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El juez Moreno ordenará el arresto del expresidente chino Jiang Zemin

• El magistrado dicta una providencia para cumplir la orden de busca y captura de la cúpula del PCCh por el genocidio tibetano
• La Audiencia reabre la causa contra Hu Jintao por el genocidio del Tibet
• Tíbet fuera de Tíbet

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dictará la orden internacional de detención contra el expresidente chino Jiang Zemin y el ex primer ministro Li Peng, entre otros antiguos altos cargos de la cúpula política y militar del gigante asiático, por el genocidio en el Tíbet. A través de una resolución de apenas un párrafo, el magistrado da cumplimiento al auto de la Sección Segunda de la Audiencia, que el pasado 18 de noviembre, ordenaba la puesta en búsqueda y captura de los políticos que gobernaron China en la década de los noventa del siglo pasado.

El escueto escrito pone un punto y aparte en el embrollo judicial sobre las órdenes de detención de la cúpula del Partido Comunista Chino. Tanto el juez Moreno como la Fiscalía de la Audiencia se mostraban contrarios -y remisos- a dictar las órdenes de detención. Enfrente, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, órgano superior, aceptó las tesis del Comité de Apoyo al Tíbet, impulsor de la querella por el genocidio en la región autónoma china, y forzó la búsqueda y captura de los dirigentes del PCCh.

La decisión de Ismael Moreno, obligada por la Sección Cuarta, llega mientras se tramita en el Congreso la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que reducirá a la mínima expresión la llamada jurisdicción internacional, esto es, la competencia de los jueces españoles, en este caso los de la Audiencia Nacional, para investigar delitos de lesa humanidad y otros cometidos fuera del territorio español. Esta limitación de la justicia universal llega después de que el régimen chino se haya mostrado vejado por las actuaciones de los jueces españoles y haya presionado con medidas de carácter comercial y económico al Gobierno de Mariano Rajoy.

Este miércoles, la Sección Cuarta de la Audiencia, presidida por la magistrada Ángela Murillo, rechazó el incidente de nulidad presentado el pasado 20 de enero por el que la Fiscalía buscaba la anulación de un auto de la propia Sección Cuarta por el que se obligaba al juez Ismael Moreno a dictar las órdenes de arresto, que él había decidido archivar.

El fiscal argumentaba que para dictar las órdenes de arresto, que causaron un "fuerte malestar" en el Gobierno chino, tenía que existir en el procedimiento un auto de prisión motivado, pero la sala sostuvo que ese trámite corresponde al juez instructor, Ismael Moreno, quien debía haber dictado el auto y luego ordenar las detenciones.

La sección cuarta ordenó a Moreno el pasado 18 de noviembre que dictara los arrestos al apreciar, en contra del criterio de este magistrado, que había indicios de delito contra los exdirigentes por su participación en lo que las víctimas califican de un ataque "generalizado y sistemático contra la población tibetana" entre finales de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado.

También reprochaba la Sección Cuarta al fiscal que haya pedido la nulidad el pasado 20 de enero, dos meses después de que se ordenaran las detenciones, cuando "decidió darse por notificado" de ello, y presentó un incidente "fundamentándolo en motivos que, de sobra, conocía dos meses antes".

Aparte de Jiang, presidente de China entre 1993 y 2003, la sala ordenó la detención de Li Peng, primer ministro chino a finales de los años 80 y principios de los 90; Qiao Shi, exjefe de la seguridad china y responsable de la policía armada; Chen Kuiyuan, secretario del Partido Comunista de China en Tíbet entre 1992 y 2001, y Peng Peiyun, ministra de Planificación Familiar en los años 80. Los querellantes sostenían que las declaraciones de distintos testigos ante el juzgado de Ismael Moreno, la información judicial enviada por Canadá, Bélgica y Suecia y las resoluciones de la ONU sobre el Tíbet apuntaban directamente a la cúpula del PCCh como responsables del genocidio y por ello pedían su detención.

Efectos de la anulación de la justicia universal: asesinos, genocidas, y narcotraficantes, en libertad y sin cargos

¿Alguien se imagina lo que hubiese pasado si esto ocurre en la época de Zapatero?

FERNANDO DE SILVA | 17/04/2014

La dignidad de un país se mide por su capacidad para respetar y ser respetado en el orden internacional por sus hechos y actitudes singulares en defensa de los derechos humanos y el orden universal. Cuesta años de trabajo ganarla pero, como la honra, se puede perder de un día para otro, y se tarda décadas en restituirla.

Pero quien manda, manda. Llevamos años secuestrados por los mercados y los intereses económicos de los más poderosos, incluso de aquellos que practican la dictadura para imponer sus normas, y hemos aprendido con gran celeridad a hacer la genuflexión y agachar la cabeza ante ellos. Y en eso José María Aznar fue un precursor y un alumno destacado cuando nos hizo partícipes de la guerra de Irak por una foto, y poco más, convirtiéndonos en colaboradores innecesarios de un genocidio.

Para quienes pensamos que el dinero no hace un país, España tuvo unos años de gloria en el orden universal cuando decidió ampliar legalmente los límites de sus competencias para hacer justicia en todos los rincones del mundo, sabedora que la Corte Penal Internacional sólo vincula a los países que ratificaron el Estatuto de Roma, y obviamente EEUU y China no lo hicieron. Aún permanece en el recuerdo la época en la que el juez Garzón persiguió desde Madrid por todo el planeta al dictador Pinochet, y nuestro país era admirado y respetado fuera de nuestras fronteras por su dignidad en la defensa de los derechos humanos; pero eso eran otros tiempos, y ahora ya no nos queda ni juez ni norma legal que pudiese amparar sus decisiones.

Es indigno que un país, como China, en donde el respeto a los derechos humanos brilla por su ausencia, para conseguir la impunidad de su expresidente Jiang Zemin, acusado de genocidio, torturas y crímenes de lesa humanidad en el Tíbet, con presiones económicas nos imponga la derogación de una norma legal que acaba con la justicia universal en nuestro país. Hemos cedido al chantaje, y mediante una reforma express, de esas aquí te pilló aquí te mato, hemos renunciado a la defensa universal de los derechos humanos, nada mas y nada menos.

Ahora hemos comenzado a sufrir los efectos colaterales, y la pasada semana en menos de 72 horas 12 narcotraficantes detenidos recientemente por transportar grandes alijos de droga han sido puestos en libertad, en aplicación de la reforma legal llevada a cabo por el gobierno del PP. Pero eso es lo de menos, dado que en el futuro no podremos actuar en aguas internacionales aunque sepamos que un barco transporta un gran cargamento de droga, salvo que tengamos la certeza de que son españoles y se dirigen a nuestro país. En la práctica hemos legalizado un corredor marítimo, lindando con nuestras aguas territoriales, para que los narcos de la droga puedan transportar la mercancía de forma segura. ¿Alguien se imagina lo que hubiese pasado si esto ocurre en la época de Zapatero?

En base a los argumentos que posibilitaron la imputación de Magdalena Álvarez, si la jueza Alaya fuese competente para tramitar una querella por prevaricación contra el Gobierno, a buen seguro preimputaría a Mariano Rajoy y a todos sus miembros por haber promovido una norma legal que posibilita la impunidad de asesinos, genocidas y narcotraficantes. Pero esto no deja de ser ciencia ficción.

¿Y qué dicen los ciudadanos a todo esto?. Nada, siguen en el limbo, y muchos preparan sus maletas para disfrutar sus vacaciones de Semana Santa. La defensa de los derechos humanos parece no ser una preocupación prioritaria.

Fernando de Silva es abogado y autor del blog SInLaVeniA