Allí no hay "abertzales" a los que echar la culpa de, pongamos por caso, la conspiración de la trama Gürtel.
Diario de Noticias, 21 de junio 2013Barcina, sin salida
EL ALTO TRIBUNAL DEBE DECIDIR AHORA SI IMPUTA A LA PRESIDENTA, COMO PIDE LA MAGISTRADA
BENITO REITERA ARGUMENTOS EXPUESTOS EN AUTOS PREVIOS Y TRASLADA LA CAUSA A MADRID
El nuevo instructor tiene que decidir si los miembros de la Permanente cobraron dietas solo por motivo de su cargo
IBAI FERNANDEZ - Viernes, 21 de Junio de 2013 - Actualizado a las 03:07h
La presidenta Yolanda Barcina. (JAVIER BERGASA)PAMPLONA. La instrucción judicial de las dietas de Caja Navarra camina ya dirección a la Plaza Villa de París de Madrid. Allí le aguarda el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial y el único con potestad de imputar y, en su caso, juzgar a la presidenta del Gobierno de Navarra, cuyo aforamiento la convierte en la única presidenta autonómica que debe rendir cuentas ante el Alto Tribunal. La Mari Paz Benito confirmó ayer lo que todas las partes implicadas en el proceso tenían ya asumido, que deberá ser otro juez quien continúe la instrucción una vez considerado que la toma de declaración como imputada de Yolanda Barcina es "indispensable". Un paso previo a una acusación formal, pero necesario para garantizar su derecho de defensa.
El Supremo debe decidir ahora si admite la causa, y en ese caso, asignar un juez instructor que decida si hay causa suficiente como proseguir la investigación o da por cerrado el proceso judicial. Para ello tendrá que analizar la exposición razonada que ayer emitió la magistrada navarra, que en base a los argumentos expuestos en autos anteriores reitera su sospecha de que en el cobro de dietas por los cuatro miembros de la Permanente de Caja Navarra -Miguel Sanz, Álvaro Miranda, Enrique Maya y la propia Barcina- hay un delito de cohecho impropio.
La juez acompaña la exposición con más de 60 archivos que superan los 2.000 folios, en los que relata y documenta todas sus consideraciones con la suficiente meticulosidad y detalle como para impedir un archivo rápido de una causa que trasciende ya al propio ámbito geográfico de una comunidad que tradicionalmente ha sido cuestión de Estado, y que cuestiona las dádivas y regalos que los responsables públicos puedan recibir de distintas sociedades solo por su cargo.
BARCINA SE DEFIENDE Superado el shock inicial que supuso el auto del pasado 4 de junio, la presidenta se mostró ayer bastante más tranquila, convencida de que al final "la verdad saldrá adelante". Barcina, que hace tres años presumía de que en su partido nunca habría imputados, se esforzó en restar valor a la instrucción, argumentando que "la Justicia ni ha empezado a actuar". Todo, expuso el martes, no es más que una campaña de la izquierda abertzale, que quiere "cobrarse esa pieza política que tanto les incomoda en sus planes de terminar con la identidad propia de Navarra".
Una lectura que sin embargo parece insuficiente si finalmente es llamada a declarar en el Supremo, para lo que necesitará nombrar un abogado -"estoy en ello", dijo ayer- que argumente mejor su papel en la Permanente de Caja Navarra, órgano al que perteneció desde su constitución en agosto de 2010 y que presidió en sus últimas cuatro reuniones, dos de ellas sin contenido alguno.
Cuestiones que ayer volvió a recordar la magistrada en la exposición razonada con destino al Supremo. "Debemos concluir que esas sesiones se celebraron con carencia absoluta de soporte normativo que las justificara, sus integrantes fueron elegidos de manera arbitraria por quien convocaba esas sesiones -Miguel Sanz primero, y Yolanda Barcina después-, y no se dio publicidad alguna ni se informó a nadie de su existencia ni de sus integrantes", subraya la juez, que rechaza incluso que el reglamento aprobado en junio de 2011 diera soporte normativo a la Permanente, ya que los estatutos "consensuados por el Gobierno de Navarra y el Gobierno estatal" no hacen "ninguna mención ni expresa ni tácita" al polémico órgano. "Las dietas estaban al margen de cualquier publicidad, control o fiscalización", reiteró ayer.
LA CLAVE DEL CASO Argumentos en cualquier caso conocidos, y a que ahora tendrá que entrar a valorar el Supremo. Lo deberá hacer además sobre aspectos exclusivamente jurídicos, toda vez que los hechos descritos por la juez son asumidos y admitidos por todas las partes. Nadie discute las actas, las reuniones ni las dietas, por lo que el núcleo de la discusión jurídica se centra ahora en si lo ocurrido en Caja Navarra entra dentro del delito tipificado como cohecho impropio.
Algo que tiene claro la juez, pero que abiertamente discuten las defensas. Es por ello que el juez instructor será quien decida si Sanz, Maya, Miranda y Barcina cobraban de la Caja por su cargo público, como sostiene la magistrada, o como miembros de la entidad exclusivamente, como afirman Fiscalía y defensas. Y deberá valorar si las dietas (2.680 euros por sesión y 40.000 euros anuales) entran dentro de la categoría de "dádiva" o es una retribución justificada. Cuestiones que van más allá del caso y que podrían sentar jurisprudencia en un momento en el que se empieza a revisar todo el entramado político-institucional.
