Justicia express para delitos graves

[skeptic]

[jasimotosan]

Y os quejaréis de la justicia española.

[skeptic]

Que la responsabilidad por el incendio tarde 18 años, es excesivo pero comprensible, especialmente si hubo varios recursos. Que se juzgue en 48h a esta mujer por un hurto famélico, lo mismo que en el caso de los carritos del SAT, que fue aun más rápido, evidentemente responde a presiones del gobierno sobre la fiscalía.

1.- Esto deja en entredicho la independencia de la judicatura española.
2.- El gobierno deja bien clarito que teme más que nada que la gente empiece a asaltar supermercados.

La cosa es bien fácil, una sociedad no puede permitir que haya gente viviendo en la calle ni pasando hambre, por ningún motivo. El estado debería alojar a los desauciados y darles de comer si no tienen medios. Si no lo hacen, los hurtos famélicos y ocupaciones serán masivos y justificados.

Claro que con la mentalidad de estos salvajes que nos gobiernan, seguro que terminarán modificando la ley y condenarán a 10 años de prisión a los okupas y a los que se lleven alimentos sin pagarlos, esa es su solución a todo, reprimir y castigar en vez de buscar soluciones.

Claro que así, al final los desamparados terminarían alojados a pensión completa y con sanidad gratuita por 10 años y un día, eso si, a un coste mucho mayor para el erario público.

Aquí ambas noticias...

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Endesa, condenada a pagar 37 millones por el gran incendio del Berguedà de 1994

La justicia llega casi siempre tarde, pero a veces llega. Cuando se cumplen 18 años de los terribles incendios que asolaron la comarca del Berguedà, un juez de Barcelona ha condenado a la compañía Endesa a indemnizar con 37,4 millones a un total de 117 propietarios forestales y agrícolas afectados por el fuego. La sentencia considera que el incendio de 1994 se originó por el mal estado de la línea eléctrica.

La sentencia de primera instancia que, por tanto, puede ser recurrida fija indemnizaciones que en algunos casos alcanzan los cuatro millones de euros más los intereses, aunque también las hay de apenas 5.000 euros. La cantidad fijada por el juez es, sin embargo, muy inferior a la que solicitaban los demandantes, que exigían el pago de 115 millones de euros.

La compañía Endesa es responsable de los daños causados por las llamas debido a su inexcusable negligencia, recoge la sentencia, a la hora de mantener en buenas condiciones el tendido eléctrico. Desde ese lugar, en el municipio de Montmajor, se desprendieron chispas y trozos de cobertura incandescente de PVC que recubrían los cables del tendido eléctrico. Aquel fue el origen del fuego, que carbonizó un total de 25.800 hectáreas en el Berguedà la mitad de ellas, forestales y causaron la muerte de tres personas. El incendio se prolongó durante varios días, del 4 al 20 de julio de aquel año.

En 2007, la Audiencia de Barcelona absolvió a un responsable de mantenimiento de Endesa, pero dejó abierta la vía civil para presentar las reclamaciones por los daños sufridos. Es esa vía la que ha permitido, ahora, que los propietarios sean resarcidos por los daños sufridos. Debido a la multitud de pruebas y testigos, el juicio se prolongó durante varios meses.

Aunque no se ha podido acreditar la causa concreta que propició la caída de material del tendido eléctrico, la titular del juzgado de primera instancia número 11 de Barcelona considera que la compañía no adoptó todas las precauciones necesarias para evitar el fuego, con mayor peligrosidad en temporada estival por las temperaturas normalmente reinantes. Debido a su especialidad en la materia, la compañía no podía desconocer el riesgo. La magistrada reprocha a la compañía que no haya aportado pruebas para sacudirse la responsabilidad, a pesar de que desde el primer momento de la investigación se apuntó a la línea eléctrica como posible origen de las llamas.

Fuentes de Endesa explicaron que están analizando la sentencia y que, muy probablemente, la recurrirán.

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Multa de 90 euros para la madre soltera que robó en un supermercado de Vilafranca

La juez dice que "la falta de medios para subsistir" no justifica un hecho delictivo

VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)

El Juzgado 5 de Vilafranca del Penedès ha condenado a 90 euros de multa y a una indemnización de 241,40 euros por una falta de hurto a la activista y madre divorciada que este lunes robó un carro cargado de comida en un supermercado de la localidad arropada por miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

"Los hechos no son una falta de hurto. La sentencia no lo razona y no da ninguna explicación. La recurriremos porque no ha habido ninguna infracción penal", ha asegurado a Europa Press su abogado, Jose Ángel Gallegos.

Según ha explicado, los miembros de la PAH decidieron este miércoles que ayudarían a Marian F.G., de 28 años sin trabajo ni subsidio y con tres hijos, a pagar la multa de 90 euros impuesta y la indemnización de 241,40, que es el valor de los productos sustraídos en el supermercado, y que son las mismas cantidades que había pedido el fiscal.

Durante el juicio rápido que se celebró este miércoles en Vilafranca, la activista alegó que robó el carro "para subsistir", que no abonó la factura porque no podía pagarla, pero que se ofreció para compensarlo con su trabajo pero no quisieron escucharla.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez considera que la mujer pretendió excusar su conducta con el citado argumento, el cual "en ningún caso se puede utilizar ni admitir como mecanismo para intentar justificar un hecho delictivo como el cometido por la denunciada", puesto que existen otras vías para obtener ayudas.

Incluso ha citado el contexto económico en su escrito: "Esta juzgadora es plenamente consciente de la difícil y delicada situación económica que muchas familias están atravesando consecuencia de la actual y sobradamente conocida crisis económica".

Así, la juez ha dado la razón al Ministerio Fiscal, pese a que el abogado defensor pidió la libre absolución de la acusada durante el juicio y alegó que no hubo "ánimo de lucro" en su acción porque lo hizo por necesidad.

El lunes, sobre las 14.00 horas, acompañada por veinte activistas de la PAH del Alt Penedès, hizo una compra y, al llegar a la caja, entregó una tarjeta de crédito sin fondo, con lo que la dependienta le exigió que pagara, lo que desoyeron, y empezaron a poner la comida en bolsas "entre muchos gritos", explicó durante el juicio una cajera del establecimiento.

"Lo hice por necesidad propia, porque mi economía está muy mal. Estoy a punto de ser embargada por el banco y ya no tenía recursos. Y la PAH Alt Penedès y Garraf me dieron apoyo. Después los alimentos los repartimos entre cuatro familias: yo y tres más", explicó el miércoles a los medios antes de declarar ante el juez.