Foro de Iniciativa Atea

Desde el 6 de noviembre, Sealeer es una más de de las miles de cooperativas que existen en España, pero con una peculiaridad: las cooperativistas son prostitutas y su objeto social incluye la oferta de sexo. Once trabajadoras del sexo residentes en Ibiza han conseguido constituir la primera cooperativa de trabajo asociado de estas características. Sus integrantes cotizan ya a la Seguridad Social y pagan los correspondientes impuestos. Su iniciativa, que obtuvo el visto bueno de la consejería de Economía y Comercio de Islas Baleares, abre la puerta a que otras prostitutas puedan también cotizar mediante esta fórmula.

"Empezamos a mover papeles hace más de año y medio. Un amigo leyó el trabajo de Gloria Poyatos y nos sirvió para inspirarnos", explica María José López Armesto, portavoz de la cooperativa. Gloria Poyatos es la jueza decana de Lanzarote y en un trabajo demostró que, a pesar de la alegalidad en la que se mueve la prostitución, las trabajadoras del sexo podían en la práctica darse de alta como autónomas.

Sin embargo, la primera vez que intentaron inscribir la cooperativa su solicitud fue denegada. El epígrafe bajo el que querían registrarse incluía las palabras "profesionales del sexo" . "La consejería consideraba que los servicios sexuales son una actividad no regulada y que por tanto no podía ser objeto de una cooperativa", subraya la jueza Gloria Poyatos, que ha seguido de cerca el proceso. Las trabajadoras recurrieron la decisión: basaron su recurso en varias sentencias, tanto del Tribunal Supremo como de la justicia europea. Ganaron y consiguieron inscribir la cooperativa.

Poyatos afirma que cuando la prostitución se ejerce libremente por personas adultas para su propio aprovechamiento no debe tener cortapisas para estar cubierta por la Seguridad Social y puede acogerse al artículo 38 de la Constitución, que defiende el derecho a la libre empresa. "La prostitución no tiene una regulación concreta, pero todo lo que no está expresamente prohibido tiene acceso a la Seguridad Social", defiende la jueza.

La decisión de la consejería abre la puerta a que puedan formarse otras cooperativas similares y, por tanto, a que muchas trabajadoras del sexo puedan cotizar a la Seguridad Social y tener derechos laborales, a pesar de que no haya una regulación de la prostitución. La competencia para conceder la licencia a las cooperativas es de las comunidades autónomas por lo que, no obstante, el criterio podría varias de unos lugares a otros.

Legalizar o no
El debate de fondo no es baladí: si la prostitución debe o no ser una actividad regularizada, y si esta fórmula podría ser aprovechada por proxenetas. Para María José López, miembro de la cooperativa, la iniciativa busca dignificar la situación de las trabajadoras. "Vigilaremos para que no haya situaciones de coacción. Nosotras solo queremos tener nuestros derechos y crecer lo más posible", dice.

"Se encuentran a cien chinos encerrados en una casa forzados a trabajar doce horas al día y a dormir hacinados y no por eso se prohíbe en general el trabajo. Para eso está la Policía y la inspección, para perseguir los delitos que se produzcan. La explotación se debe sobre todo a la dependencia económica, si están dadas de alta podrán acceder a sus propias prestaciones. La fórmula cooperativa busca unir los esfuerzos de un grupo de trabajadoras sexuales para autogestionarse y poner sus propias condiciones a los clientes", afirma la jueza Gloria Poyatos.

Las once cooperativistas ya están cotizando y tienen sobre la mesa otras cuarenta solicitudes pendientes. "Aceptamos todos los perfiles, solo pedimos que sean mayores de edad, no tengan ninguna discapacidad intelectual, y que actúen libremente y no estén coaccionadas", asegura la portavoz de Sealeer. López Armesto explica que también les han llamado de otros puntos de la península: "Nos llaman dueños de clubes de alternes que quieren dar de alta a las chicas". Además de las trabajadoras, la cooperativa tiene varios socios, con voz pero sin voto, "gente que tiene interés en participar y nos apoya".

Vitriólico escribió:Una matización:
En España la prostitución es legal. O al menos lo es como multitud de actividades no recogidas expresamente por la ley pero que se pueden realizar perfectamente y que nadie tacharía como no legales.
Por contra, son ilegales cuestiones relacionadas con ella como el proxenetismo.
Lo que no está la prostitución es regulada.

¿Nos referimos a una cosa, a la otra o a las dos? Porque son muy distintas.

LA PROSTITUCIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS


PONENCIA PARA LA COMISIÓN MIXTA CONGRESO-SENADO

Alicia Bolaños Naranjo
Vocal de Derechos Humanos de Médicos del Mundo-España


La prostitución no es una institución femenina, es controlada por hombres y mantenida
mediante la violencia; si bien a una pequeña escala local puede ser, a veces, un negocio
consensuado sobre el que la mujer ejerce un cierto control, la realidad demuestra que se
trata de un grupo minoritario, de apenas un 5%, donde la mujer tiene libertad de 3
consentimiento; libertad que, a estas alturas debemos entenderla en un concepto
democrático y no hacer manidas, retorcidas y sesgadas interpretaciones de la misma
porque no se encuentra ninguna de estas condiciones atenuantes en el estado actual y
global de la prostitución, cuyo análisis es imposible sin la intrínseca relación con el tráfico,
la globalización y el tráfico de personas con fines de explotación sexual. El mercado
mundial del sexo es casi completamente coactivo, mantenido a base de altos niveles de
violencia y basado en la completa subordinación de las mujeres.

Según Joni Seager, en su libro "Atlas del estado de la mujer en el mundo", la mayor parte
del tráfico se ajusta a una de estas cuatro modalidades: según la primera, mujeres que
ejercen la prostitución en su país son intercambiadas a otro país por sus chulos. Según la
segunda, las chicas son vendidas por las familias pobres para la prostitución -en algunos
casos lo saben y en otros se les dice que la chica será empleada doméstica o trabajadora
en una fábrica-; una vez prostituida el escaso valor de la chica para su familia baja incluso
más. Según la tercera, las mujeres son arrastradas al mercado sexual con falsas promesas;
primero son contratadas como camareras o criadas y luego se le obliga a ejercer la
prostitución. Finalmente y cuarto supuesto, existen evidencias importantes de un
mercado esclavista que empieza con el secuestro de la mujer o la chica en regiones
sumidas en la pobreza.

A) LA PROSTITUCIÓN EN HOLANDA:

En los Países Bajos la prostitución no estaba ni prohibida ni legalizada, pero estaba
tolerada. Al comienzo, fue aceptada por las autoridades como un mal necesario, después
como un fenómeno social. En las grandes urbes poco a poco se fue instalando un sistema
de regulación informal que tenía como fin tanto proteger y controlar el orden público
como contrarrestar los excesos (excesos de violencia, humillación, sadismo, etc). La
expansión de la industria del sexo durante los años 70, creó la necesidad de instrumentos
aptos para la regulación de la prostitución, además su internacionalización requiere de una
legislación más rigurosa frente al tráfico de mujeres.

El primero de julio de 1997, el Ministerio de Justicia hizo una propuesta de ley para
levantar la prohibición general de establecer burdeles. La ley combina los diferentes
artículos en relación a la explotación de la prostitución, el proxenetismo y el comercio de 8
mujeres. La pena máxima de 6 años se aplica por explotación sexual forzada, tráfico,
inducción a la prostitución y proxenetismo mediante engaño o violencia, aumentándose la
pena a 8 años cuando hay coautoría, el o la menor tienen menos de 16 años o cuando hay
resultado de lesiones físicas.

Los fines de la ley son: diferenciar entre la prostitución voluntaria e involuntaria y a la
legalización de la gestión económica para conducir a la normalización de la situación,
mayor transparencia y a una despenalización de la prostitución. La ley supone el
levantamiento de la prohibición de burdeles a nivel nacional pero no implica una ley
nacional sobre la prostitución, pues ésta queda gestionada mediante una política de
licencias administrativas otorgadas a nivel de las comunas. En relación a estas licencias no
existe, por tanto, ninguna obligación a las leyes nacionales, por lo cual puede existir una
gran variedad de estas licencias, como condiciones de trabajo de las personas que ejercen
la prostitución. Las políticas de otorgar licencias permiten:

- Exigencias en relación a la higiene.

- Exigencias en relación al tamaño de la habitación.

- Exigencias en relación al número de baños.

- La posibilidad de rechazar a un cliente, de rechazar actos sexuales sin protección,
rechazar la realización de determinados actos.

Pero las autoridades casi no tienen influencia en las relaciones “de trabajo” entre la
prostituta y el gerente, se supone que la mejoría viene como resultado de una mejor
posición legal de la prostituta que le permite reforzar su posición frente al cliente y al
gerente. Según los acuerdos entre el gerente y la prostituta es también posible el no
mantener relaciones asalariadas, sino arrendar las facilidades trabajando como
independientes. Esto excluiría la presión de los gerentes hacia las prostitutas y su trabajo.
Esta forma de empresa es nombrada como “empresa facilitaria”.

Los derechos de las prostitutas extranjeras están lejos de ser claros. Según los datos
estimados, hasta un 90% de las prostitutas son extranjeras. Actualmente, las prostitutas
extranjeras no pueden obtener un permiso de residencia basado en su trabajo mientras
que estén empleadas en la prostitución; sólo podrían establecerse como autónomas
siempre que pudieran procurar su propio sustento y cumplieran los requisitos que
establece la ley nacional sobre la empresa privada. El Estado parece querer excluir a
mujeres no holandesas de reglas aplicables al trabajo en todos lugares.

La política de aumento o de reducción de establecimientos crea dificultades para aquéllas
que quieran establecerse como independientes. La situación actual hace pensar que no
son las prostitutas independientes (y su eventual asociación en cooperativa/colectivo)
quienes se benefician de este cambio en la ley. En relación a la protección legal del trabajo
y, en vista de la ausencia de una legislación nacional, es la relación prostituta-gerente, la
que determinará la calidad de los derechos laborales. En vista de la situación fragmentada 9
y débil de las prostitutas (variedad de formas de ejercer la prostitución, variedad de
origen étnico, peso del estigma que impide la reivindicación colectiva) su capacidad de
negociar buenas condiciones será muy limitada y los gerentes pueden fijar de manera casi
unilateral las condiciones, el ambiente y las relaciones de trabajo. Actualmente, nada
parece estar hecho para reforzar la posición de la independencia de las prostitutas.

Además, el Estado no otorga más medios a la policía y a la justicia para controlar la
aplicación de las nuevas leyes, por lo cual, el Estado de no derechos, continuaría
existiendo. La situación de mujeres no provenientes de la Unión Europea se empeora
como consecuencia de esta ley, pues ellas se ven empujadas hacia las formas de
prostitución más bajas o no reguladas, allá donde la zona del no derecho continúa
persistiendo. Esta ley pretendía dar una respuesta a la migración de mujeres sin contribuir
con una solución real: marginalización y exclusión serán los resultados. La despenalización
de la prostitución no basta para mejorar la posición de las mujeres y darles acceso a más
derechos y a la palabra. El Estado aumenta sus medios de control del ejercicio de la
prostitución, los gerentes –y no las prostitutas- van a beneficiarse de los cambios. Esto no
es una política de emancipación hacia las prostitutas.

En resumen, contrariamente a lo deseado, la legalización no logra “normalizar” la
actividad y ha resultado un fracaso. Ésta es la conclusión publicada por el Centro de
Investigación y Documentación encargado de hacer un balance a los dos años de la
abolición de la ley que prohibía la prostitución. Para ello han sido entrevistadas varios
cientos de personas entre prostitutas, dueños de establecimientos del ramo y policías. Ni
las condiciones laborales y sanitarias de las prostitutas han mejorado ni ha desaparecido el
circuito clandestino; es más, el grueso legalizado sirve para encubrir la gran masa de
mujeres traficadas y ha favorecido la explotación sexual de niños y niñas.

La ley aprobada en el verano de 2000, como se señaló anteriormente, pretendía erradicar
la clandestinidad, que supuestamente lleva al proxenetismo, a la explotación de menores y
al tráfico de inmigrantes ilegales sin recursos que ejercen la prostitución. La realidad, dos
años después, no responde a las expectativas, pues se dieron de alta en Hacienda 921
prostitutas, cuando se estimaba que la cifra real rondaba las 30.000. Cuatro años más
tarde de la obtención de estos datos, las cifras de mujeres prostituidas se disparan
notoriamente. Por la parte oficial, ni Hacienda ha mostrado un interés en obligar a sus
nuevas contribuyentes a cumplir con sus deberes fiscales, ni los bancos se atreven a
conceder préstamos a dueños de burdeles, quienes además cada vez tienen más
dificultades para encontrar personal con la documentación en regla.

Otro motivo del fracaso es la falta de interés de los Ayuntamientos para dar licencias y
practicar controles, según afirma la Inspección de Trabajo. Los burdeles con permiso
desaparecen porque, en estas circunstancias, la competencia los hace insostenibles. El
intento holandés, que se caracteriza por permitir que los establecimientos del sexo sean
negocios normales y la profesión se equipare a otras, no ha dado resultado.

Podemos concluir señalando que está comprobado que, cuando costumbres irregulares
se toleran o incluso se protegen, se crean las condiciones ideales para que crezcan. Pues 10
no sólo ocurre con los Países Bajos, la corriente a favor de la legalización de la
prostitución, que ya se ha plasmado en algunos países, muestra con facilidad que el
número de personas que se prostituyen ha aumentado, al igual que en Alemania y
Australia, sin haber demostrado mejoría en sus condiciones de vida.

Según la web “Mujeres del Oeste”, los Gobiernos que han legalizado y regulado la
prostitución, como Holanda, están apoyando a ONGs y proyectos que se ocupan de la
violencia contra las mujeres. Muchas ONGs sobre el terreno que están recibiendo fondos
de los países pro-trabajo sexual han afirmado que no pueden oponerse a la
legalización/regulación de la prostitución por miedo a perder los fondos, aunque desde su
experiencia directa y el daño sufrido por las mujeres en la prostitución les ha demostrado
que la legalización no es la respuesta.

Vitriólico escribió:Sinceramente, a mí me la repanfinfla que una prostituta pague impuestos o no. Me importa que no se vea abocada a ejercerla ni por que alguien le obligue ni porque tenga necesidad de comer o de que coman sus hijos. Y, en este sentido, el salario social garantizaría una subsistencia básica que eliminaría esta necesidad que estoy convencido que es la principal causa de la prostitución.
A partir de ahí y para el resto, regulación -sobre todo sanitaria-. Y lo último, regulación fiscal.

Y, dicho sea de paso, exigir que pague impuestos al Estado a una mujer que tiene que prostituirse para comer sin recibir ninguna ayuda social de dicho Estado que le permita no hacerlo, me parece una cruel aberración. (Pero no quiero dar ideas al actual Gobierno de este curioso y sumiso país).

Andarin escribió: Lo realmente importante es que nadie sea coaccionado a realizar la prostitución en contra de su voluntad. A partir de ahí si una persona decide dedicarse a ella para poder comer y dar de comer a sus hijos me gustaría que pagara los impuestos acordes a sus ingresos como lo hacemos todos.

Andarin escribió: ¿Por qué consideras una cruel aberración que una persona que decide prostituirse para comer porque no tiene ninguna ayuda social y que al final consigue rentas medias de 1500 euros/mes o más pague impuestos?. Que sea el nivel de renta conseguido el que decida si al final tiene que pagar y cuanto, no la motivación ni el tipo de actividad.

Andarin escribió:Tenemos derechos pero también obligaciones.

JohnyFK escribió: Lo malo es que los contrarios a la regularización no entrarán en los detalles de la causa del fracaso y dirán apoyándose en los datos que la legalización es si cabe peor que la ilegalización.