Foro de Iniciativa Atea

Según una nueva investigación de Tax Justice Network, una parte significativa de los activos financieros mundiales que ronda entre los 21 y los 32 billones de dólares (con doce ceros) sobre datos de 2010, está invertida exenta de impuestos en el agujero negro de los 80 paraísos fiscales, las jurisdicciones del secretismo censadas por esta Organización. Unas cuantías que equivaldrían al valor del conjunto de las economías de los EEUU y Japón como mínimo y podrían alcanzar el valor de unas treinta veces la economía española.
Esa es la principal conclusión de la nueva investigación de TJN, que ha dirigido James Henry, ex economista jefe de la consultora Mc Kinsey & Co. El estudio se ha basado en datos del Banco Mundial, el FMI, la ONU, el Banco de Pagos Internacionales y las Tesorerías nacionales y cruzando los resultados con datos sobre las reservas en divisas y oro y algunos estudios de consultoras sobre la banca privada en centros financieros offshore, la denominación técnica de paraísos fiscales.
Realmente se trata de unas estimaciones muy conservadoras ya que se refieren únicamente a la riqueza financiera y excluyen el valor de las propiedades inmobiliarias, yates, casino online y otros activos no financieros propiedad de sociedades registradas en paraísos fiscales y financieros cuyos titulares verdaderos se ocultan.
El referido informe de TJN publicado el 22 de julio de 2012 se denomina The Price of Offshore revisited, un estudio más riguroso que el análisis de 2005, traducido al castellano y publicado en Internet por quien esto escribe y que cifraba en unos 11,5 billones de dólares ese patrimonio financiero de megarricos en países y territorios donde no residen (offshore) pero donde tienen su refugio fiscal. Esta nueva investigación va acompañada de otro estudio de TJN titulado Inequality: You Don´t Know the Half of It, que demuestra que todos los estudios sobre la desigualdad económica hasta la fecha no han logrado dar cuenta adecuadamente de esa riqueza no registrada, concluyendo que la desigualdad es muchísimo mayor de lo que pensamos.
Destaquemos los principales hallazgos del amplio estudio referido sobre el dinero en los paraísos fiscales:
A finales de 2010 (transcurridos más de dos años desde el inicio de la crisis financiera mundial), los 50 primeros bancos en gestión de patrimonios particulares (la llamada banca privada) manejaban por sí solos y en conjunto más de 12,1 billones de dólares en activos invertidos fuera de las fronteras, incluyendo fundaciones y trusts (fideicomisos) y otras entidades jurídicas propias de Suiza, Lichtenstein y otros centros offshore que ocultan los verdaderos dueños.
Los bancos UBS, Credit Suisse y Goldman Sachs gestionan la mayor parte de los activos en offshore, en paraísos fiscales, en nombre de los súper-ricos del mundo.
Entre estos súper-ricos, menos de 100,000 personas en el mundo poseen 9,8 billones de dólares de la riqueza oculta en los paraísos fiscales.
Si los 21 – 32 billones $ generaran una modesta rentabilidad del 3 % y esa renta tributara solamente el 30 %, habrían generado unos ingresos fiscales de entre 190 y 280,000 millones $, aproximadamente dos veces el gasto de los países de la OCDE, los más ricos del mundo, en los países menos desarrollados. Y habrían crecido sustancialmente los ingresos por los impuestos sobre beneficios del capital, sucesiones y otros.
Este nuevo informe de TJN centra la atención en “el agujero negro” de la economía mundial que hasta ahora nunca ha sido cuantificado, como es la riqueza privada en los centros offshore y la inmensa renta que genera y que no tributa en los Estados donde se genera. Y esto en unos momentos en que los gobiernos de todo el mundo disponen de recursos escasos y todo el mundo es más consciente que nunca de las consecuencias sociales de la desigualdad económica.
Y sobre todo y ante todo, añadimos nosotros, esa masa financiera billonaria encarna un enorme poder soterrado e incontrolado que con juegos y trampas impone su ley en “el casino que nos gobierna”, toda una amenaza para los sistemas democráticos.
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3.000 euros por preguntar
La organización Access Info Europe tendrá que pagar por querer saber las medidas de España contra la corrupción

Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe / SAMUEL SÁNCHEZ

Preguntar al Gobierno sale caro. La organización no gubernamental Access Info Europe, que lucha por la transparencia informativa, ha sido condenada por el Tribunal Supremo a pagar 3.000 euros de costas por querer conocer las medidas que ha adoptado España para luchar contra la corrupción. El Supremo sostiene que los datos solicitados son una forma de pedir explicaciones al Ejecutivo y no una petición de información en sí. La sentencia se conoce justo cuando el Parlamento está tramitando la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. España es, precisamente, el único país europeo de más de un millón de habitantes que no tiene una legislación que ponga coto al secretismo de la Administración y abra los archivos de todas las instituciones que reciben fondos públicos.

La pregunta de los 3.000 euros fue formulada en marzo de 2007 (ya se sabe que la justicia es lenta) y su destinatario era la Presidencia del Gobierno, que la rebotó al Ministerio de Justicia. Al no obtener respuesta de este departamento, Access Info interpuso un recurso contencioso-administrativo en el que exponía que se había conculcado el derecho fundamental a recibir libremente información y que la Administración no había cumplido con su obligación de dictar una resolución expresa en todos los procedimientos.

Lo que la ONG quería saber era concretamente el “desarrollo legislativo derivado de la adhesión de España al convenio de la OCDE para la lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales y al convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción”. Con el silencio administrativo, Justicia le dio carpetazo a la cuestión. Pero Access Info recurrió a los tribunales y la Audiencia Nacional sentenció que la Constitución no garantiza el derecho del ciudadano a solicitar según qué datos. “No se puede pretender que el derecho fundamental a recibir información veraz por cualquier medio de comunicación incluya un deber general de la Administración a informar sobre cualquier materia”, resolvió.

En su recurso al Supremo, la ONG invocó las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que reconocen el derecho de acceso a los datos públicos. Expuso también el artículo 20 de la Constitución (libertad de expresión y de opinión) y el 23 (derecho a la participación de los ciudadanos en la vida pública).

El Supremo, según Access Info, reconoce que la Administración incumple con su obligación de contestar, escudándose en la figura del silencio administrativo para acabar condenando en costas a quien reclama amparo judicial. Para Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe, “esta situación es bastante sorprendente, especialmente para un país que está diciendo a la comunidad internacional que está haciendo esfuerzos por mejorar la Ley de Transparencia”.

Así es como los ciudadanos se han quedado sin saber qué está haciendo el Gobierno para luchar contra la corrupción, qué órgano es el encargado de prevenir la corrupción cometida por personas y entidades españolas, privadas o públicas, o con qué recursos (materiales y humanos) se cuenta para llevar a cabo esta misión. Mantener oculta esta información hace de España una excepción. Países como Argentina, Chile, Colombia o Armenia facilitaron en tiempo y forma los datos reclamados por Access Info Europe. “Es una situación que roza lo ridículo y que además de seguir sumando derrotas a la transparencia en España, perjudica aún más la imagen de las instituciones públicas”, apunta Victoria Anderica, coordinadora de campañas de Access Info. La organización confía en que con la Ley de Transparencia que tramita el Parlamento, España deje de estar en la lista de países opacos. Ahora la pelota está en el tejado del Constitucional y en el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos.

No hay medidas de gracia para los desahuciados pero sí para los evasores de impuestos
Acaba el plazo del Gobierno a los defraudadores para acogerse a la amnistía fiscal

AMELIA RUIZ | 29/octubre/2012


Hasta 350.000 desahucios ha habido en España por parte de los bancos. La publicitada medida del Gobierno del PP contra ellos no ha servido de nada, pero el Ejecutivo sí se está empleando a fondo para que la amnistía fiscal a los ricos defraudadores funcione. Está siendo un fracaso porque los asesores fiscales de los evasores dicen que la Ley es confusa. Pero la razón de fondo es que los ricos, ahora menos que nunca, no consideran a España un lugar seguro para su dinero. Desde que gobierna el PP asistimos a la mayor fuga de capitales de la historia de la Democracia, según datos del Banco de España.

El 30 de este mes, noviembre, termina el plazo que ha dado el Gobierno a los grandes defraudadores de Hacienda y evasores fiscales para regularizar sus cuentas, es decir, termina el plazo para acogerse a la amnistía fiscal.

Al 10%
La ley del PP permite a los defraudadores regularizar todo tipo de dinero y propiedades (obras de arte, inmuebles) sin hacer una solo pregunta y pagando solo el 10% de impuestos. El Gobierno pretende recaudar 2.500 millones de euros con esta medida, cantidad de la que se está lejos. Por eso el Ministerio de Hacienda da charlas a asesores fiscales para que convenzan a sus clientes y afloren el dinero negro o lo que tengan en paraísos fiscales .

Ha aumentado el fraude
La realidad es que desde que gobierna el PP ha aumentado el fraude en España. Por dos razones. Una es la subida del IVA: cuanto más sube este impuesto más se generaliza la frase de “si quiere factura es un18% más”. La segunda es la situación económica que provoca una huída de capitales, si bien es cierto que el grueso de los cientos de miles de millones de euros que han salido de España desde que gobierna el PP se debe en mayor medida a desinversiones de empresas y multinacionales. No se fían del camino que lleva el país y prefieren llevarse su inversión a lugares más seguros. Con el Gobierno de Rajoy se ha producido la mayor fuga de capitales de la historia de España, hecho del que ha informado oficialmente el Banco de España y que alarma seriamente en España. Pero sin duda es un elemento que influye. ¿Por qué van a traer los defraudadores el dinero que tienen cobijado en paraísos fiscales cuando todo el mundo está sacando la pasta?

El Gobierno no sabe cuánto dinero se evade
Los técnicos de Hacienda saben que ha aumentado el fraude fiscal, pero carecen de datos fiables para saber cuál es el volumen de la economía sumergida en España. Algunos economistas hablan de hasta 60.000 millones de euros al año, una cantidad astronómica que supone un cáncer para el desarrollo del país. Quienes no pagan impuestos luego exigen pensiones, buena sanidad y buena educación públicas, además de autopistas, aeropuertos o Aves. Baste un ejemplo: el segundo recortazo de Rajoy fue de 40.000 millones de euros.

Sin inspectores
Para combatir la economía sumergida harían falta leyes más duras y, sobre todo, inspectores que vigilaran su cumplimiento. El PP no cree en el sector público y ha demonizado la imagen de los funcionarios. Por supuesto, se han congelado las oposiciones y se ha despedido a empleados públicos que hagan cumplir la Ley. Eso sí, ha aprobado una Amnistía fiscal para los ricos, que son los que pueden evadir impuestos.

Fuente: Juan H. Vigueras – Consejo Científico de ATTAC España

Ante la pregunta frecuente en estos tiempos sobre cual es el mayor paraíso fiscal del mundo, casi invariablemente los compañeros británicos de Tax Justice Network (Red por la Justicia Fiscal) – algunos, ex altos empleados de la banca – responden que es la City de Londres.

Igual que la mayoría de los británicos, casi todos los españoles que deambulan, estudian y/o trabajan en Londres ignoran que la City, donde radica el centro financiero internacional, no es un distrito municipal del Gran Londres sino que tiene su propio órgano político de gobierno que es The City of London Corporation; que además de disponer de algunas raras competencias como la organización de su propia policía, probablemente es el grupo de presión política (lobby) más poderoso del mundo. Así lo afirman los referidos colegas de TJN en la amplia información de su blog.

La llamada “milla cuadrada” de la City londinense alberga diariamente en torno a 450,000 personas, casi todas empleadas en los bancos, despachos y entidades; pero solamente tiene unos 7,800 residentes (censo de 2006), porque los astronómicos precios inmobiliarios de la zona han adjudicado el suelo a los bloques de oficinas.

Por el contrario, la City aloja el mayor centro financiero para no residentes, offshore o extraterritorial, vinculado estrechamente a los paraísos fiscales satélites del entorno europeo, como las Islas Vírgenes Británicas, las Turcos y Caicos, las Bermudas, las Caimán, las Bahamas y las Islas de Man y del Canal y otros territorios británicos; con las peculiaridades ventajistas que hemos descrito en La Europa opaca de las finanzas, y con unos vínculos singulares que asimismo son analizados en dicho libro.

Sin embargo, está por analizar el papel de la City en la gestación de la crisis financiera que nos ha traído el aumento del paro y la pérdida de ahorros para tanta gente en Europa. Un reciente libro de la periodista del Financial Times, Gillian Tett (Fool´s Gold, Free Press, 2009) apunta algunos datos significativos sobre la ligazón de la City con Wall Street en la incubación de la crisis, a partir de los denominados derivados financieros, unos títulos cuyo valor deriva de otros activos, como créditos hipotecarios u obligaciones de empresas. Unas modalidades de apuestas para jugar en el casino mundial de las finanzas, repartiendo descontroladamente los riesgos por el planeta con las consecuencias que conocemos.

Nos cuenta esta especialista en mercados que, en sus comienzos, la experimentación con estos inventos financieros por un grupo de jóvenes negociantes (traders) del banco J.P. Morgan, no tuvo lugar en la sede central de Nueva York sino en la filial en Londres denominada Morgan Guaranty Limited. La principal razón era escapar de la legislación estadounidense (la Glass-Steagall Act) que por entonces impedía que la banca comercial, con depósitos de ahorro, se dedicara a jugar en Bolsa. Y la City de Londres ofrecía un mayor laissez fairepermitiendo que los bancos se dedicaran al negocio de “los servicios financieros”; con la ventaja añadida de que las operaciones para recaudar dinero mediante la venta de esos títulos artificiales resultaban más baratas en la City, ya que asimismo ofrecía legalmente reducciones y exenciones fiscales.

Y algo parecido sucedió con AIG cuando J.P.Morgan inventó los derivados de crédito, los CDS (crédit defaults swaps), poniendo en práctica esta nueva línea de negocio que convertía en valores negociables estos seguros de los impagos de los créditos ya concedidos por el banco. Como se trataba de quitarse del balance los riesgos de impago de su cartera de préstamos concedidos, se buscó como socio al gigante asegurador AIG (American Insurance Group); que utilizaba para estas operaciones a su filial AIG Financial Product domiciliada en la City, porque la legislación de seguros londinense resultaba más permisiva que la estadounidense.

En Septiembre de 2008, el conglomerado asegurador AIG era nacionalizado por el gobierno de los EEUU, un hecho político muy significativo, que por su relevancia analizamos en Al rescate de los paraísos fiscales. La cortina de humo del G-20 (Icaria-Más Madera, 2009), junto con los rescates bancarios de la City por el gobierno Brown, con el dinero de los contribuyentes británicos que ahora sufren la crisis económica.-

Esta semana concluye la regularización de dinero opaco promovida por el Gobierno, que ha intentado por todos los medios disipar los temores de los evasores
Montoro hace un último llamamiento a los defraudarores y se muestra convencido del “éxito” de la amnistía fiscal
S.C. | 26/noviembre/2012

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su intervención
en la clausura de la jornada sobre planes y fondos de pensiones que
organiza la Fundación Inverco, hoy en Madrid / EFE-Archivo

Esta semana, concretamente el viernes 30 de noviembre, concluye el plazo para acogerse a la amnistía fiscal promovida por el Gobierno del PP, que durante todo el plazo se ha comprometido a no hacer preguntas sobre el origen del dinero con tal de recaudar el 10% de lo que se declare. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha hecho este lunes un nuevo llamamiento a los evasores y se ha mostrado convencido de que la amnistía será "un éxito".

El objetivo del Gobierno de Rajoy a la hora de promover la aminstía fiscal que concluye este viernes era recaudar 2.500 millones de euros. A pesar de que la medida suponía en la práctica una bonificación para los defraudadores -con tipos mucho más bajos que para quienes cumplen con escrupulosamente con sus obligaciones fiscales- en los primeros cuatro meses apenas ingresó 50 millones.

Esfuerzo final de Montoro
Desde el Gobierno, con varios ministerios implicados, se ha intentado disipar los temores de los potenciales beneficiarios de la regularización. Desde Justicia incluso promovieron un zurcido exprés del Código Penal para garantizar la inmunidad de los delitos. Este lunes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha aprovechado un acto público para mostrarse convencido de que la regularización será un “éxito” en “términos de afloramiento”. Para hacer más atractivo el llamamiento, el ministro alertó de que la nueva ley antifraude es “enormemente exigente” contra los defraudadores -por lo que se podría aplicar sobre quienes no se acojan ahora a la regularización-.

Lejos de los objetivos y efectos contraproducentes
Aunque se cumplieran los objetivos recaudatorios -lo que parece muy improbable- hablar de éxito en una amnistía fiscal no parece demasiado apropiado, y es que como se ha advertido desde diferentes ámbitos, se ha mandado un pésimo mensaje a quienes cumplen con la ley. En este sentido, los técnicos de Hacienda han denunciado reiteradamente la falta de medios para luchar contra el fraude -con medios muy por debaje de la media europea- y el impacto cultural contraproducente de la amnistía en un país en el que la ocultación al fisco puede alcanzar hasta el 25% del PIB.

Han pasado ya cuatro años desde que Angela Merkel, Nicolas Sarkozy y Barack Obama lanzaran desde la cumbre del G20 en Londres --al menos de boquilla-- la que se suponía iba a ser la madre de todas las batallas para acabar con los paraísos fiscales. El informe El precio de los paraísos revisado publicado el pasado fin de semana por la asociación británica Tax Justice Network pone a cada uno en su sitio.

Entre 2005 y 2010 la élite económica mundial consiguió evadir al menos 16,7 billones de euros en paraísos fiscales --25,6 según la estimación más pesimista--, lo que supera con creces al Producto Interior Bruto (PIB) de EEUU y Japón juntos.

El informe, difundido por el dominical británico The Observer, y elaborado por el exdirector económico de la consultora Mckinsey, James Henry, revela el modo en que al menos esos 16,7 billones han conseguido escapar de todos los controles fiscales nacionales y han ido a parar a países como Suiza o las Islas Caimán con la ayuda de los bancos privados.

Petrodólares fugitivos
Según el documento, los 10 bancos más importantes del mundo -entre los que se encuentran el UBS, el Crédit Suisse y Goldman Sachs-, gestionaron sólo en 2010 unos 5 billones de euros, casi tres veces más que hace cinco años (1,9 billones).

Según las investigaciones de Henry --que cuenta con datos del Banco Mundial, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y los bancos centrales-- uno de los puntos más devastadores del informe es que en el caso de algunos países en vías de desarrollo, todo el capital fugado desde los años setenta serviría para cancelar por completo su deuda externa.

Otro de los puntos llamativos del estudio es el dedicado a los países productores de petróleo. Según Henry, la élite que controla el negocio de los hidrocarburos se ha cuidado mucho en los últimos años de hacer desaparecer su riqueza en cuentas de bancos con sede en paraísos fiscales en lugar de invertirlos en sus respectivos países. En Rusia, por ejemplo, se calcula han volado al menos 640.000 millones de euros desde principios de los años noventa.

Arabia Saudí y Nigeria serían otros ejemplos de petrodólares desaparecidos. Según el informe, desde mediados de los setenta han desaparecido 252.000 millones de euros del primero y 251.000 del segundo. "El problema es que los fondos de estos países los maneja un pequeño grupo de individuos muy ricos, mientras que la deuda la pagan los ciudadanos de a pie a través de sus gobiernos", subraya el informe.

Para la Tax Justices Network, este tipo de transacciones financieras son un síntoma de que los estudios sobre desigualdades económicas en determinados países no son nada fiables. Según sus cálculos, 6,3 billones de esos capitales evadidos pertenecen a 92.000 personas, lo que significa el 0,001% de la población mundial.

"Estas estimaciones revelan que la desigualdad es mucho peor de lo que muestran las estadísticas oficiales, pero los políticos siguen pensando en que pueden ir transfiriendo por goteo la riqueza a la gente más pobre" explicó al diario John Christensen.

La situación se vuelve también extremadamente injusta en los países avanzados que con la crisis económica mundial han optado por reducir el gasto público y recortar salvajemente la inversión en políticas sociales para tratar de cuadrar las cuentas.

Segun el estudio, si los gobiernos consiguieran tasar al 30% el 3% de rentabilidad al año que se calcula que dan los casi 17 billones evadidos, obtendrían unos ingresos en torno a los 155.000 millones, mucho más de lo que invierten los países ricos en ayuda al desarrollo anualmente.

Producción francesa que nos muestra dónde están, cómo funcionan y quiénes son los beneficiarios de los limbos financieros.

La peculiaridad de estos depósitos es que están totalmente exentos de pagar impuestos, lo que atrae a las grandes riquezas de todo el mundo. Se calcula que más de ocho billones de euros descansan en los paraísos fiscales sin que sus propietarios paguen ni un céntimo al erario público de sus respectivos países.

En plena crisis económica, lo injusto de esta situación se ha hecho más evidente para los grandes mandatarios. En la reunión del G20, que se celebró en abril del pasado año en Londres, se concretaron treinta medidas para cerrar el cerco a los limbos financieros, de forma que la riqueza oculta en estos espacios de opacidad salga a la luz y revierta en el resto de la población.

Así mismo, se determinaron sanciones a los paraísos fiscales que no cooperen en facilitar datos sobre evasión fiscal, lavado de dinero y financiación del terrorismo. Pero en realidad, todo quedó en unos acuerdos tibios, donde prevaleció el consenso neoliberal, para que nada perturbe la movilidad internacional del capital financiero.

El documental explica cómo funcionan las firmas de auditorías, expertas en asesorar a sus clientes sobre el lugar más ventajoso donde colocar su dinero, así como las agencias de investigación de impuestos.

Más allá de las fronteras de la legalidad, los expertos coinciden en que el uso de los paraísos fiscales para la evasión de impuestos, se ha convertido en uno de los mayores atentados éticos contra la redistribución de la riqueza de un mundo en crisis.

BARCELONA// Álex Madariaga ha trabajado como técnico de investigación en la Agencia Tributaria y en la Oficina Antifraude de Cataluña. Desde estos organismos ha tratado de seguir el rastro de la evasión fiscal. Asegura que los controles son insuficientes y las sanciones a los bancos que facilitan la evasión a paraísos fiscales, muy escasos. Madariaga, que actualmente forma parte de Attac Cataluña, conversa con La Marea sobre los cambios emprendidos en Andorra en esta materia y la influencia decisiva de la evasión de impuestos en la crisis.

¿Qué condiciones son necesarias para que un país sea considerado paraíso fiscal?

Un paraíso fiscal es aquel donde hay dos elementos que se suman: ofrece una baja o nula tributación y no da información a terceros.

Aquí cerca está el caso de Andorra…

Técnicamente, Andorra ya no es un paraíso fiscal. Es de los que están haciendo los deberes y ha dejado de ser un chico malo. En su día tenía un secreto bancario bastante potente, y estando cerca de la península era fácil ir a depositar unas cuentas. Esto ha mejorado bastante.

¿En qué sentido?

Desde 2010 existe un acuerdo de intercambio de información, por el cual el Estado español puede requerir si tal señor tiene cuentas, y Andorra se lo dirá. Con Andorra ya no es necesario que haya una investigación en marcha para solicitar la información.

¿Qué le forzó a emprender estos cambios?

Cuando estalló la crisis, Sarkozy, que es copríncipe de Andorra, fue uno de los primeros en decir que los paraísos fiscales eran una de las causas de la crisis. Apretó las tuercas y Andorra firmó un convenio con España que está funcionando relativamente bien.

¿Algún ejemplo?

Durante este proceso, que ha durado unos años, hubo dos políticos de la península que fueron a Andorra con un maletín, fruto de la corrupción, de un negocio ilícito, a depositarlo en un banco andorrano. El banco recibió el dinero, les preguntó de donde salía y ellos no lo explicaron. Inmediatamente llamaron a la policía española. Cuando cruzaron la frontera fueron llamados a declarar en Madrid. Desde entonces ha cundido el miedo. Creo que este es el funcionamiento que tiene que ser.

¿Se puede garantizar que esto se de en todos los casos?

Estos políticos eran de tercera fila, no eran de primer nivel. No sé lo que hubiera pasado si hubiesen sido personas de primer nivel… Pero es lo mismo que deben hacer los bancos españoles. La ley de prevención de blanqueo de capitales establece como obligación que tienen que determinar el origen de los fondos. ¿Lo hacen? Deberían. Seguramente en muchos casos no…

¿Qué ha sucedido con todos aquellos fondos que estaban en Andorra antes del acuerdo?

Desde el año 2010, Andorra ha ido avisando a los bancos, y los bancos han informado a sus clientes, de que van a tener que dar esta información al Estado español. Así que se sabe que ha habido una gran filtración de los fondos que estaban en Andorra hacia otros países. Según nuestra legislación existen 48 paraísos fiscales, así que hay donde escoger, de todo tipo… es fácil mover el dinero de un sitio a otro. Eso no supone un problema.

Y cuando se producen estos movimientos de dinero, ¿hay algún tipo de aviso?

En ese caso no se informa al Estado Español. Simplemente, normalmente a final de año, el Gobierno andorrano pasa una lista de los depositantes y la cuantía. Por lo tanto si yo aviso antes, a 31 de diciembre no quedará nadie. Es así de fácil.

Andorra ha servido como refugio del dinero para fortunas personales más que para las empresas…

La ventaja que tenía Andorra era el secreto bancario, pero en cambio la constitución de empresas es tremendamente compleja. Porque requiere que el accionista mayoritario sea un andorrano, el trámite burocrático es muy lento… Cada paraíso fiscal tiene sus ventajas. Hay otros países en Europa que ofrecen otro tipo de productos, de hecho si uno va a un asesor fiscal que se dedica a estos temas le puede explicar, en función de la necesidad, el país que le va bien para evadir impuestos: Liechtenstein, Luxemburgo, Islas Caimán, las islas del Canal… En función de lo que usted quiera hacer tiene un país para ello.

Hace pocos meses se conoció el caso del primogénito de Jordi Pujol. Una excompañera suya denunció que llevaba maletines con billetes de 500 euros a Andorra. ¿Ese es el método más común?

Es un método pedestre pero efectivo. Llevo el dinero en efectivo en un maletín, lo ingreso en un banco, y ese banco no le explica nada a nadie. Pero existen otros métodos más sofisticados. A veces no hace falta ni que me vaya: la oficina del barrio me puede arreglar el tema. En cada caso de corrupción, de narcotráfico, de trato de blancas, cuando se investiga se va a dar con un paraíso fiscal. En algún momento ese dinero se mueve a un paraíso fiscal. El problema está claro, ¿no? Es una especie de filtro que alimenta el delito.

¿Qué nivel de control había en las fronteras para controlar la entrada de dinero en efectivo?

Todos los que hemos ido a Andorra sabemos que los controles son muy laxos. Es muy fácil pasar dinero y más si eres una autoridad pública, que quizás existe más tolerancia… Pero es que hay otras formas, no hace falta llevarse el maletín. El tema de Urdangarín está lleno de rastros en paraísos fiscales y no se los llevaban en maletines, lo movían en cuentas…

¿Hay diferencias entre los distintos bancos dentro de un mismo país? En Andorra, varios de estos empresarios llevaban el dinero a la Banca Mora…

Bueno, está la política empresarial. Hay bancos que pueden ser más arriesgados y en ese sentido saltarse incluso la propia legislación del Estado, eso también pasa en nuestro país. Entra dentro de su política comercial.

Puede resultar más beneficioso para el banco aunque incumpla la ley…

El negocio del banco es el dinero. Captar dinero y con ese dinero hacer negocio. Va contra sus propios intereses tirarse piedras sobre su tejado. En ese sentido las normas tienen que ser muy estrictas con los bancos. Porque si no la propia tendencia de los bancos será facilitar el tema del dinero ilícito.

Entiendo pues que la normativa no es estricta…

No, y hace mucha falta. El banco que se salta la norma tiene que tener una sanción ejemplar. El problema es que la presión internacional debe ser sobre los Estados, y los Estados presionar a los bancos. La política europea tiene que presionar a los paraísos fiscales que existen en Europa para que obliguen a sus bancos a cumplir la normativa. Desgraciadamente los bancos son entidades tremendamente poderosas, y en la mayoría de ocasiones quien manda no es el político, sino el banco. Se produce una inversión de quién tiene la sartén por el mango.

Es decir, que sin sanciones duras puede haber todavía bancos en Andorra que no comuniquen la llegada de dinero negro…

Puede existir.

¿Cómo se controla que el banco avise?

España como Estado no puede hacer absolutamente nada contra un banco andorrano. Se tendría que dirigir en todo caso contra el Gobierno andorrano. ¡Pero si España tiene problemas serios para controlar a sus propios bancos! A los que están aquí al lado. iCada día vemos situaciones de abuso de nuestros bancos, que interpretan la norma como quieren, que no la cumplen, y las consecuencias son escasas. Y encima sus directivos se van con pensiones millonarias, que en algunos casos provienen del dinero público…

Entonces, sin un control efectivo de que el acuerdo se aplique, ¿se ha solucionado el problema?

Queremos creer que sí. Ha habido un importante trasiego de datos, y con la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno el año pasado y la obligación de declarar todos los bienes en el extranjero sé que se está pidiendo datos a los bancos europeos, entre ellos Andorra, Liechtenstein… Uno de los fundamentos de la amnistía es “decláralo antes de que te descubra”. Veremos cómo se materializa realmente este intercambio.

¿También se están pidiendo datos a Suiza?

Suiza, que históricamente ha sido el número 1 en esta materia, aunque ahora ya lo han superado las Islas Caimán y Singapur, también está dando información. A cuenta gotas, pero la está dando. Lo de Suiza es un caso un poco paradigmático porque fue famoso el caso del trabajador del banco HSBC que copió y vendió los datos.

Y de momento es el único que ha sido perseguido judicialmente.

Sí, a la única persona a la que se ha encarcelado es al trabajador del banco. A nadie más. Aquí encarcelamos a quien explica la situación, y no a la lista de delincuentes, que era bastante extensa, por cierto.

¿Hay otras formas de ahorrarse pagar impuestos?

Existen dos tipos de caminos. Uno sería la evasión fiscal, es decir, llevarme el dinero a otro país de forma ilegal, y otro que es lo que se llama la elusión fiscal: Dentro de la normativa, utilizo los instrumentos más beneficiosos para pagar menos impuestos. En España tenemos muchas figuras para las personas ricas que permiten pagar muy poco. Están las SICAV, que tributan al 1%… A veces no necesitan irse a las Islas Caimán para no pagar… Aquí ya pueden hacerlo y es legal.

También hay maneras de reducir el impuesto de sociedades, que se sitúa sobre el 30%…

Hay una diferencia entre el tipo del impuesto y el tipo medio efectivo, que es lo que acaba realmente pagando una empresa, a través de las figuras fiscales de deducciones, amortizaciones… Los estudios dicen que en España hay empresas que pagan el 5% de impuesto de sociedades. Acaban pagando muy poco.

¿Los bancos españoles derivan a clientes a sus filiales en paraísos fiscales?

Los bancos españoles tiene filiales en casi todos, por no decir todos, los paraísos fiscales importantes del mundo. La memoria de la fiscalía anticorrupción del año 2002 hizo un informe demoledor sobre la cantidad de filiales que tenían los bancos importantes de este país en paraísos fiscales, cómo derivaban a los clientes y no comunicaban absolutamente nada a la Agencia Tributaria. Se informó de forma contundente, y a partir de aquí poco ha cambiado.

Otros organismos hace años que lo vienen denunciando…

Sobre este tema ha habido un aluvión de informes, todos iguales, desde el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el blanqueo de capitales, la OCDE, siempre en el mismo sentido: no puede ser que los principales bancos colaboren en la evasión fiscal. Ni que las principales firmas de despachos de abogados y auditoras, las que se llaman las Big Four, colaboren en los paraísos fiscales, porque tienen sede también en estos países… Se informa, se ponen los datos encima de la mesa pero se hace muy poco.

¿No se puede hacer nada?

Es difícil hacer algo porque los políticos dicen una cosa y suelen hacer la contraria. Casi todos los políticos hablan de los paraísos fiscales como un problema y aseguran que quieren eliminarlos, pero en la práctica no solo no los eliminan sino que los facilitan. Te doy dos situaciones concretas que se pueden considerar bastante indignantes…

Dispare

El Gobierno de Zapatero sacó una norma sobre la compra de deuda pública que decía que si una empresa domiciliada en un paraíso fiscal compraba deuda pública no se le iba a preguntar nada. Ni de donde sale, ni quién es. El Gobierno de Mariano Rajoy creó el SAREB (banco malo), que utiliza una figura que se llama el FAB (Fondo de Activos Bancarios), que son títulos que se compran. Pues sacó una norma diciendo que si lo compraba un señor o una empresa en un paraíso fiscal tampoco iba a preguntar nada.

Curiosa forma de combatir la evasión fiscal…

¿El Estado quiere luchar contra los paraísos fiscales? Yo veo que no, porque cuando quiere vender va a buscarlos. Si realmente quisiera combatirlos, diría que si usted está en un paraíso fiscal no puede comprar deuda pública ni pisos en España.

¿Es posible cuantificar el nivel de ese fraude?

No existe un cálculo exacto, pero se puede saber, a través de los medios de pago por ejemplo de Basilea, que si todo este dinero tributara en el país España no tendría crisis. No tendría déficit, tendría superávit. No habría que recortar en sanidad, ni en educación, ni habría que recortar derechos sociales. Hay algo curioso: Ninguna institución pública ha hecho un estudio serio del volumen de fraude fiscal en España. El estudio que existe es de entidades privadas o del sindicato de técnicos de Hacienda.

¿Y a nivel global?

Se calcula que podría llegar a los 32 billones de dólares, que es el PIB de Estados Unidos y Japón juntos. Y eso solamente en depósitos bancarios, pero no se puede saber el dinero que se mueve a través de sociedades y de las figuras que utilizan estos países, que son los Trust y los Fideicomisos. Allá es imposible saber la cantidad de dinero que se mueve. Una cosa es segura: si ese dinero tributara en los países, se acabó la crisis.

Imagine –sólo como hipótesis de trabajo– que no siente usted ningún tipo de deber en conciencia hacia la Hacienda Pública. Que sólo paga sus impuestos por el miedo a lo que pueda pasar si le pillan (y en la medida en que sienta el riesgo de que le puedan pillar).

Imagine también que, además de carecer de moral tributaria, gana usted anualmente mucho dinero (la combinación no parece imposible). Por ello, en su declaración del IRPF debe usted pagar más de 120.000 euros al Fisco.

Usted sabe que defraudar más de 120.000 euros a la Hacienda Pública es delito, por lo que si es descubierto será condenado a una pena de prisión de 1 a 5 años y a una multa del tanto al séxtuplo de la cantidad defraudada (art. 305.1 CP).

Por supuesto, con suerte y unos buenos servicios jurídicos podría reducir ese riesgo. Y si las cosas se ponen feas y le van a condenar, el objetivo de su abogado será buscar una pena de prisión por debajo de dos años, pues si no tiene usted antecedentes, es casi seguro que se suspenderá su ejecución. Eso sí, la multa no se la quita nadie: hasta seis veces lo que haya defraudado (además, claro, de pagar lo que debía).

Este es el escenario teórico. Usted, como persona que sólo cumple con el fisco por miedo a las consecuencias, calculará ahora los concretos riesgos y verá si defrauda o no; en qué medida y por qué conceptos.

Ahora imagínese que las cosas son distintas: que vive en un país con un Gobierno muy cariñoso con los delincuentes fiscales. Ese Gobierno propone cambiar la ley en estos términos: si un delincuente fiscal es descubierto y resulta imputado, tiene un cómodo plazo de dos meses para pagar su deuda tributaria. Si lo hace, podrá obtener una rebaja extraordinaria de la pena, que permite reducirla hasta niveles ridículos: la pena de prisión quedará por debajo de un año (podría llegar a ser incluso de tres meses), por lo que alguien sin antecedentes jamás la cumpliría. La multa estará siempre por debajo de la cifra defraudada, y podrá ser de la mitad o incluso de la cuarta parte de dicha cifra.

Finalmente, imagine que las Cortes aprueban tal regulación.

Ante esta situación, su análisis de riesgos varía. Usted juega con las probabilidades de ser descubierto; pero sabe que jamás irá a prisión, pues lo peor que le puede pasar es tener que pagar su deuda tributaria y una multa ínfima. ¿Tendría usted más incentivos para defraudar al Fisco? La respuesta es obvia: sí.

Pues bien: el pasado día de los santos inocentes el BOE ha publicado ese maravilloso regalo a todos los defraudadores tributarios de España, así como a quienes cometan fraudes a la Seguridad Social o fraudes de subvenciones. El nuevo artículo 305.6 del Código Penal les permitirá comprar su práctica impunidad en el caso de verse descubiertos, y por cierto a cambio de un precio muy bajo: pagando su deuda tributaria más una multa ridícula (¡siempre por debajo de la cifra defraudada!), podrán eludir la pena de prisión, ya que en virtud de esta superatenuante quedará por debajo de seis meses o, como mucho, de un año. Además, el plazo para decidir si pagan tan bajo precio a cambio de eludir la cárcel es holgado: dos meses desde que el defraudador reciba la citación como imputado (han leído bien: no dos meses desde que el defraudador comete los hechos, ni desde que es descubierto, ni desde que se inicia el procedimiento penal, no: dos meses desde que le citen a declarar en el Juzgado como imputado.

¿Se nos olvida algo? Ah, sí, el colofón: la Ley prevé expresamente (art. 305 bis 2) que este tratamiento VIP sea aplicable incluso a los megadelincuentes fiscales: los que usan testaferros o empresas de pantalla en paraísos fiscales, defraudan cantidades que superan los 600.000 euros, casos de crimen organizado…

Como pueden imaginar, esta rebaja extraordinaria no se aplica a los demás delitos. Si un ladrón o un estafador devuelven lo robado o estafado después de ser citados como imputados, se les aplicará una pequeña atenuación por reparar el daño causado antes del juicio, pero no reciben este obsequioso trato que la Ley reserva para los grandes defraudadores al fisco.

Asistimos, pues, a la destrucción de cualquier posibilidad de que el Derecho penal tributario llegue a tener en España una mínima capacidad intimidatoria. Las consecuencias de esta reforma las experimentaremos durante los próximos años. Las razones contenidas en la Exposición de motivos de la Ley no son fácilmente comprensibles: ¿por qué querría el Gobierno debilitar el sistema de ingresos fiscales, especialmente en relación con quienes más dinero deben pagar a la Hacienda Pública? (recuérdese que, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, la mayor parte del fraude fiscal es cometido por las grandes empresas y las grandes fortunas). La excusa de que “de este modo se logra que el Fisco cobre antes” no es aceptable: esta agilización del cobro –que sólo operaría en los escasísimos supuestos en que se logra iniciar un procedimiento penal– tendría un coste incomprensible: al proteger de esta manera al delincuente fiscal, se introducen unos incentivos extraordinarios para que se cometan nuevos fraudes tributarios.

El proyecto del Gobierno, ya convertido en Ley, consagra el fracaso de nuestro sistema penal tributario, al blindar legalmente lo que poco a poco ya casi se había logrado por otras vías: que ningún delincuente fiscal pueda pisar jamás la prisión.

Europa y el G-20 retan a los ‘búnkeres’ fiscales

La falta de resultados en 2009 les chamuscó; ahora disponen de más herramientas de presión

XAVIER VIDAL-FOLCH 19 MAY 2013 - 00:00 CET

En la city de Londres se producen muchas operaciones que terminan en paraísos fiscales / SIMON DAWSON (BLOOMBERG)

El mundo aprieta contra los paraísos fiscales y el dinero sucio. La Unión Europea y el G-20 se juegan el prestigio. ¿Podrán, o se quedarán a medias? Es una lucha contra un flujo monstruoso, cerca de 23 billones de euros negros y mutantes, más del 10% del PIB mundial, que se trasladan por el orbe en nanosegundos, sin control ni reglas, que no pagan impuestos, que provienen en un tercio del narcotráfico y otros crímenes, que contaminan cuanto tocan. Que irritan a los contribuyentes que sí contribuyen. Y que tienen dueños y padrinos poderosos: los poderosos.

Una cumbre europea discutirá el miércoles cómo acabar con el —ya residual— secreto bancario, que facilita la evasión fiscal, la elusión fiscal y la huida de capitales, esa tríada de conceptos concomitantes, pues ya dijo el ex ministro británico de Hacienda Denis Healey que “la diferencia entre evasión y elusión fiscal es el grosor de una pared de cárcel” (Treasure Islands, Nicholas Shaxson, Palmgrave, Nueva York, 2011). Traducido: un gran fraude fiscal es siempre delito.

Bruselas calcula que ese agujero negro fiscal cuesta al año un billón de euros a los europeos. Pretende que gracias a una nueva directiva, los 27 Gobiernos compartan automáticamente toda la información sobre todas las “fuentes relevantes” de ingresos, incluyendo como novedad lo esencial que se escapaba: dividendos, rentas de capital y royalties.

Veremos, porque si entre los exentos Luxemburgo cede, Austria se resiste panza arriba y las finanzas británicas tiemblan. Veremos, porque la primera directiva sobre el ahorro —o sea, sobre el capital—, que instauró en 2003 un régimen automático (sin petición de parte) de información mutua entre los Gobiernos, limitado a los intereses recibidos por personas físicas, y con tres países exceptuados, había tardado nada menos que 14 años en suscitar la unanimidad de los socios (Directiva 2003/48, DO, 3 de junio).

Los refugios fiscales

Al mismo tiempo, una secuencia de reuniones del G-20, con broche en la cumbre de San Petersburgo, el 5 de septiembre, decidirá sobre la última propuesta de la OCDE, acabar con la yenka de movimientos que entonan los paraísos fiscales: “Transferir los beneficios allá donde tributen a menores tipos y los gastos allá donde se desgraven en mayor medida” (Adressing Base Erosion and Profit Shifting, http://www.oecd.org" onclick="window.open(this.href);return false;).

Por vez primera, organizaciones cívicas críticas con los resultados obtenidos por el G-20 y la OCDE se muestran esperanzadas. “Es un momento histórico, porque asuntos que se habían excluido de la agenda durante un siglo han entrado al fin en ella”, proclama John Christensen, director de Tax Justice Network, la principal de ellas (http://www.taxjustice.net" onclick="window.open(this.href);return false;).

Esta red destaca que el club de los países más desarrollados —la OCDE— dirige inéditamente su foco hacia las multinacionales, al postular que presenten sus cuentas globalmente, y no por fragmentos, a todas las autoridades de los países donde operan. ¿Lógico, no? Casi revolucionario.

La UE quiere poner fin al secreto, y el G-20, regular las multinacionales
Porque el G-20 declamó en abril de 2009, al poco de estallar la gran crisis: “Estamos dispuestos a imponer sanciones para proteger nuestras finanzas públicas y nuestros sistemas financieros; la era del secreto bancario ha terminado”. Y por instrucción suya, la OCDE, que en 1998 había lanzado un innovador informe sobre la “competencia fiscal perjudicial” fabricó unas listas de paraísos fiscales de las que podían escaparse si firmaban una docena de acuerdos de intercambios de información con otros países. No automáticos: a petición de parte, limitados, con duros requisitos sobre la identificación del sospechoso y de la causa de que lo sea.

Se firmaron unos 300. La lista negra rebosaba de exóticos rincones isleños, excoloniales y alejados —allá donde solían acudir los plutócratas de la maleta negra o sus mayordomos—, pero ninguno de ellos metropolitano (cuadro 1). Se vació en días. Sirvió de algo, de muy poco. Apenas se iniciaron algunas docenas de lentos expedientes informativos. Y los frutos recaudatorios fueron mínimos.

De modo que clasificaciones alternativas sobre la opacidad fiscal como la de la independiente Tax Justice Network (cuadro 2) resultan las únicas significativas disponibles. E incorporan países del primer mundo: Estados Unidos, Reino Unido y Holanda.

¿Por qué reaccionan la UE, la OCDE y el G-20, tras meses de somnolencia? Por vergüenza torera, al agotarse la virtualidad de sus medidas de 2009. Porque el rescate de Chipre, cuyo fiasco bancario tanto debía a su condición de paraíso y lavadero de dinero sucio de los oligarcas rusos, alarmó a la opinión. Y porque una retahíla de escándalos fiscales la sacudieron intermitentemente.

Por vez primera, críticos como Tax Justice aplauden las iniciativas oficiales
Quintacolumnistas en la banca o héroes de la transparencia y la equidad fiscal, proliferan cada vez más los empleados financieros que denuncian a los delincuentes de cuello blanco, con la frágil arma de un diskette o un CD. La misma tecnología que sirve para cometer fraude fiscal desde el sofá de casa, apretando un clic, funciona para retratarlos.

Ahí está el empleado del banco LGT de Liechtenstein que denunció a miles de evasores europeos en 2008. El de la filial suiza del gigante HSBC, Hervé Falciani, que se apoderó de 130.000 fichas de clientes no-santos, los encriptó y los va denunciando, reclamado en Suiza pero protegido en Madrid por la Justicia y siete guardaespaldas oficiales. O los que suministraron miles de datos al Consorcio de Periodistas de Investigación. De ahí afloran nombres de políticos, ministros, artistas y banqueros puestos en la picota pública u obligados a dimitir o pagar multas. La nomenclatura de celebridades actúa como resorte del clamor por la transparencia.

Y la cosa no tiene remedio. Habrá más empleados infieles a los clientes y leales a los contribuyentes. Y más descubrimientos. El secreto y la opacidad durarán, pero tienen contados los... años. Mientras, se produce alguna victoria parcial, como la aprobación en 2010 de la Ley Duvalier en Suiza, por la que ese país confisca los depósitos bancarios de dictadores y funcionarios corruptos sin que medie procesamiento en su país de origen. Para lamento de los allegados y causahabientes de los Jean-Claude Duvalier, Muamar Gadafi, Hosni Mubarak, Mobutu o Ferdinand Marcos.

¿Por qué introducimos el concepto de búnker fiscal? Porque así se agrupan los clásicos paraísos-microestados; los “refugios fiscales”; las “jurisdicciones extraterritoriales” no cooperativas, o centros offshore de asilo fiscal (Las cloacas de la economía, Roberto Velasco, Catarata, 2012). Todos los lugares donde se practica o fomenta la evasión/elusión fiscal.

Héroes o villanos como Falciani arrinconan los ‘paraísos fiscales’
Y es que a los usuarios típicos de los paraísos, potentados caciquiles, mafiosos y espías, se les suman cada vez más la gran banca y la gran multinacional. Citigroup tuvo 427 sucursales en refugios fiscales; Barclays, 300; Morgan Stanley, 273; News Corporation, la compañía periodística de Rupert Murdoch, 152, y Enron, antes de capotar, 881 subsidiarias.

Hasta tal punto se imbrican los protagonistas directos e indirectos de los nuevos búnkeres, que algunos episodios parecen más caricatura que realidad financiera. Sucedió con las privatizaciones del programa Iniciativa Financiera Privada (PFI), ideado por la pareja laborista Tony Blair-Gordon Brown para lograr recursos con que invertir sin endeudarse ni subir impuestos. Al final del proceso, más de 200 compañías del PFI eran propiedad de sociedades radicadas en paraísos. Y lo más divertido, sino patético: las sucursales de la Agencia Tributaria de su majestad, el edificio de su sede, y el del Tesoro, entre otros, tenían de caseros a corporaciones radicadas en paraísos fiscales inmunes a la acción de la inquilina, la Agencia Tributaria, tributaria ahora de Bermudas y de Jersey (gráfico 3).

Ese episodio ilustra hasta qué punto la postura de algunos Estados sobre los búnkeres es ambivalente y contradictoria. Combaten a las jurisdicciones irregulares porque reducen su recaudación de impuestos. Pero son benévolos con algunos, sobre todo —pero no únicamente— con los más cercanos, porque sirven de aliviadero a sus empresas nacionales. Y si además se trata de Gobiernos de signo ultraliberal, esto es, favorables a la idea de la competencia fiscal sin matices como palanca para reducir la presión impositiva del capital y por ende adelgazar el Estado, como presuntos acicates del crecimiento económico, entonces, ay, miel sobre hojuelas. Y obvia explicación de por qué es tan ardua la erradicación de esas jurisdicciones.

La gran banca y la gran empresa tienen sucursales en los ‘búnkeres’
Una alta presión fiscal sobre las rentas superiores no estropeó el crecimiento en Estados Unidos durante los 30 gloriosos años de la posguerra mundial. Pero estimuló la expansión de los paraísos ya existentes como vestigio colonial. Los tipos marginales británicos de hasta el 98% para financiar el esfuerzo de guerra, y por encima del 80% en los años sesenta, catapultaron el éxito de dos avispados banqueros sin escrúpulos, retoños de Arthur Andersen, en los setenta y ochenta.

Roy Tucker y Ron Plummer eran especialistas en ejercicios de ingeniería resumibles en anular beneficios fiscalizables con artificiales minusvalías foráneas o costos desgravables mediante sofisticados “esquemas de exención de deuda”, activados en distintas triangulaciones, detalla Richard Brooks (The Great Tax Robbery, Oneworld, Londres, 2013). O sea, el paraíso sin moverse del salón.

Lo clave es explotar los intersticios transfronterizos, siempre ayudados por consultoras especializadas como PriceWaterhouse o Ernst & Young. El arbitraje fiscal consiste en enfrentar una legislación fiscal con otra, aprovechando lagunas y así provocar pagos entre países, normalmente Reino Unido y EE UU, desgravables fiscalmente en el país donde se abonan y exentos del fisco en el que los recibe, sintetiza Brooks. Deudas y participaciones se confunden. Beneficios se disfrazan de créditos que no tributan, una especialidad de la banca de la City: Barclays, Lloyds, RBS...

O bien la triangulación. Las firmas canadienses que invertían en EE UU utilizaron profusamente el sándwich holandés: enviaban fondos a las Antillas Holandesas, y de ahí a Holanda para acabar en EE UU: en el camino menguaba la retención fiscal sobre dividendos del 15% al 5% “y la retención fiscal sobre los intereses, del 30% al 0%”, explica Juan Hernández-Vigueras (La Europa opaca de las finanzas, Icaria, Barcelona, 2008).

Los 'búnkeres' han contribuido a desfiscalizar el capital a la mitad
Vodafone trianguló Reino Unido, Suiza y Luxemburgo en la compra de Mannesmann, tributando en Luxemburgo al 0,03% de sus beneficios, 2.500 millones de dólares en 2011. Pearson, un 0,06%; Glaxo, un 0,016%. Y es que el Gran Ducado, aunque mantiene un impuesto de sociedades del 29%, mira para otro lado y cobra menos del 1% cuando sus clientes etiquetan capital o resultados como crédito y otras lindezas. Sin contar con que sus sociedades de gestión de patrimonio ni pagan por renta, ni por IVA, ni naturalmente por patrimonio.

Pero son dos islas, aunque metropolitanas, los grandes búnkeres mundiales: Manhattan y Gran Bretaña. La City de Londres “es el centro de la parte más importante del sistema offshore (extraterritorial) global”, defiende Shaxson. Su telaraña la completan tres anillos: las dependencias de la Corona (las cercanas islas Man, Guernsey y Jersey); territorios de ultramar (Caimán, Bermuda, Vírgenes, Gibraltar), y excolonias como Hong Kong o Bahamas. Canalizan a Londres el dinero que atraen, sin comprometer a la City con las suciedades de origen: Jersey or jail (prisión), reza el viejo adagio de la nueva piratería.

Todo empezó con la descolonización y la Commonwealth. Pero el big bang desregulador decretado por Margaret Thatcher en 1986 multiplicó su nuevo imperio virtual, el de las finanzas, incluidas las sospechosas.

Londres se afianzó con dos armas. Una, el secreto, no a la manera de las cuentas anónimas y numeradas de la banca suiza, sino con su legislación de los trusts, la posibilidad de que los directores de sociedades de los paraísos lo fuesen también de sociedades británicas, y no se sepa ni quién manda ni quién es el dueño. Otra, la regla del domicilio, que atrae como residentes a deportistas de élite, artistas, oligarcas rusos o magnates del petróleo, con el señuelo de que solo tributarán por sus ingresos anglo-británicos. No es pues raro leer que “Londongrad es una lavadora gigante para lavar los fondos procedentes del crimen”, según describe el vicefiscal general ruso Alexander Zvygintsev (Anthony Sampson, Who runs this place?, Londres, John Murray, 2005).

Casi todos los grandes escándalos financieros recientes se trenzaron en la City: desde el enmascaramiento de la contabilidad de Grecia en la oficina de Goldman Sachs, en 2002 a la quiebra del Northern Rock, pasando por los fondos ultraespeculativos Abacus colocados al Royal Bank of Scotland, antes endilgados al holandés ABN-Amro, y a su desastroso colega alemán IKB; o por el bróker que en 2011 desfalcó por la cara 1.500 millones de euros al suizo UBS.

La clave es usar las lagunas legales y triangular países para eludir al fisco
La otra isla, donde radica Wall Street, se disparó en estos afanes en 1981 con la Facilidad Bancaria Internacional de Ronald Reagan, que permitió a los banqueros hacer desde Manhattan lo mismo que desde las islas caribeñas, prestando a los extranjeros, ahora eximidos de impuestos. Pronto le seguiría el secreto bancario de Delaware, que además de ventajas fiscales, concedió a los directivos de las empresas allí domiciliadas (aunque no trasladasen su sede) más poder que a los accionistas. Más de la mitad de las empresas que cotizan en Bolsa en EE UU están domiciliadas en Delaware.

¿Cuáles son los efectos de estas tendencias? Al menos, tres:

• La competencia perjudicial de los búnkeres ha inducido una artificial desfiscalización del capital, por temor a que este se fugue, lo que transfiere su factura al resto de los contribuyentes. Ha sucedido así en casi todo Occidente, de forma destacada en el área anglosajona. Así, en los años cincuenta las corporaciones norteamericanas pagaban el 40% de los impuestos directos; hoy, aproximadamente el 20%. Y el 0,1% de los contribuyentes más ricos redujeron su tipo efectivo desde el 60% en 1960 hasta el 33% en 2007. De igual modo, los beneficios de las compañías británicas crecieron entre 1999 y 2011 un 58%, mientras que sus contribuciones a Hacienda únicamente aumentaron menos de un 5%.
• La más grandiosa transferencia de riqueza de los pobres —sobre todo por la evasión de capitales de las élites africanas y latinoamericanas a los ricos— en la historia de la humanidad, según la ONG bruselense Eurodadorudad (Global Development Finance: illicit flows report 2009).
• Un fuerte impacto en la generación de la gran crisis iniciada en 2007-2008. El mencionado informe de la OCDE de 2009 denunció algunas “políticas fiscales como factores que exacerbaron” la crisis: la exención o suspensión de impuestos sobre beneficios foráneos; las asociaciones con los refugios fiscales; los instrumentos híbridos (como las preferentes); los incentivos al crecimiento rápido de los beneficios bancarios (bonus excesivos). Fue también desde Wall Street y desde la City que a través de sus sucursales en los paraísos clásicos se distribuyeron retazos de las tóxicas hipotecas subprime y otros peligrosos productos híbridos y derivados.

Multinacionales e Ibex 35, clientes

Dos tercios del comercio transfronterizo internacional se desarrollan en el interior de las propias multinacionales. ¿Cuáles transfieren beneficios a los desfiscalizados paraísos y costes desgravables a los países con tributos?

Entre otros, Google, que rebajó 3.100 millones de dólares jugando al sándwich, por lo que acabó pagando solo un 2,4% de impuestos. O Microsoft. O Cisco... Hasta dos tercios de las corporaciones americanas o foráneas que actuaban en EE UU eludieron tributos en 2008, pese a unas ventas conjuntas de 2,5 billones de dólares. El 83% de las mayores corporaciones estadounidenses disponen de sucursales en paraísos fiscales (José Luis Escario, Paraísos fiscales. Fundación Alternativas; Madrid, 2011). Y muchas están domiciliadas en el de Delaware, como Coca-Cola, General Motors o ExxonMobil.

También se aprovechan de ellos las multinacionales europeas, como las británicas Boots o Diageo, al comprar vía Holanda la fabricante escocesa de Johnnie Walker.

En España, el 80% de las empresas del Ibex 35 tienen presencia en paraísos fiscales a través de sociedades participadas. No informan de sus actividades allá, según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Las inversiones en los búnkeres se disparan (en nueve meses de 2010 duplicaron las de 2009), mientras que en España la recaudación por el impuesto de sociedades se desplomó un 55% entre 2007 y 2009, pese a que los beneficios de las grandes empresas solo bajaron un 14% en el periodo.

Empresas como Zara se ahorran impuestos al facturar sus ventas por Internet desde Irlanda. Microsoft tributa en Irlanda las ventas digitales de software fabricado en España.

Y España ha sido utilizada alguna vez como bocadillo fiscal: lo hizo en 2009 y 2010 la mayor empresa del mundo, ExxonMobil, triangulando con Luxemburgo, que no practicó retenciones en sus beneficios, y en España estaban legalmente exentos.