Foro de Iniciativa Atea

El oscurantismo regulatorio -el ejecutivo está metido hasta los tuétanos en una reforma energética en la que apenas ha contado con el sector y que sigue siendo casi un secreto-, la constante rebaja de la calidad de nuestra democracia -el gobierno por decreto está evitando que haya debate en el parlamento y propiciando que se cueza todo en los pasillos del ministerio-, el desprecio sistemático a la sociedad civil, que quiere saber por qué se gasta cada día más en la factura de la luz mientras sus "representantes", lejos de tratar de averiguarlo, parecen más interesados en ocultar toda información; la desfachatez institucionalizada -una semana después de que su grupo, el del PP, diga no a la auditoría en el parlamento, el secretario de estado de Energía, Alberto Nadal, se permitía el lujo de decir, el pasado lunes, que... o ve la luz la reforma energética en la que trabaja él... o estamos abocados a "la quiebra del sistema eléctrico" (o Nadal o la nada); la sospecha generalizada de que los padres putativos -con Aznar y González a la cabeza- de 300 diputados están cobrando hoy los favores de antaño (en Endesa y Gas Natural Fenosa), mientras los diputados de hogaño parecen más interesados en satisfacer a sus patrones políticos (o en cultivar su retiro dorado), que en arrojar luz sobre la oscuridad... Lo que está ocurriendo en la política española -empezando por el Congreso de los 300- empieza a resultar francamente preocupante... Contra la transparencia: el no explítico de Partido Popular, Foro Asturias, CiU y UPN; el no sabe/no contesta (la abstención) de PSOE, Coalición Canaria y PNV.

Desfachatez
Sí, la semana pasada, 300 diputados paralizaron en el Congreso una auditoría energética que propuso Izquierda Plural, grupo parlamentario integrado por los diputados de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, y Chunta Aragonesista. Por boca de la diputada Laia Ortiz (de Iniciativa), Izquierda Plural pidió al Parlamento, el pasado 26 de junio, que promoviera la realización de una auditoría energética. Ortiz dijo en el Pleno del Congreso, entre otras cosas, que hay que hacer esa auditoría porque los últimos Ejecutivos han tomado decisiones regulatorias "que han estado basadas en un cierto secuestro de los gobiernos", y soltó además que "casi todos los ministros que han tomado decisiones sobre energía hoy se sientan en los consejos de administración de las cinco grandes empresas eléctricas". Por eso, añadió, "es importante una auditoría independiente para ver esas decisiones, qué costes y a quién han beneficiado". Pues bien, solo 23 (abajo recogemos todos sus nombres) de los 323 diputados que votaron lo hicieron a favor de realizar esa auditoría. Pero, como la desfachatez no conoce límites, apenas cinco días después, el señor Nadal volvía a arremeter -el lunes pasado- contra la prima renovable, "dinero privado que viene del recibo, que es casi gasto público y que no pasa los controles"... Paradójica alusión -a los controles- cuando cinco días antes su grupo parlamentario decía no en masa a toda una auditoría.

El PP dice que la culpa la tiene el gobierno
El absurdo no obstante rayó también a gran altura el mismo día de la votación en el Congreso. El diputado popular encargado de decirle no a la auditoría fue Mario Flores Lanuza, antaño consejero en la Generalitat Valenciana. Entre otras cosas, Flores Lanuza soltó una perla de valor incalculable: "el problema del déficit -dijo- está en la regulación y no en la generación", hipótesis que seguramente compartiría Izquierda Plural y que pone en mal lugar a los autores de esa regulación, o sea, al propio Partido Popular y al PSOE. Porque socialistas y populares son autores -únicos- de esa regulación. Porque el partido de Aznar gobernó entre 1997, año de aprobación de la Ley del Sector Eléctrico, y 2004; el PSOE lo hizo entre 2004 y 2011; y el PP volvió al gobierno a lomos de diez millones de votos y lleva ya gobernando más de año y medio. Flores Lanuza concretó aún más su discurso: los costes regulados en España -añadió- "son un 40% superiores al promedio de la Unión Europea. Los costes regulados en 2006 fueron de 9.000 millones de euros y en 2012 de 18.000, justo el doble. Sin embargo la generación fue muy similar". O sea, segunda perla de valor incalculable: los costes establecidos por el gobierno crecen un 100% -lo hacen por obra y gracia del Ejecutivo, que es el que regula- aun cuando la generación es "muy similar" (por Flores Lanuza). Sí, eso dice el propio partido del gobierno para decir a continuación "no queremos auditoría energética, no señor".

La generación, hoy, similar a la de 2006; los costes fijados por el gobierno, incrementados en un 100%
En fin, que el Partido Popular sabe -y lo cuenta en voz alta en sede parlamentaria- que "el problema del déficit está en la regulación y no en la generación", sabe que los costes regulados en España "son un 40% superiores al promedio de la Unión Europea", sabe que esos costes -que establece el gobierno- han crecido un 100% en los últimos años y sabe, por fin, que ello no parece particularmente lógico si tenemos en cuenta que la generación es hoy "muy similar" a la de hace más de un lustro. Ahora bien, aunque sabe todo lo que sabe -y lo cuenta en voz alta en sede parlamentaria- el Ejecutivo Rajoy ha incrementado el coste de distribución y gestión comercial en aproximadamente un 40% (incremento sobre el coste establecido para ese concepto en 2006, año en el que la generación fuera "muy similar", según Flores Lanuza); el Ejecutivo Rajoy ha incrementado en un 170% el coste del transporte (incremento sobre el coste de ese concepto en 2006, año "similar"); y el Ejecutivo Rajoy ha incrementado en casi un 400% los pagos por capacidad. Los beneficiarios casi únicos de esos tres incrementos son, por cierto, solo cinco empresas: Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa (controlada por Gas Natural), Hidrocantábrico (controlada por EDP) y E.On, y la cantidad estimada por la Comisión Nacional de Energía que suman solo esas tres partidas en 2012 asciende a más de 7.600 millones de euros.

Trescientos...
Ni uno, ni dos, ni tres. Ni cuatro, ni cinco, ni seis. Trescientos. Tan sencillo como eso. 300 de los 323 diputados presentes en el Congreso el pasado 26 de junio paralizaron la propuesta (de Izquierda Plural) de hacer una auditoría energética: por acción -195 noes- y por omisión -105 abstenciones-. Trescientos padres de la patria que quieren mantener el sistema eléctrico a oscuras, trescientos que han paralizado una "auditoría energética independiente de la composición del déficit tarifario -explica en su moción Izquierda Plural- que revise aquellos conceptos prescindibles en un mercado competitivo y basado en la eficiencia, la independencia energética y las energías limpias, así como la metodología de retribución de la producción, transporte y distribución". Trescientos votos oscuros de los hijos putativos de Felipe González (ahora en Gas Natural Fenosa), José María Aznar (ahora en Endesa), Elena Salgado (vinculada a Endesa desde abril de 2012, apenas cinco meses después de salir del gobierno); Ángel Acebes (Iberdrola); Pedro Solbes (Enel-Endesa); Ana Palacio (Hidroeléctrica del Cantábrico); Manuel Marín (expresidente del Congreso, Iberdrola); etcétera, etc.

Contra 23
Los 23 síes fueron, por Izquierda Plural, José Luis Centella Gómez, Joan Coscubiela Conesa, Ascensión De las Heras Ladera, María Caridad García Álvarez, Alberto Garzón Espinosa, Cayo Lara Moya, Gaspar Llamazares Trigo, Joan Josep Nuet Pujals, Laia Ortiz Castellví y Chesús Yuste Cabello; por el Grupo Mixto, Joan Baldoví Roda (Coalició Compromís), Uxue Barkos Berruezo (Geroa Bai), Alfred Bosch i Pascual (Esquerra Republicana de Catalunya), Mª Olaia Fernández Davila (Bloque Nacionalista Galego), Teresa Jordà i Roura (ERC), Rosana Pérez Fernández (BNG) y Joan Tardà i Coma (ERC); por UPyD, Álvaro Anchuelo Crego, Antonio Cantó García del Moral, Rosa María Díez González, Irene Lozano Domingo y Carlos Martínez Gorriarán; y, por el PSOE, Helena Castellano Ramón.

Texto íntegro de la moción de Izquierda Plural
Diario de Sesiones del Congreso. Intervención de Laia Ortiz y respuesta de Flores Lanuza

El Gobierno tiene la determinación de que el autoconsumo energético —producir tu propia energía mediante paneles fotovoltaicos o minieólicos y consumirla en el momento—, se implante de forma muy controlada y sin perder de vista “la compleja situación económica” que afecta al sector eléctrico. El borrador del decreto de autoconsumo —esperado como agua de mayo por numerosos consumidores para ver si se podían ahorrar unos euros en su factura— ha incluido un peaje, denominado “de respaldo”, que, de momento, sube la tarifa de quienes lo utilizan.

El decreto sobre autoconsumo ha llegado con más de un año de retraso. El Ministerio de Industria lo remitió el jueves a la Comisión Nacional de Energía, que tiene 15 días para emitir un informe que será oído, aunque no sea vinculante.

La redacción del texto reserva al Gobierno la capacidad de subir o bajar la cuantía de este peaje dependiendo de cómo vaya la implantación de estos modelos de autogeneración eléctrica. Uno de los grandes miedos de las eléctricas es que la autogeneración se descontrole y el sistema actual colapse.

Las cuantías de los primeros peajes de respaldo se incluyen en el borrador del decreto elaborado por el Ministerio de Industria. Según cálculos de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), el peaje de respaldo que se pagará por generar energía en un domicilio será un 27% más alto que si se opta por el consumo convencional y se abona el peaje por el uso tradicional de la red. La asociación, que agrupa a unas 300 empresas y representa a un 85% del sector, critica que se impida el ahorro de los consumidores y se paralice la entrada de nueva competencia en el mercado eléctrico.

En los últimos cinco años los consumidores han visto cómo los precios de la tecnología fotovoltaica han bajado un 80%. En un contexto de crisis en el que las tarifas de las eléctricas no hacen más que subir, producir su propia electricidad con paneles solares o molinillos se había convertido en una alternativa de ahorro muy interesante. Se ha desarrollado un pequeño mercado de autoconsumo instantáneo, amparado por un decreto de 2011, en el que se han integrado sobre todo industrias y comercios, que conseguían reducir sus facturas energéticas y mejorar su competitividad. Cuando se apruebe el decreto de autoconsumo tienen dos meses para inscribirse en un registro oficial y comenzar a pagar estos peajes. En caso contrario, se enfrentan al corte de suministro o a sanciones que llegan a los 30 millones.

Aunque en España sea relativamente nuevo, el autoconsumo energético está más que consolidado en países como Estados Unidos (sobre todo en California) u Holanda. Es el camino hacia el que se dirigen las políticas de la Unión Europea. Lo habitual en los países en los que se ha implantado es que se incentiven estas prácticas bonificando los peajes, permitiendo a los consumidores que viertan energía a la red y la recuperen cuando la necesiten u ofreciéndoles la posibilidad de venderla a la compañía eléctrica, algo que no ocurre aquí.

El decreto nombra las bondades del sector renovable y la eficiencia energética, así como las múltiples directivas europeas que las promueven. Sin embargo, no esconde que se busca una “evolución gradual” del autoconsumo que no atente contra el conjunto del sistema eléctrico. Habla de “dirigir” el desarrollo de este “novedoso mecanismo” y considera un “reto adicional” su integración en el sistema.

El Gobierno del PP considera que tener muchos puntos que puedan emitir energía puede ser beneficioso para un sistema de grandes centrales como el español, sobre todo en lo relativo a las pérdidas de red —que suponen entre un 10% y un 15%—. Acto seguido subraya que la generación distribuida (tener muchos productores de electricidad) no reduce los costes de mantenimiento de transporte y distribución, ni los costes ajenos al suministro que se incluyen en los peajes de acceso. “En algunos casos podría provocar costes de inversión adicionales en las redes para adecuarlas”, justifica.

La venta de excedentes energéticos —facilitar que se venda o intercambie la energía que no se utilice— se contempla como un “objetivo”, pero no se ha desarrollado. De hecho, el texto especifica que las cesiones de energía eléctrica a la red pública “no podrán llevar aparejada contraprestación económica”. La modalidad conocida como balance neto —que consiste en aportar energía sobrante a la red para luego recuperarla cuando se necesite en la misma cantidad— no se contempla de momento.

Otras tecnologías, como la cogeneración, consiguen salvarse de estos peajes hasta el 31 de diciembre de 2010. “Se trata de excepciones”, explica David Arzoz, vicepresidente de la asociación de empresarios Cogen España. “Las plantas que estaban vendiendo energía podrán continuar hasta este plazo, pero las que hacían autoconsumo y las que se construyan tendrán que pagar este peaje y ya no será rentable”, añade el representante de esta asociación especializada en cogeneración.

QUIEREN ACABAR CON LAS ENERGIAS RENOVABLES. NO LO PERMITAS.
Después de numerosas medidas que las perjudican, el gobierno da un golpe mortal a las energías renovables. Ha introducido una tasa (que denomina "peaje de respaldo") que hace inviable la producción de energía en casa a través de fuentes limpias, como las placas solares.

Una regulación adecuada del autoconsumo tiene que contemplar las siguientes medidas:

Eliminación del peaje de respaldo
Balance neto con compensación de un año
Valoración de los beneficios externos de las energías renovables, frente a las fósiles: reducción de emisión, reducción de dependencia exterior, etc.
Queremos lograrlo, y por eso te pedimos que firmes nuestra campaña.

El autoconsumo de electricidad con balance neto es muy sencillo.
Se trata de un mecanismo por el cual las personas que han decidido convertirse en productores energéticos consumen la energía que ellos mismos producen (normalmente placas solares), y aportan el resto a la red eléctrica. Cuando se necesita más electricidad de la que se puede producir, se consume directamente de la red eléctrica.
El saldo final entre energía aportada y consumida, debe ser la que se compute a efectos de pagos o cobros.

Apoyamos el autoconsumo con balance neto porque:

Es limpio, porque debe hacerse con energía solar, o minieólica.
Lucha contra el cambio climático, ya que reduce emisiones contaminantes, y te desconecta de las energías sucias.
Es descentralizado y multiplica los puntos de producción eléctrica.
Facilita el ahorro y el consumo eficiente, pues genera un sistema distribuido de generación eléctrica.
Reduce la necesidad de invertir en nuevas redes, reduciendo las pérdidas de energía por el transporte de la electricidad a través de la red.
Abarata nuestra factura de importación de combustibles fósiles (actualmente en torno a 45000 millones de euros anuales) y por tanto la dependencia energética con los países exportadores.
Fomenta la creación de empleo de forma también distribuida: proyectistas, talleres de montaje e instaladores.
Es una inversión a escala familiar o de comunidad que reduce nuestra factura de la luz y nos permite ahorrar.

Puedes consultar el Escrito presentado por EQUO ante el Ministerio de Industria.

Ayúdanos con tu firma a impulsar el autoconsumo con balance neto.

La gran ruina solar

• La reforma del sector eléctrico termina de asfixiar a 30.000 pequeños inversores que buscaban un complemento para su pensión o los estudios de sus hijos
• El sol ya no es gratis

JUANA VIÚDEZ Murcia 28 JUL 2013 - 00:56 CET

La nueva planta solar termoeléctrica Gemasolar en Fuentes de Andalucía.

No se puede tapar el sol con un dedo, pero es que apenas ven un rayo de esperanza. “Mi nombre es Baldassare G. G. Voy a cumplir 45 años. Estoy casado y tengo dos hijos. Soy peluquero y productor fotovoltaico en fase terminal. Verán por qué”. Con este arranque de terapia de grupo, Baldo, un peluquero de Alicante en graves apuros económicos, envió hace dos semanas un correo electrónico a los 350 diputados y 208 senadores de España. Quería contarles su caso, el de un peluquero que solo debía 19.000 euros al banco hace seis años y que decidió empeñar sus ahorros y su casa en una minihuerta solar con la que aspiraba a una jubilación tranquila. Se trataba de poder comprar una caravana —“como los guiris”— y de ir de aquí para allá con su mujer. Nada excesivo. Su carta personifica el calvario de 30.000 pequeños inversores en huertos solares que confiaron sus ahorros a un proyecto garantizado por el Estado que poco a poco les está dejando en la ruina. Ninguno de los diputados o senadores le ha contestado. Ni un acuse de recibo.

Baldo creyó que invertir en una minihuerta solar de 100 kilovatios, suficiente para abastecer de energía a 22 casas, podría ser un buen complemento a su trabajo en la peluquería familiar. Sus placas ocupan dos hectáreas de un antiguo viñedo de la sierra de El Carche en Jumilla (Murcia). “El sol puede ser suyo”, rezaba una promoción del Ministerio de Industria de 2005, en la que se garantizaba una rentabilidad de hasta un 14%, líneas de crédito oficiales y el primer año de carencia, entre otras ventajas de invertir en energía verde. La realidad ha sido distinta. “Mi rentabilidad era de un 9%. Llevo seis años sin ver un duro, solamente nos daba para la cuota de los préstamos. Ya no puedo pagar más, estoy en descubierto”.

El Gobierno, entonces socialista, animó a la inversión en fotovoltaica divulgando sus múltiples usos. Las instalaciones se podían conectar a la red y producir electricidad. Otras, aisladas, servirían para señalización, aplicaciones agrícolas, viviendas. Una intensa campaña de promoción con el sello del Ministerio de Industria informaba de la capacidad de las energías limpias para reducir las emisiones de CO2. Su auge ayudaría al país a cumplir los compromisos adoptados por los protocolos de Kioto para luchar contra el cambio climático.

Pascual Hortelano, Santiago Martínez y Manuel Herrera, en el parque solar Las Ramblas de Cieza (Murcia). / G.N.

Como otros muchos inversores, el peluquero puso su casa como garantía para obtener un crédito de 540.000 euros que firmó a medias con un amigo y desde entonces socio. “A mi padre le he dicho mil veces que fue un loco cuando en 1976 vino desde Suiza con su mujer y tres niños pequeños a empezar una nueva vida. Resulta que el loco he sido yo”. Afortunadamente la peluquería familiar se ha quedado fuera de los avales. Es lo único que le queda.

¿Qué pasó para que esta inversión se viniera abajo? Varios especialistas coinciden en que el gran error del Gobierno socialista fue no limitar la potencia fotovoltaica con derecho a prima, la ayuda que cobran por vender su energía al sector eléctrico. “Creo que los bancos por los que pasó el plan de viabilidad de mi planta solar se quedaron una copia para sus clientes preferentes porque en mi zona hay un montón de instalaciones exactamente iguales a la mía”, sospecha uno de estos pequeños inversores que pide anonimato. Este afectado asegura que las Administraciones llegaron a pedirle todo tipo de compensaciones económicas para levantar una planta muy cerca de Toledo. “Que si acciones compensatorias, hacer algo por la comunidad, donar 20.000 euros, poner salvapájaros”, detalla. Fue de los pioneros, planteó su proyecto en 2005. Y pagó la novatada.

La solar creció como la espuma. Desde 2007 a 2010, año en el que empezaron los recortes, la energía fotovoltaica que recibía primas se multiplicó por cinco, pasó de 53,7 a 313,7 gigawatios hora, según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE). No tuvieron apenas luna de miel. Los sacrificios temporales que pidió el ministro Miguel Sebastián empezaron a descuadrar las cuentas. Alfredo Candela, de 46 años, insiste en que ellos han firmado un contrato con el Estado. “El PP puso el grito en el cielo con los primeros recortes, diciendo que se creaba inseguridad jurídica. Ellos no solo no lo han quitado, sino que lo multiplican por diez”, critica este empresario que siempre simpatizó con el PP, pero que ahora no puede ni oír hablar de la formación. Pertenece a la cuarta generación de las bodegas Barahonda, que compra la uva a numerosos agricultores murcianos. “¿Cómo pueden tener la caradura de promocionar la Marca España con las energías renovables como bandera? ¿Qué inversor se puede meter en esto si a mitad de partido nos cambian todas las reglas?”, se pregunta. En su inversión, en la que también participó su hermano, puso todos los ahorros familiares: 120.000 euros. Lleva tres años añadiendo dinero. Tiene tres hijos, de 6, 8 y 9 años, y contaba con el dinero de las placas para pagarles la universidad.

Ángel Miranda, a la derecha, en su huerto solar. / H.S.

En 2010 Sebastián redujo a 25 los años que les garantizaban las primas —antes se podían percibir durante toda la vida útil de la instalación—, y ese mismo año bajó también el número de horas de emisión de energía con derecho a subvención. El primer soponcio con el PP, a finales de 2012, lo protagonizó el impuesto del 7% sobre la generación de electricidad. Este año, les congelaron la actualización del IPC. Si sus ganancias iniciales ya habían bajado entre un 30% y un 40%, la reforma del sector energético las vuelve a bajar a la mitad. Según el decreto principal, las renovables pasarán a recibir una retribución “razonable”, y que el Gobierno estimará en función de unos parámetros alambicados que vendrán a suponerles un ingreso de un 7,5% antes de impuestos.

“Cuando apliquen la reforma energética lo mejor va a ser dejar el cuerpo muerto y que el banco te lleve”, comenta Santiago Martínez, agricultor de 53 años. Parco en palabras, Santiago confiesa una “preocupación total” por su futuro y el de las dos cooperativas de energía fotovoltaica que ha ayudado a constituir en la localidad murciana de Cieza, conocida por sus plantaciones de melocotones, nectarinas y albaricoques. Sus 248 socios están en una situación muy similar.

Los agricultores suelen ser bastante planificadores con el dinero, por eso cuesta creer que 248 de ellos se embarcaran sin reticencias en préstamos de unos 600.000 euros de media. “Si te dicen que el Gobierno lo apoya para cumplir los objetivos de reducción de emisiones protocolo de Kioto, que es una energía limpia, que no contamina, y que además puede complementar a la pensión de 400 euros que te queda por trabajar en el campo es difícil que le veas algún inconveniente”, razona Pascual Hortelano, de 51 años. Con chaleco verde de infinitos bolsillos, polo con el cuello desgastado y vaqueros salpicados de pintura blanca, Hortelano pasea entre las placas solares del huerto La Serrana. “El primer año no me lo creía, pero tanto vinieron a explicarnos, que a fuerza de repetirlo y que todo el mundo nos decía lo mismo, terminé entrando. Nos dijeron que criáramos energía, yo sé un poco de melocotones, pero creo que esto nos vino grande”, dice. Cieza, de 34.000 habitantes, está especializada en el cultivo de fruta dulce. Es el municipio con mayor concentración de frutales por metro cuadrado. Los melocotoneros tienen entre 10 y 15 años de vida útil. Después comienzan a perder el nivel de producción, los frutos no tienen la misma forma, la madera de la corteza empieza a tener mal aspecto. Con las placas solares pasa algo parecido. Tienen unos treinta años de vida útil. Y la inversión consistía en que el banco se quedara con las primas recibidas del Gobierno los primeros 15 años, el mismo tiempo que tarda un melocotonero en cumplir su ciclo, y los 15 siguientes tendrían unos rendimientos de unos 2.500 euros mensuales. Hortelano, acostumbrado a guardar en la despensa una parte del dinero de la cosecha, le dio el visto bueno. Su hermano, profesor de secundaria, le siguió. “Cuando me llama y me dice: ¿has visto lo que ha dicho el ministro? No sé qué decirle”, confiesa.

El maná del tejado

El autoconsumo era la gran esperanza del sector fotovoltaico español. El futuro hacia el que caminan Europa, donde numerosos países están fomentándolo, y el mundo. En Holanda o Estados Unidos, concretamente en California, está más que arraigado. La decisión del Gobierno de implantar una especie de tasa que lo encarezca disgusta, pero no parece asustar a los pioneros. Rafael Rodríguez y Verónica Miguez, de 44 y 40 años, se atrevieron con lo que muchos españoles han fantaseado: producir su propia electricidad en el tejado de su casa. Practican lo que se conoce como consumo instantáneo, producen su propia energía con paneles fotovoltaicos, y están enganchados a la red tradicional para poder tener suministro cuando no hay sol.

Lo suyo ha sido una cuestión de creencia en las energías verdes, pero también de necesidad económica. Una factura de electricidad de 300 euros no se podía sostener, y menos en tiempos de tarifas crecientes y sueldos menguantes. Él, profesor de secundaria; ella, administrativo. Dos hijos y una casa en la que el deshumidificador que les secaba la ropa también les secaba el bolsillo. “Estamos bastante contentos”, resume Rafael, que estima en unos 100 euros la bajada de su recibo. Lo instalaron a primeros de año y ya han producido 2.000 kilovatios de energía solar. “La verdad es que lo hemos notado más a partir de marzo, cuando más sol ha hecho”, matiza. La familia, que vive en Sansenxo (Pontevedra), reconoce que le ha costado un poco cambiar de hábitos de consumo energético y hacer las principales tareas cuando hay luz. “Aunque me salga por el mismo precio, seguiremos”, afirma Rafael.

Uno de los sentimientos comunes a estos entrampados por el sol es el cargo de conciencia y el sentimiento de culpabilidad por haber animado a familiares o amigos a seguir su camino. Santiago Martínez tiene la misma preocupación que Pascual. Un crédito de 600.000 euros y un hermano y una hermana que siguieron sus pasos. En el mismo grupo de inversores, Manuel Herrera no trabaja en la agricultura, pero depende directamente de ella. Es instalador eléctrico y tiene el hándicap de ser uno de los convencidos de las bondades de la energía solar. Manuel compró tres participaciones de 50 kilovatios. “Una para mi mujer y para mí, y las otras dos para nuestras hijas”. Los tres cooperativistas de Cieza no han acusado los recortes de los últimos años porque pidieron una ampliación del crédito a 20 años. Otros muchos no lo hicieron y ahora tienen que renegociar nuevos préstamos con intereses desorbitados.

Los campos solares con participaciones más pequeñas se concentran en Murcia, Navarra y Cataluña. El colectivo intenta presionar en todas las esferas para que se les dé una solución y pronto. No saben cuánto van a aguantar. Representan el 2% de la energía fotovoltaica del país. No son grandes empresas ni tienen los prestigiosos abogados como los fondos de inversiones. Un tercio de la energía fotovoltaica española está en manos de grandes fondos de inversión de bancos extranjeros que han denunciado al Estado español por el cambio en las condiciones que se les garantizaron en un Boletín Oficial del Estado.

En Navarra, lo habitual es que los inversores compraran por 40.000 euros una placa en los huertos solares que hay en los alrededores de las Bardenas, al sur de la región. Mercedes Seviné adquirió la suya en 2008 financiada al 80%. La venta de la energía producida le suponía entonces un beneficio suficiente para pagar el crédito y una cierta rentabilidad. Ahora tiene que poner 200 euros mensuales para no endeudarse.

El régimen fiscal propio de Navarra otorga a estos afectados una pequeña ventaja sobre el resto. Como las energías renovables son uno de los ejes estratégicos de desarrollo de la región, quienes invierten en este sector obtienen un 10% de deducción fiscal. Aunque la energía eólica mantiene mayor potencia instalada, con 980 megavatios, unas 10.000 familias de la comunidad han realizado inversiones en placas solares, tanto para consumo propio como para invertir sus ahorros.

Con la reforma energética, presentada hace apenas dos semanas, el Gobierno ha abierto la posibilidad de que aquellos inversores que no puedan sobrevivir pidan un rescate voluntario. La letra pequeña todavía no está lista. Se deja para otro decreto que probablemente no vea la luz hasta finales de año. Antonio Betancor (39 años) no puede aguantar tanto tiempo. Se disculpa porque está tomando ansiolíticos y tiene un ligero tic. Tiene una empresa de muebles de cocina en Cartagena (Murcia), de la que dependen 37 familias. Hace 11 días que no pega ojo. “Este Gobierno nos va a arrastrar a la ruina”, sentencia. “Tengo a diez personas avalándome, mis padres, mis hermanos y van a tirar de sus bienes”. Entregó al sol 600.000 euros de sus ahorros, todo el dinero familiar, y se embarcó en un préstamo de 1,8 millones. Es vicepresidente de la patronal empresarial de Cartagena (COEC) y está más que dispuesto a salir a la calle para que se conozca la situación en la que el Gobierno les ha dejado.

“Nos dijeron que criáramos energía, yo sé de melocotones. Creo que nos vino grande”, dice un agricultor
Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de estos pequeños productores, cuenta que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, les llegó a ofrecer en una reunión llevar sus inversiones al banco malo, donde están todos los activos inmobiliarios de las entidades rescatadas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, descartó esta posibilidad públicamente poco después. La reforma energética ha reavivado la sensación de que las instalaciones que no generan suficientes ingresos para cubrir la deuda caminan hacia una expropiación encubierta. Acabarán en manos de las entidades financieras y en última instancia, de las eléctricas. “¿Quién las va a querer si no?”, se preguntan.

“Estas propuestas —del PP— no dan señales de futuro, no son sanas”, dice Teresa Ribera, que fue secretaria de Estado de Cambio Climático con el PSOE. Acaba de terminar su etapa como directora de desarrollo estratégico de la fabricante de placas fotovoltaicas Isofotón. La empresa malagueña presentó concurso voluntario de acreedores en junio. Ribera habla de un “ensañamiento ideológico contra la fotovoltaica” y de la “obsesión para volver al sistema anterior, de los combustibles fósiles”. “Las señales que manda el Gobierno son que tiene apuestas tecnológicas que son de pasado o de transición, no de futuro”, añade.

Todos los recortes se han justificado por la necesidad de reducir el déficit de tarifa, la diferencia entre lo que cuesta producir y distribuir la electricidad y lo que realmente ingresa el sistema eléctrico. En los primeros cinco meses del año ese agujero ha sido de 2.624 millones. En total llega a los 28.000 millones. Para que no siga engordando, Industria se ha propuesto recortar 4.500 millones entre todos los actores del sistema y en esa poda las energías renovables se han llevado una pérdida de unos 1.400 millones. Al sector fotovoltaico, que cubre el 3% de la demanda eléctrica, le tocan unos 600 millones.

Los parques solares con participaciones más pequeñas están en Murcia, Cataluña y Navarra
Hartos de que se acuse a las renovables de ser las causantes del déficit, la Plataforma por un nuevo modelo energético y la asociación de pequeños productores viajaron el 21 de julio a Bruselas. Se reunieron con el comisario de Energía, Günther Oettinger, y le pidieron que se haga una auditoría externa al origen del déficit tarifario español. “Vinieron con una argumentación tan bien armada que Oettinger les ha propuesto cooperar”, explica por teléfono Inés Ayala, eurodiputada socialista.

En mayo de 2012, la Comisión Europea emitió un informe que consideraba que el déficit tarifario español se había generado por una “compensación excesiva de algunas infraestructuras”, como centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas. También “por mantener la concesión de subvenciones ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente a las minas de carbón”.

El Ministerio de Industria no ha respondido a las preguntas de EL PAÍS. La patronal de las eléctricas, Unesa, ha pedido tiempo para estudiar las nuevas normativas. El peluquero de Alicante, sin pelo de tanto sufrimiento, considera clave que el Congreso rechazara en junio, con los votos de 300 de los 323 diputados, que se hiciera una auditoría del déficit eléctrico antes de la reforma del sector eléctrico. Una propuesta que partió de Izquiera Plural. “Ahí se retrataron todos”.

Con información de Lluís Visa y Javier Doria.

De pensión creciente a pensión menguante

"Invertí en esto para complementar la pensión y ahora tengo que recurrir a la pensión para devolver el crédito al banco. Me siento estafado por el Gobierno". Àngel Miralda, de 65 años, está al borde de la ruina porque invirtió todo su patrimonio en un parque de energía fotovoltaica y ahora no puede hacer frente a sus obligaciones hipotecarias porque ha dejado de ser rentable.

Miralda es uno de los 30.000 españoles atrapados por las energías renovables, un sector atractivo por el que apostó claramente el anterior Gobierno socialista en 2007, aunque poco después la recesión económica le llevó a cambiar de rumbo en su política energética y a cambiar las condiciones perjuicio de los productores.

En 2008, tras 35 años en IBM, este ingeniero industrial se prejubiló y decidió invertir los 150.000 euros que le correspondieron por su finiquito, más otros 350.000 euros que solicitó a un banco, en un huerto solar ubicado en Purroy de la Solana, núcleo perteneciente al municipio de Benabarre, en la provincia de Huesca.

La mayoría de los damnificados son pequeños inversores, muchos de ellos agricultores que colocaron placas solares en sus fincas para asegurarse una jubilación tranquila, un sueño que se ha ido esfumando porque el Gobierno ha cambiado vía decreto las reglas del juego y la producción de este tipo ya no es tan atractiva como al principio. La rentabilidad se ha reducido en un 40%.

"Yo no quería ser un jubilado pasivo y me apasionaba mucho el tema porque, al igual que el Gobierno, creía que era una alternativa limpia y con futuro. Fue un error", señala Miralda. En ese momento, un decreto del Gobierno primaba la producción de energía solar, por lo que, junto a otros siete socios, se lanzó a la aventura de construir una planta de 500 kilowatios. Todos tuvieron que recurrir al crédito.

Miralda y sus socios esperaban amortizar la inversión en un período de entre diez y doce años en función de la producción energética. Los dos primeros años se cumplieron las expectativas de negocio, pero con el PP se continuó penalizando este tipo de energía.

El último decreto que grava la producción un 7% supondrá, en opinión de Miralda, "el tiro de gracia a las energías renovables y la ruina para todos aquellos que nos creímos al Gobierno". "Es frenar un sector que podía ser clave para salir de la crisis", concluye Miralda, quien confía en que los tribunales españoles o europeos enmienden la situación actual.

María Paz Bajo, pensionista octogenaria de Navarra también entregó sus ahorros a la energía fotovoltaica. No necesitó un crédito para la compra de una placa, pero se quedó con ese colchón económico que tanta tranquilidad puede aportar en la vejez. Lo hizo por recomendación de sus hijos, que le recalcaron las interesantes bonificaciones públicas que tenía la energía solar en 2007 y por la garantía de un retorno de unos 900 euros mensuales durante la época de verano, cuando hay mayor intensidad solar. Los cinco cambios regulatorios que ha experimentado el sector desde entonces han reducido esta cuantía hasta los 300 euros. Bajo se queja de ese "constante cambio de reglas en mitad del partido", por lo que, junto a otros pequeños inversionistas ha emprendido el camino para reclamar estas variaciones legales.

Todos estos vaivenes normativos también van a hacer que Domingo Jiménez, exdirector de la Agencia Europea del Medio Ambiente, se plantee qué hacer con su producción de energías renovables. Representa este papel desde 2002, aunque con otra fórmula.

Vende y consume su propia energía verde y adelanta que a él tampoco le va a salir rentable seguir en la dinámica de vender su electricidad en el sistema. “España no sólo va en contra del resto del mundo, sino contra su propio potencial”, dice en conversación conversación telefónica. Jiménez, que pasa unos días en Noruega, subraya que en ese mismo país hay un 95% de energía hidráulica, o que en Alemania haya hasta seis veces más potencia renovable instalada que en España.

Una de las pocas voces vinculadas a las eléctricas que ha accedido a colaborar con este reportaje critica que se haya legislado de forma regresiva. “Ningún país se atreve a hacer eso. No hay precedentes”, mantiene.

Por esa falta de antecedentes, la ruina de la fotovoltaica española ha cruzando fronteras. El navarro Juan Antonio Cabrero, cuyo caso publicó EL PAÍS en mayo, se asomó a las páginas de The Wall Street Journal, el pasado 7 de junio. Ángel Miralda apareció recientemente en The Economist. La asociación de pequeños productores de energía fotovoltaica Anpier no da abasto. Aseguran que, en el último año han atendido a dos cadenas japonesas y que una de las principales publicaciones de Dinarmarca también les ha dedicado todavía sin traducir. Otros medios, como Financial Times o The Guardian, también siguen de cerca los pasos del sector renovable.

Andarin escribió:D. José Manuel Soria se ha asegurado un cargo de poco trabajo y bien remunerado en una eléctrica para cuando deje de ser Ministro. Bueno, como ya hay muchos expresidentes y exministros en ellas, canta mucho y la población ya está avisada seguramente le darán como premio un puesto en alguna petrolera o gran empresa de otro sector.....

¡Qué asco!

Vitriólico escribió:Hay un aspecto destacable: es tan flagrante la ilegalidad de la retroactividad de estas medidas y la inseguridad jurídica producida, que el Estado perderá la totalidad de las reclamaciones que se produzcan ante los tribunales. Y las indemnizaciones con intereses serán cuantiosas.
Claro que, como eso se producirá dentro de no se sabe cuántos lustros, ¡que apechugue otro!
No sólo es una vergüenza, sino que para mí es una prevaricación de libro.

El Consejo de Gobierno de Murcia ha acordado hoy interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico que modifica especialmente el régimen del sector de las renovables.
Según el consejero portavoz del Gobierno murciano, José Ballesta, la decisión ha sido adoptada una vez que ha recibido el informe favorable de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la comunidad autónoma, siendo el principal argumento del recurso de inconstitucionalidad la vulneración del principio de seguridad jurídica.
Indicó que "probablemente ningún ciudadano habría invertido en estas tecnologías de conocer los cambios normativos que le depararían".
En el año 2007 la normativa "incentivaba la inversión a largo plazo en instalaciones de renovables, atrayendo las inversiones, no solo nacionales sino también de numerosos fondos internacionales, que ahora se ven perjudicados".
El Gobierno murciano ha tomado esta decisión con el fin de defender los inversores a los que afectará esta nueva regulación y para ello se basa en el informe realizado por la Consejería de Industria, Empresa e Innovación, en cuya elaboración se han tenido en cuenta las repercusiones económicas que tienen tales medidas sobre los inversores en instalaciones de energías renovables.
Considera el gobierno murciano que la nueva normativa del sector eléctrico modifica sustancialmente el régimen jurídico y económico para las instalaciones de energía eléctrica existentes a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos.
Además, incide en el hecho de que la normativa que regula las instalaciones de producción eléctrica mediante fuentes renovables ha sido alterada con carácter retroactivo, "lo que ha afectado gravemente a la seguridad jurídica y las legítimas expectativas de los inversores", agregó.
El recurso también denuncia la vulneración del principio de igualdad, pues esta norma "discrimina negativamente a la producción eléctrica mediante renovables en relación con el resto del sistema de producción de energía eléctrica".
Asimismo, se consideran quebrantados otros principios constitucionales como el de irretroactividad, pues se prevé la posibilidad de que "resulte la obligación de devolver cantidades percibidas por los inversores desde el punto de vista contable", al extenderse los efectos de esta nueva norma "a lo largo de la vida regulatoria de las instalaciones".
Según el informe definitivo, esta norma también habría vulnerado el principio del sometimiento del poder público al ordenamiento jurídico y el de legalidad.
En este apartado, el texto del informe señala que, con la aprobación de esta norma, el Estado español estaría vulnerando diversos acuerdos internacionales, como el Tratado sobre la Carta de la Energía, en el que se establece que los países que lo integran "fomentarán y crearán condiciones estables, equitativas, favorables y transparentes para que los inversores (extranjeros) realicen inversiones en su territorio".

Ni las grandes ni las pequeñas comercializadoras de electricidad han presentado ofertas en la subasta organizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para conseguir descuentos en el recibo de la luz y que había conseguido reunir a cerca de medio millón de consumidores.

El día fijado para la subasta era ayer, 16 de octubre. Sin embargo, la OCU decidió aplazar la puja después de que Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Eon decidieran no acudir.

Hoy las comercializadoras independientes, agrupadas en la Asociación ACIE, tampoco han presentado ninguna oferta, sin embargo han asegurado que apoyan este tipo de iniciativas. En un comunicado, la asociación formada por Alpiq, Enérgya VM, Axpo, GDF Suez, Factor Energía, Nexus Energía, Acciona Green Energy, Switch Energy, Nexus Renovables y Enara, lamenta que la actual regulación les impida acceder en igualdad de condiciones a los clientes domésticos, a los que suministran de forma mayoritaria las eléctricas convencionales.

En una reunión, los comercializadores independientes explicaron que disponen de una baja penetración en el sector doméstico de la electricdad, debido a que en 2009 la regulación solo permitió a las cinco eléctricas de Unesa, que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON, suministrar la Tarifa de Último Recurso (TUR).

Además, añade la asociación, se suma el coste de captación comercial de los comercializadores independientes, en el que las comercializadoras de último recurso no han tenido que incurrir al beneficiarse de la “asignación automática” de clientes a tarifa de 2009.

ACIE apoya en todo caso la puesta en marcha de una subasta para el suministro a los clientes domésticos, como ya ha trasladado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, si bien indica que las características de la puja organizada por la OCU les generan demasiados riesgos, como el volumen subastado (impreciso en el momento de la formulación de la oferta), el historial de impagos de los consumidores adheridos, así como el relacionado con la volatilidad del precio del mercado entre el día de presentación de la oferta y el de aceptación de la misma, que podría dilatarse durante un periodo superior a dos meses.

Estos riesgos "impiden que los comercializadores independientes puedan competir con los comercializadores tradicionales", indica ACIE en su nota. En todo caso, añade, “queda a disposición tanto de la OCU como del Ministerio de Industria para desarrollar mecanismos que permitan que los comercializadores independientes puedan acceder al cliente doméstico.