Foro de Iniciativa Atea

Las consecuencias de negar la sanidad al inmigrante irregular

En ocasiones no es cuestión de ideología, sino de líneas rojas. Las mías fueron traspasadas ayer con la decisión de negar a los inmigrantes en situación irregular el derecho a la salud.

El Gobierno justifica su decisión en el ahorro de 500 millones de euros del gasto sanitario. Eso es, sencillamente, imposible de saber. En primer lugar, el número de extranjeros que residen irregularmente en nuestro país es enormemente vaporoso. En segundo lugar, la imposibilidad de ser atendidos en la red de asistencia primaria podría llevar a muchos de ellos a recurrir a los servicios de urgencias, que ya actúan por encima de sus posibilidades. En tercer lugar, la 'desaparición' sanitaria de una población de esta envergadura puede generar problemas de salud pública cuya resolución compense en gran medida el ahorro que se pretende hacer ahora. Un ejemplo: España es en este momento uno de los países desarrollados con mayor número de enfermos de tuberculosis, una enfermedad con variantes extremadamente peligrosas que se concentra en algunos grupos de población inmigrantes.

El recurso al argumento del 'turismo sanitario' es una infamia. Como demuestran todos los trabajos serios que se han asomado a este asunto, la mayor carga relativa de los extranjeros para nuestro sistema de salud tiene apellidos alemanes, británicos y franceses, no latinoamericanos o africanos. Es una consecuencia simple de la edad de los inmigrantes irregulares y de su temor a exponerse a cualquier tipo de autoridad. Y si no pagan más impuestos (porque contribuyen con los indirectos, señora Ministra) es porque nosotros se lo impedimos. Estudios sobre el coste de la rigidez del sistema migratorio en el Reino Unido demostraron que el Estado perdía más de 1.000 millones de libras anuales al mantener en la irregularidad a una población de trabajadores más pequeña que la nuestra.

Ningún ahorro económico compensará el modo en el que esta medida envilece a nuestra sociedad y a nuestras instituciones públicas. Estamos convirtiendo en un infierno de incertidumbre y vulnerabilidad la vida de cientos de miles de hombres, mujeres y niños que llegaron a nuestro país para trabajar y prosperar. Seres humanos que conviven con nosotros, a menudo en nuestras propias casas, padecen una ciudadanía de tercera clase.

La medida es cobarde porque se dirige contra aquellos que no pueden defenderse. Por eso es absolutamente esencial que quienes tenemos la capacidad de levantar la voz lo hagamos ahora. La oposición debe expresar con claridad lo que esto significa. La Conferencia Episcopal no puede mantener por más tiempo esta tibieza bochornosa (son sus propias organizaciones y fieles los que trabajan en las trincheras de la política migratoria, defendiendo la dignidad de nuestras comunidades). Los médicos, los enfermeros y enfermeras, el personal de administración de los centros de salud: rebélense contra esta medida. Niéguense a cumplir una ley que atenta contra la naturaleza de su profesión.

No permitamos que esto ocurra. No admitamos la derrota del sentido común y de la compasión en nuestras conversaciones en el trabajo, en los colegios de nuestros hijos, en las reuniones con amigos. No aceptemos que, tratando de no ser una sociedad pobre, nos estamos transformando en una sociedad estúpida y cruel.

skeptic escribió:Creo que estamos aun peor que en el franquismo

La crisis no deja tirados a los 'sin papeles' en Francia, Italia o Portugal

• Numerosos estudios advierten que el acceso solo a urgencias sale más caro
• La sanidad española estaba considerada un modelo a seguir en Europa
• Recortando el derecho a la salud
• Los inmigrantes irregulares tendrán tarjeta sanitaria hasta el 31 de agosto

La universalidad en la atención sanitaria hacía de España un ejemplo para el resto de Europa. Hasta ahora. Dentro de cinco meses los inmigrantes en situación irregular verán su cobertura restringida. El decreto de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema nacional de salud alude a la complicada situación económica para excluir a este colectivo, unas 153.000 personas, de la atención médica. A partir de septiembre solo tendrán acceso a urgencias. Países de la Unión Europea, como Francia, Bélgica u Holanda, y otros con economías tan maltrechas como la española, como Italia y Portugal, sí dan cobertura sanitaria a los extranjeros en situación irregular. Aunque exigen para ello diferentes requisitos –normalmente de permanencia en el Estado y de renta— para evitar un posible efecto llamada.



Fuente: HUMA, elaboración propia. / EL PAÍS
Así, España no estaba sola en el liderazgo mundial -que ahora abandona- como garante de derecho universal a la salud, también para los ‘sin papeles’. Italia es, después del cambio de rumbo español en política sanitaria, el país que menos trabas pone a los inmigrantes irregulares para acceder a su Servicio de Sanidad Nacional. Basta con una autodeclaración de indigencia para obtener el carnet STP (Extranjero Temporalmente Presente), válido por 6 meses y renovable, con el que tienen derecho a las mismas prestaciones previstas para los ciudadanos inscriptos al SSN, salvo la elección del médico de cabecera.

Mientras que España requería estar empadronado (para lo que se necesita tener un domicilio) para obtener la tarjeta sanitaria, Portugal y Francia piden requisitos temporales como muestra de que el inmigrante vive en el país, y evitar con ello el turismo sanitario. En Portugal los extranjeros en situación irregular tienen que acreditar haber vivido 90 días en el país, normalmente con dos testigos, y demostrar falta de recursos. Con esto cualquier extranjero tiene derecho a cuidados sanitarios con la misma cobertura que los autóctonos, y se le atribuye una tarjeta sanitaria con su correspondiente número de paciente.

En España los extranjeros sin permiso de residencia perderán la tarjeta sanitaria
En Francia para acceder a la Ayuda Médica del Estado, los extranjeros sin permiso de residencia mayores de 16 años -los menores están exentos-- deben haber vivido en suelo francés durante al menos tres meses y justificar ese tiempo con alguna factura de suministros. Deben demostrar además carencias económicas y, desde marzo de 2011, tienen que pagar 30 euros en concepto de "entrada" a esta prestación renovable anualmente. Sarkozy justificó la creación de esta tasa por un crecimiento de los costes de este servicio (546 millones de euros en 2009). Sin embargo, el candidato socialista, y favorito para imponerse en las elecciones del 6 de mayo, François Hollande, se ha comprometido a anular este pago previo denunciado por las asociaciones de derechos de los inmigrantes como una traba adicional al acceso pleno a la atención sanitaria de una población ya de por sí marginada.

Bélgica y Holanda reconocen el derecho a la sanidad de los extranjeros sin permiso de residencia, aunque con algún matiz. Ambos países investigan que la persona que solicita la asistencia carece de recursos (no es suficiente con una declaración del afectado); y son los médicos quienes deciden si esa asistencia es "necesaria" (en Holanda) y "urgente" (en Bélgica). Una fórmula que ha criticado la organización Médicos del Mundo, que afirma que provoca cierta arbitrariedad a la hora de prestar servicios porque depende de la opinión de cada profesional.

Alemania y Grecia ya tenían restricciones antes de la recesión
España formaba parte de este grupo de países que respetaba el derecho de todos, con o sin papeles, a la salud. Un modelo a seguir, coinciden los expertos en salud pública y defensores de los derechos de los migrantes consultados. “Es una pena que España vaya ahora en la dirección equivocada", afirma Paola Pace, especialista en Derecho de migraciones internacionales de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). “Era uno de los pocos países con buenas prácticas en este sentido”.

La salud es un derecho recogido en el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos, pero restringir el acceso al sistema sanitario ha sido frecuentemente utilizado por los países de la UE para desincentivar la entrada de inmigrantes irregulares en sus territorios. Así lo han denunciado diferentes entidades internacionales como Médicos del Mundo o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre cuyos Estados miembro se encuentran los europeos. Ahora, la crisis es la excusa para recortar este derecho.

Las investigaciones demuestran, sin embargo, que la atención sanitaria no es una de las principales motivaciones de los migrantes para ir a un país u otro, ni tampoco está demostrado que denegar la asistencia a los extranjeros irregulares suponga un ahorro. "Estas medidas están poco basadas en la evidencia y tienen mucho de ideología", denuncia Sara Collantes, autora de uno de los estudios más completos sobre el acceso de los inmigrantes irregulares a los sistemas de salud en la Unión Europea, publicado por HUMA Network en 2010.

"Las medidas restrictivas están poco basadas en la evidencia y tienen mucho de ideología", dice una experta
Con la nueva ley, el sistema español de atención sanitaria a extranjeros indocumentados se asemeja a los modelos más restrictivos (y discriminatorios, según Médicos del Mundo) de Europa. Eslovenia, Chipre, Polonia o Reino Unido son algunos de los países que, como hará España, solo contemplan la asistencia sanitaria gratuita en caso de urgencia. Aunque en general, las trabas administrativas son una tónica en toda Europa, según Collantes. "Parecía que España había entendido que con la salud no se juega", dice la experta. Y lo dice en pasado, porque España da un paso atrás y limita la atención médica a los extranjeros "no registrados ni autorizados como residentes" mayores de 18 años , que solo accederán a los servicios de urgencias "hasta el alta" y "asistencial embarazo, parto y postparto". Más allá de esto, deberán pagar los costes o contratar un seguro privado.

De los 16 países de la UE analizados en 2010 por la organización de defensa de derechos de los migrantes HUMA Network, destaca que Alemania y Grecia dejan fuera del sistema sanitario a los extranjeros irregulares, salvo en caso de emergencia o cuando los pacientes son menores de edad. En estos países, también en Rumanía, se criminaliza por ley la asistencia a inmigrantes sin permiso de permanencia. Grecia es el ejemplo más claro: prohíbe formalmente –bajo riesgo de pena de cárcel- a las entidades públicas, incluidos los centro de salud y hospitales, proporcionar servicio a los sin papeles. En Alemania todos los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar a las personas sin permiso de residencia. No así los médicos y enfermeros gracias a las continuas críticas de numerosas organizaciones. Si bien, el millón de inmigrantes irregulares que se estima que viven en Alemania, suele esperar en la práctica hasta que no les queda más remedio, dado que solo les atenderán en caso de urgencia, o acuden a centros de salud caritativos. Los médicos de estas organizaciones altruistas, como Malteser Migraten Medizin o Fluchtpunkt, se mueven en muchos casos al filo de la ley.

Los motivos económicos, la reducción del déficit público, son “una excusa”, dice Collantes. Alemania y Grecia ya tenían estos sistemas antes de la crisis y sus resultados económicos en la actualidad son más que dispares, reflexiona la experta. Más allá de que numerosos estudios revelan que prestar servicios solo de urgencia a los adultos indocumentados es más costoso a largo plazo que la atención primaria y contribuye al colapso; las organizaciones internacionales añaden consideraciones morales entre las críticas a esta limitación. Incluso los médicos tienen un código ético que les impide denegar la asistencia, comenta Sara Collantes.

Eslovenia, Chipre o Polonia atienden a los extranjeros 'sin papeles' solo en casos de urgencia
Precisamente fueron los profesionales de salud en Italia los que frenaron con duras críticas un intento de imponer la obligación de denunciar a los ‘sin papeles’. Michele LeVoy, director de PICUM (Plataforma Internacional de Cooperación con Migrantes Indocumentados) cree que “especialmente en tiempos de crisis, la protección y defensa de los derechos humanos significa la protección de los valores fundamentales sobre los que se basan nuestras sociedades europeas”.

También hay argumentos relacionados con la salud pública en contra de estas medidas restrictivas. Algunas enfermedades infecciosas pueden propagarse en mayor medida si una parte de la población no recibe tratamiento. España no ha resuelto si los irregulares enfermos de VIH u otras enfermedades infecciosas tendrán acceso a los medicamentos para su tratamiento. En el resto de Europa esta cuestión se aborda de formas dispares. Los medicamentos para el VIH son gratis sin condiciones en Italia y Portugal. Bélgica, Francia u Holanda imponen los mismos requisitos –temporales y de renta- para el acceso a medicamentos que para la asistencia sanitaria. En otros países, los ‘sin papeles’ enfermos con VIH tienen que pagar su tratamiento íntegramente, como ocurre en Polonia, Reino Unido y Suecia, entre otros.

Los pocos estudios sobre el derecho a la salud en Europa coinciden en apuntar que los inmigrantes son uno de los grupos más vulnerables. “Viven con el temor de ser descubiertos y expulsados; en el caso de la salud, incluso cuando el acceso es posible a menudo el miedo les impide ver a un médico”, dice el informe de Huma Network de 2010.

eduardo dd escribió: Un grupo de médicos madrileños está dispuesto a recurrir la objeción de conciencia para seguir atendiendo a los inmigrantes que pierdan la tarjeta sanitaria. "Lo hacemos por humanidad y por obligación"

Vitriólico escribió:

eduardo dd escribió: Un grupo de médicos madrileños está dispuesto a recurrir la objeción de conciencia para seguir atendiendo a los inmigrantes que pierdan la tarjeta sanitaria. "Lo hacemos por humanidad y por obligación"

Se plantea un asunto interesante que voy a formular a modo de pregunta:

Si en el caso del aborto hemos criticado abiertamente la apelación al (inexistente) derecho de objeción de conciencia de los médicos de la Sanidad Pública imponiendo sus ideologías personales por encima de su función y a la inacción sancionadora de aquella, ¿coherentemente debiéramos hacer lo mismo en este caso?

NO PERMITIRÉ que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mi paciente;

Los abogados ven inconstitucional negar la asistencia al inmigrante

• Los letrados creen que la ley afecta a un derecho fundamental por limitar el acceso a la salud
• Choca también con varios estatutos de autonomía
• Recortando el derecho a la salud

MARÍA R. SAHUQUILLO Madrid 30 ABR 2012 - 21:56 CET

La Constitución española consagra el “derecho a la protección de la salud”. Varios estatutos autonómicos van más allá y establecen la sanidad “universal” o “para todas las personas”. Tratados internacionales suscritos por España completan esa visión de la sanidad como un derecho humano, universal e igualitario. Este es el argumento con el que los colegios de abogados dieron ayer motivos para un posible recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que restringe la cobertura médica a los inmigrantes en situación irregular.

Ese punto colisiona directamente, según el Consejo General de la Abogacía (que agrupa a todos los colegios) con la Carta Magna y con los Estatutos de Autonomía de Aragón, Cataluña, País Vasco y Andalucía. El Gobierno de esta última comunidad y también el PSOE estudian la reforma sanitaria para determinar si invade competencias autonómicas y si incurre en inconstitucionalidad. No descartan recurrirla. El Ministerio de Sanidad, sin embargo, asegura que la ley está muy estudiada y que no choca en absoluto con la Carta Magna.

El real decreto presenta varios problemas, según el Consejo General de la Abogacía. El Gobierno tiene, según la Constitución, potestad para aprobar normas con rango de ley —como la publicada la semana pasada en el BOE— por razones de necesidad urgente. Sin embargo, esa potestad no permite afectar derechos fundamentales, como el derecho a la salud. “Tampoco los estatutos de autonomía pueden ser modificados por un real decreto aludiendo a esa vía urgente”, explica Pascual Aguelo, presidente de la subcomisión de extranjería del Consejo General de la Abogacía, que agrupa a 162.000 abogados.

Y alude a estatutos como el de Aragón, que recoge en su artículo 14 que “todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud, en condiciones de igualdad, universalidad y calidad”.

El derecho a la salud está recogido también de manera expresa en el Estatuto de autonomía de Cataluña, que tiene rango de ley orgánica y que fue aprobado en 2006. El artículo 23 del Estatut se refiere expresamente a los “derechos en el ámbito de la salud” y el primer párrafo es muy claro cuando dice que “todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad y gratuidad a los servicios sanitarios de responsabilidad pública en los términos que establezcan las leyes”, informa Pere Ríos.

"El Estado tiene capacidad para alejar a una persona en situación irregular pero si está no puede desasistirle", dice un experto
En el País Vasco concurre, además, el hecho de su especial sistema de financiación, explica Juanjo Álvarez, catedrático de la Universidad del País Vasco. Álvarez, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del País Vasco, cree que en la manera de tramitar las reformas del Gobierno hay un “menosprecio al valor normativo”. Este experto admite que el título VIII de la Constitución permite al Ejecutivo legislar a base de decretos leyes, ya que le autoriza a modificar la legislación básica. Pero Álvarez indica que esto es “un señuelo”, porque el propio Gobierno decide qué es básico, informa Emilio de Benito.

Ante esta “clarísima intromisión en las competencias autonómicas”, a las comunidades solo les queda la posibilidad del recurso al Constitucional. “No sé si el Gobierno central es consciente del alcance de la medida. A lo mejor aquí se decide que la sanidad y la educación son prioritarias. El tema de la atención a inmigrantes no se siente como un problema, y el real decreto restringe unilateralmente la capacidad normativa”, dice Álvarez. Los estatutos “hablan de ‘todas las personas’ y no todos los aragoneses o los catalanes...”, explica Aguelo, que recuerda que en el derecho a la salud no cabe la discriminación. “Cualquier persona que se encuentre en territorio español tiene derecho a la atención sanitaria en idénticas condiciones. Otra cosa es hasta donde podemos llegar en esa atención y más ahora con una complicada situación económica. El Estado tiene capacidad para alejar a una persona en situación irregular pero si están en territorio español lo que no puede hacer es dejar de atenderle, desasistirle”, añade.

El PSOE y la Junta de Andalucía estudia el decreto y no descartan recurrirlo al TC
El Consejo General de la Abogacía cree que la medida puede provocar, además, situaciones muy complicadas. “Se está condenando a la muerte a muchas personas, y si se produce cualquier situación de ese tipo por falta de asistencia, el Estado responderá patrimonialmente y saldrá más caro el remedio y la enfermedad. Existe el derecho a reclamar esa atención médica”, afirma el presidente de la subcomisión de Extranjería del Consejo.

Sanidad, no obstante, asegura que la reforma no incurre en inconstitucionalidad. “Respetamos todas las opiniones, pero este real decreto, como todas las normas que elabora el Gobierno, es sometido a los criterios de abogados del Estado y a la secretaría general técnica que analizan el contenido de la ley”, dice la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas. “En este caso han intervenido varios ministerios, como Presidencia, Sanidad y Justicia, que han analizado con detalle su contenido y dieron su visto bueno”, asegura.

El PSOE comparte la opinión del Consejo de la Abogacía y cree que hay indicios de que el decreto ley incurre en inconstitucionalidad. “También creemos que invade competencias jurídicas de las comunidades y de derechos universales”, explica José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad de este partido. Por eso está estudiando la reforma para determinar si cabe algún recurso. “Estamos hablando de sanidad, una de las prestaciones más importantes que tienen los ciudadanos”, dice Olmos, que asegura que el real decreto no solo invade competencias sino que tiene también muchos agujeros prácticos que perjudicará a los ciudadanos. “¿Qué pasará, por ejemplo, con el transporte sanitario urgente por avión entre las islas y la península?

Shé escribió:Me parece que la expresión "objeción de conciencia" no es la más adecuada en este caso.

Los médicos tienen el llamado Juramento Hipocrático, hoy llamado Declaración de Ginebra, que, entre otras cosas, dice:

NO PERMITIRÉ que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mi paciente;

Cual es el deber de un médico del sistema de salud, poner todos los medios para mejorar la salud pública, u obedecer una ley injusta que le pide negar la asistencia en aras de un ahorro a corto plazo que implica, además, negarla a personas que la necesitan y que no tienen otra opción?

Yo no veo conflicto en desobecer. Más bien lo veo servido para quienes obedezcan pudiendo evitarlo.

...

Vitriólico escribió:Eso mismo alegan los médicos que objetan contra hacer abortos. Lo mismito: el Juramento Hipocrático, la injusticia de la ley y la necesidad de las "personas" que lo sufren.
Pero a esos les denostábamos. ¿Y ahora?

Shé escribió: En el caso de los que se niegan a hacer un aborto dentro del sistema de salud, están negando los derechos de las mujeres que quieren abortar.

En el caso de los que se niegan a acatar la orden de no asistir a los indocumentados, están reconociendo los derechos de éstos a la atención primaria en el sistema de salud, en contra de la ley -pero amparados en la constitución-.

En ambos casos desobedecen, pero yo tengo claro dónde va mi apoyo: a quienes, para reconocer los derechos de otros, desobedecen la ley arriesgándose. Independientemente de que, además, ellos saben muy bien que aplicar esta medida será contraproducente, y un riesgo para la salud pública. Que, encima, costará más que el ahorro que se pretende.

Del juramento hipocrático se podría hablar mucho, pero es otra discusión. Baste decir que los antiabortistas parten de la base de que un feto de menos de 20 semanas es una persona con derechos, y ahí discrepamos, como sabes.

Shé escribió:

skeptic escribió:Creo que estamos aun peor que en el franquismo

Eso mismo dije el otro día en casa. Están haciendo colecta para pagarme el psicólogo.

Pero sí hay cosas que están peor hoy, si no en el terreno de las libertades, en otros: la fuerza que están cogiendo las grandes empresas en general y los bancos en particular y la indefensión en la que el estado está dejando a las pequeñas empresas, autónomos y ciudadanos en general, se está convirtiendo en una pesadilla nueva.

No tememos que aparezca la policía a las tres de la mañana para llevarse a un miembro de la familia

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Winston Churchill está dando mucho juego en esta crisis interminable. Aparte de referencia para la moda del gin tonic y de inspirar a todos los planes de austeridad con su frase "Sangre, sudor y lágrimas", el estadista británico definió la democracia como aquel sistema en el que "si llaman a tu puerta a las 6 de la mañana, se sabe que es el lechero". Aquí van 14 ejemplos sucedidos desde la huelga general del 29M que le llevan la contraria: sin ninguna identificación previa, estas personas fueron detenidas en sus trabajos, cuando salían de sus casas o en su propio domicilio.

El riesgo de fuga de una sindicalista con trabajo fijo y una hija

Laura Gómez, secretaria de organización del sindicato CGT en Barcelona, fue detenida en su lugar de trabajo el 24 de abril y puesta en prisión preventiva con cargos que suponen hasta 20 años de cárcel

El día 29 por la mañana Laura participaba en una acción frente a la Bolsa de Barcelona. Tal y como estaba acordado por la organización, los manifestantes quemaron de forma controlada una caja de cartón con papeles dentro, una performance que simbolizaba la quema de dinero. En el marco de esta acción, sin que estuviera previsto, también se produjo la rotura de los cristales de la puerta de la Bolsa de Barcelona.

La jueza que decidió el ingreso de la sindicalista en prisión preventiva le imputa a los delitos de incendio, desórdenes públicos, daños, coacción y delito contra los derechos fundamentales. Tal y como ha destacado en rueda de prensa el secretario general de CGT, en el momento de efectuarse la performance había cámaras de prensa y efectivos de los Mossos, pese a lo cual Gómez no fue identificada ni detenida en el instante de cometer los supuestos delitos. El sindicato y los grupos de apoyo piden la inmediata puesta en libertad sin cargos de Gómez, cuyo ingreso en prisión ha sido justificado por el juzgado 23 debido al riesgo de fuga. Gómez, de 45 años, tiene trabajo fijo y es madre de una menor.

Según ha denunciado la mañana del lunes 30 el semanario Directa, en Barcelona un sólo juzgado se encarga de atender todos los casos atendidos por la División Central de Información, mientras que para el resto de unidades policiales la adjudicación de juzgados rota entre los 33 juzgados de instrucción de la ciudad. La DCI está encargada "específicamente" de investigar a los movimientos sociales. Esta correspondencia permite a los mossos seleccionar el juzgado que decidirá sobre la prisión preventiva en este tipo de detenciones, según denuncia Directa.

Además de Laura Gómez, otros tres manifrestantes del 29M en Barcelona cumplen prisión preventiva. Éstos fueron detenidos el mismo día 29 e ingresados en prisión dos días más tarde, según el auto judicial, por el peligro de su participación en el 1 de mayo y en posibles protestas por la cumbre del Banco Central Europeo en Barcelona.

Los mossos llaman a la puerta de casa

C.F., L.M., P.M. y E.C.A. (barrios de Sants y Sant Andreu, Barcelona. Acusaciones de incendio y desórdenes públicos durante el 29M)

Estas cuatro personas fueron detenidas el 19 de abril a la salida de sus domicilios. Ningun de ellas había sido identificada por la policía el día de la huelga, pero eso no impidió su detención cuando salían de sus respectivos domicilios.

P. M. estuvo dos días detenido en la comisaría de Les Corts después de que un agente de paisano le abordara cuando salía de su casa. "Al día siguiente registraron todo mi edificio, incluidas las casas de mis vecinos", declara a Diagonal. Pese a que tenían la llave de su casa, los agentes optaron por forzar la puerta. "Ellos tenían la idea de que éramos una especie de asociación criminal, y por eso se llevaron seis ordenadores del edificio, incluyendo el mío", detalla. P. participa en el movimiento universitario y formó parte de la comisión de comunicación de la Acampada de Plaza Cataluña.

Además, al menos 4 de las 13 personas detenidas en Tarragona acusadas de diversas faltas y delitos supuestamente cometidos durante la huelga del 29M han sido también detenidas cuando salían de sus domicilios.

Dos viejos conocidos de la Seat Martorell

José Antonio J.O. y José Javier E.M. (Esparraguera y L’Hospitalet, Baix Llobregat, Barcelona. Delegados de UGT y CC OO en la planta de Seat Martorell. Acusados de agresiones a la policía durante un piquete en el polígono durante el 29M)

Estos dos sindicalistas son viejos conocidos de la Seat, compañía en la que llevan más de 20 años. Su arresto el 25 de abril duró apenas dos horas: en la planta donde fueron detenidos, Martorell, trabajan cerca de 10.000 personas, y la comisaría está cerca, lo cual facilitó que una pequeña manifestación de trabajadores pudiera presionar a las puertas de la comisaría para conseguir su liberación. Los cargos se mantienen a la espera de una citación ante el juez.

La mañana del 29M estos dos delegados sindicales participaban junto a decenas de personas en el piquete que trataba de paralizar el polígono de Martorell. Según relata a Diagonal Jesús Rodríguez, del semanario Directa, los trabajadores se encararon con un coche que se acercó a gran velocidad al piquete. Un policía de paisano resultó ser el conductor del vehículo. El agente se marchó sin proceder a ninguna identificación y casi un mes después los mossos detuvieron a José Antonio y José Javier en su lugar de trabajo.

¿Cómo han conseguido mi móvil?

Paola Márquez (Móstoles, Madrid, participante en la Asamblea Popular de Móstoles y el Centro Social La Casika. Acusada de atentado a la autoridad durante un piquete)

La joven mostoleña fue detenida el 2 de abril tras presentarse en la comisaría después de recibir una llamada de la policía a su teléfono móvil. Presuntamente, la policía consiguió su número después de que un desconocido se presentara en su domicilio haciéndose pasar por un amigo para pedirle el número a sus padres. Paola, junto contras participantes en el 29M en Móstoles, habían denunciado previamente a la polícía por agresiones durante la jornada de huelga.

La cara conocida del 15M tuvo que tirar de la palanca

El fotógrafo y activista del 15M conocido como @Phierrecom y dos participantes en una asamblea madrileña del 15M fueron detenidos acusados de preparar la acción de bloqueo de vagones en el metro de Madrid

Otras dos detenciones a domicilio sin otra identificación previa que lo que supuestamente mostraban las cámaras del subúrbano madrileño la mañana del miércoles 25 de abril, cuando una pequeña acción de protesta por el aumento de las tarifas del transporte retrasó entre cinco y diez minutos la salida de 13 vagones de metro.

Tanto @Phierrecom como la detenida D. fueron detenidos en sus domicilios por la Brigada de Información. El fotógrafo ha negado el haber estado siquiera en el metro la mañana del miércoles 25. Las tres detenidas ya están en libertad, sin cargos en el caso de @Phierrecom, con una orden de alejamiento del metro las otras dos personas.

16 detenciones tras el 29M sólo en Navarra

La policía nacional ha detenido al menos a 16 personas tras la jornada de huelga general del 29M. Según informaba el diario Gara, 14 de ellas fueron detenidas el día 20 en Pamplona acusadas de desórdenes públicos, daños y delitos contra los derechos de los trabajadores.

Días antes también fueron detenidas la delegada del sindicato LAB Berta García y el secretario de construcción y químicas de esta misma central, Oskar Cayón, con cargos por daños. El juez les ha puesto este cargo por lanzar pintura contra la sede de la Confederación Empresarial De Navarra. Según Gara, la Audiencia de Navarra suele considerar las pintadas como una falta de deslucimiento.

Pertenencia a banda organizada

Técnicamente, un sindicato, una peña de fútbol y un grupo terrorista comparten un rasgo común: los tres son "bandas organizadas". La Guardia Civil se tomó la analogía al pie de la letra con la detención de dos sindicalistas de CC OO en Pobla de Vollbona (Valencia) bajo la acusación de pertenencia a banda organizada debido a su participación en piquetes del 29M.

La acusación concreta era que habían sellado con silicona las cerraduras de varios locales. La detenciones tuvieron lugar el martes 17 de abril en el domicilio, en uno de los casos a las 6.45 de la mañana.

Este listado no es exahustivo, y refleja sólo una parte del balance de detenciones durante y después de la jornada del 29M (280 en todo el Estado). Si conoces más casos, mándanos un comentario.
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Vitriólico escribió:

Shé escribió: En el caso de los que se niegan a hacer un aborto dentro del sistema de salud, están negando los derechos de las mujeres que quieren abortar.

En el caso de los que se niegan a acatar la orden de no asistir a los indocumentados, están reconociendo los derechos de éstos a la atención primaria en el sistema de salud, en contra de la ley -pero amparados en la constitución-.

En ambos casos desobedecen, pero yo tengo claro dónde va mi apoyo: a quienes, para reconocer los derechos de otros, desobedecen la ley arriesgándose. Independientemente de que, además, ellos saben muy bien que aplicar esta medida será contraproducente, y un riesgo para la salud pública. Que, encima, costará más que el ahorro que se pretende.

Del juramento hipocrático se podría hablar mucho, pero es otra discusión. Baste decir que los antiabortistas parten de la base de que un feto de menos de 20 semanas es una persona con derechos, y ahí discrepamos, como sabes.

Insisto: las razones que alegas son del mismo tenor de las que alegan los médicos antiabortistas.
Y el que impidan el ejercicio de un derecho no está tan claro desde un punto de vista INDIVIDUAL (ámbito en donde se encuentra la naturaleza propia de la objeción de conciencia): los médicos anti-abortistas no impiden que otro médico realice abortos ni toman ninguna medida obstaculizadora, salvo su abstención. Ellos no los realizan personalmente, que no es igual y, por tanto, no niegan el derecho de un mujer a abortar. Es como si yo me negara a construir una iglesia y me alegaran que voy en contra del derecho a la libertad de religión. Cosa distinta es que el colectivo se opusiera en bloque.

Pero el motivo de denostar su actitud no era esa, sino el no cumplir con el ordenamiento vigente en el seno del sistema público de salud, sin sanciones.

Y mi vitriólica y malintencionada -como siempre- pregunta sigue siendo: ¿y esto no es lo mismo?

Shé escribió: Difiero. Pero matizo mi expresión: sustituye mi frase "están negando los derechos de las mujeres" por la más acertada "entorpecen el ejercicio de sus derechos a las mujeres porque no los reconocen".

Para mí la diferencia esencial está precisamente en que los antiabortistas no reconocen un derecho, y los desobedientes de Madrid sí lo hacen. Tanto los antiabortistas como este recorte dañan derechos reconocidos.

Vitriólico escribió:

Shé escribió: Difiero. Pero matizo mi expresión: sustituye mi frase "están negando los derechos de las mujeres" por la más acertada "entorpecen el ejercicio de sus derechos a las mujeres porque no los reconocen".

Para mí la diferencia esencial está precisamente en que los antiabortistas no reconocen un derecho, y los desobedientes de Madrid sí lo hacen. Tanto los antiabortistas como este recorte dañan derechos reconocidos.

En tal caso, si a mí me encargaran la construcción de una iglesia y yo me negara a aceptar el encargo ¿entorpecería el derecho a la libertad de ejercicio de culto reconocida por las leyes?
Y si en el mismo caso estuviera a sueldo además en una empresa constructora (Iglesias y Lupanares, S.A., por ejemplo), ¿tendrían derecho a sancionarme -o echarme-, o bien podría alegar objeción de conciencia?

Culebra, en mi indocumentado parecer, aquí se está confundiendo el ámbito de la objeción privada -que yo niego que sea un derecho, salvo por la connivencia ideológica de los tribunales- con el ámbito público.