Asesinos de hijos
Publicado: Vie Oct 02, 2009 7:01 am
"Un pueblo que mata a sus hijos es un pueblo sin futuro". Con esta contundencia se expresó ayer la Conferencia Episcopal contra el proyecto de ley del aborto y de salud sexual aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada. ¿Habrá cardenales y obispos en la manifestación convocada en Madrid, el próximo día 17, contra esa propuesta legal del Gobierno socialista? Todo indica que sí, aunque el portavoz de los prelados, Juan Antonio Martínez Camino, jesuita y obispo auxiliar del cardenal Antonio María Rouco, no despejó la duda cuando dio cuenta, en conferencia de prensa, de lo acordado por la Comisión Permanente de la jerarquía católica, reunida desde el pasado martes. A esta comisión pertenece lo más granado del episcopado, incluidos los cardenales Rouco (Madrid), Carlos Amigo (Sevilla) y Lluis Martínez Sistach (Barcelona), y una docena de arzobispos.
La jerarquía ve en el proyecto un paso hacia el laicismo fundamentalista
"Entre las iniciativas para la defensa del derecho a la vida y para la justa promoción de la maternidad, numerosas asociaciones han llamado a los ciudadanos a expresarse en favor de estos fines con una manifestación. Los obispos consideran legítima y conveniente tal convocatoria, para expresar su desacuerdo con la ley proyectada, que supone un serio retroceso en la protección del derecho a la vida de los que van a nacer, un mayor abandono de las madres gestantes y un daño irreparable para el bien común", dice el comunicado oficial de la reunión.
El proyecto aprobado por el Gobierno Zapatero tendrá el máximo rango legal cuando se publique en el BOE con el título de "Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo". Se trata de una reforma de la actual despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, promovida por el Ejecutivo de Felipe González en 1983 y avalada por el Tribunal Constitucional en 1985. También entonces pusieron los prelados el grito en el cielo. Pero nunca pidieron la derogación a los Gobiernos de José María Aznar, entre 1996 y 2004, pese al carácter democristiano del PP y su declarada afinidad con la actual jerarquía católica en España.
"Esta ley es todavía más injusta que la anterior, ya de por sí injusta", lamentó ayer el obispo portavoz. Pese a la contundencia de sus execraciones, Martínez Camino dijo que lamentaría que el diálogo con el Ejecutivo socialista se enfriase. "Esperamos que la defensa de la vida no sea obstáculo del diálogo con nadie", afirmó. Presumió, además, de que en esta batalla "los obispos no actúan con cálculos de oportunidad política" y que no están solos "en la defensa de la vida humana". "El aborto es una cuestión religiosa, pero no sólo. No hace falta ser creyente para oponerse al aborto, pero es que somos creyentes", remachó.
El portavoz episcopal aprovechó la ocasión para arremeter de nuevo contra la ley que legalizó en 2005 el matrimonio entre personas del mismo sexo. En aquella ocasión, varios obispos, encabezados por el cardenal Rouco, salieron a la calle en manifestación. Como entonces, los obispos ven, detrás de las iniciativas legislativas del Gobierno Zapatero, una intención de "cambiar la mentalidad" del pueblo español. En definitiva, tienen la percepción de asistir a un paso más hacia lo que Roma ha tachado de "fundamentalismo laicista", y su probable contagio al resto de los países europeos.
El País
La jerarquía ve en el proyecto un paso hacia el laicismo fundamentalista
"Entre las iniciativas para la defensa del derecho a la vida y para la justa promoción de la maternidad, numerosas asociaciones han llamado a los ciudadanos a expresarse en favor de estos fines con una manifestación. Los obispos consideran legítima y conveniente tal convocatoria, para expresar su desacuerdo con la ley proyectada, que supone un serio retroceso en la protección del derecho a la vida de los que van a nacer, un mayor abandono de las madres gestantes y un daño irreparable para el bien común", dice el comunicado oficial de la reunión.
El proyecto aprobado por el Gobierno Zapatero tendrá el máximo rango legal cuando se publique en el BOE con el título de "Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo". Se trata de una reforma de la actual despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, promovida por el Ejecutivo de Felipe González en 1983 y avalada por el Tribunal Constitucional en 1985. También entonces pusieron los prelados el grito en el cielo. Pero nunca pidieron la derogación a los Gobiernos de José María Aznar, entre 1996 y 2004, pese al carácter democristiano del PP y su declarada afinidad con la actual jerarquía católica en España.
"Esta ley es todavía más injusta que la anterior, ya de por sí injusta", lamentó ayer el obispo portavoz. Pese a la contundencia de sus execraciones, Martínez Camino dijo que lamentaría que el diálogo con el Ejecutivo socialista se enfriase. "Esperamos que la defensa de la vida no sea obstáculo del diálogo con nadie", afirmó. Presumió, además, de que en esta batalla "los obispos no actúan con cálculos de oportunidad política" y que no están solos "en la defensa de la vida humana". "El aborto es una cuestión religiosa, pero no sólo. No hace falta ser creyente para oponerse al aborto, pero es que somos creyentes", remachó.
El portavoz episcopal aprovechó la ocasión para arremeter de nuevo contra la ley que legalizó en 2005 el matrimonio entre personas del mismo sexo. En aquella ocasión, varios obispos, encabezados por el cardenal Rouco, salieron a la calle en manifestación. Como entonces, los obispos ven, detrás de las iniciativas legislativas del Gobierno Zapatero, una intención de "cambiar la mentalidad" del pueblo español. En definitiva, tienen la percepción de asistir a un paso más hacia lo que Roma ha tachado de "fundamentalismo laicista", y su probable contagio al resto de los países europeos.
El País
