No todas las jugadas empresariales del ejecutivo del gobierno tienen éxito. viewtopic.php?f=4&t=8031&hilit=Pedro+Mo ... 350#p95128" onclick="window.open(this.href);return false;
Hubiera sido una vergüenza adicional a la que ya nos tienen acostumbrados, ver cómo el mismo erario público que niega la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, pagaba 40 millones de euros a la empresa ligada a nuestro Ministro de Defensa, Pedro Morenés.
Recordemos que Chacón firmó en julio de 2008 una moratoria para que España dejase de fabricar o suministrar este material tan destructivo y peligroso, además de por su uso normal, por las explosiones posteriores de las bombas que no hubieran explotado al llegar al suelo. En abril de 2011 The New York Times desveló el uso de bombas de racimo MAT 120 fabricados por Instalaza contra la población civil libia. Habían sido vendidos por esta empresa española al gobierno de Gadafi en 2007.
Mientras la antigua Ministra de Defensa actuaba para la erradicación de este material, el embrión de su sucesor, Morenés, era consejero de Instalaza, fabricante de las bombas de racimo que demandó al gobierno, exigiendo una indemnización de 40 millones de euros. Hace tan solo un par de semanas, el pago de esta cantidad parecía inminente.
Cinco Días, 27 de abril 2012El fabricante reclama 40 millones
El Gobierno rechaza indemnizar a Instalaza por las bombas de racimo
Instalaza no va a recibir ninguna indemnización tras la decisión de España de prohibir la fabricación y venta de bombas de racimo. El anterior Gobierno socialista desestimó la reclamación de la empresa y el actual del PP recuerda que no se puede compensar por cumplir un tratado internacional.
Javier L. Noriega - Madrid - 27/04/2012 - 07:00
El Gobierno no tiene ninguna intención de indemnizar a la empresa Instalaza tras la decisión de aprobar una moratoria unilateral en el uso, producción y venta de bombas de racimo. Una medida que perjudicó, fundamentalmente, a la empresa zaragozana, el único fabricante que quedaba de este tipo de bombas en España, con sus MAT-120.
La decisión de firmar la moratoria la adoptó el anterior Ejecutivo socialista, en julio de 2008. Entonces, la compañía presentó una reclamación por pérdida patrimonial al Gobierno por 40 millones de euros, en concepto de daño emergente y lucro cesante por venta de las bombas de racimo en siete países. Hasta ahora no se sabía cuál había sido el resultado de esa reclamación. Sin embargo, hace unos días el actual Gobierno del PP ofreció algunos detalles por escrito a la diputada de ICV, Laia Ortiz, que había preguntado sobre este asunto el pasado mes de enero.
Según la respuesta del Ejecutivo, a la que tuvo acceso CincoDías, la solicitud de responsabilidad formulada por Instalaza fue presentada ante el Ministerio de Presidencia en julio de 2009 y acabó siendo desestimada por este mismo departamento en septiembre del año pasado.
Recurso ante los tribunales
La empresa que preside Leoncio Muñoz ha recurrido esta decisión ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Instalaza quiere que se le indemnice por los contratos de venta con países como la Libia de Gadafi o Finlandia que dejaron de tener validez tras la moratoria, y que se le compense por las existencias acumuladas y el gasto en I+D invertido en las bombas de racimo. El actual Gobierno del PP está de acuerdo con la decisión de sus antecesores. Según recuerda en su escrito, los tratados internacionales en los que participa España pasan a formar parte de su ordenamiento legal interno, por lo que, "obviamente, no puede existir una compensación por cumplirlos".
Además, añade que, como figura en la propia resolución del expediente, la decisión de adoptar la moratoria "no puede dar lugar a una responsabilidad general del Estado, por tener los afectados la carga de soportarlo". ¿Por qué? Porque la medida adoptada no iba destinada a una empresa en concreto, sino que era "genérica" y las "limitaciones o prohibiciones" que imponía son extensibles a todas las empresas, "apreciando unas necesidades de interés general".
Morenés y la venta de los proyectiles a Gadafi
Instalaza saltó a los medios internacionales el año pasado cuando fuerzas leales al dictador libio Muamar Gadafi usaron sus bombas de racimo MAT-120 en el asedio a la ciudad de Misrata, según las evidencias recogidas por un reportero del The New York Times y por la organización Human Rights Watch.
El anterior Gobierno del PSOE confirmó a la Coalición contra las bombas de racimo que autorizó la venta a Libia de un total de 1.055 MAT-120 (con 22.155 bombetas) en agosto de 2006 y a finales de 2007. La operación fue legal ya que se cerró antes de que España aprobara la moratoria.
La polémica sobre la venta salpicó al actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, que formó parte del consejo de administración de Instalaza hasta marzo de 2009.
