Foro de Iniciativa Atea

Hay alternativas a los recortes

Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

Se están haciendo en España recortes muy sustanciales del gasto público social que financia las transferencias públicas (tales como las pensiones y las ayudas a las familias) y los servicios públicos (tales como la sanidad, la educación, los servicios de ayuda a las personas con dependencia, las escuelas de infancia, los servicios sociales, entre otros) que representan la mayor reducción del Estado del bienestar español que éste haya sufrido en los 33 años de democracia. Estos recortes los está realizando el Gobierno central, así como gran número de gobiernos autonómicos, habiendo sido particularmente acentuados en Catalunya.

Tres observaciones tienen que hacerse a raíz de estos hechos. Una es que ninguno de estos recortes estaba anunciado en los programas electorales de los partidos gobernantes que los están haciendo. En realidad, todos ellos subrayaron en sus campañas electorales que no realizarían recortes en las transferencias y servicios que están siendo recortados. La segunda observación es que estos recortes se presentan, tanto por el establishment político como por el mediático, como inevitables y necesarios, y responden –según tales establishments– a la presión externa de los mercados financieros, los cuales señalan la necesidad de realizar tales recortes. Este argumento de inevitabilidad y necesidad ha calado en la opinión popular como consecuencia de una promoción masiva por parte de los medios de información de mayor difusión (tanto públicos como privados) del país, que han estado respaldando tales recortes. Uno de los rotativos de mayor difusión presentó anteayer unas encuestas mostrando que, puestos a escoger, había más españoles que, para reducir el déficit, preferían los recortes a la subida de impuestos. Parecería, pues, que los recortes que se están llevando a cabo tienen el apoyo popular que los legitimiza.

Este argumento de inevitabilidad, sin embargo, es profundamente erróneo. Y la percepción de apoyo popular está también equivocada. Miremos primero el argumento de que los recortes tan intensos del gasto público social se deben a la presión de los mercados. La lectura de los informes de las agencias de valoración de bonos y de los mayores centros financieros muestra una variabilidad de opiniones. Así, en ocasiones expresan inquietud sobre el tamaño del déficit y de la deuda pública, pero en otras ocasiones, como ahora, muestran gran preocupación por la falta de crecimiento económico. En cuanto a la reducción del déficit, tales instituciones financieras no indican cómo debería realizarse. Una manera es mediante los recortes de gasto público social, pero no es ni la única ni la mejor manera de conseguirlo. Una alternativa es aumentando los impuestos. Así, en lugar de congelar las pensiones (con lo que se intentan ahorrar 1.200 millones de euros), se podrían haber conseguido 2.100 millones de euros manteniendo el Impuesto del Patrimonio, o 2.552 millones si se hubieran anulado las rebajas de los impuestos de sucesiones, o 2.500 millones si se hubiera revertido la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año, recortes de los impuestos apoyados –todos ellos– por los partidos que ahora hacen estos recortes de gastos.
O en lugar de los enormes recortes en sanidad que intentan conseguir un ahorro de 6.000 millones, podrían haber anulado la bajada del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), recogiendo 5.300 millones de euros. O en lugar de recortar los servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales (logrando un total de 25.000 millones de euros), podrían haber corregido el fraude fiscal de las grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas (que representa el 71% de todo el fraude fiscal), recogiendo mucho más, es decir, 44.000 millones.

O, en lugar de reducir los servicios de ayuda a las personas con dependencia (intentando ahorrar 600 millones de euros), podrían haber reducido el subsidio del Estado a la Iglesia católica para impartir docencia de la religión católica en las escuelas públicas, o eliminar la producción de nuevo equipamiento militar, como los helicópteros Tigre y otros armamentos.

El hecho de que se escogiera hacer los recortes citados sin ni siquiera considerar estas alternativas no tiene nada que ver (insisto, nada que ver) con las presiones de los mercados financieros. La reducción del déficit público podría haberse logrado revirtiendo las enormes rebajas de impuestos que han beneficiado primordialmente a las rentas superiores (una persona que ingrese más de 300.000 euros al año ha visto reducir sus impuestos durante el periodo en que España estuvo gobernada por Aznar y por Zapatero un 37%, mientras que la gran mayoría de la población apenas notó esta bajada).

El supuesto apoyo popular a tales recortes no puede derivarse de la pregunta sesgada y tendenciosa de preguntarle a la población si para reducir el déficit prefieren los recortes en el Estado del bienestar o el aumento de los impuestos. La palabra “impuestos”, sin aclarar de quién, genera siempre una respuesta predecible de rechazo. Pero si, en lugar de utilizar el término genérico “impuestos”, se utilizara el aumento de impuestos citados en este artículo, que se centra primordialmente en las rentas superiores (revirtiendo las enormes reducciones que les beneficiaron) y que no afecta a la gran mayoría de la ciudadanía, la respuesta sería opuesta a la que aquella pregunta tendenciosa indica. Que estas alternativas no tengan la centralidad política o la exposición mediática que tienen los recortes se debe a que las rentas superiores, la banca y la gran patronal, tienen mucho más poder sobre el Estado español que las clases populares, que son las que están más afectadas por los recortes.

Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/ ... -recortes/" onclick="window.open(this.href);return false;

Reficul escribió:"Hay alternativas a los recortes" es el título de un esclarecedor artículo de Vicenc Navarro (Catedrático de Políticas Sociales de la Universidad Pompeu Fabra) que aparece en la página 7 del diaro Público, hoy 29 de septiembre.

No he visto la forma que copiar el artículo, pero lo escanearé y lo colgaré. De momento, podeís leerlo en el siguiente enlace:

http://www.youkioske.com/prensa-espanol ... -de-2011-/" onclick="window.open(this.href);return false;

Saludos

estintobasico escribió:Además de todo lo expuesto por el Profesor Navarro me parece a mí que hay un efecto contradictorio con los obejetivos que se pretenden con dichos recortes, o sea, reducir el gasto público y reactivar la economía. Porque si se recortan plantillas de funcionarios automáticamente se engrosa la cifra de parados que pasan directamente de ingresar dinero al estado a cobrar del subsidio de desempleo, lo comido por lo servido, y si se recortan los sueldos esta gente consumirá menos lo que va en detrimento de la economía de mercado. Lo mismo si no hay inversiones en equipos y infraestructuras. No hay compras, los proveedores no facturan, gente a la calle y a cobrar del paro. Bonita manera de "estabilizar el déficit". Vaya, yo no sé un carajo de economía pero me parece que lo que digo no puede estar muy lejos de la reaidad. ¿No?

Salut

Mantener el aeropuerto sin aviones de Fabra cuesta 35 millones al año
La Generalitat valenciana sostiene que el aeródromo "en ningún caso está cerrado"

PÚBLICO VALENCIA 01/12/2011

Treinta y cinco millones al año por un aeropuerto por el que no pasan aviones. La consellera de Turismo y portavoz del Gobierno valenciano, Lola Johnson, explicó ayer que el gasto anual esperado para mantener el aeródromo de Castellón, ideado por el expresidente de la Diputación de esa provincia Carlos Fabra, asciende a esa cantidad, según los Presupuestos de la Generalitat para 2012.

Pese a la evidente inactividad, Johnson insistió en que el aeropuerto "no está cerrado" y justificó la inoperabilidad a que la apertura de una infraestructura así es un procedimiento "complejísimo". Indicó que primero "hay que acabar la infraestructura" del aeródromo y posteriormente "se pondrá en marcha", pero insistió que esa instalación "en ningún caso está cerrada" .

111 millones de inversión
Johnson respondió de esta forma a una pregunta formulada por la diputada de Esquerra Unida Marina Albiol en Les Corts Valencianes. La consellera explicó que el total de inversión para la infraestructura es de 111 millones de euros, de los que la Generalitat aporta 44 millones y el resto, la iniciativa privada, si bien indicó que a esa cifra "hay que añadir algunas obras de infraestructuras externas".

Por su parte, Albiol agregó que a las cifras ofrecidas por Johnson en cuanto a la inversión en la construcción y puesta en marcha del aeropuerto "hay que sumar el sueldo de 44.000 euros del director general, cien millones de euros en publicidad o 300.000 euros de la escultura homenaje a Carlos Fabra".

Además, destacó que la empresa encargada de la gestión del aeropuerto acumula una deuda de 95 millones, por lo que le preguntó a Johnson "cuánto dinero piensa inyectar la Generalitat" a esa entidad "para mantenerla viva". La diputada también se interesó sobre la cuantía a la que asciende esa deuda el año próximo. Ambas cuestiones no obtuvieron respuesta de la consellera.

estintobasico escribió:Además de todo lo expuesto por el Profesor Navarro me parece a mí que hay un efecto contradictorio con los obejetivos que se pretenden con dichos recortes, o sea, reducir el gasto público y reactivar la economía. Pero si se recortan plantillas de funcionarios automáticamente se engrosa la cifra de parados que pasan directamente de ingresar dinero al estado a cobrar del subsidio de desempleo, lo comido por lo servido, y si se recortan los sueldos esta gente consumirá menos lo que va en detrimento de la economía de mercado. Lo mismo si no hay inversiones en equipos y infraestructuras. No hay compras, los proveedores no facturan, gente a la calle y a cobrar del paro. Bonita manera de "estabilizar el déficit". Vaya, yo no sé un carajo de economía pero me parece que lo que digo no puede estar muy lejos de la realidad. ¿No?

Salut

Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso

Cuando el Gobierno Zapatero afirmaba que tenía que llevar a cabo las políticas de reducción de derechos laborales (como debilitar los convenios colectivos) y sociales (como alargar la edad de jubilación, congelar las pensiones o recortar el gasto público social) como consecuencia de la presión de los mercados financieros, estaba, en realidad, intentando externalizar la responsabilidad de desarrollar unas políticas altamente impopulares. Algo semejante ocurrirá ahora con el Gobierno Rajoy. En ambos casos, los ejecutivos nos dicen que no son ellos sino los de fuera, es decir, los mercados, los que mandan mientras que los gobiernos no tienen otra alternativa que desarrollar tales políticas.

Con la ayuda de los mayores medios de información y persuasión del país, los gobiernos intentan presentar tales políticas como determinadas por fuerzas exteriores sobre las cuales tienen poquísima capacidad de influencia. El gran argumento, que justifica tales políticas, es que son necesarias para “dar confianza a tales agentes externos: los mercados financieros”. En otras palabras, hay que reducir el déficit y la deuda pública, y hay que reducir los salarios y debilitar a los sindicatos a fin de calmar a los mercados para que estos presten su dinero al Estado español, permitiéndole con ello poder pagar sus gastos. El problema con este esquema político-intelectual es que cada uno de los postulados sobre los que se basa es erróneo, es decir, los datos empíricos no lo sustentan. Veámoslos.

En primer lugar, no son los mercados financieros, sino principalmente los bancos, las compañías de seguros y los fondos especulativos españoles (el eje de lo que se llamaba antes la burguesía financiera, término abandonado en el lenguaje político-mediático actual por considerarlo “anticuado”) los que poseen casi la mitad de la deuda pública española. La mayoría de la otra mitad la poseen bancos, compañías de seguros y fondos especulativos europeos, gran número de ellos relacionados con los mismos fondos españoles. Sólo una mínima parte la poseen entidades financieras extranjeras (es decir, de fuera de la Unión Europea).

Los “mercados financieros” son, pues, básicamente nuestras instituciones financieras (españolas y europeas). Utilizo el término “nuestras” para indicar su identificación político territorial, pues de nuestros –en el sentido de posesión por parte de la mayoría de la población– tienen poco. Están controlados por un número pequeñísimo de personas (los gerentes, gobernadores y accionistas), menos del 0,1% de la población, que se benefician enormemente de que el Estado español tenga que pagar hasta un 7% de interés para conseguir dinero prestado de los bancos a los cuales el Estado debe pagar, dinero que procede de los recortes de gasto público en pensiones, sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios a las personas con dependencia, entre otros. Las clases populares de España, que son las más afectadas por estos recortes, tienen que apretarse el cinturón para que el Estado pueda pagar a nuestra burguesía financiera, a la cual, por cierto, nuestro Estado ha ido reduciendo sus impuestos y ayudándola, prestándoles millones y millones de euros para que no colapsaran el sistema financiero como resultado de sus prácticas especulativas (y muy en particular en el sector inmobiliario) al estallar la burbuja del ladrillo que ellos crearon.

Pero, por si no fuera poco, tal burguesía financiera, tanto española como europea, ha recibido una enorme cantidad de dinero del Banco Central Europeo (BCE), que es una institución pública (sus dirigentes son nombrados por los estados de la Eurozona, incluido el Gobierno español), que está en la práctica controlado por nuestras (españolas y europeas) instituciones financieras. El BCE imprime millones y millones de euros y los da (bueno, dar, dar, es un decir, aunque los intereses son ridículamente bajos) a los bancos, los cuales, con este dinero, especulan y compran deuda pública a unos intereses desorbitados.

El segundo supuesto erróneo es asumir que no hay otra alternativa a la dependencia que los estados tienen de la banca privada. Ello no es cierto. El Estado puede generar recursos a base de, por ejemplo, incrementar, en lugar de bajar, los impuestos a la banca, a las rentas del capital y a las rentas superiores. Y el BCE, en lugar de dar dinero a la banca, se lo podría dar a los estados para comprar su deuda pública a los mismos intereses que se los da a la banca. Pero no lo hace, con lo cual el Estado tiene que pedir prestado a la banca. Un círculo virtuoso para la banca y desastroso para los estados. Pero las cosas han empeorado todavía más porque cuando por fin el BCE ha comenzado a enviar dinero a los estados comprando su deuda pública, el BCE (que es el lobby de la banca) ha impuesto unas condiciones draconianas, que se resumen en un ataque frontal a las clases populares y a su Estado del bienestar.

No son, pues, los mercados financieros, sino nuestra burguesía financiera, aliada con la burguesía financiera europea, quien está controlando nuestras instituciones públicas, las mismas que nos dicen que no hay alternativas. Y para el máximo abuso, nuestros representantes políticos en su última reunión en Bruselas, quieren ahora asegurar a los bancos (para darles, incluso, más confianza) que estos nunca, repito, nunca, perderán dinero. Es decir, que los estados les deberán pagar siempre el dinero que supuestamente les deben. Y todo ello se presenta con el argumento de que no hay alternativas.

Pero sí que hay alternativas. Los estados pueden controlar a los bancos, en lugar de ser al revés, estableciendo, por ejemplo, bancos públicos. Y pueden cambiar al BCE poniéndolo al servicio de la población y de la economía productiva, y no al servicio de la banca. Que no lo hagan se debe, no al poder de los mercados, sino a la excesiva influencia política y mediática de nuestras burguesías financieras.

Las cajas con ayudas publican con malestar los sueldos de los directivos
Solo CajaEspaña-Duero se negó a desglosar los sueldos de sus altos ejecutivos
EL PAÍS - Madrid - 30/12/2011

El Banco de España ha dado hasta hoy sábado de plazo a las entidades con ayudas públicas para publicar las remuneraciones de los directivos y consejeros de 2011 de manera individualizada. La medida la tomó tras los escándalos de las indemnizaciones multimillonarias. Hasta última hora del viernes no se completaron los datos. Solo CajaEspaña-Duero se negó a desglosar los sueldos de sus altos ejecutivos. El malestar con el supervisor era muy fuerte entre los directivos del sector, al argumentar que la exigencia iba contra la Ley de Protección de Datos, que vela por su intimidad.

El presidente de Bankia, Rodrigo Rato, percibió este año 2,34 millones de euros en retribuciones fijas, según consta en la información sobre los salarios de la alta dirección que ha difundido su entidad por imperativo del Banco de España.

El consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, que se incorporó ya entrado el año, percibió 1,57 millones, aunque su salario anual es de 2,26 millones. El que fuera vicepresidente de la entidad hasta hace unas semanas, José Luis Olivas, contó en 2011 con un salario de 1,62 millones; la mitad aproximadamente procede de Bancaja. José Manuel Fernández Norniella, el cuarto consejero ejecutivo de Bankia, percibió este año una remuneración de 725.000 euros. Bankia ha recibido 4.465 millones de ayuda pública.

Además de las retribuciones fijas, Rato, Verdú y Norniella tienen un salario variable que podría ascender a un máximo de 2,2 millones adicionales para los tres. La entidad rebajó un 30% el total al que podrían aspirar, que cobrarán en marzo y requerirá autorización del supervisor. Entre los ejecutivos destaca Ildefonso Sánchez Barcoj, con 1,28 millones; Pedro Vázquez, 400.000 euros; Miguel Crespo, 363.000; Luis Maldonado, 358.000 y Pilar Trucios, 310.000.

Caja Segovia, sin datos desglosados

En Caja Segovia, accionista de Bankia, nadie desglosó amparándose en la Ley de Protección de Datos. En Caja Ávila, un consejero se negó a hacer público el blindaje en caso de despido.

El Banco de Valencia, filial de Bankia y actualmente intervenida por el Estado, destaca la retribución de Domingo Parra, ex consejero delegado durante una década, el tiempo en el que la entidad casi se hundió. Parra ganó 1,053 millones. Cuatro consejeros del Banco de Valencia no dieron su consentimiento para publicar las retribuciones.

Adolf Todó, presidente de CatalunyaCaixa, entidad controlada por el Estado tras inyectarle 2.968 millones, cobra 1,55 millones. Además, tiene 3,46 millones en pensiones. Todó fue fichado hace tres años, antes de que la caja estuviera en un estado tan delicado como el actual. El número dos de CatalunyaCaixa, Jaume Masana, obtuvo 866.000 euros y tiene una pensión de 637.000 euros. Andreu Plaza cobra 394.000 euros y Francisco José Tárrega, 365.000 euros. La retribución del resto de ejecutivos varía entre los 260.000 y 219.000 euros.

En NovaGalicia, que percibió 2.600 millones del FROB, el presidente José María Castellano cobró 884.790 euros mientras que el consejero delegado, César González-Bueno, 876.040 euros. El documento dice que el exdirectivo José Luis Pego percibió un total de 13,09 millones; Gregorio Gorriarán, 8,41 millones y Óscar Rodríguez, 1,35 millones.

En Banca Cívica, su presidente Antonio Pulido tuvo una remuneración de 903.660 euros más 300.000 de pensión. Enrique Goñi, copresidente, cobró mil euros menos en sueldo y la misma pensión.

En Banco BMN, liderado por Caja Murcia, su presidente cobra 456.000 euros, por debajo de otros colegas con menor tamaño. Tiene una pensión de 2,15 millones de Caja Murcia donde trabaja desde hace 30 años. Joaquín Cánovas, director general, tiene un sueldo de 395.000 euros. La entidad recibió 915 millones del Estado.

Malestar em el Banco de España

En el caso de Unnim, una de las entidades más pequeñas, la retribución del presidente es más alta que en BMN. El primer ejecutivo, Jordi Mestre, ganó 963,5 millones en 2011. Albert Renté, director de la entidad, obtuvo 283.270 euros. La entidad está en proceso de venta tras inyectar el Estado 948 millones. En octubre el FROB despidió a todos los consejeros. Hasta esa fecha, el consejero Pere Gil Sanchis ganó 281.110 euros. El resto de retribuciones de consejeros y directivos oscila entre los 240.000 euros y los 150.000.

Los miembros del antiguo comité de dirección de Unnim Caixa se rebelaron contra la orden del supervisor y no desglosaron su salario. Entre todos, ganaron 4,27 millones. Sin duda, donde el enfrentamiento fue más palpable fue en Caja Duero-España, que ha recibido 525 millones del Estado. El presidente y consejero delegado de Caja España-Caja Duero, Evaristo del Canto, y el director general de la entidad, José María de la Vega Carnicero, no dieron su consentimiento como representantes del nuevo Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria para publicar la retribución percibida en 2011.

Entre los directivos de cajas con ayudas públicas no eran pocos los que en los últimos días han manifestado su malestar contra el Banco de España porque les ha exigido "desnudarse y contar hasta el último euro que ganamos. Los directores generales de los bancos no desglosan sus retribuciones".

¡Sí que hay dinero!

20 jul 2012
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Durante el debate parlamentario que tuvo lugar en las Cortes españolas a raíz de la presentación del presidente Rajoy de las medidas de recortes que su gobierno iba a realizar, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas del gobierno español, Cristóbal Montoro, indicó que éstas eran necesarias porque “el Estado no tenía más dinero”, punto acentuado por el propio Rajoy cuando subrayó que el nivel de deuda pública en España había alcanzado niveles inaceptables que forzaron la toma de medidas excepcionales, considerando la bajada del déficit como la prioridad número uno de su gobierno. El presidente indicó también que tal bajada del déficit público era la condición indispensable para salir de la crisis, pues sólo con esta bajada se recuperaría la confianza de los mercados financieros y España podría volver a recibir prestado dinero a unos intereses más bajos.

Es sorprendente que la administración Rajoy continúe repitiendo esta creencia (creencia basada más en la fe que en la evidencia) cuando todos los datos acumulados muestran lo erróneos que son los supuestos sobre los que se basa.

Pero antes de mostrar tales datos, es importante subrayar, una vez más, lo que tienen en común los países hoy intervenidos –España, Grecia, Portugal e Irlanda–. Todos ellos tienen estados pobres (su gasto público, incluyendo el gasto público social por habitante, es de los más bajos de la Eurozona), con escasos ingresos al Estado (entre los más bajos de la Eurozona), poco redistributivos (entre los menos redistributivos de la Eurozona), y basados en una fiscalidad altamente regresiva (de los más regresivos de la Eurozona). La causa de que todos estos países tengan estos puntos en común es que todos ellos tienen un contexto político semejante. Durante su reciente historia (los últimos cincuenta años) las fuerzas conservadoras han tenido una enorme influencia sobre sus Estados. Fueron gobernados por muchas décadas por gobiernos ultraconservadores. El contraste con los países escandinavos (que tienen los Estados más desarrollados, con mayores políticas redistributivas y políticas fiscales más progresivas en la UE) se basa en que en aquellos países las fuerzas progresistas han sido las dominantes en su vida política, al revés que en los países intervenidos.

Se podría argumentar que España, como también aquellos países, tiene un Estado pobre porque es un país pobre. Pero los datos no confirman esta situación. El PIB per cápita es el 94% del promedio de la UE-15, y en cambio, el gasto público es sólo un 72% del promedio de la UE-15. En realidad, si fuera un 94%, España se gastaría 66.000 millones más en su sector público y en su subfinanciado Estado del bienestar (tanto en sus transferencias como en sus servicios públicos). Pero no se los gasta, no porque no existan. Sí que existen. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Y ahí está el punto clave que no se cita. La regresividad de la política fiscal que España tiene en común con todos los países intervenidos. Han tenido que pedir prestado dinero porque el Estado no recoge el suficiente.

Pero lo que es incluso peor es que durante la era de bonanza (estimulada por la burbuja inmobiliaria), el Estado español bajó más y más los impuestos, bajada que favoreció particularmente a las rentas superiores, que adquieren la mayoría de sus rentas de la propiedad de capital. Esta bajada de impuestos determinó –según ha indicado el Fondo Monetario Internacional– nada menos que la mitad del déficit estructural del Estado, déficit que permaneció oculto durante la expansión económica por el elevado crecimiento de ingresos al Estado, apareciendo, sin embargo, en toda su crudeza cuando el boom explotó. Y ahora el Estado tiene que pedir prestado el dinero a los bancos (donde los súper ricos depositan los ingresos que habían adquirido como consecuencia de la bajada de sus impuestos), teniendo que pagar intereses para conseguir el dinero, que podría haberse obtenido, si no hubieran bajado los impuestos.

Y ahí está el problema más silenciado en los medios y en los debates. Fue una lástima que ninguno de los que participaron en el debate en las Cortes españolas hiciese las siguientes preguntas al presidente Rajoy: ¿Por qué el Estado español decidió congelar las pensiones a fin de conseguir 1.200 millones de euros, en lugar de revertir la bajada del impuesto de sucesiones, con lo cual habría obtenido casi el doble de ingresos ( 2.552 millones). O, ¿por qué en lugar de recortar nada menos que 7.000 millones en sanidad, el gobierno no eliminó la reducción del Impuesto de Sociedades a las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, lo que significa menos del 0,12% de todas las empresas, con lo cual hubieran obtenido más de 5.600 millones de euros? O, ¿por qué quiere ahora establecer el copago sanitario en lugar de aumentar los impuestos de los fondos SICAV y las ganancias especulativas? O, ¿por qué quiere aumentar el IVA, en este momento de recesión, que afectará a las clases populares, en lugar de aumentar el impuesto de Sociedades al 35% para empresas que ganen más de un millón de euros al año, con lo cual ingresaría 14.000 millones de euros más? O, ¿por qué quiere destruir puestos de trabajo en los servicios públicos en lugar de establecer un impuesto a las transacciones financieras, con lo cual, tal como ha señalado el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, se conseguirían 5.000 millones de euros? O, ¿por qué en lugar de forzar reducciones de los Estados del bienestar gestionados por las CCAA no reduce la economía sumergida diez puntos, con lo cual aumentaría 38.500 millones de euros?

Estas son las preguntas que deberían haberse hecho y no se hicieron. Rajoy no las habría podido contestar y habría quedado en evidencia, mostrando, que en contra de lo que dice, sí que hay alternativas y sí que hay dinero.

Pensamiento crítico

Vicenç Navarro 31 de julio 2012

Cómo se comportan y cómo son los súper ricos

Uno de los argumentos más utilizados para no aumentar los impuestos de las personas con mayores rentas es que tales impuestos desincentivan el ahorro y la inversión productiva de tal ahorro, una inversión productiva que crea empleo. Este argumento se reproduce constantemente, una y otra vez, en la mayoría de medios de información y persuasión del país, subrayando que no hay que penalizar a los productores de riqueza y puestos de trabajo.

El problema con este argumento es que, por mucho que se repita, no tiene evidencia que lo avale. Un estudio reciente de una empresa de análisis de mercados (Market Watch) analizó recientemente qué hacen los súper ricos con su dinero (“Where the Rich are Keeping their Money”). Y aunque no es fácil encontrar esta información, algo sí que se pudo ver. Pues bien, la enorme cantidad de dinero que tienen los súper ricos no se invierte en lo que se llama economía productiva, es decir, donde se producen puestos de trabajo. El 90% estaba en compra y venta de propiedad inmobiliaria, en bonos del Estado, en cuentas personales y en otras actividades de uso personal o actividad especulativa. Sólo un 1% se invertía en el establecimiento de nuevas empresas que produjeran empleo. Otros estudios han llegado a conclusiones semejantes. En la encuesta Mendelsohn Affluent Survey alcanza un porcentaje sólo ligeramente superior, un 2%. En realidad, en un sorprendente momento de franqueza del medio más cercano al mundo financiero, el Wall Street Journal, indicó que el gran impacto positivo para las rentas superiores que supuso el gran recorte de impuestos para los súper ricos que aprobó la administración Bush “condujo al peor periodo de creación de empleo en la reciente historia del país” (citado en “Three Big Lies of the Super-Rich”, de Paul Buchheit).

De estos datos debería deducirse que una mejor manera de crear empleo hubiera sido gravar a los súper ricos y con este dinero el Estado debería crear puestos de trabajo, propuesta que, a pesar de ser razonable y justa, nunca se verá en los medios de mayor información y persuasión del país que transmiten la imagen de que hay que mimar a los súper ricos para que no se vayan a otros lugares.

¿Hay que estimular la aparición de grandes empresarios?

Otro argumento que también se reproduce constantemente en la cultura neoliberal, ampliamente dominante en los medios de información y persuasión de mayor difusión, es la necesidad de estimular la creatividad individual empresarial, enfatizando la gran importancia que tal esfuerzo individual ha tenido en el progreso de un país. Constantemente se cita a grandes emprendedores, como Bill Gates, para señalar la importancia de tal creatividad empresarial individual. Paul Buchheit señala, sin embargo, que la historia real difiere considerablemente de la imagen idealizada de tal emprendedor. Bill Gates adaptó con gran oportunismo el conocimiento generado por muchos ingenieros que le precedieron, copiando a otros expertos, sin que estos otros nombres aparecieran en su biografía. Lo que se considera un acto individual fue una producción de conocimiento colectivo, que en otro tipo de sociedad se hubiera reconocido y presentado como un esfuerzo de equipo y no cómo personal. La historia del mundo empresarial está llena casos como éste. Lo que se presenta como una iniciativa individual empresarial está basado en un esfuerzo colectivo, utilizado, manipulado (y a veces explotado) sólo por un individuo cuyo conocimiento deriva y/o está expropiado de otros. Buchheit también se refiere al caso del supuesto inventor del teléfono, Alexander Graham Bell, quien recibe todos los honores, cuando muchas otras personas habían contribuido y sabían como establecer el teléfono, pero no tenían el dinero para poder patentarlo antes que Bell.

La falsedad del concepto de capitalismo popular

Otro argumento que se ha estado promoviendo en defensa del sistema económico actual es que hoy estamos viviendo en la época del capitalismo popular, como consecuencia de que la mayoría de la ciudadanía tiene acciones en la Bolsa. En este argumento se asume que todo el mundo sigue con gran interés los vaivenes de la Bolsa, porque les afecta personalmente. Cuando la Bolsa se dispara se nos dice que todos nos beneficiamos.

De nuevo, la evidencia cuestiona tal argumento. La propiedad de las acciones está enormemente concentrada. Así, por ejemplo, en EEUU, sólo el 10% de propietarios de acciones tiene más del 80% de todas ellas. La gran mayoría de accionistas tiene un número muy menor de acciones. Es más, los grandes cambios de la Bolsa afectan primordialmente al 5% de los accionistas que ganan más de 500.000 euros al año. Al resto, tales variaciones les afectan mucho menos. Y últimamente, los cambios fiscales han beneficiado enormemente a estos grupos minoritarios. En general, pagan en impuestos sólo el 15% de su renta derivada de la propiedad de las acciones, lo cual ha facilitado que en sólo seis años (2001-2007) doblaran sus ingresos. Mientras, el trabajador promedio (que cobra 34.500 dólares al año) paga en impuestos un 32%. Una consecuencia de este hecho es que las desigualdades de renta se han disparado.

¿Son los súper ricos los mejores?

Todo ello lleva a otro argumento que los neoliberales sostienen: que aquellos que están en las cúspides superiores de poder –los súper ricos- están ahí porque son mejores que los demás. El mérito es lo que les ha llevado a donde están (ver mi artículo “El fin de la mal llamada meritocracia”, publicado en El Plural, 28.07.12, y colgado en mi blog http://www.vnavarro.org" onclick="window.open(this.href);return false;). Pues bien, la evidencia no avala tal postura. En realidad, la evidencia científica muestra que los súper ricos son gente menos ética, menos solidaria y menos considerada hacia otras personas, y más inclinada a sostener comportamientos incívicos que la mayoría de la ciudadanía. En lugar de la imagen que se promueve, de que las élites tienen mayor calidad y valor humano, la evidencia muestra claramente lo contrario.

En un artículo en Scientific American, Daisy Grewal cita los trabajos de dos psicólogos, Paul Piff y Dacher Keltner, que muestran que los súper ricos muestran comportamientos menos solidarios, menos compasivos, más egoístas y más propensos a saltarse las normas y reglas que las clases populares. Las clases populares han desarrollado unas culturas de solidaridad que se encuentran ausentes entre las élites ricas y súper ricas (Daisy Grewal, “How Wealth Reduces Compassion”, Scientific American, 10.04.12).

Una conclusión semejante se ha publicado por la Asociación para la Psicología Científica (Press Release, 08.02.12) en la que señala la cultura egocéntrica existente entre las personas de rentas superiores y su menor capacidad emotiva hacia otras personas con necesidad de apoyo o solidaridad. La famosa frase de “nobleza obliga”, simplificando que los de arriba sienten la necesidad de cuidar de los otros no existe ya (en caso de que hubiera existido). Es cierto que personas muy ricas dan mecenazgo, pero son siempre las excepciones.

A resultados parecidos han llegado estudiosos de la cultura empresarial, como la famosa Bloomberg Newsletter. Así, tal revista publica los hallazgos del citado Paul Piff, de la Universidad de California, publicados también en la Academia de Ciencias de EEUU, que muestra como los ricos y súper ricos obedecen menos las leyes de tráfico y las normas de conducta aprobadas por la sociedad, son más egoístas y piensan menos en otras personas, son menos capaces de expresar solidaridad o compasión y se saltan otros tipos de leyes con mayor frecuencia. Por cierto, tales comportamientos poco solidarios aparecen también con mayor frecuencia entre estudiantes de Economía y Empresariales en EEUU, los cuales indican que el egoísmo y egocentrismo son atributos favorables para la eficiencia económica, observación que ha motivado una demanda de cursos de ética y comportamiento cívico en las facultades de Economía. Sería interesante que estudios y análisis de esta naturaleza se hicieran también en España, pero hasta ahora no se han hecho. Teniendo en cuenta el enorme fraude fiscal de los súper ricos y su continua oposición a reformas que facilitaran el bienestar social de la ciudadanía y muy en especial de las clases populares, es casi seguro que los súper ricos españoles están entre los menos solidarios y más incívicos entre los súper ricos de los países semejantes por el nivel de desarrollo económico a España.

Transición endeudada en España

Alfredo Serrano
Doctor en Economía, Coordinador América Latina Fundación CEPS

20 ago 2012

La estrategia es recurrente: la crisis justifica tomar medidas urgentes. Las medidas urgentes son necesarias pero no necesariamente deben ser las que se están tomando. En España, la opción hegemónica desde el estallido de una crisis pseudo paranormal (presentada como meteorológica, anónima y sin progenitores) ha sido endeudarse públicamente. Más concretamente, la maniobra elegida ha sido una política de reestructuración de la deuda, diseñando vasos comunicantes entre la deuda pública y un selecto sector privado. En estos años, el importe global de la deuda en España ha aumentado de 352,4% del PIB en 2008 a 395,7% en 2011. Detrás de cada gran número, siempre hay mucha letra pequeña. Desmenuzar un poco esta grandilocuente magnitud permitirá esclarecer ciertos matices que ayuden a entender qué transición se está llevando a cabo.

Por mucho que se diga, el caso en España no es el griego. En 2007, España sólo tenía deuda pública del 36% del PIB; en Grecia, este importe ascendía al 165% del PIB para ese mismo año. El gran problema de la economía española era la deuda, la deuda privada. Desde 2001 a 2008, la deuda privada pasó del 100% al 200% del PIB. El boom español se basaba en la industria del crédito. Otros países como Estados Unidos, adicto a la crédito-política, necesitó 22 años (1984 a 2006) para un crecimiento tan exponencial del endeudamiento privado. La cuestión, per se, no es el volumen de la deuda privada, sino el “para qué” de ese alto nivel de endeudamiento. Esa elevadísima deuda privada no estuvo en ningún momento conectada con la economía real, y mucho menos, con las necesidades reales de las grandes mayorías. Era una deuda privada no democratizada:

a) solo una cuarta parte era deuda de las familias, y el resto, deuda empresarial,

b) el 95% de toda la deuda privada empresarial pertenece al 0,153% de las empresas españolas.

El otro matiz a destacar es lo que sucede en términos de deudas en el sector financiero: la deuda bancaria es aproximadamente 1,4 billones de euros (un tercio del total de la deuda).

Lo peor es que este escalofriante dato está acompañado de un alto valor en activos tóxicos (equivalente al 18% del PIB). Esto es, tienen altas deudas sin tener activos que la sostengan. Esto solo puede explicarse por otra cifra: el 60% de las operaciones del sector financiero español en estos años eran destinadas a la construcción y promoción inmobiliaria. Esta es la base del régimen de acumulación de la deuda (privada) en España en los últimos años para garantizar una hiper concentración de altos beneficios en manos de una gran minoría. Esta estructura de la deuda ha permitido que, por ejemplo, entre 1999 y 2006, las empresas españolas hayan aumentado sus beneficios netos en un 73% (más del doble que la media de la UE).

Después del 2008, la deuda ha cambiado su composición, pero no por azar, sino como consecuencia de asumir un modelo económico pensado para un crecimiento enriquecedor de la minoría.

Ahora, la deuda tiene una notable cuota pública, entorno al 72% del PIB en 2011, aunque está todavía por debajo de la deuda pública de Estados Unidos, de Japón, o de la media de la UE. Este incremento de deuda pública en España obedece a una estructura económica generadora de beneficios empresariales, con salarios-empleos altamente dependientes de una riqueza ficticia, sin base productiva y mal distribuida, y financiada con mucho crédito. Cuando este crédito no tiene base económica real, se agota el tramposo circulo virtuoso. Y comienzan las soluciones urgentes ¿Cuáles? Flexibilidad laboral y rigidez de dividendos. En otras palabras, desempleo y caída de salarios para mantener constante la tasa de ganancia. Esto y no la mal llamada crisis es lo que ocasiona que el desempleo haya pasado del 9% en 2007 al 24,63% en 2012. Una primera razón del incremento de la deuda pública procede del financiamiento de un déficit ocasionado en parte por la prestación de desempleo. El problema no es el derecho a la prestación sino el desempleo como primera medida de ajuste laboral para mantener beneficios.

Además, caen los ingresos públicos tributarios por la reducción en la actividad de la magra economía real, y porque muchos impuestos sobre los beneficios fueron reducidos en los años de vacas gordas. Por otra parte, la política pública ha destinado hasta el momento 100.000 millones de euros al sector financiero para desintoxicar sus balances. Esto es, 10% del PIB para sanear balances privados a costa de más deuda pública. El circulo es mucho más vicioso porque a medida que eso sucede se comienza a pagar intereses de la deuda contraída. Por ejemplo, durante el 2010, la Administración Central acudió a los mercados en 52 ocasiones, para pedir prestados 208.624 millones de euros; de esta cantidad, más del 50% se destinaron a amortizar deuda. Desenlace: desde 2007 hasta la actualidad, la deuda pública se ha duplicado,

Esta es el leitmotiv de la nueva transición en marcha, pactada por la minoría, una transición endeudada socialmente con el pueblo y deudora con el capital. Los poderes económicos europeos y mundiales, usando un instrumental bipartidista en democracia aparente, diseñan una transición en aras de una suerte de desamortización española del siglo XXI que reordene la concentración de la riqueza y reconfigure públicamente la base de acumulación de la deuda total. Esta será la política económica de los próximos años si no lo evita otra transición, otro gran pacto de las mayorías a favor del desendeudamiento social sin pagar deuda ilegitima. Está en manos de la otra transición que la ilegitimidad se convierta en ilegalidad si así se decide políticamente.

Hace mucho, en 1953, Alemania negoció en Londres una quita y moratoria del pago de la deuda externa. Hace poco, en 2007, el nuevo gobierno de Ecuador decidió políticamente auditar la deuda contraída por la vieja casta política. Declaró ilegitima gran parte de la misma. Dijo que no lo pagaría. Frente a la amenaza no creíble de los acreedores, la decisión política fue no pagar. Otro desenlace es posible: los acreedores debieron pensar que “mejor algo que nada” y aceptaron el 30% del valor total. Ecuador ha preferido optar por el desendeudamiento social.

La Comisión Europea: "Hay que evitar las amnistías fiscales"
Los expertos de la UE aseguran que estos programas generan pocos ingresos adicionales y crean un riesgo moral contraproducente

EFE BRUSELAS 20/08/2012 21:31 Actualizado: 20/08/2012 22:29

Imagen de archivo del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro - EFE

La Comisión Europea (CE) considera que las amnistías fiscales, como el programa promovido por el Gobierno español, deben ser evitadas "a toda costa", porque generan pocos ingresos adicionales y crean un riesgo moral contraproducente.

En un informe publicado hoy por la Dirección General para Asuntos Económicos y Financieros de la CE encaminado a mejorar la gestión de los impuestos en los Estados miembros de la UE, los expertos Jonas Jensen y Florian Wöhlbier recalcan que, en teoría, los costes de un programa de amnistía fiscal suelen exceder los beneficios del mismo.

"Las amnistías fiscales deberían ser evitadas a toda costa pese a los ingresos inmediatos derivados de la recaudación; disminuyen la responsabilidad tributaria y la exposición plena del contribuyente al riesgo que supone evadir impuestos", señalan los economistas. "El consiguiente riesgo moral lleva a más impuestos atrasados en el futuro y posiblemente a una mayor probabilidad de otra amnistía fiscal", agregan.

Estas amnistías generan "pocos ingresos fiscales adicionales"
Las experiencias de otros países que han aplicado amnistías fiscales, como Italia, Grecia y Alemania, "no son alentadoras", sostienen además, y apuntan a varios estudios que indican que esos programas suelen bajar la recaudación que se puede esperar de ellos y desalentar el cumplimiento de la ley en el futuro.

La mayoría de los análisis que se han hecho sugieren que las amnistías fiscales "generan pocos ingresos fiscales adicionales y que también parecen tener un impacto relativamente reducido en el cumplimiento posterior" de la ley, considera la Comisión Europea. Más aún, los efectos positivos de amnistías ya realizadas "se han sobrestimado" probablemente.

Los ingresos recibidos en un programa de amnistía fiscal incluyen importes que se hubiesen recaudado en el procedimiento normal de la aplicación de la ley, opinan, y tampoco se da cuenta nunca del efecto del deterioro de la moral fiscal a largo plazo, agregan.

Mantener la amenaza de ser detectado
Para que una amnistía fiscal pueda ser efectiva, ésta debería ser una iniciativa única y no crear perspectivas de otros programas en un futuro y mantener la amenaza "real y creíble" de ser detectado y sancionado, explica el informe. Estos requisitos normalmente no se dan, apuntalan, y si la segunda condición existiese no habría necesidad de una amnistía.

La amnistía fiscal genera una "desigualdad vertical" en el que se da ventaja a contribuyentes deshonestos
Incluso si se cumplen estas exigencias, una amnistía implica importantes costes, dado que genera una "desigualdad vertical" en la que se da ventajas a contribuyentes deshonestos por encima de los honestos. Se puede generar así una percepción de injusticia del sistema que podría afectar negativamente la tasa de cumplimiento de contribuyentes normalmente honestos y se puede crear expectaciones de que haya planes similares en el futuro.

Todo esto "lleva a la percepción entre contribuyentes de que la evasión fiscal puede ser rentable", concluyen. Según el informe, en España la economía sumergida representó en 2011 el 19,2 % del PIB, por encima de la media de la UE, que se situó en el 15,2 %. En 2008 fue del 18,7 % del PIB.

En cuanto al IVA, el informe admite que este impuesto es reconocido ampliamente como una vía efectiva de aumentar la recaudación, si bien es -al igual que cualquier otro impuesto- vulnerable a evasión y fraude. En la UE, el nivel de cumplimiento en este terreno dista de ser satisfactorio, pues la evasión se situó en el 12 % en 2006.