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Bárcenas demanda al PP por despido improcedente

• El extesorero afirma que desde marzo de 2010 hasta el 31 de enero de 2013 fue asesor del PP
• El partido le pagaba 21.300 euros al mes, incluido el prorrateo de las pagas extras
• El exgerente asegura en la demanda que su formación le dio de baja sin su consentimiento

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ / FERNANDO J. PÉREZ Madrid 26 FEB 2013 - 17:51 CET

BÁRCENAS ENTREGA SU PASAPORTE EN LA AUDIENCIA NACIONAL.
Luis Bárcenas se ha presentado esta tarde en la Audiencia Nacional para entregar
su pasaporte al juez Pablo Ruz en cumplimiento de las medidas cautelares que le impuso
tras considerar que existe un "riesgo fundado" de que quiera eludir la acción de la Justicia.
/ FOTO: SAMUEL SÁNCHEZ | VÍDEO: ATLAS

Luis Bárcenas interpuso ayer una demanda por "despido improcedente" contra el PP, el partido para el que trabajó y manejó las cuentas durante 31 años, según ha conocido EL PAÍS de fuentes jurídicas. El exgerente y extesorero del PP no solo emprende así la vía jurisdiccional laboral contra su partido sino que, además, revela algunos datos que contradicen las versiones oficiales ofrecidas hasta ahora. Bárcenas sostiene que trabajó para el PP como asesor desde marzo de 2010 (cuando oficialmente abandonó su relación laboral con el PP) hasta el pasado 31 de enero, cuando fue dado de baja sin su consentimiento. Durante ese tiempo, percibió "21.300,08 euros brutos al mes, incluido el prorrateo de las pagas extraordinarias".

El propio presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy, quiso destacar la semana pasada, sin citar su nombre, que Bárcenas había dejado de tener hace años responsabilidades y relación con el partido. Ayer mismo, en una confusa comparecencia, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, explicó que en marzo de 2010 los servicios jurídicos del partido habían "pactado" con el aludido una solución a su relación laboral que denominó "indemnización por despido diferido", algo que la legislación laboral vigente no permite sin una sanción muy grave. En los días anteriores el PP había asegurado que esa relación se había roto y que se había procedido a un "finiquito prorrateado".

El extesorero del PP rubricó su demanda de despido improcedente previa a la vía jurisdiccional laboral el pasado 19 de febrero, justo después de regresar de su último viaje al extranjero (Canadá) y tras conocer que la actual secretaria general, María Dolores de Cospedal, había tramitado contra él una demanda por el derecho al honor. Sin embargo, Bárcenas no presentó la demanda de despido improcedente contra el PP hasta ayer mismo, 25 de febrero, el día que tenía señalado en su calendario de retos judiciales, cuando pasó varias horas en la Audiencia Nacional declarando ante el juez Pablo Ruz por un posible delito fiscal tras saberse que llegó a acumular más de 22 millones de euros en una cuenta en Suiza. Tras su paso ayer por la Audiencia confesó que su fortuna oculta llegó a alcanzar los 38 millones de euros.

En la demanda por despido, Bárcenas empieza por relatar como hechos relevantes su historial dentro del PP. Cuenta ahí que empezó a trabajar en ese partido el 2 de marzo de 1982, "con la categoría de licenciado", y detalla que tuvo los cargos de gerente nacional hasta el mes de junio de 2008, fecha en la que se celebró el polémico congreso nacional del partido en Valencia que encumbró como presidente y líder a Mariano Rajoy con fuertes tensiones internas. Fue entonces cuando Rajoy le ascendió a la categoría de tesorero, hasta que saltó en febrero de 2009 el caso Gurtel. Bárcenas aguantó unos meses en el puesto hasta que Rajoy forzó finalmente su apartamiento del cargo de tesorero, tras su imputación por cohecho y después de recibir múltiples presiones, entre ellas, de la nueva número dos, Dolores de Cospedal.

La demanda de Bárcenas contradice las sucesivas versiones que el PP ha ofrecido en las últimas semanas sobre cómo se ejecutó su salida final del partido y hasta su ruptura laboral. Empieza por confesar que, tras conocer por las noticias aparecidas en los medios de comunicación que el PP le había despedido, se interesó por su vida laboral y así pudo comprobar que el pasado día 18 de febrero la empresa para la que trabajó tanto tiempo, 31 años, le había dado de baja de la Seguridad Social el 31 de enero de 2013, el mismo día en que EL PAÍS publicó la supuesta contabilidad oculta del PP.

El extesorero del PP considera improcedente esa baja "causada por la empresa", realizada sin su consentimiento, ni autorización, "toda vez que todavía hasta la fecha el que suscribe no ha tenido conocimiento de que la empresa haya prescindido" de sus servicios, "ni haya extinguido" su relación laboral con él.

Corrupción para dar beneficios privados a costa de deuda pública: lo que desvelan los papeles de Bárcenas
Ecologistas en Acción expone los motivos por los que se suma a la querella de IU contra cargos del PP y responsables de constructoras que aparecían como donantes del partido en la contabilidad B del extesorero, a veces abonando sus 'donativos' sólo 24 horas después de que apareciese en el BOE la adjudicación que les lucraba

JAIRO VARGAS Madrid 03/03/2013 11:44 Actualizado: 03/03/2013 11:44

Construcción del AVE entre la Comunidad Valenciana, Madrid y la Región de Murcia.- EFE

La publicación de los papeles de Bárcenas ha puesto sobre la mesa una estrecha relación entre concesiones de obras y servicios públicos, y varias empresas de construcción que hacían donativos al Partido Popular incluso sólo 24 horas después de se publicase en el BOE alguna de estas lucrativas adjudicaciones.

Ante estas evidencias, el pasado jueves Izquierda Unida presentó ante la Audiencia Nacional una querella criminal contra los extesoreros del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y también contra varios ministros del anterior Gobierno del PP, como Federico Trillo, Rodrigo Rato o Ángel Acebes, además del expolítico conservador y empresario Pablo Crespo, implicado en la trama Gürtel, por haber supuestamente cometido varios presuntos delitos derivados de los pagos de empresas que aparecen en la contabilidad B de Bárcenas.

El PP ya anunció el mismo jueves que emprendería una acción judicial en defensa de su honor y contra las "graves acusaciones" que se imputan a los miembros de su partido. Sin embargo, la querella de IU no iba dirigida sólo a cargos públicos, sino que también se extendía a los presidentes y expresidentes de ocho constructoras que aparecen como presuntos donantes en los famosos cuadernos de contabilidad paralela de Bárcenas. La querella también estaba apoyada por otras organizaciones como Ecologistas en Acción, la Asociación Justicia y Sociedad, y la Asociación Libre de Abogados.

"La mayoría de las donaciones se tradujeron en licitaciones de grandes obras que ahora debemos"
Estas organizaciones denuncian que el resultado de las incontestables conexiones entre las anotaciones de donaciones al PP y las adjudicaciones de obras públicas a las empresas donantes no ha sido otro que el aumento desproporcionado de la deuda pública de España en aras de disfrutar de una serie de instalaciones e infraestructuras que apenas se utilizan y por las que gobiernos autonómicos han hipotecado los derechos sociales de su población en beneficio de estas empresas concesionarias.

Así lo denuncia uno de los querellantes, Ecologistas en Acción, que se ha sumado a la acción judicial por el resultado de esta íntima relación entre poder político, donativos suculentos de constructoras y aumento insostenible de la deuda pública. "La mayor parte de los pagos supuestamente ilícitos que aparecen en los papeles de Bárcenas presumiblemente se tradujeron luego en licitaciones de grandes e insostenibles obras de infraestructura que ahora debemos pagar incrementando de forma abrumadora la deuda pública", critican los ecologistas.

Megaproyectos y crecimiento no siempre van a de la mano
Según denuncian, el pretexto de estos megaproyectos siempre ha sido que van de la mano del desarrollo económico. Sin embargo, y a pesar de que "España es el país europeo con más kilómetros de autovías y de autopistas, con más kilómetros de alta velocidad y con más aeropuertos sin servicio de Europa", "también somos récord en problemas económicos y en desempleo", apunta la organización, que lleva varios años informando de este "despilfarro" con datos contrastados. Ejemplo de ello es el informe titulado "Infraestructuras de transporte y crisis: Mitos y realidades" , publicado en 2011 y en el que los ecologistas advertían de que el país se estaba precipitando en un "situación de desmesura en la dotación de infraestructuras de transporte, muy difícil de entender desde una óptica racional".

"Llevamos años denunciando el despilfarro en infraestructuras insostenibles, con muchos datos y cálculos económicos contrastados. Los papeles de Bárcenas apuntan ahora a las razones de esas concesiones públicas, que no son más que el enriquecimiento de las constructoras a cambio de donativos que la cúpula del PP se repartía en sobres".

"España es el país europeo con más kilómetros de autopistas, de alta velocidad y con más aeropuertos sin servicio de Europa"

La confederación ecologista pone sobre la mesa varios casos de inversiones ruinosas para el erario público y destructivas para el territorio y el medio ambiente centradas en infraestructuras de transporte y construidas por algunos de los nombres que aparecen en los papeles de los supuestos donativos que Luis Bárcenas recopilaba.

Uno de ellos es la autopista AP-41 de Madrid-Toledo, una de las 13 radiales que circunvalan la capital. "Se trata de una autopista que tiene el 11% del tráfico previsto. Costó 440 millones de euros y no sólo es deficitaria --al igual que otras cinco de estas carreteras--, sino que la concesionaria, que pertenece al grupo Sando (cuyo presidente, José Luis Sánchez, es uno de los querellados) ha demandado a Fomento y el Tribunal Supremo le ha dado la razón, por incumplimiento contractual, de modo que el Estado deberá compensarla con 320 millones".

Algo parecido ocurre con el Metro ligero de Madrid, cuya construcción costó a los madrileños 585 millones de euros, que se embolsó la constructora OHL, cuyo expresidente, Juan Miguel Villar Mir, también aparece en la citada querella. Esta instalación sirve para que una ínfima población de la capital se desplace por el oeste de la ciudad suponiendo un coste para la Comunidad de Madrid de 5 euros por viajero, cuando el coste en toda la red de Metro es de 1,7 euros. "Además, si la demanda de viajeros queda por debajo del 68% de la prevista en el contrato, la Comunidad de Madrid también debe compensar a la concesionaria. Un negocio redondo", denuncian.

"Estas inversiones se acometen mientras aplican recortes en partidas básicas"
La construcción del AVE también ha repartido pingües contratas a compañías contra las que también se ha presentado querella, como Hispánica o Aldesa. La inversión del Ministerio de Fomento por cada kilómetro de vía es cercana a 30 millones de euros, según cifra esta organización a partir de datos del propio Ministerio de Fomento. La Comisión Europea advierte de que la demanda mínima recomendable para este tipo de inversión son nueve millones de pasajeros, pero este volumen no es superado ni siquiera por la línea Madrid-Barcelona.

Aún así, critican desde la plataforma, "Fomento prevé gastar 8.500 millones de euros en llevar el AVE a Galicia, cuando un estudio encargado por el propio ministerio concluye que no hay demanda más que para tres trenes diarios por sentido. Y estas inversiones se acometen al mismo tiempo que se aplican unos draconianos recortes en partidas básicas para el bienestar de la ciudadanía".

Ecologistas en Acción considera que la mayor parte los 40.000 millones acumulados en deuda entre Fomento, Adif, Aena y otras empresas públicas "no tienen justificación desde el punto de vista del transporte ni del interés social, pero sí de los turbios intereses que se pretenden desvelar con esta querella".

A juicio de los querellantes, esta actuación, de confirmarse, dejaría al descubierto una íntima relación de intereses entre diversas empresas constructoras y el Partido Popular, fuerza política que, durante numerosos años ha tutelado la Administración Central del Estado y buena parte de las administraciones territoriales de este país. Esta coalición de intereses podría haber tenido una importancia capital en el devenir pasado, presente y futuro del desarrollo económico de nuestro país, en el impulso descontrolado de un modelo de crecimiento y creación de empleo basado casi en exclusiva en las grandes obras y en la construcción, modelo que fácilmente puede considerarse que ha respondido más a los intereses de los adjudicatarios de obras y planeamientos urbanísticos que a los verdaderos intereses de la ciudadanía.

Todo ello debe ponerse en relación con el fatal desenlace que dicho modelo de desarrollo ha tenido en la economía nacional, ya que el hundimiento de la economía ligada al ladrillo y a la obra en general ha llevado a este país al estallido de la burbuja financiera, el endeudamiento imparable del Estado, los rescates mil millonarios al sector financiero privado, y en consecuencia de lo anterior, a unos niveles de paro insoportables, con más del 26% de la población en situación de desempleo, miles de familias desahuciadas de sus viviendas, a un despedazamiento de los servicios públicos básicos ofrecidos a los ciudadanos y a la mutilación de los derechos sociales.

Lo anterior ha venido derivado de las exigencias de las instituciones gubernamentales españolas y europeas, y de los mercados financieros, para que la economía nacional asuma la deuda que el modelo de desarrollo ligado a la construcción y la creación de infraestructuras de dudoso interés general ha generado, modelo en el que las deudas privadas finales son asumidas por la economía nacional, mientras que los beneficios fueron recogidos en exclusiva por las grandes empresas constructoras y los directivos que las dirigían.

Así, debe apuntarse que España es el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas, muchas de ellas de peaje que han precisado del rescate con dinero público para evitar su quiebra, con más kilómetros de alta velocidad y con más aeropuertos sin servicio, siendo el país que más fondos ha dedicado a grandes obras en porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB), en contraste con los escasos fondos dedicados a atención social. Y eso a pesar de las continuas denuncias que desde los movimientos ciudadanos y ecologistas se han venido realizando durante años, evidenciando la inversión insostenible en infraestructuras multimillonarias, que ha quedado cristalizada en estaciones ferroviarias fantasma, aeropuertos vacíos, edificios públicos inutilizados….

Mientras se justificaban esas grandes obras en aras del desarrollo económico general, muchas organizaciones y particulares venían apuntando al posible lucro ilícito de unos pocos, sospechas que tras la revelación de los documentos manuscritos contables atribuidos al ahora querellado Luis Bárcenas han pasado a ser clarividentes demostraciones de la arbitrariedad –probablemente criminal– que desde el poder público se ha venido aplicando a la hora de impulsar un modelo de desarrollo del que parece que al final solo se han beneficiado los directamente interesados en la ejecución de las obras y planeamientos y aquellos que han cobrado de los anteriores.

El mismo día 28 de febrero, tras la presentación de la querella mencionada ante la Audiencia Nacional, el Partido Popular –que sigue sin querellarse contra Luis Bárcenas– hizo público un comunicado en el que amenazaba a las organizaciones políticas y sociales querellantes con interponerles una querella por los delitos de calumnias e injurias.

Los abajo firmantes, personas físicas, colectivos sociales, asociaciones, organizaciones políticas y sindicales, mostramos nuestra voluntad de ADHERIRNOS A LA QUERELLA PRESENTADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2013 ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL CONTRA DIRIGENTES DEL PARTIDO POPULAR Y EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, haciendo nuestro íntegramente todo lo dicho en ella y manifestando que somos igualmente responsables del contenido íntegro de la querella.

El magistrado del Juzgado central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha comunicado a Izquierda Unida un auto por el que dispone que “se incoen Diligencias Previas, dando cuenta de incoación al Ministerio Fiscal”, a raíz de la querella criminal presentada por esta formación el pasado jueves ante esta instancia judicial, junto a otras cuatro asociaciones, contra los ex tesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, además de los que fueron responsables de Organización, Finanzas y asesoría legal de esta formación Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo, y ocho altos directivos de empresas de construcción.

En el apartado de diligencias que deben practicarse Gómez Bermúdez dispone que se “pase la causa al Ministerio Fiscal para informe sobre competencia”.

En el breve auto de un folio el magistrado de la Audiencia Nacional señala textualmente de forma única en el apartado de ‘Hechos’ que “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.

De igual forma, dentro de sus ‘Razonamientos Jurídicos’, Gómez Bermúdez indica que “no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 774 en relación con el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruir Diligencias Previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable”.

Contra la resolución del magistrado Gómez Bermúdez cabe recurso de reforma que deberá interponerse ante su juzgado en el plazo de tres días.

El abogado y secretario ejecutivo de Convergencia Político-Social de IU, Enrique Santiago, que acompañó a Cayo Lara el jueves a registrar la querella ante la Audiencia Nacional, manifiesta en nombre de IU su “satisfacción” por esta decisión judicial, la primera tomada por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 después de que le correspondiera entender de la querella criminal que registró IU y de la que también forman parte la Asociación Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y la Federación de los Verdes.

Los querellantes quieren que se investiguen las supuestas donaciones irregulares recibidas por el Partido Popular provenientes de distintos empresarios y el presunto pago de cantidades también irregulares a determinados miembros del mismo entre los años 2003 y 2008.

Los directivos de empresas de construcción mencionados en la querella son el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvi; Juan Manuel Villar Mir, presidente de Grupo OHL; Luis del Rivero Asensio, ex presidente Sacyr Vallehermoso; Alfonso García Pozuelo-Asins, ex presidente de Constructora Hispánica; Juan Manuel Fernández Rubio, consejero de Aldesa Construcciones; José Mayor Oreja, presidente de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), y Antonio Vilella, apoderado de Construcciones Rubau.

La nómina de querellados se completa con el ex secretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, así como con Adolfo Sánchez, identidad que podría responder a un nombre codificado o un alias. Todos ellos aparecen reflejados en los papeles de la contabilidad ‘B’ atribuidos a Luis Bárcenas, donde se reflejan las presuntas donaciones y pagos irregulares que afectan al PP.

El PP pagó sobresueldos a Aznar cuando era presidente del Gobierno

• La Ley de Incompatibilidades de altos cargos vigente en 1996 prohibía las retribuciones dobles
• Cobró tres sobresueldos por un montante total de 2,7 millones de pesetas tras su investidura
• El PP pagó “sobresueldos” a Aznar como gastos de representación
• El PP pagó con sobresueldos dobles cada mes a parte de su cúpula
• ESPECIAL Toda la información sobre el "caso Bárcenas"

MARÍA FERNÁNDEZ Madrid 10 MAY 2013 - 00:36 CET



El cruce de datos de Hacienda y de la contabilidad oficial del PP que están en manos del juez Pablo Ruz, encargado de la investigación del caso Bárcenas, permite concluir que José María Aznar cobró hasta en tres ocasiones “gastos de representación” cuando ya era presidente del Gobierno, en 1996, por importe de 2,7 millones de pesetas (16.755 euros). El partido, sin embargo, congeló toda remuneración a otros miembros que ocuparon cargos en el Ejecutivo. La Ley de Incompatibilidades vigente en aquel momento prohibía a los ministros y al presidente recibir retribuciones dobles.

Según un informe que la Agencia Tributaria puso en manos de Ruz, el partido, que entonces tenía como gerente a Luis Bárcenas, abonó a su presidente ese ejercicio 12.174.073 pesetas (73.167 euros) y le practicó una retención del 46%. Esos abonos se realizaron entre el 31 de enero y el 17 de junio, cuando Aznar ya llevaba un mes y medio en La Moncloa. En la contabilidad oficial de la formación conservadora que el Tribunal de Cuentas remitió al juez correspondiente a 1996, Aznar no aparece con su nombre y apellidos, pero sí hay un código, el 053, al que se atribuyen 16 ingresos con distintas cantidades que suman exactamente 12.174.073 pesetas (73.167 euros), los mismos que, según Hacienda, percibió Aznar.

En los meses previos a la cita con las urnas, el 3 de marzo de 1996, la corrupción se había subido al carro de las preocupaciones de la sociedad española, que desalojó de La Moncloa a Felipe González, terminando con 13 años de Gobierno socialista.

Aznar tuvo por delante dos legislaturas, que estrenó adoptando duras medidas para reducir el déficit y la deuda española de cara a la entrada en la moneda única. Los primeros Presupuestos de su mandato fueron los más restrictivos de España desde 1977 y, entre otras cosas, ordenaron la congelación de los salarios de los empleados públicos.

El expresidente percibió 2,7 millones de pesetas tras su investidura
Antes de que todo eso ocurriera, su partido le compensó utilizando una fórmula que a día de hoy la formación considera perfectamente legal. Entre enero, febrero, marzo, abril y el 3 de mayo, dos días antes de su toma de posesión, le abonó sobresueldos por un total de 9.392.591 pesetas (56.500 euros). Investido presidente, en tres ocasiones recibió en total otras 2.781.482 pesetas (16.755 euros). Los dos últimos ingresos están fechados el 17 de junio de 1996, un mes y 12 días después de su toma de posesión.

La Ley de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno vigente entonces aclaraba que los ministros y el presidente ejercerían sus funciones “con dedicación absoluta” y no podían “compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto (…) de carácter público o privado”. La ley también prohibía las retribuciones “de cualquier percepción que directa o indirectamente provenga de una actividad privada”, con tres excepciones.

Consultada la sección de Gestión de Incompatibilidades del Ministerio de Hacienda, asegura que ejercer el cargo de presidente de un partido se considera a efectos legales una actividad privada. Como tal, la ley de 1995 solo hacía compatible la presidencia del Gobierno con estas tres situaciones: la gestión del patrimonio propio o cuando su titular participase “como ponente en congresos, seminarios, conferencias (...) de carácter profesional” o en “entidades benéficas”, siempre que como contrapartida no se generase una “relación de empleo”.

Cuando la formación no gobernaba, los sobresueldos eran habituales en el PP para compensar a sus diputados por los bajos salarios oficiales, como relató el propio Luis Bárcenas ante el juez. Mariano Rajoy, que ese año ingresó 3,5 millones de pesetas (21.000 euros) como gastos de representación del PP, dejó de cobrar sobresueldos del partido cuando fue nombrado ministro de Administraciones Públicas, igual que Francisco Álvarez-Cascos, que en los cinco primeros meses del año que el PP venció en las urnas recibió seis millones de pesetas (36.000 euros).

Consultados por este periódico, ni Aznar ni el PP han querido comentar estos pagos.

Pagos de partido disparados

Año 1996: el presidente del Gobierno de España tenía asignado en los Presupuestos Generales del Estado un salario de 12.076.984 pesetas (72.500 euros), al margen de vivienda y manutención. Esa cantidad era menos de la mitad de lo que José María Aznar había percibido un año antes a través de “gastos de representación” por ser líder del Partido Popular. Aunque no siempre fue tan elevada.

Cuando llegó a la presidencia de la formación, en 1990, e inició su meteórica carrera política, el partido le asignó un sobresueldo de 500.000 pesetas al mes con sus correspondientes pagas extraordinarias (siete millones de pesetas en total, 42.000 euros). Al año siguiente se subió un millón (6.000 euros), y en el 92 superó los 10 millones.

A partir de ese momento su nombre desapareció de la contabilidad oficial del PP y supuestamente comenzó a figurar bajo el código 530 asignado a las siglas JMA. Entre 1992 y 1993 su retribución se elevó un 104%, hasta los 21 millones de pesetas (130.900 euros).

En el 94 arañó otra subida del 9% y en 1995, un año antes de ganar las elecciones, percibió sobresueldos de 25 millones de pesetas que completaron su asignación como diputado. Desde que el PP supo que había ganado las elecciones, en marzo, Aznar recibió 10 pagos (antes y después de tomar posesión) por un total de 8,8 millones que, sumados a las mensualidades de enero y febrero, alcanzaron los 12 millones. De esta manera, José María Aznar no perdió poder adquisitivo con su llegada a La Moncloa.

Andarin escribió:Parece ser que se va demostrando que el PP se financia ilegalmente

Los secretos de Bárcenas amenazan al PP

El extesorero guarda presupuestos del partido que apuntan a la financiación ilegal, recibos de constructores y empresarios de donaciones opacas y hasta fotos y documentos personales de otros dirigentes, que utiliza para defenderse de lo que considera un “acoso judicial”

JOSÉ MANUEL ROMERO Madrid 30 JUN 2013 - 00:57 CET

LAS FOTOS CON LAS QUE BÁRCENAS SE DEFIENDE. Bárcenas defiende que no fue quien contrató a
Correa, y parra demostrarlo, facilita imágenes como esta, del 23 de octubre de 2004, donde Correa
disfruta de su palco en el pabellón Madrid-Arena en el que asisten como invitados el matrimonio
Alejandro Agag y Ana Aznar, entre otros.

Luis Bárcenas ingresó el pasado jueves en la cárcel de Soto del Real (Madrid). Con 56 años, ha pasado casi la mitad de su vida alrededor, junto o al frente de la caja fuerte donde el Partido Popular guardaba su dinero y alguno de sus secretos financieros inconfesables. Nadie acumula en el partido tantos conocimientos sobre las finanzas de la formación política que hoy gobierna España con un poder casi absoluto.

De todas las hipótesis posibles en relación con la evolución del caso Gürtel, la del extesorero en prisión preventiva era la que más preocupaba a una parte significativa de la cúpula del Partido Popular. Desde que Suiza remitió, en diciembre del año pasado, las primeras informaciones oficiales sobre la fortuna oculta del extesorero en el Dresdner Bank, en el PP había un temor creciente ante la posibilidad de que el juez Pablo Ruz, instructor del caso, dictase un auto de prisión contra Luis Bárcenas. Pero nadie quería creer que el temor se convirtiera en realidad.

Lo que el extesorero del PP sabe sobre supuestas prácticas ilegales del partido, y lo que está dispuesto a contar en una situación extrema —como la que puede vivir encerrado entre los muros de la cárcel de Soto del Real— mantiene al PP inquieto, preocupado y dividido.

Bárcenas, en 2009, saliendo de su domicilio, el día antes de comparecer
en el Tribunal Supremo por el 'caso Gürtel'. / SAMUEL SÁNCHEZ

El extesorero del PP, según han explicado a EL PAÍS fuentes de su entorno, guarda numerosa documentación que probaría, sin margen de duda, la financiación ilegal de esta formación política en distintas campañas electorales; implicaría a distintos dirigentes de la cúpula en negocios al margen de la ley y comprometería a una decena de empresarios vinculados a este partido, que apoyaron con dinero no declarado la financiación de la formación conservadora en momentos de especial interés.

Cuando su imputación en el caso Gürtel estaba tramitándose en el Tribunal Supremo, en el verano de 2009, Luis Bárcenas sacó de la sede central del partido, en la calle de Génova, 13, en Madrid, una serie de carpetas con abundante documentación. Su intención era utilizar ese material, que él controló durante 20 años como gerente y tesorero del partido, para defenderse del acoso judicial, en la creencia de que su amenaza de “tirar de la manta” activaría todos los mecanismos en el partido para protegerle de jueces, fiscales y policías.

Con Luis Bárcenas en la cárcel, esa amenaza de chantaje crece, aunque el presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, asegure en público que no le preocupan las maniobras de su extesorero. Hasta hace cuatro meses, el PP protegía a Bárcenas, incluso con un sueldo que nadie más cobraba en el partido. Sus fondos en Suiza le han convertido en un apestado, aunque todavía no para todos.

Las posibilidades de que Luis Bárcenas implique al PP en sus problemas con la justicia son varias:

» Financiación ilegal, campañas con sobrecoste. Luis Bárcenas, según ha podido comprobar este periódico, guarda los certificados bancarios de los ingresos que hicieron distintos empresarios al partido en campañas electorales —bien nacionales, bien autonómicas— en las que los gastos se dispararon muy por encima de los permitido por la ley. El PP tuvo que remitir al Tribunal de Cuentas, según la documentación que maneja el extesorero, una información parcial de los gastos realizados, que en realidad fueron muy superiores a los declarados oficialmente. Ese presupuesto extra que el PP utilizó en distintas campañas fue financiado con aportaciones de empresarios por distintas vías, unas aparentemente legales y otras totalmente opacas, según las pruebas que maneja Bárcenas y a las que ha tenido acceso este periódico.

Barcenas creyó que su amenaza de “tirar de la manta” le protegería
» Empresarios comprometidos. Es una situación parecida a la que registran los cuadernos de Bárcenas, donde el extesorero anotó de su puño y letra, según el informe pericial de la policía, donaciones ilegales por 7,3 millones de euros a lo largo de casi diez años. El antiguo responsable de los fondos del partido empleó una parte del dinero en gastos de funcionamiento ordinario del PP y en el supuesto pago de sobresueldos a la cúpula. Y el resto lo legalizó ingresándolo en la cuenta exclusiva para los donativos que tenía en el Banco de Vitoria. Lo hizo troceando la cantidad real donada —siempre en paquetes inferiores a 60.000 euros— y haciéndola pasar como anónima, con lo que impedía cualquier seguimiento de las mismas por parte del Tribunal de Cuentas.

Aunque la mayoría de los empresarios han negado ante el juez Ruz haber hecho esas donaciones, Luis Bárcenas tiene toda la información acerca de los dueños o directivos de empresas que aportaron los fondos y las circunstancias en que se produjeron esos ingresos de dinero.

» Comidas de negocios y supuestas mordidas. Bárcenas ha detallado a alguno de sus compañeros de partido y colaboradores en almuerzos de trabajo, en los que participó junto a otros dirigentes del PP, diversas entregas de dinero por distintas vías de empresarios que habían recibido adjudicaciones de administraciones gobernadas por la formación conservadora.

Luis Bárcenas detalló en notas mecanografiadas esas prácticas, imposibles de demostrar porque el extesorero tan solo aporta como prueba recortes de periódico donde se habla de las adjudicaciones que, según él, dieron lugar a las ayudas económicas al PP de los empresarios beneficiados por el contrato público.

» Las coartadas contra Francisco Correa. Bárcenas repite a todos los que quieren escucharle que su relación con Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta Gürtel, lejos de ser amistosa fue tensa y terminó en ruptura a partir de la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del partido en 2004. Numerosos documentos hallados por la policía en los registros de las distintas sedes empresariales que utilizaba Correa cuentan una versión muy distinta de la que defiende Bárcenas.

El extesorero del PP insiste en que no fue él quien introdujo a Francisco Correa en el partido, y para demostrarlo no duda en facilitar, a través de su entorno, fotografías del jefe de la red Gürtel donde se le ve acompañado de distintos dirigentes autonómicos y nacionales del PP en el palco que tenía alquilado hace años para presenciar los partidos del Máster de Tenis en el pabellón municipal Madrid-Arena. Entre las fotografías que manejaba Bárcenas había una (que ilustra estas páginas, de octubre de 2004) donde se ve a Correa junto al matrimonio de Alejandro Agag y Ana Aznar, al que el cabecilla de la trama regaló en su boda más de 36.000 euros, el presupuesto de la iluminación y el sonido de la fiesta que siguió al enlace en la finca de Los Arcos, en la sierra de Madrid.

Tanto Alejandro Agag como el expresidente del Gobierno José María Aznar han recalcado que aquel regalo se hizo cuando Francisco Correa no estaba inmerso en ningún procedimiento judicial ni había sospechas de su participación en una red de corrupción masiva.

Reserva papeles de pagos a empresas de dirigentes a los que él no apreciaba
Cuando se celebró la boda, las empresas de Correa llevaban en exclusiva los actos del PP a nivel nacional donde participaba José María Aznar; se encargaba de algunos de los viajes que contrataba el palacio de la Moncloa para los asesores del presidente; tenía contratos a dedo en AENA, organismo dependiente del Ministerio de Fomento, y colaboraba activamente con numerosos Ayuntamientos madrileños donde gobernaba el PP.

» Objetivos personales. Bárcenas también se reservó para sí algunos documentos sobre pagos que hizo como tesorero del PP a sociedades aparentemente inocuas que en realidad eran propiedad de dirigentes del PP a los que el entonces tesorero no apreciaba mucho. De hecho, el hoy extesorero consideraba que parte de su infortunio dentro del partido se debía a esos dirigentes a los que había tenido que pagar en concepto de minutas por asesorías jurídicas o por regalos de empresa.

Durante el último año y medio, Luis Bárcenas trasladó a numerosos dirigentes del PP sus quejas sobre el trato que le daban las dos fiscales Anticorrupción encargadas del caso Gürtel y los mandos policiales de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) que elaboraban informes sobre el extesorero. Las quejas de Bárcenas, de una manera o de otra, llegaron a oídos de los ministros del Interior, Jorge Fernández, y Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Diversas fuentes próximas a ambos dirigentes del Gobierno aseguran que no hicieron nada, pese a las presiones de Bárcenas, ni hubieran podido hacerlo ante las evidencias que arrojaba la investigación judicial sobre los delitos cometidos por el extesorero del PP.

El País, 30 de junio 2013

Cuatro horas con Bárcenas

• 'Al menos los últimos 20 años el PP ha estado financiándose de forma ilegal'
• 'Lo hasta ahora publicado es una pequeña parte de la documentación que tiene'[/b]

PEDRO J. RAMÍREZ |
Actualizado domingo 07/07/2013 15:52 horas

El director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, relata este domingo los detalles de la larga conversación que mantuvo con el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, pocos días antes de ingresar en prisión. Aquí tiene un extracto del artículo que puede leer completo en Orbyt.

"Luis Bárcenas me explicó que durante al menos los últimos 20 años el PP ha estado financiándose de forma ilegal, recibiendo donaciones en metálico de constructores y otros empresarios que a su vez obtenían adjudicaciones o contratos de las administraciones gobernadas por el partido.

El modus operandi comenzaba de forma muy similar a la descrita por Casimiro García-Abadillo el 4 de febrero en EL MUNDO, a partir del testimonio de uno de los donantes.

El dinero se entregaba en bolsas, maletines o maletas en el despacho del tesorero Álvaro Lapuerta en la calle Génova y en presencia de Bárcenas, en calidad de gerente. Ambos contaban los billetes y los metían en la caja fuerte, bromeando a menudo sobre si se fiaban el uno del otro o no. Cuando el donante abandonaba el despacho, Lapuerta extraía de la cartera de mano una tarjeta de visita y en el reverso escribía con letra diminuta el nombre y la cuantía de la entrega. Bárcenas hacía otro tanto en un libro de caja con sus correspondientes renglones.

Parte del dinero entregado se ingresaba en las cuentas bancarias del partido, parte se destinaba a pagar en negro el sobrecoste de las campañas electorales para eludir la fiscalización del Tribunal de Cuentas y otra parte se quedaba en la caja fuerte y era utilizado para otros fines. Según Bárcenas, el principal y más recurrente era el pago trimestral de sobresueldos en metálico al presidente, el secretario general y vicesecretarios del partido".

El artículo relata conversaciones de Bárcenas con el presidente Rajoy en las que el ex tesorero señala directamente a la secretaria general María Dolores de Cospedal y el presidente promete que no le dejarán solo y termina con una advertencia:

"Bárcenas me contó que lo hasta ahora publicado no es sino una pequeña parte de la documentación que obra en su poder. Mayor aún sería la trascendencia, de acuerdo con su versión, de otros documentos y discos duros que probarían la sistemática financiación ilegal de las campañas del partido".

El Mundo, 7 de julio 2013 - sin que sirva de precedente

Los abogados de Bárcenas renuncian a su defensa por disparidad sobre la estrategia

• Miguel Bajo y Alfonso García Trallero presentarán previamente un recurso contra la fianza civil
• ESPECIAL Toda la información sobre el 'caso Bárcenas'

FRANCISCO MERCADO Madrid 8 JUL 2013 - 14:02 CET

Los abogados del extesotrero del PP Luis Bárcenas han confirmado a este diario que presentarán a lo largo de la jornada un escrito en el que anunciarán la renuncia a la defensa de su cliente. Miguel Bajo y Alfonso García Trallero, que han llevado el caso del ahora encarcelado Bárcenas, presentarán previamente un recurso a la fianza civil impuesta por el instructor del caso Gürtel Pablo Ruz.

Este anuncio se produce después de que se desvelara un encuentro entre el extesorero y el director del diario El Mundo este fin de semana. Los letrados alegan disparidad sobre la defensa. Esto ha generado, alegan, una pérdida de confianza del cliente sobre el rumbo de su defensa.

El hombre que controló las finanzas de la formación conservadora, junto a Álvaro Lapuerta, entre 1991 y 2010, ha descrito con detalle la financiación ilegal. Esta incluye el cobro de donativos de constructoras a cambio de adjudicaciones de obras y servicios, y el uso de los fondos para sufragar campañas electorales y repartir sobresueldos entre los principales dirigentes de Génova 13.

Se trata de la primera vez que Bárcenas admite las irregularidades en la captación de fondos del PP y la autoría de la contabilidad secreta publicada por EL PAÍS el pasado 31 de enero, que había negado hasta ahora. También relata supuestos contactos con Mariano Rajoy y Javier Arenas para buscar la protección del partido ante su imputación en el caso Gürtel.

Tras estas revelaciones, la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que apoyará la petición de la acusación ejercida por Izquierda Unida (IU) de que tanto Lapuerta como Bárcenas declaren de nuevo ante el juez por los nuevos datos dados a conocer este fin de semana.

Ya no hay dudas: las revelaciones que durante los últimos días han salido a la luz en diversos medios españoles dejan claro que los papeles de Bárcenas eran algo más que fotocopias. Su contenido ha sido reconocido como auténtico por el propio extesorero y el director del diario El Mundo ha entregado los originales al juez, por lo que la participación de los altos cargos del PP en el reparto de sobresueldos parece más que confirmada. Incluso en el caso de nuestro presidente: según los papeles de Bárcenas, Mariano Rajoy ha cobrado miles de euros en sobresueldos durante su época de Ministro. Hecho que, con independencia de que se tratase de dinero negro, es totalmente ilegal.

En cualquier país democrático esta lamentable situación supondría la dimisión, con carácter inmediato, del presidente del Gobierno. Pero nuestros políticos parecen más aferrados que nunca a sus sillones, desoyendo el clamor popular. ¿Vamos a dejar que miren para otro lado? De eso nada: es el momento de hacer más ruido que nunca, en Internet y en las calles. Las personas honradas estamos hartas y no nos vamos a callar.

Firma esta petición si aún no lo has hecho, y ayúdame a pulverizar un nuevo récord de participación ciudadana: vamos a ser 2 millones de personas las que, con nombre y apellidos, pidamos la dimisión de un presidente que nos roba y nos miente. Y vamos a hacer que esta iniciativa sea algo más: una auténtica comunidad de ciudadanos que demandan una regeneración democrática a través de todas las vías posibles.

Entra también en http://www.ppdimision.org" onclick="window.open(this.href);return false; y sigue las novedades de este movimiento ciudadano sin precedentes contra la corrupción y a favor de una política transparente al servicio de los ciudadanos.