Foro de Iniciativa Atea

El PP impone una tasa de 2.350 euros al ciudadano que recurra actos del Gobierno
El Congreso aprueba, con el rechazo de toda la oposición, la Ley que extiende el 'copago judicial' a los particulares.

ANDRÉS MUÑIZ Madrid 31/10/2012 07:00 Actualizado: 31/10/2012 21:27

Ruiz Gallardón, en foto de archivo/EFE

El Partido Popular ha impuesto este miércoles en el Congreso su mayoría absoluta para sacar adelante el Proyecto de Ley que extiende el pago de tasas judiciales a las personas físicas, es decir, a todos los ciudadanos. En concreto, de acuerdo a este nuevo impuesto, que supone un 'copago' judicial, un particular que recurra una disposición o acuerdo del Gobierno que considere injusta, a través del correspondiente pleito contencioso-administrativo ordinario, tendrá que pagar 2.350 euros en caso de llegar hasta el Tribunal Supremo.

Todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, se han opuesto a las nuevas tasas y han pedido la retirada del proyecto. No sólo critican la extensión a los particulares y la elevada cuantía de este nuevo impuesto, sino que se exijan también para los recursos en segunda instancia en el orden laboral o social, a razón de 500 euros en suplicación y 750 en casación ante el Supremo. Por lo que un trabajador despedido de su empresa que considere que la extinción del contrato ha sido improcedente, tendría que desembolsar 1.250 euros si debe llegar al Supremo, a sumar a lo que le cobre el abogado y el procurador.

Hasta la fecha, las tasas sólo se cobraban en los órdenes civil y contencioso y únicamente a empresas o personas jurídicas de una cierta entidad. El Gobierno, en un claro "afán recaudotorio", en palabras del ponente socialista de la Ley, Antonio Camacho, ha procedido a elevar las cuantías --en algunos casos, en más de un 150%--, ampliar la recaudación a los ciudadanos particulares e incluir a la segunda instancia del orden social en la aplicación del impuesto. Aparte de la cantidad fija que hay que abonar, se establece otra variable de entre el 0,25% y el 0,5% de las cuantías reclamadas en el pleito.

Sólo quedarán exentos del pago las personas con derecho a justicia gratuita, porque su unidad familiar tiene ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), es decir, 15.960 euros.

La Comisión de Justicia del Congreso ha examinado esta tarde las enmiendas al articulado de la Ley planteadas por los grupos, después de que la semana pasada la mayoría absoluta del PP sirviera para impedir la devolución al Gobierno del proyecto que reclamó la oposición en pleno. El PP sólo ha aceptado dejar exentos de tasas los procesos monitorios y verbales, en el ámbito civil, que se refieran a cuantías inferiores a 2.000 euros, y ha reducido el 60 por ciento del impuesto en el caso de las tasas en el orden social.

El Proyecto se está tramitando por la vía de urgencia, por acuerdo de la Mesa de la Cámara, por lo que está previsto que se apruebe el próximo mes de noviembre tanto por el Senado como, de forma definitiva y si corresponde, por el Congreso. Las nuevas tasas judiciales han desatado las críticas, además de todos los partidos excepto el PP, de todas las asociaciones de jueces y fiscales, así como del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General de la Abogacía y los procuradores.

Según ha destacado María Moretó, de la Unión Progresista de Fiscales, las nuevas tasas "sólo permitirán acceder a la justicia a los ricos", y plantea serias dudas de constitucionalidad si, como puede pensarse, tienen un efecto "disuasorio" en el ciudadano a la hora de recurrir.

Antonio Camacho, ponente de la Ley por el Grupo Socialista, señala que la Ley tiene un único afán recaudatorio, pero afecta al derecho fundamental del ciudadano a reclamar y recurrir a la justicia, al limitar el acceso a la misma. Además, en casos como el de las multas de tráfico o de reclamaciones de consumo, la cuantía de la tasa será en muchas ocasiones superior al importe de la multa contra la que se reclama, lo que llevará al afectado a no presentar la demanda.

Por su parte, el Ministerio de Justicia, que espera ingresar con la subida 306 millones de euros al año, frente a los 164,4 millones que se embolsó en 2011, justifica la medida en la necesidad de asegurar, con el dinero recaudado, el sostenimiento del sistema de justicia gratuita para aquellos ciudadanos que carezcan de recursos para litigar. No obstante, en los borradores de la reforma de la justicia gratuita que están negociando con las comunidades autónomas, establecen que las personas beneficiadas por ese sistema sólo no deban pagar por la presentación de las demandas en primera instancia, pero sí que abonen un 20% de la tasa en segunda instancia. Una cantidad que estiman que no es disuasoaria pero que impedirá los abusos derivados de la gratuidad de la acción, según fuentes del Ministerio.

La mayor asociación de jueces pide cobrar tasas a bancos y personajes famosos por pleitear
Jueces para la Democracia defiende la legalidad de que se releguen los desahucios y el resto de reclamaciones de las entidades bancarias

ANDRÉS MUÑIZ Madrid 03/11/2012 08:23 Actualizado: 03/11/2012 08:40

Los portavoces de las asociaciones y fiscales que han acordado medidas de presión contra el Gobierno/EFE

Las asociaciones de jueces, independientemente de su ideología, han hecho frente común contra las políticas del ministro Ruiz-Gallardón, pero también contra los bancos, a quienes responsabilizan del colapso en los juzgados de primera instancia, e incluso contra los personajes famosos o populares, habituales de la prensa del corazón, que abusan de las demandas judiciales.

La portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Teresa Sáez, ha declarado a Público que apoya que se cobren tasas por pleitear a las entidades bancarias, debido a que están "colapsando" los juzgados de Primera Instancia con sus ejecuciones hipotecarias, desahucios (que han dejado en la calle a miles de familias desde que empezó la crisis) , pólizas de crédito o reclamaciones de préstamos bancarios.

Sáez indicó, en relación al Proyecto de Ley de Tasas del Gobierno que tramita el Parlamento , que extiende ese impuesto a los ciudadanos de a pie y no sólo a las empresas como hasta ahora, que está de acuerdo en su imposición a los bancos --las tasas se elevan hasta en un 150%--, ya que, en cierto modo, los juzgados funcionan como "una oficina de los intereses de esas entidades". La semana pasada, la misma portavoz indicó que los tribunales estaban convirtiéndose en "oficinas de recaudación de los bancos".

La portavoz de la APM, asociación mayoritaria en la carrera y de tendencia conservadora, señala que en otro colectivo dónde apoya la imposición de tasas es en el de determinados personajes habituales de la prensa del corazón, que abusan de los pleitos y demandas no en reclamación de justicia, según ella, sino "para obtener un papel para airear en los programas de televisión". Sáez se refería así a la noticia de que una juez de Alcobendas había pedido el traslado por la saturación de reclamaciones del mundillo de la denominada 'prensa rosa'. Sáez, que ejerce en una Sala Civil de la Audiencia de Málaga, recuerda que el Consejo del Poder Judicial ha calculado, en un estudio oficial, que cada juicio cuesta al erario público una media de 1.300 euros.

Jueces para la Democracia considera que hay vías legales para que los jueces releguen los desahucios
Sobre el mismo asunto, Joaquim Bosch, portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia, defendió la existencia de cauces legales para que los juzgados releguen los desahucios y ejecuciones hipotecarias que están instando los bancos en la actual crisis económica y que están colapsando los juzgados.

Bosch explicó, sobre esta posibilidad que están estudiando proponer a los jueces las asociaciones, que una relegación de ese tipo estaría justificada por el mayor estudio y análisis que requieren las reclamaciones de los bancos, donde en muchos casos se denuncian cláusulas abusivas o nulas.

Desde este viernes, 2 de noviembre, todas las asociaciones de jueces y fiscales han convocado al colectivo a una medida de 'autorregulación' y respeto escrupuloso de las horas de audiencia o juicio durante cuatro horas por las mañanas, que puede colapsar los tribunales. Sin embargo, las consecuencias de la medida no se podrán evaluar hasta, al menos, la semana próxima, según las asociaciones.

La denominada comisión interasociativa de ambas carreras, que ha convocado una gran manifestación en Madrid frente al Ministerio de Justicia el próximo 23 de noviembre, reclama al Gobierno la retirada del proyecto, que ya se tramita en el Parlamento, que supone la retirada de 1.200 jueces sustitutos sin prever la ocupación por jueces titulares.

Todas las asociaciones de jueces y fiscales exigen más medios para atender el aumento de asuntos
Además, las asociaciones, que se han unido para exigir más medios --denuncian que tienen la misma ratio de jueces por habitante que Azerbayán, y que están a la cola de Europa-- también piden a Gallardón que olvide su proyecto de reformar el Consejo del Poder Judicial y que, según ellos, refuerza su "politización" y resta independencia a los jueces. "No podemos enfrentarnos a casos como Gürtel, Campeón o los ERE sin contar con la necesaria independencia", destacó Sáez.

La comisión se considera engañada por el ministro Ruiz-Gallardón porque incumplió lo que les prometió en la reunión del pasado 2 de octubre, por lo que no intentarán ponerse en contacto con él ni sus colaboradores. "No queremos saber nada del Ministerio, si quieren algo que llamen", destacó Bosch.

Jueces y fiscales toman la calle para exigir que Gallardón dimita
Amenazan con una huelga al ministro, a quien entregan un decálogo donde rechazan las supertasas y sus reformas. Los concentrados cortaron la calle San Bernardo media hora

A.M. Madrid 23/11/2012 14:19 Actualizado: 23/11/2012 16:22

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz,
también acudió a la concentración en Madrid. CHEMA MOYA / EFE

Más de un centenar de jueces y fiscales se han concentrado este viernes ante la sede del Ministerio de Justicia, en Madrid, para exigir la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón, expresar su rechazo a las tasas judiciales "desproporcionadas" aprobadas por el Gobierno y discrepar de la práctica totalidad de las reformas que afectan al colectivo propuestas por el departamento.

"¡¡Gallardón, dimisión¡¡", fue el lema más coreado por los manifestantes, que llevaban pancartas con eslóganes como "Tasas no", "RIP Justicia. Sin justicia no hay derechos", "Si no tienes dinero, no tienes derechos", "Queremos tutelar todos los derechos, no sólo los de quienes pueden pagarlo".

Pero el ministro Gallardón fue la estrella indiscutible de los cánticos de jueces y fiscales: "Más Constitución, menos Gallardón", y "Gallardón dimite, los jueces no te admiten", este último lema con la versión alternativa de "los fiscales no te admiten".

La concentración fue apoyada por la Comisión interasociativa que integran las cuatro principales asociaciones de jueces y las tres de fiscales, a la que se sumó el Consejo General de la Abogacía, con la presencia de su secretaria general, Victoria Ortega. Entre los rostros más conocidos de la judicatura que estuvieron en el acto figuraba el juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

En nombre de los organizadores, el juez decano de Madrid y presidente de la Asociación Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, leyó el manifiesto aprobado por la Comisión Interasociativa que incluye un decálogo de reivindiaciones y califican además las nuevas tasas judiciales como "desproporcionadas".

Los jueces y fiscales exigen la inmediata retirada del Proyecto de reforma del Consejo del Poder Judicial, que creen que perjudica la calidad de la justicia, reclaman que se convoquen más plazas de jueces (un mínimo de 250) ante la "sobrecarga desmedida" de trabajo que soportan ahora y para equipararse a las cifras europeas, denuncian la "absoluta y lamentable" ausencia de medios en los juzgados y fiscalías, y solicitan retribuciones económicas adecuadas.

La Comisión Interasociativa, que hizo entrega en el Ministerio de este decálogo, evaluará la próxima semana las concentraciones realizadas este viernes en Madrid y el resto de provincias españolas, y estudiará nuevas medidas de presión, sin descartar la convocatoria de una huelga de uno o más días en el mes de diciembre, según dijo el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch.

Por la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera, Javier Caballero declaró a Público, sobre si apoyaría una huelga, que ellos son partidarios de agotar la negociación con el Gobierno y los grupos parlamentarios.

Los congregados ocuparon la calle San Bernardo enfrente del Ministerio durante media hora, cortando la vía en los dos sentidos y originando un pequeño atasco en el carril dirección a la Gran Vía. La Policía no intervino y los propios manifestantes colaboraron en que se despejara la calle cuando terminó el acto