La campaña por las europeas no ha relegado este asunto a las páginas interiores, porque la campaña ya estaba en sí relegada por el fútbol. La campaña no interesa al PP, porque su último interés en este momento es que la gente vaya a votar.
No, este asunto ha provocado algo más curioso aún: la persecución de supuestos terroristas de la palabra en Twitter. De algunos, claro, y solo -de momento- en Twitter. Porque mientras lo que un maleducado resentido y cabreado "twittee" es considerado un delito por nuestro paternal ministro del Interior, la incitación al odio y marginación de los homosexuales y las mujeres que se grita en los púlpitos -y no solo ese reciente, sino el habitual- no parece objeto del mismo trato. Ni algunas de las barbaridades que día sí, día también, sueltan algunos periodistas, esos que califican de izquierda radical a todo el que no piense como el PPPSOE.
El Plural, 19 de mayo 2014FERNANDO DE SILVA
SinLaVeniA
La incitación a la violencia, la doble vara de medir y las cortinas de humo
19/05/2014
Una militante del PP mata a otra militante del PP por motivos no ideológicos, y lo que no pasa de ser el asesinato de una política en activo por causas de venganza personal, que no de un crimen político, se convierte en muy pocas horas en una buena excusa para que los ciudadanos se olviden de otros problemas no menos graves, le demos una vuelta de tuerca a la limitación de nuestro derecho a la libertad de expresión y, de paso, se trate de obtener una buena rentabilidad política por parte de quienes nos gobiernan, que no viene mal en época de elecciones. La sociedad debe condenar sin paliativos la muerte de un ser humano de forma violenta, porque no tiene justificación; y la justicia debe de perseguir el delito e imponer a su autora la pena que nuestro Código Penal tiene prevista para unos hechos de tal naturaleza. Pero aquí debe de acabar la historia.
Parece una desmesura y un despropósito que el Gobierno, de oficio y sin que nadie lo denuncie, pretenda abrir una caza de brujas en Twitter aprovechando la ocasión; y mayor disparate que lo haga en una sola dirección, es decir contra los que no piensan como el ministro del Interior, olvidándose de que cosas similares se han escrito contra otros, y no han motivado una movilización de nuestros cuerpos de seguridad, como la que ahora observamos. Sobre Pilar Manjón, madre de una víctima del 11M, se han escrito auténticas barbaridades y monstruosidades, y no solamente en Twitter, que han quedado impunes porque nadie se ha tomado la molestia de perseguir; y ahora nos viene a la memoria cómo, entre aplausos, en manifestaciones convocadas por el propio PP cuando estaba en la oposición, se pedía ni más ni menos que el fusilamiento de Zapatero.
Por eso perseguir ahora implacablemente a un joven radical de 19 años por las burradas que ha escrito en Twitter, que en sí mismas no son generadoras de violencia, y que tan solo podían ser leídas por algunos cientos de sus seguidores, nos parece una desmesura y un despropósito cuando, al mismo tiempo, columnistas de medios de comunicación afines al Gobierno, cobrando por escribirlo, aprovechaban la ocasión para calumniar e injuriar a diestro y siniestro a sus enemigos ideológicos,cebándose con Ada Colau y los escraches promovidos por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, insinuando que podían incitar a estas violencias, en referencia al asesinato de Isabel Carrasco. Y todo esto ocurre en la misma semana en que la Audiencia Provincial de Madrid consideraba que las palabras vertidas en una homilía por del Obispo de Alcalá, trasmitida por la televisión pública, en las que relacionaba homosexualidad con prostitución, estaban amparadas en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, a pesar de que el Código Penal castiga en su artículo 510, con una pena de hasta tres años de prisión, a los que “provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones… por motivos de orientación sexual“. ¿A qué estamos jugando?
Muchas actitudes, actuaciones o decisiones políticas, por injustas, discriminatorias y antisociales, pueden en sí mismas ser generadoras de incitación a la violencia, pero quienes las adoptan le dan una cobertura legal para que queden impunes, aunque produzcan efectos devastadores para un sector no pequeño de la sociedad. La decisión unilateral de un político de apoyar una guerra, como la de Irak, en contra del pueblo, basada en una mentira ya demostrada, produjo cientos de miles de muertes de inocentes, y quedó impune al archivarse la querella presentada contra José María Aznar por cientos de ciudadanos; la decisión de suicidarse ante la inminencia de un desahucio motivado por no pagar la hipoteca al perder su puesto de trabajo y carecer de ingresos no tiene culpables, porque los políticos permiten que tales injusticias sociales tengan cobertura legal. Y así podríamos seguir recordando situaciones similares por todos conocidas, manifiestamente injustas, que quedan amparadas en nuestro ordenamiento juridico.
Con toda esta estrategia, el Gobierno y el partido que lo sustenta han conseguido sacar una buena rentabilidad política al fallecimiento de una militante de su partido y, de paso, que nos olvidemos por unos días de los verdaderos problemas de Europa y de las elecciones, de la crisis económica, de sus mentiras y, en especial, de las últimas novedades del dinero negro y la financiación del PP, que sitúan al propio Rajoy en una situación límite. Por cierto, ya nadie habla de las 200 niñas secuestradas en Nigeria, ni de los más de 300 mineros muertos en Turquía; pero estas son noticias de segundo nivel, y no interesan. Y menos mal que la supuesta asesina de Isabel Carrasco es militante del PP.
