forzadas, así como la reparación y rehabilitación de las víctimas

ANDRÉS MUÑIZ Madrid 15/11/2013 17:01 Actualizado: 15/11/2013 18:05

Manifestación en 2012 frente al Tribunal Supremo contra la impunidad del franquismo y en apoyo a Baltasar Garzón/Efe

La ONU ha exigido este viernes a España que deje de usar la Ley de Amnistía de 1977 como excusa para no investigar las desapariciones forzadas del franquismo, y ha reclamado a nuestro país una investigación de oficio "exhastiva e imparcial" que culmine con graves condenas a los responsables de esos delitos, así como la reparación y rehabilitación adecuadas de las víctimas.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha hecho públicas las observaciones finales sobre las actuaciones emprendidas por España para perseguir las desapariciones forzadas de miles de personas durante los años de la dictadura franquista. Se trata de la culminación del trabajo que ha realizado un grupo de expertos de Naciones Unidas que visitaron España a finales de septiembre durante una semana.

El documento muestra preocupación porque el marco normativo en vigor en España "para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas así como algunas decisiones adoptadas en la materia no estarían en plena conformidad con las obligaciones que la Convención impone a los Estados que la han ratificado". Se refiere a la convención de la ONU en esta materia.

Como primera recomendación, pide a España que cree un delito autónomo que castigue las desapariciones forzadas, con penas apropiadas "que tengan en cuenta su extrema gravedad", ya que hasta ahora el Codigo Penal castiga estas conductas en artículos dispersos.

Además, y en relación a la investigación de presuntos casos de desaparición forzada del franquismo, el informe considera preocupante que el Tribunal Supremo esgrimiera el argumento de la existencia de una ley de amnistía y la muerte de los presuntos responsables, así como que sostuviese que "la permanencia del delito no deja de ser una ficción contraria a la lógica jurídica. No es razonable argumentar que un detenido ilegalmente en 1936, cuyos restos no han sido hallados en el 2006, pueda racionalmente pensarse que siguió detenido más allá del plazo deprescripción de 20 años, por señalar el plazo máximo", indicó el Supremo en una resolución de 2012.

Tras estas reflexiones, el Comité hace las siguientes exhortaciones a España:

-- Que vele por que los plazos de prescripción se cuenten efectivamente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad.

-- Que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas y aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal.

-- Que se adopten las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía.

-- Que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos; y que las víctimas reciban reparación adecuada que incluya los medios para su rehabilitación y seasensible a cuestiones de género.

-- Que adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias a fin de asegurar que las desapariciones forzadas queden expresamente fuera de la jurisdicción militar en todos los casos y solo puedan ser investigadas por la justicia ordinaria.

-- Que adopte una disposición legal expresa en virtud de la cual se establezca un mecanismo que asegure que las fuerzas de seguridad, cuyos miembros sean sospechosos de la comisión de una desaparición forzada, no participen en la investigación.

-- Que vele por que se asegure el auxilio judicial necesario, incluyendo el suministro de todas las pruebas que obren en su poder, a las autoridades de otros Estados que así lo soliciten en el marco de investigaciones de posibles casos de desaparición forzada.

-- Que considere incluir de manera expresa en su legislación interna la prohibición de proceder a una expulsión, devolución, entrega o extradición cuando haya razones fundadas para creer que una persona estaría en peligro de ser sometida a una desaparición forzada.

-- Que adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias a fin de establecer una definición de víctima que esté en conformidad con la que figura en el artículo 24, párrafo 1, de la Convención, y que asegure que toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada pueda recibir todas las medidas de indemnización y reparación previstas en el ordenamiento jurídico, aun cuando no se haya iniciado un proceso penal.

-- Que adopte todas las medidas necesarias, incluyendo la asignación de los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes, para la búsqueda y esclarecimiento de la suerte de las personas desaparecidas. Al respecto, el Estado parte debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada, que posea facultades y recursos suficientes para llevar adelante sus funciones de manera efectiva.

-- Que prevea de forma expresa el derecho a la verdad de las víctimas de desaparición forzada y a asegurarse que todas las víctimas puedan gozar plena y efectivamente deese derecho. El Comité invita al Estado parte a considerar la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas.

-- Que intensifique sus esfuerzos con miras a buscar e identificar a los niños que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad. Al respecto, le recomienda que intensifique también sus esfuerzos a fin de garantizar que el Banco Nacional de ADN integre muestras genéticas de todos los casos que hayan sido denunciados, tanto por vía administrativa como judicial.

La Justicia argentina pide un listado de víctimas imputable a Martín Villa

El exministro de Gobernación podría ser procesado y extraditado por el asesinato de 22 personas achacado a las fuerzas del Estado.

ANA DELICADO Buenos Aires 05/12/2013 08:04 Actualizado: 05/12/2013 09:53

El exministro Rodolfo Martín Villa

Las víctimas del franquismo que han viajado a Buenos Aires volverán a España con grandes novedades. En el marco de la causa abierta por la Justicia argentina contra los delitos del régimen de Franco, la magistrada María Servini de Cubría ha transmitido a los querellantes su interés por recibir toda la documentación existente sobre los asesinatos imputables a Rodolfo Martín Villa, en su etapa como ministro de Gobernación (1976-1979) tras la muerte del dictador.

La jueza, además, ha ordenado realizar un peritaje físico a uno de los declarantes, Andoni Txasko Díaz, que declaró este martes contra el exministro franquista por la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, en la que murieron cinco personas y en la que él fue golpeado hasta perder un ojo. "La magistrada ha pedido que se le entregue, lo antes posible, todas las cosas que se puedan presentar como hechos de imputación a Martín Villa", confirma a Público José María Chato Galante, querellante en la causa y miembro de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA).

Su solicitud tuvo lugar durante la audiencia que se celebró el pasado lunes en el Palacio de Justicia de Buenos Aires, en lo que fue el primer cara a cara de la jueza con la delegación de 28 personas que viajó desde España para impulsar la investigación y declarar en su juzgado.

Durante los tres años de Martín Villa como ministro, 54 personas fueron asesinadas
"En esa primera entrevista hablamos de los procesamientos en curso. Además de pedir la imputación de los cuatro torturadores [de los cuales dos fallecieron, mientras que Billy el Niño y Jesús Muñecas Aguilar ya fueron reclamados por la jueza], solicitamos la extradición de tres ministros de Franco [José Utrera Molina (de 79 años), Fernando Suárez González (80), y Rodolfo Martín Villa (87)]", cuenta Galante. "También le dijimos que estábamos preparando un informe sobre las víctimas que hubo en todo el territorio español mientras Martín Villa fue ministro de Gobernación, y ella ha replicado que tenía mucho interés en que se le presentara ese texto".

CeAQUA ya realizó un listado en el que figuran los fallecidos que pesan sobre las fuerzas de seguridad del Estado en el tiempo en el que Martín Villa estuvo al frente de ese ministerio bajo el Gobierno de la UCD. En total, son 54 las personas asesinadas durante 1976 y 1979, años en los que Martín Villa era además uno de los referentes que lideró el proceso de transición de la dictadura a la democracia.

Pero la investigación de la jueza argentina, en su causa, abarca el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe cívico-militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas. En ese lapso de tiempo, las víctimas mortales que pueden achacarse a las fuerzas del Estado son 22, las mismas por las que podría responder Martín Villa ante la Justicia argentina de ser procesado y extraditado.

El documento que recibirá Servini de Cubría constará de tres partes. En primer lugar, un informe en el que se esboza una explicación de los hechos, con el historial de víctimas. "A eso se le añadirán los documentos probatorios, que hemos montado a partir de informaciones de prensa sobre esos mismos asesinatos", explica Chato Galante. "En ese período en el que Martín Villa era ministro de Gobernación, por ejemplo, aparecieron en la primera página del diario El País los asesinatos de Atocha de 1977 [en referencia al atentado de un comando de ultraderecha que mató a cinco abogados]".

Por último, se le entregará a la magistrada una explicación jurídicamente razonada de por qué son imputables a Martín Villa esos 22 crímenes. Ese escrito lo elaborarán los abogados Carlos Slepoy y Ana Messuti, que representan a las víctimas del franquismo en Madrid.

Testigo directo de la represión
Lo que la jueza ya tiene en sus manos es la documentación y el testimonio de Andoni Txasko Díaz, miembro fundador de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo. "Andoni es un trabajador que perdió un ojo y que tenía graves problemas en el otro", relata Chato Galante. "Durante la masacre en Vitoria, le dijo a la Policía que no lo golpearan porque lo iban a dejar ciego, y los gendarmes le partieron el ojo sano. Ahora la magistrada nos ha pedido, también, toda la información médica relativa a su problema ocular, y además hará que un perito judicial argentino determine las causas de las lesiones que tiene nuestro compañero".

El peritaje tendría que ser realizado antes del sábado, día en el que los querellantes emprenden su regreso a España. "Entre tanto y tan pronto como volvamos a Madrid, tenemos que ordenar nuestra información para enviársela a la jueza, porque además le vamos a presentar otro número de imputados que empiezan a aparecer en las nuevas querellas que se presentan", concluyó Galante.

Más declaraciones
Este miércoles era la segunda jornada en la que las víctimas declaraban en el despacho de la jueza. El día anterior fue el turno de Merçona Puig Antich, Pablo Mayoral, y Andoni Txasko, y en esta ocasión, ofrecieron su testimonio Ascensión Mendieta Ibarra (de 89 años), María Antonia Oliver y Elsa Osaba Bailo.

Además, se celebró una videoconferencia internacional entre la Universidad argentina de la Plata y la Universidad española de Córdoba para presentar la denuncia contra los crímenes del franquismo, que nació hace ya tres años y medio. En ella participó la delegación de querellantes, e intervinieron Ana Messuti y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.