Consecuencias de negar la sanidad al inmigrante irregular

[skeptic]

http://blogs.elpais.com/3500-millones/2 ... gular.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Las consecuencias de negar la sanidad al inmigrante irregular

En ocasiones no es cuestión de ideología, sino de líneas rojas. Las mías fueron traspasadas ayer con la decisión de negar a los inmigrantes en situación irregular el derecho a la salud.

El Gobierno justifica su decisión en el ahorro de 500 millones de euros del gasto sanitario. Eso es, sencillamente, imposible de saber. En primer lugar, el número de extranjeros que residen irregularmente en nuestro país es enormemente vaporoso. En segundo lugar, la imposibilidad de ser atendidos en la red de asistencia primaria podría llevar a muchos de ellos a recurrir a los servicios de urgencias, que ya actúan por encima de sus posibilidades. En tercer lugar, la 'desaparición' sanitaria de una población de esta envergadura puede generar problemas de salud pública cuya resolución compense en gran medida el ahorro que se pretende hacer ahora. Un ejemplo: España es en este momento uno de los países desarrollados con mayor número de enfermos de tuberculosis, una enfermedad con variantes extremadamente peligrosas que se concentra en algunos grupos de población inmigrantes.

El recurso al argumento del 'turismo sanitario' es una infamia. Como demuestran todos los trabajos serios que se han asomado a este asunto, la mayor carga relativa de los extranjeros para nuestro sistema de salud tiene apellidos alemanes, británicos y franceses, no latinoamericanos o africanos. Es una consecuencia simple de la edad de los inmigrantes irregulares y de su temor a exponerse a cualquier tipo de autoridad. Y si no pagan más impuestos (porque contribuyen con los indirectos, señora Ministra) es porque nosotros se lo impedimos. Estudios sobre el coste de la rigidez del sistema migratorio en el Reino Unido demostraron que el Estado perdía más de 1.000 millones de libras anuales al mantener en la irregularidad a una población de trabajadores más pequeña que la nuestra.

Ningún ahorro económico compensará el modo en el que esta medida envilece a nuestra sociedad y a nuestras instituciones públicas. Estamos convirtiendo en un infierno de incertidumbre y vulnerabilidad la vida de cientos de miles de hombres, mujeres y niños que llegaron a nuestro país para trabajar y prosperar. Seres humanos que conviven con nosotros, a menudo en nuestras propias casas, padecen una ciudadanía de tercera clase.

La medida es cobarde porque se dirige contra aquellos que no pueden defenderse. Por eso es absolutamente esencial que quienes tenemos la capacidad de levantar la voz lo hagamos ahora. La oposición debe expresar con claridad lo que esto significa. La Conferencia Episcopal no puede mantener por más tiempo esta tibieza bochornosa (son sus propias organizaciones y fieles los que trabajan en las trincheras de la política migratoria, defendiendo la dignidad de nuestras comunidades). Los médicos, los enfermeros y enfermeras, el personal de administración de los centros de salud: rebélense contra esta medida. Niéguense a cumplir una ley que atenta contra la naturaleza de su profesión.

No permitamos que esto ocurra. No admitamos la derrota del sentido común y de la compasión en nuestras conversaciones en el trabajo, en los colegios de nuestros hijos, en las reuniones con amigos. No aceptemos que, tratando de no ser una sociedad pobre, nos estamos transformando en una sociedad estúpida y cruel.

[Vitriólico]

Hace no mucho en una reunión de amigos de varias nacionalidades en Estados Unidos babeaban de admiración cuando les contaba que en España se atendía en la sanidad pública a la gente tuviera o no papeles. Que las personas eran lo primero.

Ahora se argumenta que no hay dinero y que hay que restringir servicios ... a los pobres, se entiende. Porque las SICAVs siguen existiendo y los impuestos a las rentas del capital siguen estando especialmente bien tratadas -por ejemplo-. Y lo del copago de los medicamentos es auténticamente de traca.

Hace tiempo que la política de este país cruzó también mi línea roja.

[skeptic]

Y en el caso de los pensionistas lo más grave no son los 8€ mensuales, si no que les harán adelantar el dinero total de los medicamentos 6 meses y tendrán que solicitar la devolución, así que si el pensionista pierde los recibos, no sabe gestionarlo bien, se muere, se encuentra mal y no puede ir, etc., se quedará sin el 100% del coste.

Creo que eso lo han hecho de forma calculada e intencionada, porque el sistema actual de hacer que fueran los farmacéuticos los que hicieran esa gestión ya estaba funcionando bien. Este cambio es porque saben perfectamente que al trasladar la burocracia a los ciudadanos, mucho de ese dinero quedará sin reclamar.

Además, esto les permite utilizar el mismo sistema que ya usan en la reclamación de las multas, es decir, denegar en vía administrativa aunque no sea ajustado a derecho y dejarte sólo el contencioso para reclamar.

Si se monta un lío, basta con sacar a un político diciendo que ha sido un error y que ya lo están solucionando.

En mi caso ya estoy llevando denuncias ilegales hechas por reguladores de la ORA al contencioso, es un coñazo, pero como se limpian el culo con mis recursos de forma totalmente ilegal, no me dejan otro remedio que ir a juicio o renunciar a mis derechos y pagar sanciones ilegales (a un amigo le han multado por aparcar en el carril bus, en una calle sin carril bus, un ejemplo más de este sistema para robar).

Estoy estudiando con mi abogado si hay posibilidades de una denuncia por prevaricación al ayto. de Madrid por las respuestas ilegales en la vía administrativa, si es así, intentaré buscar a más gente en mi caso, que creo que serán miles, para iniciar una acción conjunta.

Estos sinvergüenzas llevan ya camino directo al totalitarismo más descarado.

Que se manifiesta la gente... a la cárcel
Que tiras del freno de emergencia del metro... a la cárcel
Que reclamas algo... te ignoran

Cualquier cosa que no les guste la solucionan a base de real decreto, por ejemplo el asunto de RTVE (que por cierto voy a borrar del sintonizador en cuanto vuelvan a poner a Urdaci a dirigir los informativos).

Eso si, a banqueros y políticos corruptos que se llevan miles de millones los indultamos y a la iglesia ni tocarla, así se lleve miles de millones de dinero público sin justificar cuentas, así se dedique a robar inmuebles del pueblo y por supuesto, nada de cobrarle impuestos, porque ellos "ya estaban aquí antes de que existiera España" (como dijo el tipejo ese en Sálvame la semana pasada).

Con la excusa de la crisis se están haciendo un montón de cambios ideológicos, más que económicos, enseñanza y sanidad para los ricos, maltrato a inmigrantes, privilegios para ricos y poderosos, etc. Esta es la forma ideal de destruir la sociedad española, creando un abismo entre clases sociales.

Creo que estamos aun peor que en el franquismo y eso me recuerda esta cita de Thomas Jefferson...

"Cuando el pueblo teme al gobierno, hay tiranía. Cuando el gobierno teme al pueblo, hay libertad"

[Cotoloto]

Cuando hay tanta gente jodida y en paro, desviar el odio hacia los inmigrantes es un truco que suele funcionar muy bien.

[Shé]

Creo que estamos aun peor que en el franquismo

Eso mismo dije el otro día en casa. Están haciendo colecta para pagarme el psicólogo.

Pero sí hay cosas que están peor hoy, si no en el terreno de las libertades, en otros: la fuerza que están cogiendo las grandes empresas en general y los bancos en particular y la indefensión en la que el estado está dejando a las pequeñas empresas, autónomos y ciudadanos en general, se está convirtiendo en una pesadilla nueva.

No tememos que aparezca la policía a las tres de la mañana para llevarse a un miembro de la familia -aún- con destino desconocido -eso probablemente no ocurrirá-, pero sí tememos la llegada de facturas por servicios no disfrutados o contratados -incluso por cantidades exorbitantes-, amenazas de embargo, inspecciones cuyos derroteros están a la altura de los argumentos de H.P.Lovecraft, multas injustas, subidas inasumibles de precios, facturación de servicios que deberían estar garantizados... y un largo etcétera de fantasmas muy reales que amenazan nuestro futuro. Todo eso mientras la corrupción aumenta en lugar de ceder, y los delitos fiscales de los potentados -banqueros, traficantes de armas, drogas o personas, y demás maleantes- son amnistiados.

Señores, la democracia estaba en construcción, pero se ha derrumbado, y, subidos en los escombros a modo de pedestal, nuestros gobernantes y los representantes de "los mercados" nos están contando el cuento de Hänsel y Gretel, confiados en que no veremos que en realidad son la bruja que nos quiere llevar a la casa de chocolate para comernos -del todo-.

Escuchar a los chorizos de élite, seguir sus estúpidas instrucciones, hundir la economía en las arenas movedizas que surgieron por su culpa, empujarnos al centro de las arenas mientras los delincuentes han salido agarrándose a nosotros, es lo que han hecho primero el PSOE y ahora estos fachas del actual gobierno S.A.

Y no han hecho más que empezar, porque con las medidas que están tomando no se generará ni más consumo ni más empleo, y por lo tanto aumentará el déficit, aunque sólo sea porque no tendrán los ingresos previstos -que nadie me pregunte por favor si soy adivina: es como decir que nos vamos a mojar si llueve y no llevamos paraguas-. Los banqueros -aborígenes y exóticos- que dictan las medidas son plenamente conscientes de esto, pues saben perfectamente que para ganar hay que invertir. O sea que saben la ruina a la que nos encaminamos y se frotan las manos, porque lo que persiguen es un estado arruinado y ciudadanos asustados. Es su forma "creativa" de hacer que otros paguemos la crisis que ellos mismos provocaron.

Y si encima nos enfrentan unos a otros, más divertido. A la caza del inmigrante pobre, que la veda está abierta.

Tiene razón el autor del artículo. No pienso pasar el más mínimo comentario a favor de ese miserable planteamiento de que los inmigrantes puedan tener la culpa de nada, ni andando por la calle. Teniendo a Botín a mano, por favor!

[Shé]

La crisis no deja tirados a los 'sin papeles' en Francia, Italia o Portugal

• Numerosos estudios advierten que el acceso solo a urgencias sale más caro
• La sanidad española estaba considerada un modelo a seguir en Europa
• Recortando el derecho a la salud
• Los inmigrantes irregulares tendrán tarjeta sanitaria hasta el 31 de agosto

La universalidad en la atención sanitaria hacía de España un ejemplo para el resto de Europa. Hasta ahora. Dentro de cinco meses los inmigrantes en situación irregular verán su cobertura restringida. El decreto de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema nacional de salud alude a la complicada situación económica para excluir a este colectivo, unas 153.000 personas, de la atención médica. A partir de septiembre solo tendrán acceso a urgencias. Países de la Unión Europea, como Francia, Bélgica u Holanda, y otros con economías tan maltrechas como la española, como Italia y Portugal, sí dan cobertura sanitaria a los extranjeros en situación irregular. Aunque exigen para ello diferentes requisitos –normalmente de permanencia en el Estado y de renta— para evitar un posible efecto llamada.



Fuente: HUMA, elaboración propia. / EL PAÍS
Así, España no estaba sola en el liderazgo mundial -que ahora abandona- como garante de derecho universal a la salud, también para los ‘sin papeles’. Italia es, después del cambio de rumbo español en política sanitaria, el país que menos trabas pone a los inmigrantes irregulares para acceder a su Servicio de Sanidad Nacional. Basta con una autodeclaración de indigencia para obtener el carnet STP (Extranjero Temporalmente Presente), válido por 6 meses y renovable, con el que tienen derecho a las mismas prestaciones previstas para los ciudadanos inscriptos al SSN, salvo la elección del médico de cabecera.

Mientras que España requería estar empadronado (para lo que se necesita tener un domicilio) para obtener la tarjeta sanitaria, Portugal y Francia piden requisitos temporales como muestra de que el inmigrante vive en el país, y evitar con ello el turismo sanitario. En Portugal los extranjeros en situación irregular tienen que acreditar haber vivido 90 días en el país, normalmente con dos testigos, y demostrar falta de recursos. Con esto cualquier extranjero tiene derecho a cuidados sanitarios con la misma cobertura que los autóctonos, y se le atribuye una tarjeta sanitaria con su correspondiente número de paciente.

En España los extranjeros sin permiso de residencia perderán la tarjeta sanitaria
En Francia para acceder a la Ayuda Médica del Estado, los extranjeros sin permiso de residencia mayores de 16 años -los menores están exentos-- deben haber vivido en suelo francés durante al menos tres meses y justificar ese tiempo con alguna factura de suministros. Deben demostrar además carencias económicas y, desde marzo de 2011, tienen que pagar 30 euros en concepto de "entrada" a esta prestación renovable anualmente. Sarkozy justificó la creación de esta tasa por un crecimiento de los costes de este servicio (546 millones de euros en 2009). Sin embargo, el candidato socialista, y favorito para imponerse en las elecciones del 6 de mayo, François Hollande, se ha comprometido a anular este pago previo denunciado por las asociaciones de derechos de los inmigrantes como una traba adicional al acceso pleno a la atención sanitaria de una población ya de por sí marginada.

Bélgica y Holanda reconocen el derecho a la sanidad de los extranjeros sin permiso de residencia, aunque con algún matiz. Ambos países investigan que la persona que solicita la asistencia carece de recursos (no es suficiente con una declaración del afectado); y son los médicos quienes deciden si esa asistencia es "necesaria" (en Holanda) y "urgente" (en Bélgica). Una fórmula que ha criticado la organización Médicos del Mundo, que afirma que provoca cierta arbitrariedad a la hora de prestar servicios porque depende de la opinión de cada profesional.

Alemania y Grecia ya tenían restricciones antes de la recesión
España formaba parte de este grupo de países que respetaba el derecho de todos, con o sin papeles, a la salud. Un modelo a seguir, coinciden los expertos en salud pública y defensores de los derechos de los migrantes consultados. “Es una pena que España vaya ahora en la dirección equivocada", afirma Paola Pace, especialista en Derecho de migraciones internacionales de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). “Era uno de los pocos países con buenas prácticas en este sentido”.

La salud es un derecho recogido en el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos, pero restringir el acceso al sistema sanitario ha sido frecuentemente utilizado por los países de la UE para desincentivar la entrada de inmigrantes irregulares en sus territorios. Así lo han denunciado diferentes entidades internacionales como Médicos del Mundo o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre cuyos Estados miembro se encuentran los europeos. Ahora, la crisis es la excusa para recortar este derecho.

Las investigaciones demuestran, sin embargo, que la atención sanitaria no es una de las principales motivaciones de los migrantes para ir a un país u otro, ni tampoco está demostrado que denegar la asistencia a los extranjeros irregulares suponga un ahorro. "Estas medidas están poco basadas en la evidencia y tienen mucho de ideología", denuncia Sara Collantes, autora de uno de los estudios más completos sobre el acceso de los inmigrantes irregulares a los sistemas de salud en la Unión Europea, publicado por HUMA Network en 2010.

"Las medidas restrictivas están poco basadas en la evidencia y tienen mucho de ideología", dice una experta
Con la nueva ley, el sistema español de atención sanitaria a extranjeros indocumentados se asemeja a los modelos más restrictivos (y discriminatorios, según Médicos del Mundo) de Europa. Eslovenia, Chipre, Polonia o Reino Unido son algunos de los países que, como hará España, solo contemplan la asistencia sanitaria gratuita en caso de urgencia. Aunque en general, las trabas administrativas son una tónica en toda Europa, según Collantes. "Parecía que España había entendido que con la salud no se juega", dice la experta. Y lo dice en pasado, porque España da un paso atrás y limita la atención médica a los extranjeros "no registrados ni autorizados como residentes" mayores de 18 años , que solo accederán a los servicios de urgencias "hasta el alta" y "asistencial embarazo, parto y postparto". Más allá de esto, deberán pagar los costes o contratar un seguro privado.

De los 16 países de la UE analizados en 2010 por la organización de defensa de derechos de los migrantes HUMA Network, destaca que Alemania y Grecia dejan fuera del sistema sanitario a los extranjeros irregulares, salvo en caso de emergencia o cuando los pacientes son menores de edad. En estos países, también en Rumanía, se criminaliza por ley la asistencia a inmigrantes sin permiso de permanencia. Grecia es el ejemplo más claro: prohíbe formalmente –bajo riesgo de pena de cárcel- a las entidades públicas, incluidos los centro de salud y hospitales, proporcionar servicio a los sin papeles. En Alemania todos los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar a las personas sin permiso de residencia. No así los médicos y enfermeros gracias a las continuas críticas de numerosas organizaciones. Si bien, el millón de inmigrantes irregulares que se estima que viven en Alemania, suele esperar en la práctica hasta que no les queda más remedio, dado que solo les atenderán en caso de urgencia, o acuden a centros de salud caritativos. Los médicos de estas organizaciones altruistas, como Malteser Migraten Medizin o Fluchtpunkt, se mueven en muchos casos al filo de la ley.

Los motivos económicos, la reducción del déficit público, son “una excusa”, dice Collantes. Alemania y Grecia ya tenían estos sistemas antes de la crisis y sus resultados económicos en la actualidad son más que dispares, reflexiona la experta. Más allá de que numerosos estudios revelan que prestar servicios solo de urgencia a los adultos indocumentados es más costoso a largo plazo que la atención primaria y contribuye al colapso; las organizaciones internacionales añaden consideraciones morales entre las críticas a esta limitación. Incluso los médicos tienen un código ético que les impide denegar la asistencia, comenta Sara Collantes.

Eslovenia, Chipre o Polonia atienden a los extranjeros 'sin papeles' solo en casos de urgencia
Precisamente fueron los profesionales de salud en Italia los que frenaron con duras críticas un intento de imponer la obligación de denunciar a los ‘sin papeles’. Michele LeVoy, director de PICUM (Plataforma Internacional de Cooperación con Migrantes Indocumentados) cree que “especialmente en tiempos de crisis, la protección y defensa de los derechos humanos significa la protección de los valores fundamentales sobre los que se basan nuestras sociedades europeas”.

También hay argumentos relacionados con la salud pública en contra de estas medidas restrictivas. Algunas enfermedades infecciosas pueden propagarse en mayor medida si una parte de la población no recibe tratamiento. España no ha resuelto si los irregulares enfermos de VIH u otras enfermedades infecciosas tendrán acceso a los medicamentos para su tratamiento. En el resto de Europa esta cuestión se aborda de formas dispares. Los medicamentos para el VIH son gratis sin condiciones en Italia y Portugal. Bélgica, Francia u Holanda imponen los mismos requisitos –temporales y de renta- para el acceso a medicamentos que para la asistencia sanitaria. En otros países, los ‘sin papeles’ enfermos con VIH tienen que pagar su tratamiento íntegramente, como ocurre en Polonia, Reino Unido y Suecia, entre otros.

Los pocos estudios sobre el derecho a la salud en Europa coinciden en apuntar que los inmigrantes son uno de los grupos más vulnerables. “Viven con el temor de ser descubiertos y expulsados; en el caso de la salud, incluso cuando el acceso es posible a menudo el miedo les impide ver a un médico”, dice el informe de Huma Network de 2010.

El País, 29 de abril 2012

[eduardo dd]

Médicos objetores: dispuestos a atender a los inmigrantes sin tarjeta sanitaria

Un grupo de médicos madrileños está dispuesto a recurrir la objeción de conciencia para seguir atendiendo a los inmigrantes que pierdan la tarjeta sanitaria. "Lo hacemos por humanidad y por obligación"

JAVIER BAÑUELOS 26-04-2012
El Colegio de Médicos de Madrid admite que la insumisión médica es difícil de canalizar, aunque recuerdan que los médicos están obligados a cumplir su propio código deontológico en el que se dice que "el médico debe atender con la misma diligencia y solicitud a todos los pacientes, sin discriminación alguna"

Mas inf...http://www.cadenaser.com/espana/articul ... rnac_8/Tes

[Vitriólico]

Un grupo de médicos madrileños está dispuesto a recurrir la objeción de conciencia para seguir atendiendo a los inmigrantes que pierdan la tarjeta sanitaria. "Lo hacemos por humanidad y por obligación"

Se plantea un asunto interesante que voy a formular a modo de pregunta:

Si en el caso del aborto hemos criticado abiertamente la apelación al (inexistente) derecho de objeción de conciencia de los médicos de la Sanidad Pública imponiendo sus ideologías personales por encima de su función y a la inacción sancionadora de aquella, ¿coherentemente debiéramos hacer lo mismo en este caso?

[Sunami]

Un grupo de médicos madrileños está dispuesto a recurrir la objeción de conciencia para seguir atendiendo a los inmigrantes que pierdan la tarjeta sanitaria. "Lo hacemos por humanidad y por obligación"

Se plantea un asunto interesante que voy a formular a modo de pregunta:

Si en el caso del aborto hemos criticado abiertamente la apelación al (inexistente) derecho de objeción de conciencia de los médicos de la Sanidad Pública imponiendo sus ideologías personales por encima de su función y a la inacción sancionadora de aquella, ¿coherentemente debiéramos hacer lo mismo en este caso?

La cuestión, tiene tela.

Si un un profesional objeta por motivos ideológicos a realizar un servicio el cual es un derecho de la persona que lo solicita o necesita, es criticable: en tal caso está anteponiendo sus creencias al su deber y al derecho del paciente -del cual reniega-. Pero esto enseguida será cosa del pasado.

En este caso, éstos profesionales no objetan por la inacción, la consecuencia no es la misma, en este caso atienden a determinadas personas que por circunstancias de una ideología biliosa en el poder han quedado sin derecho a la salud, medida que no respeta lo establecido por los DDHH.

¿Es equivalente objetar de conciencia para respetar y apoyar los DDHH que para respetar una creencia delirante particular?

En el primer caso un indivíduo decide no cumplir con su deber de oficio al no compartir un derecho.

En el segundo caso un indivíduo decide asistir a una persona porque como tal posee tal derecho, aunque por las circunstancias los inmigrantes ya no tienen derecho a la salud pública, sin entrar en la legitimidad del mismo, el profesional se limita a cumplir con su obligación.

Si preguntamos cual debe ser la actitud del Estado con esta actitud, la misma lógica del estado actual que ha causado esta circunstancia es la que rechazará a estos médicos por desarrollar su función "incorrectamente", pese a no ser así en última instancia.

[Shé]

Me parece que la expresión "objeción de conciencia" no es la más adecuada en este caso.

Los médicos tienen el llamado Juramento Hipocrático, hoy llamado Declaración de Ginebra, que, entre otras cosas, dice:

NO PERMITIRÉ que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mi paciente;

Cual es el deber de un médico del sistema de salud, poner todos los medios para mejorar la salud pública, u obedecer una ley injusta que le pide negar la asistencia en aras de un ahorro a corto plazo que implica, además, negarla a personas que la necesitan y que no tienen otra opción?

Yo no veo conflicto en desobecer. Más bien lo veo servido para quienes obedezcan pudiendo evitarlo.

Este es, para mí, un típico caso de metedura de pata a fondo, con el doble objetivo de alimentar el racismo y ahorrar unos euros a corto plazo caiga quien caiga, -aunque un inmigrante indocumentado no es, para ellos ni un "quien"-.

A medio y largo, la medida saldrá más cara que dejar las cosas como están, pero a un coste social enorme -agravamiento de los casos, marginación social, contagios, posibles epidemias... Si saben esto, el cinismo de este miserable Ejecutivillo, S.A. que nos desgobierna se está pasando de la raya. Y, si lo ignoran, son más estúpidos aún de lo que parece.

[Shé]

Qué pasará si la exclusión de los inmigrantes sin papeles llega al TC?

El PSOE se puede poner ahora a gritar desde la oposición y disfrazarse de defensor de los derechos sociales, pero el primer paso lo dieron ellos con la reforma de la Constitución, para poner un techo al déficit, cediendo de forma importante la soberanía de los españoles a dictámenes que son y pueden seguir siendo arbitrarios por parte de la CE, orientada a la defensa de intereses privados, y no a la de los derechos ciudadanos.

Estamos entre la espada y la pared, y hay razones más que suficientes para la desobediencia por parte de los médicos que quieran, a pesar de todo, seguir ofreciendo atención a los excluidos. No hacerlo sería, también desde el punto de vista constitucional, peor.

De hecho, en mi opinión, los ciudadanos tenemos la obligación democrática de echar a este gobierno cuanto antes, en defensa de nuestro país.

Una defensa real de España, que tiene poco que ver con la defensa del gobierno de los intereses de empresas privadas como Repsol en Argentina o de las eléctricas españolas en Bolivia.

No sé hasta qué punto la ciudadanía española entiende cuáles son los derechos del país y cuáles los de las empresas privadas españolas, al parecer único interés de este gobierno, y que no parece coincidir con el interés general en esta etapa de depresión económica.

Los abogados ven inconstitucional negar la asistencia al inmigrante

• Los letrados creen que la ley afecta a un derecho fundamental por limitar el acceso a la salud
• Choca también con varios estatutos de autonomía
• Recortando el derecho a la salud

MARÍA R. SAHUQUILLO Madrid 30 ABR 2012 - 21:56 CET

La Constitución española consagra el “derecho a la protección de la salud”. Varios estatutos autonómicos van más allá y establecen la sanidad “universal” o “para todas las personas”. Tratados internacionales suscritos por España completan esa visión de la sanidad como un derecho humano, universal e igualitario. Este es el argumento con el que los colegios de abogados dieron ayer motivos para un posible recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que restringe la cobertura médica a los inmigrantes en situación irregular.

Ese punto colisiona directamente, según el Consejo General de la Abogacía (que agrupa a todos los colegios) con la Carta Magna y con los Estatutos de Autonomía de Aragón, Cataluña, País Vasco y Andalucía. El Gobierno de esta última comunidad y también el PSOE estudian la reforma sanitaria para determinar si invade competencias autonómicas y si incurre en inconstitucionalidad. No descartan recurrirla. El Ministerio de Sanidad, sin embargo, asegura que la ley está muy estudiada y que no choca en absoluto con la Carta Magna.

El real decreto presenta varios problemas, según el Consejo General de la Abogacía. El Gobierno tiene, según la Constitución, potestad para aprobar normas con rango de ley —como la publicada la semana pasada en el BOE— por razones de necesidad urgente. Sin embargo, esa potestad no permite afectar derechos fundamentales, como el derecho a la salud. “Tampoco los estatutos de autonomía pueden ser modificados por un real decreto aludiendo a esa vía urgente”, explica Pascual Aguelo, presidente de la subcomisión de extranjería del Consejo General de la Abogacía, que agrupa a 162.000 abogados.

Y alude a estatutos como el de Aragón, que recoge en su artículo 14 que “todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud, en condiciones de igualdad, universalidad y calidad”.

El derecho a la salud está recogido también de manera expresa en el Estatuto de autonomía de Cataluña, que tiene rango de ley orgánica y que fue aprobado en 2006. El artículo 23 del Estatut se refiere expresamente a los “derechos en el ámbito de la salud” y el primer párrafo es muy claro cuando dice que “todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad y gratuidad a los servicios sanitarios de responsabilidad pública en los términos que establezcan las leyes”, informa Pere Ríos.

"El Estado tiene capacidad para alejar a una persona en situación irregular pero si está no puede desasistirle", dice un experto
En el País Vasco concurre, además, el hecho de su especial sistema de financiación, explica Juanjo Álvarez, catedrático de la Universidad del País Vasco. Álvarez, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del País Vasco, cree que en la manera de tramitar las reformas del Gobierno hay un “menosprecio al valor normativo”. Este experto admite que el título VIII de la Constitución permite al Ejecutivo legislar a base de decretos leyes, ya que le autoriza a modificar la legislación básica. Pero Álvarez indica que esto es “un señuelo”, porque el propio Gobierno decide qué es básico, informa Emilio de Benito.

Ante esta “clarísima intromisión en las competencias autonómicas”, a las comunidades solo les queda la posibilidad del recurso al Constitucional. “No sé si el Gobierno central es consciente del alcance de la medida. A lo mejor aquí se decide que la sanidad y la educación son prioritarias. El tema de la atención a inmigrantes no se siente como un problema, y el real decreto restringe unilateralmente la capacidad normativa”, dice Álvarez. Los estatutos “hablan de ‘todas las personas’ y no todos los aragoneses o los catalanes...”, explica Aguelo, que recuerda que en el derecho a la salud no cabe la discriminación. “Cualquier persona que se encuentre en territorio español tiene derecho a la atención sanitaria en idénticas condiciones. Otra cosa es hasta donde podemos llegar en esa atención y más ahora con una complicada situación económica. El Estado tiene capacidad para alejar a una persona en situación irregular pero si están en territorio español lo que no puede hacer es dejar de atenderle, desasistirle”, añade.

El PSOE y la Junta de Andalucía estudia el decreto y no descartan recurrirlo al TC
El Consejo General de la Abogacía cree que la medida puede provocar, además, situaciones muy complicadas. “Se está condenando a la muerte a muchas personas, y si se produce cualquier situación de ese tipo por falta de asistencia, el Estado responderá patrimonialmente y saldrá más caro el remedio y la enfermedad. Existe el derecho a reclamar esa atención médica”, afirma el presidente de la subcomisión de Extranjería del Consejo.

Sanidad, no obstante, asegura que la reforma no incurre en inconstitucionalidad. “Respetamos todas las opiniones, pero este real decreto, como todas las normas que elabora el Gobierno, es sometido a los criterios de abogados del Estado y a la secretaría general técnica que analizan el contenido de la ley”, dice la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas. “En este caso han intervenido varios ministerios, como Presidencia, Sanidad y Justicia, que han analizado con detalle su contenido y dieron su visto bueno”, asegura.

El PSOE comparte la opinión del Consejo de la Abogacía y cree que hay indicios de que el decreto ley incurre en inconstitucionalidad. “También creemos que invade competencias jurídicas de las comunidades y de derechos universales”, explica José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad de este partido. Por eso está estudiando la reforma para determinar si cabe algún recurso. “Estamos hablando de sanidad, una de las prestaciones más importantes que tienen los ciudadanos”, dice Olmos, que asegura que el real decreto no solo invade competencias sino que tiene también muchos agujeros prácticos que perjudicará a los ciudadanos. “¿Qué pasará, por ejemplo, con el transporte sanitario urgente por avión entre las islas y la península?

El País, 30 de abril 2012

[Vitriólico]

Me parece que la expresión "objeción de conciencia" no es la más adecuada en este caso.

Los médicos tienen el llamado Juramento Hipocrático, hoy llamado Declaración de Ginebra, que, entre otras cosas, dice:

NO PERMITIRÉ que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mi paciente;

Cual es el deber de un médico del sistema de salud, poner todos los medios para mejorar la salud pública, u obedecer una ley injusta que le pide negar la asistencia en aras de un ahorro a corto plazo que implica, además, negarla a personas que la necesitan y que no tienen otra opción?

Yo no veo conflicto en desobecer. Más bien lo veo servido para quienes obedezcan pudiendo evitarlo.

...

Eso mismo alegan los médicos que objetan contra hacer abortos. Lo mismito: el Juramento Hipocrático, la injusticia de la ley y la necesidad de las "personas" que lo sufren.
Pero a esos les denostábamos. ¿Y ahora?

[jasimotosan]

@Vitriólico, como de costumbre, ha puesto el dedo en la llaga cuando dice:

"Eso mismo alegan los médicos que objetan contra hacer abortos. Lo mismito: el Juramento Hipocrático, la injusticia de la ley y la necesidad de las "personas" que lo sufren. Pero a esos les denostábamos. ¿Y ahora?"

Pues sí, yo he denostado furiosamente a los médicos que, cobrando del Estado, siendo funcionarios, se negaban a obedecer las leyes del Estado arguyendo "objeción de conciencia". En su consulta particular, perfecto que lo hagan, pero en la Seguridad Social, no y si tanta es su repugnancia, pues que dejen el puesto y el salario fijo de funcionario, porque el ciudadano tiene derecho a exigir lo que la ley le permite.

Pero claro, si pensaba esto en el caso del aborto mucho me temo que, para ser consecuente, tenga que seguir en la misma línea aunque la "injusticia" parezca diferente.

Y que conste que pienso que, independientemente de consideraciones económicas, dejar a una persona, emigrante o no , de aquí o de allá, o lo que sea sin cobertura médica es una inmoralidad y una vergüenza nacional sin paliativos. El próximo paso será dejar de atender a los que "se hayan buscado" su enfermedad: fumadores, gordos, rijosos, yonkis, borrachos, motoristas, etc.

Inconvenientes de ser consecuentes... O no, porque todo ciudadano debe obedecer las leyes, pero ¿Y las leyes injustas? ¿No es lícito matar al tirano?

Ahora va a ser que no, seguramente a los madrileños de aquél otro Dos de Mayo los políticos españoles de hoy los tildarían de "terroristas" o "kale borroka" sin duda.

Y a los que lucharon y no acataron , por ejemplo, las leyes de la dictadura de "El Caudillo" ¿Habrá que reprocharles no haber obedecio sumisamente tales leyes?

Entonces ¿Serán todas las objeciones de conciencia igualmente respetables? No son preguntas retóricas, es que estoy hecho un lío verdaderamente aunque hay una frase que me gusta especialmente: "El árbol de la libertad debe ser regado de cuando en cuando con la sangre de los patriotras y de los tiranos"(sustituyendo "patriotas" por "hombres libres").

[Shé]

Eso mismo alegan los médicos que objetan contra hacer abortos. Lo mismito: el Juramento Hipocrático, la injusticia de la ley y la necesidad de las "personas" que lo sufren.
Pero a esos les denostábamos. ¿Y ahora?

En el caso de los que se niegan a hacer un aborto dentro del sistema de salud, están negando los derechos de las mujeres que quieren abortar.

En el caso de los que se niegan a acatar la orden de no asistir a los indocumentados, están reconociendo los derechos de éstos a la atención primaria en el sistema de salud, en contra de la ley -pero amparados en la constitución-.

En ambos casos desobedecen, pero yo tengo claro dónde va mi apoyo: a quienes, para reconocer los derechos de otros, desobedecen la ley arriesgándose. Independientemente de que, además, ellos saben muy bien que aplicar esta medida será contraproducente, y un riesgo para la salud pública. Que, encima, costará más que el ahorro que se pretende.

Del juramento hipocrático se podría hablar mucho, pero es otra discusión. Baste decir que los antiabortistas parten de la base de que un feto de menos de 20 semanas es una persona con derechos, y ahí discrepamos, como sabes.

[Vitriólico]

En el caso de los que se niegan a hacer un aborto dentro del sistema de salud, están negando los derechos de las mujeres que quieren abortar.

En el caso de los que se niegan a acatar la orden de no asistir a los indocumentados, están reconociendo los derechos de éstos a la atención primaria en el sistema de salud, en contra de la ley -pero amparados en la constitución-.

En ambos casos desobedecen, pero yo tengo claro dónde va mi apoyo: a quienes, para reconocer los derechos de otros, desobedecen la ley arriesgándose. Independientemente de que, además, ellos saben muy bien que aplicar esta medida será contraproducente, y un riesgo para la salud pública. Que, encima, costará más que el ahorro que se pretende.

Del juramento hipocrático se podría hablar mucho, pero es otra discusión. Baste decir que los antiabortistas parten de la base de que un feto de menos de 20 semanas es una persona con derechos, y ahí discrepamos, como sabes.

Insisto: las razones que alegas son del mismo tenor de las que alegan los médicos antiabortistas.
Y el que impidan el ejercicio de un derecho no está tan claro desde un punto de vista INDIVIDUAL (ámbito en donde se encuentra la naturaleza propia de la objeción de conciencia): los médicos anti-abortistas no impiden que otro médico realice abortos ni toman ninguna medida obstaculizadora, salvo su abstención. Ellos no los realizan personalmente, que no es igual y, por tanto, no niegan el derecho de un mujer a abortar. Es como si yo me negara a construir una iglesia y me alegaran que voy en contra del derecho a la libertad de religión. Cosa distinta es que el colectivo se opusiera en bloque.

Pero el motivo de denostar su actitud no era esa, sino el no cumplir con el ordenamiento vigente en el seno del sistema público de salud, sin sanciones.

Y mi vitriólica y malintencionada -como siempre- pregunta sigue siendo: ¿y esto no es lo mismo?

[Sunami]

Pues va ser que es igual, quien objeta del aborto no niega ningún derecho, tan solo no lo comparte y decide no asistirlo personalmente. Lo que no puede pretender es seguir en un puesto mientras no cumple parte de las tareas del mismo. Nadie le obliga ni a hacerlo ni a quedarse, y menos negarle oportunidades en otros ámbitos o prohibirle manifestar y luchar por sus principios o ideas.

Sino se comparte lo anterior, la cuestión que debe plantearse es la siguiente:

¿Debe pasar con impunidad un profesional que no cumple con su deber establecido por ley?
Es libre de quejarse, dimitir, e incluso incumplir la ley, en tal caso, asumiendo las consecuencias, por muy loable que sea la causa que defienda.

[skeptic]

Creo que estamos aun peor que en el franquismo

Eso mismo dije el otro día en casa. Están haciendo colecta para pagarme el psicólogo.

Pero sí hay cosas que están peor hoy, si no en el terreno de las libertades, en otros: la fuerza que están cogiendo las grandes empresas en general y los bancos en particular y la indefensión en la que el estado está dejando a las pequeñas empresas, autónomos y ciudadanos en general, se está convirtiendo en una pesadilla nueva.

No tememos que aparezca la policía a las tres de la mañana para llevarse a un miembro de la familia

Pues no se que decirte, en Barcelona parece que ya han llegado a eso, detienen a personas sin pruebas y sin haberlos identificado, vale que no les dan el paseillo, pero dales tiempo y verás.

http://diagonalperiodico.net/Hasta-14-d ... es-de.html" onclick="window.open(this.href);return false;

...
Winston Churchill está dando mucho juego en esta crisis interminable. Aparte de referencia para la moda del gin tonic y de inspirar a todos los planes de austeridad con su frase "Sangre, sudor y lágrimas", el estadista británico definió la democracia como aquel sistema en el que "si llaman a tu puerta a las 6 de la mañana, se sabe que es el lechero". Aquí van 14 ejemplos sucedidos desde la huelga general del 29M que le llevan la contraria: sin ninguna identificación previa, estas personas fueron detenidas en sus trabajos, cuando salían de sus casas o en su propio domicilio.

El riesgo de fuga de una sindicalista con trabajo fijo y una hija

Laura Gómez, secretaria de organización del sindicato CGT en Barcelona, fue detenida en su lugar de trabajo el 24 de abril y puesta en prisión preventiva con cargos que suponen hasta 20 años de cárcel

El día 29 por la mañana Laura participaba en una acción frente a la Bolsa de Barcelona. Tal y como estaba acordado por la organización, los manifestantes quemaron de forma controlada una caja de cartón con papeles dentro, una performance que simbolizaba la quema de dinero. En el marco de esta acción, sin que estuviera previsto, también se produjo la rotura de los cristales de la puerta de la Bolsa de Barcelona.

La jueza que decidió el ingreso de la sindicalista en prisión preventiva le imputa a los delitos de incendio, desórdenes públicos, daños, coacción y delito contra los derechos fundamentales. Tal y como ha destacado en rueda de prensa el secretario general de CGT, en el momento de efectuarse la performance había cámaras de prensa y efectivos de los Mossos, pese a lo cual Gómez no fue identificada ni detenida en el instante de cometer los supuestos delitos. El sindicato y los grupos de apoyo piden la inmediata puesta en libertad sin cargos de Gómez, cuyo ingreso en prisión ha sido justificado por el juzgado 23 debido al riesgo de fuga. Gómez, de 45 años, tiene trabajo fijo y es madre de una menor.

Según ha denunciado la mañana del lunes 30 el semanario Directa, en Barcelona un sólo juzgado se encarga de atender todos los casos atendidos por la División Central de Información, mientras que para el resto de unidades policiales la adjudicación de juzgados rota entre los 33 juzgados de instrucción de la ciudad. La DCI está encargada "específicamente" de investigar a los movimientos sociales. Esta correspondencia permite a los mossos seleccionar el juzgado que decidirá sobre la prisión preventiva en este tipo de detenciones, según denuncia Directa.

Además de Laura Gómez, otros tres manifrestantes del 29M en Barcelona cumplen prisión preventiva. Éstos fueron detenidos el mismo día 29 e ingresados en prisión dos días más tarde, según el auto judicial, por el peligro de su participación en el 1 de mayo y en posibles protestas por la cumbre del Banco Central Europeo en Barcelona.

Los mossos llaman a la puerta de casa

C.F., L.M., P.M. y E.C.A. (barrios de Sants y Sant Andreu, Barcelona. Acusaciones de incendio y desórdenes públicos durante el 29M)

Estas cuatro personas fueron detenidas el 19 de abril a la salida de sus domicilios. Ningun de ellas había sido identificada por la policía el día de la huelga, pero eso no impidió su detención cuando salían de sus respectivos domicilios.

P. M. estuvo dos días detenido en la comisaría de Les Corts después de que un agente de paisano le abordara cuando salía de su casa. "Al día siguiente registraron todo mi edificio, incluidas las casas de mis vecinos", declara a Diagonal. Pese a que tenían la llave de su casa, los agentes optaron por forzar la puerta. "Ellos tenían la idea de que éramos una especie de asociación criminal, y por eso se llevaron seis ordenadores del edificio, incluyendo el mío", detalla. P. participa en el movimiento universitario y formó parte de la comisión de comunicación de la Acampada de Plaza Cataluña.

Además, al menos 4 de las 13 personas detenidas en Tarragona acusadas de diversas faltas y delitos supuestamente cometidos durante la huelga del 29M han sido también detenidas cuando salían de sus domicilios.

Dos viejos conocidos de la Seat Martorell

José Antonio J.O. y José Javier E.M. (Esparraguera y L’Hospitalet, Baix Llobregat, Barcelona. Delegados de UGT y CC OO en la planta de Seat Martorell. Acusados de agresiones a la policía durante un piquete en el polígono durante el 29M)

Estos dos sindicalistas son viejos conocidos de la Seat, compañía en la que llevan más de 20 años. Su arresto el 25 de abril duró apenas dos horas: en la planta donde fueron detenidos, Martorell, trabajan cerca de 10.000 personas, y la comisaría está cerca, lo cual facilitó que una pequeña manifestación de trabajadores pudiera presionar a las puertas de la comisaría para conseguir su liberación. Los cargos se mantienen a la espera de una citación ante el juez.

La mañana del 29M estos dos delegados sindicales participaban junto a decenas de personas en el piquete que trataba de paralizar el polígono de Martorell. Según relata a Diagonal Jesús Rodríguez, del semanario Directa, los trabajadores se encararon con un coche que se acercó a gran velocidad al piquete. Un policía de paisano resultó ser el conductor del vehículo. El agente se marchó sin proceder a ninguna identificación y casi un mes después los mossos detuvieron a José Antonio y José Javier en su lugar de trabajo.

¿Cómo han conseguido mi móvil?

Paola Márquez (Móstoles, Madrid, participante en la Asamblea Popular de Móstoles y el Centro Social La Casika. Acusada de atentado a la autoridad durante un piquete)

La joven mostoleña fue detenida el 2 de abril tras presentarse en la comisaría después de recibir una llamada de la policía a su teléfono móvil. Presuntamente, la policía consiguió su número después de que un desconocido se presentara en su domicilio haciéndose pasar por un amigo para pedirle el número a sus padres. Paola, junto contras participantes en el 29M en Móstoles, habían denunciado previamente a la polícía por agresiones durante la jornada de huelga.

La cara conocida del 15M tuvo que tirar de la palanca

El fotógrafo y activista del 15M conocido como @Phierrecom y dos participantes en una asamblea madrileña del 15M fueron detenidos acusados de preparar la acción de bloqueo de vagones en el metro de Madrid

Otras dos detenciones a domicilio sin otra identificación previa que lo que supuestamente mostraban las cámaras del subúrbano madrileño la mañana del miércoles 25 de abril, cuando una pequeña acción de protesta por el aumento de las tarifas del transporte retrasó entre cinco y diez minutos la salida de 13 vagones de metro.

Tanto @Phierrecom como la detenida D. fueron detenidos en sus domicilios por la Brigada de Información. El fotógrafo ha negado el haber estado siquiera en el metro la mañana del miércoles 25. Las tres detenidas ya están en libertad, sin cargos en el caso de @Phierrecom, con una orden de alejamiento del metro las otras dos personas.

16 detenciones tras el 29M sólo en Navarra

La policía nacional ha detenido al menos a 16 personas tras la jornada de huelga general del 29M. Según informaba el diario Gara, 14 de ellas fueron detenidas el día 20 en Pamplona acusadas de desórdenes públicos, daños y delitos contra los derechos de los trabajadores.

Días antes también fueron detenidas la delegada del sindicato LAB Berta García y el secretario de construcción y químicas de esta misma central, Oskar Cayón, con cargos por daños. El juez les ha puesto este cargo por lanzar pintura contra la sede de la Confederación Empresarial De Navarra. Según Gara, la Audiencia de Navarra suele considerar las pintadas como una falta de deslucimiento.

Pertenencia a banda organizada

Técnicamente, un sindicato, una peña de fútbol y un grupo terrorista comparten un rasgo común: los tres son "bandas organizadas". La Guardia Civil se tomó la analogía al pie de la letra con la detención de dos sindicalistas de CC OO en Pobla de Vollbona (Valencia) bajo la acusación de pertenencia a banda organizada debido a su participación en piquetes del 29M.

La acusación concreta era que habían sellado con silicona las cerraduras de varios locales. La detenciones tuvieron lugar el martes 17 de abril en el domicilio, en uno de los casos a las 6.45 de la mañana.

Este listado no es exahustivo, y refleja sólo una parte del balance de detenciones durante y después de la jornada del 29M (280 en todo el Estado). Si conoces más casos, mándanos un comentario.
...

[Shé]

En el caso de los que se niegan a hacer un aborto dentro del sistema de salud, están negando los derechos de las mujeres que quieren abortar.

En el caso de los que se niegan a acatar la orden de no asistir a los indocumentados, están reconociendo los derechos de éstos a la atención primaria en el sistema de salud, en contra de la ley -pero amparados en la constitución-.

En ambos casos desobedecen, pero yo tengo claro dónde va mi apoyo: a quienes, para reconocer los derechos de otros, desobedecen la ley arriesgándose. Independientemente de que, además, ellos saben muy bien que aplicar esta medida será contraproducente, y un riesgo para la salud pública. Que, encima, costará más que el ahorro que se pretende.

Del juramento hipocrático se podría hablar mucho, pero es otra discusión. Baste decir que los antiabortistas parten de la base de que un feto de menos de 20 semanas es una persona con derechos, y ahí discrepamos, como sabes.

Insisto: las razones que alegas son del mismo tenor de las que alegan los médicos antiabortistas.
Y el que impidan el ejercicio de un derecho no está tan claro desde un punto de vista INDIVIDUAL (ámbito en donde se encuentra la naturaleza propia de la objeción de conciencia): los médicos anti-abortistas no impiden que otro médico realice abortos ni toman ninguna medida obstaculizadora, salvo su abstención. Ellos no los realizan personalmente, que no es igual y, por tanto, no niegan el derecho de un mujer a abortar. Es como si yo me negara a construir una iglesia y me alegaran que voy en contra del derecho a la libertad de religión. Cosa distinta es que el colectivo se opusiera en bloque.

Pero el motivo de denostar su actitud no era esa, sino el no cumplir con el ordenamiento vigente en el seno del sistema público de salud, sin sanciones.

Y mi vitriólica y malintencionada -como siempre- pregunta sigue siendo: ¿y esto no es lo mismo?

Difiero. Pero matizo mi expresión: sustituye mi frase "están negando los derechos de las mujeres" por la más acertada "entorpecen el ejercicio de sus derechos a las mujeres porque no los reconocen".

Para mí la diferencia esencial está precisamente en que los antiabortistas no reconocen un derecho, y los desobedientes de Madrid sí lo hacen. Tanto los antiabortistas como este recorte dañan derechos reconocidos.

[Vitriólico]

Difiero. Pero matizo mi expresión: sustituye mi frase "están negando los derechos de las mujeres" por la más acertada "entorpecen el ejercicio de sus derechos a las mujeres porque no los reconocen".

Para mí la diferencia esencial está precisamente en que los antiabortistas no reconocen un derecho, y los desobedientes de Madrid sí lo hacen. Tanto los antiabortistas como este recorte dañan derechos reconocidos.

En tal caso, si a mí me encargaran la construcción de una iglesia y yo me negara a aceptar el encargo ¿entorpecería el derecho a la libertad de ejercicio de culto reconocida por las leyes?
Y si en el mismo caso estuviera a sueldo además en una empresa constructora (Iglesias y Lupanares, S.A., por ejemplo), ¿tendrían derecho a sancionarme -o echarme-, o bien podría alegar objeción de conciencia?

Culebra, en mi indocumentado parecer, aquí se está confundiendo el ámbito de la objeción privada -que yo niego que sea un derecho, salvo por la connivencia ideológica de los tribunales- con el ámbito público.

[Shé]

Difiero. Pero matizo mi expresión: sustituye mi frase "están negando los derechos de las mujeres" por la más acertada "entorpecen el ejercicio de sus derechos a las mujeres porque no los reconocen".

Para mí la diferencia esencial está precisamente en que los antiabortistas no reconocen un derecho, y los desobedientes de Madrid sí lo hacen. Tanto los antiabortistas como este recorte dañan derechos reconocidos.

En tal caso, si a mí me encargaran la construcción de una iglesia y yo me negara a aceptar el encargo ¿entorpecería el derecho a la libertad de ejercicio de culto reconocida por las leyes?
Y si en el mismo caso estuviera a sueldo además en una empresa constructora (Iglesias y Lupanares, S.A., por ejemplo), ¿tendrían derecho a sancionarme -o echarme-, o bien podría alegar objeción de conciencia?

Culebra, en mi indocumentado parecer, aquí se está confundiendo el ámbito de la objeción privada -que yo niego que sea un derecho, salvo por la connivencia ideológica de los tribunales- con el ámbito público.

Ya te gustaría que te encargasen una iglesia.

Pero no es lo mismo: si la construcción estuviera al cargo de una institución estatal, tú fueras un arquitecto empleado por el sistema nacional de construcción -en el servicio de monumentos más concretamente-, y te negases a construir una iglesia , estarías entorpeciendo efectivamente el derecho del cliente a obtener su iglesia del servicio público, y la razón sería que no le reconoces su derecho a elegir el culto que sea.

Si estuvieras contratado por una empresa de construcción y te negases a construir lo que sea, supongo que tendrían derecho a echarte a menos que hubieras previsto incluir una cláusula ad hoc en tu contrato y ésta se hubiese aceptado.

Pero lo que no veo es el sentido de ser arquitecto, y especializarte en monumentos precisamente si este es el campo en el que tu conciencia te impide construir parte de ellos. No estarías mejor como arquitecto de viviendas o de centros comerciales, pongamos por caso, y que los monumentos, iglesias incluidas, las haga otro?