Bárcenas y los rubores del PP

eduardo dd · Mar Jul 23, 2013 10:16 am

Rajoy defiende que nada cambió en el caso Gürtel al llegar al Gobierno, pero descabezó a la cúpula de la ONIF

Víctor de la Morena y su equipo en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude fueron destituidos

Interior también destituyó al comisario jefe de la UDEF, José Luis Olivera, responsable de las pesquisas policiales

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22/07/2013 - http://www.eldiario.es/politica/Rajoy-G ... 34967.html

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trató de hacer creer el pasado 15 de julio que desde que el PP llegó al Ejecutivo todo sigue igual en la investigación del caso Gürtel porque, según dijo, no ha habido cambios: "La mejor prueba es que los fiscales, el juez, los policías o el personal de la Administración tributaria que interviene en este caso son los mismos que lo llevaban antes de la formación del actual Gobierno".

Los hechos demuestran lo contrario. Un ejemplo es la destitución del máximo responsable de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Víctor de la Morena, así como de los restantes miembros de su equipo.

Otra de las solemnes afirmaciones de Rajoy, al ser preguntado por el caso Bárcenas, durante su rueda de prensa conjunta con el primer ministro polaco fue que "ni se ha producido, ni se va a producir ningún tipo de sugerencia o presión ni a la Administración de justicia, ni a la tributaria, ni a la Policía Judicial"

De la Morena llevaba el peso de las pesquisas sobre Gürtel cuando fue relevado de su cargo, en marzo de 2012. Los otros cinco jefes de su departamento en la ONIF, órgano dependiente de la Agencia Tributaria, también fueron destituidos con la llegada del ministro Cristóbal Montoro a la cartera de Hacienda.

De hecho, hasta el desembarco del PP, los cambios de signo político en el Gobierno solían afectar al jefe de la ONIF pero nunca a sus subordinados. En este caso, fue el quinteto de jefes de equipo.

Las palabras de Rajoy, al asegurar que todo seguía igual en el terreno de las personas encargadas de investigar el caso de corrupción que afecta al PP, sembraron malestar en ámbitos tributarios y policiales cercanos a la Fiscalía Anticorrupción, según diversas fuentes consultadas por eldiario.es, que recordaron los cambios y destituciones ocurridas. Cabe mencionar también el cese del que fue comisario jefe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), José Luis Olivera, mando policial que se encargaba del día a día de Gürtel.

Interior prescindió de Olivera en julio de 2012, tras haberle acusado el PP, desde la oposición, de haber llevado a cabo escuchas ilegales para controlar a cargos del partido. Desde Génova 13, siempre sin aportar pruebas, se denunció revelación de secretos y filtraciones desde la unidad que comandaba el excomisario de UDEF. Aún se recuerdan las explosivas declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cuando en agosto de 2009 habló de escuchas ilegales desde la Policía a miembros de la formación política conservadora. Nunca aportó prueba alguna. El superior directo de Olivera como jefe de la Comisaría General de Policía Judicial, Juan Antonio González, también fue destituido por el Ejecutivo de Rajoy al llegar al poder.

Los cargos de la ONIF que fueron relevados no sólo se encargaban del caso en el que están imputados numerosos cargos del PP en distintas comunidades autónomas, sino también de asuntos tan relevantes como el fraude de Forum y Afinsa, destapado por ellos en exclusiva; el caso Noós, que tiene como principal protagonista a Iñaki Urdangarin, el caso de las cuentas en Suiza de Emilio Botín y el sumario de Nueva Rumasa, ente otros.

Cuando la citada cúpula de investigadores de Hacienda fue apartada de sus cargos, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, exigió explicaciones al ministro Montoro. El dirigente socialista recordó que Víctor de la Morena y su equipo habían conseguido el afloramiento, sólo en un año, de 10.000 millones provenientes del gran fraude fiscal.

La ONIF trabaja directamente a las órdenes de la Fiscalía Anticorrupción y está formada por una plantilla de unas 200 personas, en su mayoría inspectores de Hacienda. La mecánica que siguen es elaborar informes que no son judicializados hasta que no lo decide el Ministerio Público, cuando aprecia indicios de delitos tales como blanqueo de capitales y fraude, entre otros.

Las fuentes consultadas siempre han atribuido los ceses en la ONIF a Pilar Valiente, nombrada jefa adjunta de dicho organismo, lo que equivale al número dos. Ella es conocida de sobra por su antiguo papel como presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en tiempos de Aznar. Se vio obligada a dimitir al verse envuelta en las sospechas de trato de favor a los implicados en el escándalo de Gescartera, la agencia de valores de la que desaparecieron más de 120 millones de euros y que registró más de 200 afectados, entre ellos mutualidades públicas, fundaciones, ONG, congregaciones religiosas y empresas públicas.

Pastranec · Mar Jul 23, 2013 11:13 am

Ya se han publicado los argumentos que utilizará Rajoy en la comparecencia en el Congreso sobre el caso Bárcenas.

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eduardo dd · Mar Ago 06, 2013 4:33 pm

Empresarios implicados en la trama del PP

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http://www.yometiroalmonte.com/Articulo.aspx?id=1729

4. EMPRESARIOS IMPUTADOS

ENRIQUE GIMENO ESCRIG. Presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense
(FACSA). La UDEF sostiene que pagó 470.000 euros a Orange Market destinados a cubrir
facturas del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Está imputado por un delito de
falsedad documental en 2008 y por un delito electoral de 2007. Las empresas en las que
participa resultaron adjudicatarias de numerosos contratos públicos en la Comunidad
Valenciana, principalmente en la zona de Castellón, entre los años 2005 y 2009, años en los
que solo FACSA obtuvo adjudicaciones por importe cercano a los 14 millones de euros.

ENRIQUE ORTIZ SELFA. Propietario de Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras. Imputado
por delito de falsedad documental en 2008. Según la UDEF habría pagado 300.000 euros en
2008 para pagar gastos electorales del PP. En el sumario hay correos electrónicos de Orange
Market en el que se modifican facturas previas del PP para que figure la firma de Ortiz: "La
factura 118 estaba como cliente PPCV, cambiar el cliente a Ortiz e Hijos Contratistas de Obras
SA. El importe sigue siendo 31.784 euros". Según los informes policiales, las empresas en las
que participa Enrique Ortiz resultaron adjudicatarias de numerosos contratos públicos en la
Comunidad Valenciana, principalmente en la zona de Alicante, entre los años 2005 y 2009, en
los que de manera independiente o en UTE con otras mercantiles totalizó adjudicaciones por
importe superior a los 205 millones de euros.

VICENTE COTINO. Propietario de SEDESA. Es además sobrino del ex vicepresidente de la
Generalitat y actual presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino. Imputado por delito de
falsedad documental en 2008. La UDEF asegura que aportó 150.800 euros a Orange Market
en el año 2008, supuestamente para pagar parte de los gastos electorales del PP valenciano.
Entre 2002 y 2011, el grupo Sedesa recibió 200 millones de euros en adjudicaciones del
Consell. En total, procedentes de administraciones del PP ha recibido adjudicaciones por
importe superior a los 272 millones de euros.

LUIS BATALLA ROMERO. Presidente de la constructora LUBASA. Esa empresa explota la
mayoría de los aparcamientos subterráneos de Castellón. Luis Batalla ya fue condenado en
2006 por un fraude fiscal continuado en las declaraciones del IVA y del Impuesto de
Sociedades de 2,2 millones. La condena le inhabilita para contratar con la Administración, pero
el grupo presenta otras empresas a los concursos. Las empresas del Grupo Lubasa resultaron
adjudicatarias de numerosos contratos públicos en al Comunidad Valenciana. Sólo entre los
años 2006 y 2009 las adjudicaciones ascendieron a más de 77 millones de euros. La UDEF le
atribuye haber pagado 58.000 euros en 2008 A Orange Market destinados en realidad a
financiar actos del PP valenciano.

JOSÉ ENRIQUE FRESQUET Y JOSÉ MARTÍNEZ. Pavimentos del Sureste y Vallalba. Ambas
forman parte de un mismo grupo que aportaron a los populares valencianos, según un informe
de la policía, casi 200.000 euros de forma irregular y durante la campaña de las elecciones
autonómicas de 2007.

ANTONIO PONS DOLS. Ex Presidente del Consejo de Administración de PIAF. Según el juez
está imputado por unos presuntos delitos electorales cometidos en las elecciones autonómicas
y locales de año 2007 y presuntas falsedades relacionadas con las elecciones generales del
año 2008. Los delitos se derivan de una "posible y presunta falsedad electoral cometida por el
Partido Popular, por haber podido existir presuntos pagos a la mercantil Orange Market que,
siendo a cargo de la referida formación política habrían, en su caso, podido abonar diversas
sociedades mercantiles, entre ellas Piaf, lo que habría sido omitido en la contabilidad electoral".
La policía le atribuye el pago irregular de 27.000 euros.

TECONSA. JOSÉ MARTÍNEZ NUÑEZ. (Presidente) Y JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PARRA. Están
imputados por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil.
Teconsa resultó adjudicataria del contrato con la Televisión Autonómica Valenciana para el
suministro e instalación de equipamientos de sonorización del Quinto Encuentro Mundial de las
Familias, celebrado en Valencia del 7 al 9 de julio de 2006. El fraude según la UDEF se realizó
a través de la subcontratación con otras pequeñas empresas (Apogee, Impacto Producciones y 2
Sirius Show Equipement) así como de los gastos contabilizados por Teconsa para la ejecución
del contrato. También se elaboraron facturas falsas emitidas por Wild Electronic, Castaño
Corporate y Free Consulting por importe de 1.242.690 euros. Según el auto de imputación se
ha producido un fraude a Hacienda de la cuota de IVA soportado por una cuantía 198.830
euros y del impuesto de sociedades de 2006 por la deducción improcedente de las facturas
emitidas por las anteriores mercantiles al no responder a la prestación de servicios reales
(434.941 euros). Teconsa habría percibido por adjudicación del contrato de la visita del Papa
un total de 7.493.600 euros.
Teconsa fue, asimismo, la adjudicataria de la variante de la carretera de Olleros de Alba por
parte de la Junta de Castilla y León (2,8 millones de euros), en la que la investigación judicial
ha constatado “una distribución del 3% del valor de la adjudicación a la organización de
Francisco Correa en concepto de comisión por la intermediación en la consecución del
contrato”. Según la Policía, ese 3% se destinó a comisiones para Correa, José Gerardo
Galeote, Jesús Merino, Luis Bárcenas y José Manuel Fernández Santiago, Toti, entonces
consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León.
Además, están imputados en el JCI5 por haber abonado comisiones a la trama por importe
global de 1,8 millones de euros por diversas adjudicaciones en Boadilla del Monte, entre ellas
la edificación de distintas promociones de viviendas de protección pública o un colegio de
educación infantil.

ALFONSO GARCÍA POZUELO. Propietario de Constructora Hispánica. Figura como
pagador de 4.192.000 euros a la trama entre el 19 de febrero de 2002 y el 12 de marzo de
2004. Ha sido beneficiaria de contratos millonarios en los Ayuntamientos de Boadilla,
Majadahonda y Pozuelo. Durante 2007, por el procedimiento de concurso ordinario, la
Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid le adjudicó, a través de la empresa
pública Arpegio, las obras de la pista de atletismo y un campo de fútbol en una parcela
municipal de Paracuellos del Jarama, por algo más de un millón de euros. Hispánica fue la
encargada de realizar las obras de la variante de la carretera comarcal M-501 a su paso por
Pelayos de la Presa, por una cantidad cercana al millón de euros, contrato que le adjudicó la
Consejería de Transportes e Infraestructuras. Bárcenas figura en el sumario del caso Gürtel
como la segunda persona más beneficiada, detrás del cabecilla de la trama, Francisco Correa,
por el supuesto pago de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos que hizo entre
febrero de 2002 y julio de 2004 (cerca de cinco millones de euros) el empresario Alfonso
García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica. En ese mismo periodo de tiempo, Bárcenas
anotó en su cuaderno hasta cuatro donaciones de esta empresa al PP: dos de ellas por 30.000
euros cada una; otra por 60.000 y otra más por 24.000, en total 144.000 euros, menos del 25%
de lo que supuestamente recibió el extesorero. En los 18 años de entradas y salidas de dinero
que registra el cuaderno de Bárcenas, Constructora Hispánica hizo nueve donaciones de
dinero, de las que cuatro se concentraron en el mismo periodo de dos años en que, según la
investigación del caso Gürtel, el extesorero del PP cobró de esa empresa 600.000 euros.
Bárcenas carecía de competencias para adjudicar contratos. Su relación con las obras públicas
surge de un comentario que Francisco Correa hace a uno de sus colaboradores, el exconcejal
del PP José Peñas, que le grabó en secreto: "Le he llevado a Bárcenas 1.000 millones de
pesetas. Se lo he llevado a Génova y a su casa. Todo de adjudicación de obras de Fomento,
cuando estaba Cascos, 1.000 kilos. Sé dónde los tiene, cómo los saca de España y el paraíso
fiscal", se oye decir a Correa en esa grabación. Constructora Hispánica consiguió
adjudicaciones por importe de 131 millones de euros durante el mandato de Francisco ÁlvarezCascos
(mayo de 2000 a marzo de 2004) al frente del Ministerio de Fomento. Antes de ese
momento y unos meses después de que el PP perdiera las elecciones, Constructora Hispánica
también había conseguido contratos del AVE. Constructora Hispánica también recibió contratos
del ente Portos de Galicia cuestionados por irregularidades por el Consello de Contas cuando
Carlos Negreira (actual alcalde de A Coruña) lo presidía y Alberto Núñez Feijóo era conselleiro
de Política Territorial y mantuvo como vocal de aquel ente a Pablo Crespo. En total, la UDEF
cifra en más de 525 millones de euros las adjudicaciones recibidas por esta empresa de
administraciones gobernadas por el PP entre 1998 y 2011.

JOSÉ LUIS ULIBARRI. Presidente de Begar Construcciones y Contratas, SA. Entre abril de
2004 y octubre de 2008 ha resultado adjudicataria de obras por 32.946.195 euros en tres consejerías (Transportes, Educación y Justicia) del Gobierno regional que presidía Esperanza
Aguirre. También recibió el encargo, junto a otras seis empresas, de construir el hospital
Infanta Leonor de Vallecas. Juntas formaron una empresa (hospital de Vallecas, SA), que
recibe 15,4 millones de euros de canon anual por el centro hospitalario. Su negocio más
conocido en Valencia es Mediamed, empresa desde la que, con otros socios, se ha hecho con
el control de 13 televisiones digitales adjudicadas por el Gobierno que presidía Francisco
Camps (PP). Begar también ha logrado en Valencia dos aparcamientos y un colector de la
Generalitat. El Gobierno valenciano le concedió con la constructora Ocide la obra del hospital
de Lliria por 25 millones. Amigo personal de Correa: "Os traigo a Ulibarri y se sienta con
vosotros dos; soy amigo de los dos; le he vendido mi barco a Ulibarri, en la parcela de Boadilla
me ha dado unas pesetas por la parcela. Debemos ayudarlo". También está imputado en su
calidad de gestor de UFC SA por una adjudicación de un polígono de Boadilla del Monte

RAFAEL NARANJO. Presidente de SUFI en 2002, esta empresa ha tenido entre 2001 y 2007,
y aún hoy sigue teniendo, una estrecha vinculación con los Ayuntamientos de Boadilla del
Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares así como con municipios de otras autonomías como
Castilla y León. En compañía de la sociedad Aqualia (FCC) puso en servicio en 2002 la
estación de bombeo y estación depuradora de aguas residuales de Boadilla del Monte (la obra
costó 12 millones de euros), cuyo cliente principal es el Canal de Isabel II (que dirige el
Gobierno de la Comunidad de Madrid). Esta empresa no sólo logró el contrato de limpieza de
Moratalaz, también lo logró en otros ayuntamientos gobernados por el PP como Majadahonda
o Boadilla del Monte, cuyos alcaldes de la época están imputados en el procedimiento contra la
trama Gurtel. En la documentación de José Luis Izquierdo aparecen otras dos entregas: una de
157.000 euros efectuada por Gonzalo Naranjo en febrero de 2002 y otra de 107.000 de enero
de ese mismo año llevada a cabo por Enrique Carrasco, vinculado a la empresa FCC-Aqualia,
que había formado una Unión Temporal de Empresas con Sufi, SA. Esta UTE obtuvo la
limpieza viaria y recogida de basuras de Boadilla del Monte por 12 años. La empresa Sacyr
Vallehermoso adquirió el cien por cien de Sufi, SA en 2005 por 142 millones de euros. Rafael
Naranjo reconoció ante el juez Pedreira que pagó un millón de euros a una "tercera persona"
por la adjudicación del servicio de limpieza del distrito madrileño de Moratalaz, una
adjudicación con la que obtendría 48 millones de euros en 10 años. Imputado por un delito de
cohecho continuado, admitió haber efectuado ese pago desde una cuenta personal que tenía
en Suiza a otra ubicada en ese mismo país. Cuando se produjeron los hechos, en 2002,
Alberto López Viejo ocupaba la concejalía de limpieza en el Ayuntamiento de Madrid. Naranjo -
que ha afirmado conocer a López Viejo, pero no haber tenido relación con los supuestos
cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo-, ha explicado que en aquella época,
los ayuntamientos del PP exigían en los pliegos de adjudicación de contratos el abono de unas
partidas del 2% o el 3% para publicidad e información del proyecto. En su caso para el servicio
de limpieza del distrito de Moratalaz. Según el sumario, el empresario podría haber pagado a la
trama Gürtel una "comisión" de 1.232.074 euros. Precisamente, el 3% del total de la
adjudicación "por su intermediación ante un cargo público con responsabilidades de gobierno
en el Ayuntamiento de Madrid" y con capacidad para adjudicar contratos públicos. La
Operación de Moratalaz consta en los papeles hallados por la policía en el domicilio de José
Luis Izquierdo, el contable de Correa. Allí aparece mecanografiado el nombre de Rafael
Naranjo junto al nombre de dos empresas: AwberryLicense y Pacsa, entidades registradas en
paraísos fiscales y utilizadas por la trama para blanquear dinero. Cada una de ellas va
asociada a una cuenta en Suiza y a una cantidad: 601.012 y 631.062 euros respectivamente.
En otro folio, y enmarcado dentro de un círculo, se lee: "Zona 3, Moratalaz, 205 millones de
pesetas, antes 140 millones". Esta hoja va encabezada por un "Enviada a Rafael Naranjo". Los
205 millones de pesetas equivalen a las cantidades ingresadas en las cuentas suizas. Esta
empresa se encuentra también en el centro de la posible comisión de 200.000 euros revelada
por Luis Bárcenas al diario El Mundo. Según ese diario, el ex tesorero atribuyó a María Dolores
de Cospedal el cobro de una comisión de 200.000 euros por encargo del PP de Castilla La
Mancha a cambio de la adjudicación de una contrata municipal en Toledo a una empresa de
construcción y servicios. Se trataría de la contrata de la limpieza firmada el 15 de enero de
2007 por un período de vigencia de 10 años ampliable a otros cuatro a razón de 6,14 millones
de euros, es decir, cerca de 90 millones de euros.

GONZALO NARANJO. Contable de SUFISA. Hijo del presidente de la compañía, Rafael
Naranjo. Gonzalo Naranjo negó ante el juez Pedreira que hubiera pagos irregulares por la
adjudicación de los servicios de limpieza logrados por SUFI, pero reconoció que en dos
contratos con Boadilla y Majadahonda aparecía una partida del 2% del presupuesto de
adjudicación que ellos debían dedicar a "campañas de comunicación" que estos ayuntamientos
adjudicaron a empresas de Correa. Naranjo admitió que habían detectado que a través de ese
2% les entraban "algunas facturas de SpecialEvents".

ENRIQUE CARRASCO. Directivo de FCC. Esta empresa logró en 2001 la gestión de la
limpieza, mantenimiento, conservación y reparación del arbolado urbano de Boadilla por ocho
años, con posibilidad de dos prórrogas de tres años. El 8 de enero de 2002, según la
documentación incautada, Enrique Carrasco, trabajador de FCC, pagó 105.000 euros en
comisiones que se repartieron Correa, Álvaro Pérez , Gerardo Galeote (GG) y Luis Bárcenas
(LB).

FERNANDO MARTÍN ALVAREZ. Propietario de Martinsa. Según el sumario Correa percibió
más de 11 millones de euros por intermediar con el ex alcalde y otros cargos del Ayuntamiento
de Arganda del Rey para que Martinsa fuera la adjudicataria de varias parcelas, en las que
estaba prevista la construcción de más de un millar de viviendas. La investigación policial, que
incluye la documentación remitida por las autoridades suizas, sostiene que el empresario
Fernando Martín, que fue presidente del Real Madrid, transfirió los 11 millones de euros desde
una cuenta de su propiedad, con fondos originarios de Panamá. Esta cuenta había sido abierta
con el nombre de "finca", según las autoridades helvéticas. Las últimas pesquisas apuntan a
que la cifra pagada por Martinsa podría sumar un total de 22 millones.

MANUEL SALINAS LÁZARO y AMANDO MAYO REBOYO. El magistrado Pablo Ruz está
investigando las operaciones económicas en Arganda entre Fernando Martín, Amando Mayo
Rebollo y Manuel Salinas Lázaro. El magistrado ha solicitado a Fernando Martín los contratos
que su sociedad cerró en diciembre de 2004 con las empresas Agrícola La Corona y Tasal, por
un montante de tres y dos millones de euros, respectivamente. Estas cantidades de dinero se
habrían abonado a cambio de una participación en la promoción de un millar de viviendas en
Arganda. Esta operación es considerada hasta el momento el mayor pelotazo del caso Gürtel,
porque Francisco Correa cobró sendas comisiones por un valor de 12 millones de euros cada
una, según el sumario. La primera de las transferencias, de 12 millones, salió de la cuenta de
los empresarios aragoneses en diciembre de 2004 (el mismo mes y año en el que se cerraron
los contratos entre Martín, Mayo y Salinas, los tres imputados en el caso Gürtel) desde sus
cuentas en Suiza y en Mónaco. Al final el dinero acabó en otra cuenta que la investigación del
caso atribuye a Francisco Correa. La segunda de las presuntas comisiones, según el sumario,
es de 13 millones de euros y se realizó en 2006. El dinero salió de una cuenta en Mónaco de
Fernando Martín, que previamente había recibido cinco millones de euros de Mayo y Salinas
(cuatro y uno). Los informes policiales atribuyen esta suma al pago de una comisión que cobró
Francisco Correa, y que fue abonada por la adjudicación del Ayuntamiento de Arganda a
Martinsa de unas fincas por un precio de 77 millones de euros, una cantidad considerada muy
baja en relación con la de mercado. De hecho, Martinsa logró vender un tercio de estos
terrenos de origen municipal por unos 70 millones de euros.La última documentación enviada
por las autoridades suizas revela que Amando Mayo es el beneficiario económico de una
cuenta en el Coutts Bank a nombre de la sociedad ZorakAssociated. Ambos empresarios se
acogieron a la regularización ordinaria, Manuel Salinas blanqueando 7,5 millones y Amando
Mayo, un total de 1,3 millones

PLÁCIDO VÁZQUEZ. El nombre de este empresario vinculado a cuatro empresas
(Persontrade y Backtrade, de asesoría; Teninsa, de adquisición, venta y alquiler de inmuebles;
y Degremont, de tratamiento de agua y residuos) figura en los apuntes de cobro de comisiones
ilegales que hizo el contable de Correa. La UDEF cree que Vázquez actuó de intermediario en
la adjudicación durante 2002 a la Unión Temporal de Empresas formada por SUFI y FCC para
la gestión de las basuras por 12 años . Entre enero de 2002 y julio de ese año, Vázquez habría
entregado 1,7 millones de euros a Correa para que repartiera el dinero entre dirigentes del PP
como Luis Bárcenas. El primer pago de Plácido Vázquez que figura en la contabilidad B de la
trama Francisco Correa data de 2001 y aparece identificado bajo el epígrafe: "19/11/2001.
Ingreso de elecciones gallegas y Plácido Vázquez cuarenta millones de pesetas". Éste es uno
de los dos archivos sobre los comicios autonómicos encontrados en el pen drive incautado al
contable de la trama Gürtel. El otro archivo titulado "Campaña gallega 01. Informe económico de
ingresos y gastos de elecciones en el año 2001" podría recoger el presupuesto de los
mítines que José María Aznar protagonizó en aquellas elecciones autonómicos y organizó una
empresa de Correa por orden de la dirección nacional del PP, aunque la factura la asumía el
PPdeG.

JACOBO GORDON LEVENFELD. Imputado en el caso de las comisiones con motivo de la
visita Benedicto XVI. Fue socio de Alejandro Agag. En las grabaciones, aparece
reiteradamente. Correa alardea de hacer gimnasia con él. Presuntamente, comparte un fondo
de inversión con varios de los imputados de la trama. En las grabaciones aportadas al sumario,
Correa alude a una promoción impulsada junto con Gordon en Majadahonda por la que
pagaron un precio "desorbitado". Correa, en otra grabación, recibe una llamada donde le
preguntan si ha hablado con Jacobo del "tema valenciano". El cabecilla de la trama comenta en
otra conversación la "desastrosa" gestión de Gordón en algunos negocios hasta el punto de
llevar a la ruina a algunos fondos de inversión que comparten : "Jacobo, todo el verano con
Aznar y no es capaz de pedirle que nos eche una mano para desbloquear la licencia. No ha
hecho nada

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5. RELACIÓN DE EMPRESARIOS DONANTES DE LA CONTABILIDAD B DE BÁRCENAS
5.1 IMPUTADOS

El juez ha solicitado a la AEAT que informe sobre las adjudicaciones públicas a las que han
tenido acceso las empresas que figuran en este apartado, así como la declaración de
operaciones con terceros.

JUAN MIGUEL VILLAR MIR (OHL). Según la contabilidad B del extesorero, habría realizado
tres aportaciones en los años 2004, 2006 y 2008 por importe total de 530.000 €. Entre 2002 y
2009, según los informes policiales incorporados a la causa, su empresa recibió 619 contratos
públicos por un total de 7.758,21 millones de euros. De esta cantidad, 4.625 millones de euros,
un 59,6% provienen de administraciones gobernadas por el PP. En su declaración como
imputado ante Ruz por los papeles de Bárcenas, reconoció realizar anualmente donaciones a
fundaciones vinculadas a partidos, sindicatos y organizaciones de distinto signo. Sin embargo,
aseguró que jamás ha hecho ningún pago bajo cuerda “ni al PP ni al PSOE”.

LUIS DEL RIVERO (SACYR). Según la contabilidad B del extesorero, habría realizado cuatro
aportaciones en los años 2003, 2004 y 2007 por importe total de 480.000 euros. La querella de
IU apunta que en 2004 Sacyr resulta adjudicataria de obras en Metro de Madrid por más de
225 millones de euros y ese mismo año Bárcenas recoge donaciones de Luis del Rivero por
importe de 120.000 €. En su declaración como imputado ante el juez Ruz negó ser el autor de
los pagos recogidos en la contabilidad B del ex tesorero. Los informes de la UDEF constatan
que Sacyr ha recibido 117 adjudicaciones de gobiernos del PP por importe superior a los mil
millones de euros.

ALFONSO GARCÍA POZUELO (CONSTRUCTORA HISPÁNICA). Según la contabilidad B,
habría realizado hasta 9 aportaciones que suman más de 258.000 euros. En su comparecencia
como imputado ante el juez en relación a los papeles de Bárcenas, se acogió a su derecho a
no declarar. Ver imputados.

MANUEL CONTRERAS (AZVI). Según la contabilidad B del extesorero, habría realizado
múltiples aportaciones que totalizan unos 858.000 euros. Según la querella de IU, en marzo de
2003 AZVI resultó adjudicataria del 50% de la obra de construcción de la autovía entre
Castellón y Teruel (71,6 millones de euros) y en abril Bárcenas anotó una donación de 60.00 €.
En enero de 2004 resultó ganadora del contrato de las obras de la autopista de peaje MadridToledo y
el mismo día de la adjudicación de esa obra Bárcenas anotó una donación de 120.000
euros. En su declaración como imputado ante el juz Ruz, negó ser autor de los pagos
recogidos en los papeles de Bárcenas. Aseguró que no conoce a los extesoreros populares
Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, aunque sí reconoció tener trato con el ex secretario general
del PP Javier Arenas, “por ser de la misma tierra”, Andalucía. También afirmó haberpatrocinado algunos foros
y actos políticos, según fuentes judiciales. La UDEF atribuye a Azvi
21 adjudicaciones de gobiernos del PP por importe superior a los 343 millones de euros.

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ (GRUPO SANDO). Según la contabilidad B del extesorero, habría
realizado trece entregas que suman 1,25 millones de euros a lo largo de distintos años. Según
la querella de IU, esta empresa resultó beneficiada en enero de 2004 con las obras de
construcción de la autopista de peaje Madrid-Toledo y a lo largo de ese año Bárcenas anotó
tres donaciones que suman 270.000 €. En su declaración como imputado ante Ruz, negó
haber aportado dinero B al PP. Los informes de la UDEF concluyen que el Grupo Sando ha
recibido 51 adjudicaciones de gobiernos del PP por importe de 264,8 millones de euros. Según
el diario El Mundo, este constructor habría traspasado tres naves industriales en Málaga a la
diputada del PP Carmen Rodríguez Flores, protegida del ex tesorero Alvaro Lapuerta,
propiedades tasadas en más de 800.000 euros. La diputada declaró a este diario que compró
tales naves a su “íntimo amigo” José Luis Sánchez con un descuento de unos 300.000 euros.

JUAN MANUEL FERNÁNDEZ RUBIO (ALDESA). Según la contabilidad B del extesorero,
habría realizado distintas aportaciones que suman 240.000 euros a su nombre y otros 90.000
euros a nombre de Aldesa en los años 2003 y 2004. La querella de IU apunta que en esos
años este grupo recibió numerosos contratos del Ministerio de Fomento, tanto en obras de AVE
como autovías y carreteras. En su declaración como imputado ante Ruz, negó las entregas. La
UDEF constata que esta empresa recibió 76 adjudicaciones de administraciones gobernadas
por el PP por importe de 282 millones de euros.

JOSÉ MAYOR OREJA (FCC). Hermano de Jaime Mayor Oreja, Según la contabilidad B del
extesorero, habría realizado aportaciones de 165.000 euros en el año 2008. Tras la publicación
de la contabilidad B, FCC le apartó de su cúpula en el mes de marzo. Un portavoz de la
compañía aseguró que la salida no tenía “absolutamente ninguna relación” con ese hecho
pero, de los seis cambios que se produjeron, la única persona que salió definitivamente de las
empresas fue José Mayor. El resto de personas pasaron a ocupar otros cargos. En su
declaración como imputado ante el juez Ruz, negó tales pagos. Sin embargo, reconoció haber
utilizado dos filiales de FCC para donar al PP un total de 60.000 euros en el año 2011 a través
de la firmas BBR (20.000 euros) y Promociones Teide (40.000). Según la UDEF, FCC ha
recibido 587 adjudicaciones procedentes de administraciones gobernadas por el PP por
importe superior a los 4.100 millones de euros.

ANTONIO VILELLA (RUBAU). Según la contabilidad B del extesorero, habría realizado una
aportación de 100.000 euros en el año 2004. Según la querella de IU estas aportaciones
coinciden en el tiempo con la adjudicación por 22 millones de euros de unas obras del AVE en
Cataluña y un tramo de la Autovía A-23 por 52 millones de euros. Apoderado de la empresa
Rubau y militante del PP, asesoró al partido en materia de infraestructuras. En su declaración
como imputado ante Ruz negó haber realizado pagos al partido en dinero b pero admitió haber
realizado dos donaciones a título particular que, sumadas, superan el límite permitido de
60.000 euros, aunque dijo no recordar cómo las realizó. La UDEF constata que esta empresa
ha rec ibido 22 adjudicaciones de administraciones del PP por 144 millones de euros. El mayor
volumen de contratación se concentra en el año 2004, con 76 millones de euros.

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5.2. INVESTIGADOS, NO IMPUTADOS

El juez ha solicitado a la AEAT que informe sobre las adjudicaciones públicas a las que han
tenido acceso las empresas que figuran en la siguiente lista:

COPISA. Según la contabilidad B, Constructora Pirenaica y Socique habrían realizado dos
aportaciones en el año 2003 que suman 200.000 euros. Estas empresas habrían recibido 22
contratas de gobiernos del PP por importe de 77 millones de euros

RAMÓN AIGE SÁNCHEZ (SORIGUE-ACSA). La contabilidad B revela dos pagos de 54.000
euros y un cobro de 18.000 euros, todo en el año 2008

JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO (GRUPO ROMERO POLO). Según la contabilidad B, habría
realizado dos aportaciones en los años 2003 y 2004 por importe global de 54.000 euros.

ANTONIO PINAL (BRUESA). Según la contabilidad B, habría realizado una aportación de
12.000 euros en el año 2006.

JOAQUÍN MOLPECERES SÁNCHEZ. (LICUAS SA. DESPROSA SA). La contabilidad B le
atribuye un pago de 60.000 euros en junio de 2004. El nombre de este empresario figura en
varios informes de la Policía, pues dos de sus, Coarsa y Licuas, habrían abonado entre 2002 y
2005 hasta 225.000 euros a las empresas Easy Concept y Technology Consulting
Managament (TMC), ambas pertenecientes a la red del supuesto cabecilla de la trama Gürtel,
Francisco Correa. Según la policía, 50.000 euros habrían ido a parar a la 'caja b' de la red
corrupta relativa al PP de Majadahonda, según la contabilidad incautada al administrador de la
trama, José Luis Izquierdo. Además, la red incluyó otros 135.000 euros entregados por
Molpeceres en la carpeta de gastos personales del entonces alcalde de Majadahonda,
Guillermo Ortega, a quien se encontró una cuenta en Suiza. Los importes de las diferentes
entregas hechas por Molpeceres a la Gürtel y los que la trama adjudicaba en su contabilidad al
PP de Majadahonda o a Guillermo Ortega coinciden en varias ocasiones, lo que hace
sospechar a los investigadores de la existencia de un delito de financiación ilegal. Entre 2002 y
2008, las empresas de Molpeceres resultaron adjudicatarias de obras y contratos procedentes
del Ayuntamiento de Majadahonda por valor de, al menos, 44 millones de euros. La jefa de
gabinete del alcalde en esa época era Carmen Rodríguez Quijano, exmujer de Francisco
Correa.

CAMILO JOSÉ ALCALÁ SÁNCHEZ (CYOPSA-SISOCIA). La contabilidad B del ex tesorero
refleja dos pagos en el año 2003 que suman 150.000 euros atribuidos a Camilo (Sisovia).
Además, el juez Ruz ha solicitado a la Agencia Tributaria la declaración de operaciones con
terceros tanto de las anteriores empresas como de las siguientes:

JUAN COTINO (SEDESA). Actualmente presidente de las Cortes Valencianas. Según la
contabilidad B, habría realizado una aportación de 200.000 euros en el año 2004. En ese año
ejerció como Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y, posteriormente, como
Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ver Vicente Cotino.

IGNACIO UGARTECHE (URAZCA). Según la contabilidad B, habría realizado una aportación
de 90.000 euros en el año 2007. La UDEF constata que esta sociedad ha recibido 13
adjudicaciones procedentes de gobiernos del PP por importe cercano a los 40 millones de
euros. Casi la totalidad de esas adjudicaciones se concentran, precisamente, en el año 2007.

LUIZ GÁLVEZ (PLÓDER). Según la contabilidad B, habría realizado una aportación de 50.000
euros en el año 2008.

JUAN JOSÉ ROIG ALONSO. MERCADONA. En la contabilidad B, figura dos aportaciones a
nombre de Mercadona en los años 2004 y 2008 que suman 240.000 euros.

JOSÉ LUIS SUÁREZ GUTIÉRREZ. (COPASA). Según la contabilidad B, esta empresa habría
realizado una aportación en el año 2004 de 75.000 euros. Esta empresa ha recibido 79
adjudicaciones procedentes de gobiernos del PP por importe de 482 millones de euros.

INGENIERÍA SALADO SUÁREZ SL. La contabilidad del ex tesorero recoge un pago en el año
2003 por importe de 60.000 euros atribuido a Ángel Salado.

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5.3. NO INVESTIGADOS

IGNACIO JAVIER LÓPEZ DEL HIERRO. CONSTRUCTORA CONTINENTAL. La contabilidad
B atribuye a López H. una aportación de 15 millones de pesetas en 1997 y otra de 4 millones
de pesetas en 1998 a nombre de López Hierro. El marido de María Dolores de Cospedal ha negado ser esa persona.
En todo caso, ha quedado fuera de la investigación de los 'papeles de
Bárcenas' pese a que la Policía Judicial le identificó en un informe oficial del 29 de abril como
uno de los presuntos donantes del PP, pues los presuntos pagos ilegales se realizaron en los
años 1997 y 1998 y, si se hubiera cometido un delito de blanqueo de capitales ya estaría
prescrito. El juez Ruz ha fijado como criterio que no se investiguen las donaciones anteriores a
2003. La UDEF había solicitado en su informe que se investigara también a Cosntructora
Continental y Metrovacesa.

ALBERTO DORREGO. Según la contabilidad B, figuran dos anotaciones por las que habría
recibido 36.000 euros relacionados con Libertad Digital.

6. OTRAS EMPRESAS
6.1 COMUNIDAD DE MADRID. RELACIONADAS CON ALBERTO LÓPEZ VIEJO

DECORACIONES CMR. Forma parte del Grupo Elba. Administrada por Miguel Angel López
Baños y Juan Ignacio Hernández Rodríguez, en 2006 declaró haber pagado a Servimadrid
267.292 euros. Esta empresa fue contratada por la Comunidad de Madrid en noviembre de
2005 para montar actos institucionales de la Comunidad por importe de 317.024 euros. Sin
embargo, en septiembre de 2005 CMR ya había contratado a Servimadrid para lo mismo.
Además, la memoria presentada a la CAM por CMR para participar en ese concurso fue
redactada por Servimadrid.

SAGITOUR 2000 SL. Empresa del Grupo Elba, Servimadrid se valió de esta empresa para
contratar con la CAM fraccionando pagos por un importe de 50.553,41 euros en el año 2006.

MARKETING QUALITY MANGEMENT MQM SL. Domiciliada en Madrid, su administrador es
Antonio Martín Sánchez, copropietario con Alicia Díez Canseco Martín. Según la AEAT, MQM
“fue utilizada en el ejercicio 2007 por la organización de Francisco Correa para instrumentar
junto a Alberto López Viejo manipulaciones en la contratación pública de la CAM, al igual que
CMR lo fue en 2005 y 2006”. La ONIF argumenta esta afirmación en que en abril de 2007 la
CAM y MQM suscriben un contrato para la ejecución de los servicios de montaje escenográfico
de los actos institucionales de la Comunidad Madrid y sólo un día más tarde MQM y Diseño
Asimétrico firman un acuerdo de subcontrata por el que la primera cede a la segunda “el 100%
de la ejecución de las obras y los servicios” de la contrata. El total, 462.450,97 euros. Según la
AEAT, “Alberto López Viejo estaba detrás de todo el proceso, desde la encomiendo de trabajos
al pago de los mismos. La organización de Francisco Correa retribuía por ello al referido alto
cargo”. Además, la AEAT identifica hasta 15 actos pagados por la Comunidad de Madrid
pero “de carácter electoral” por un importe global de 286.866,84 euros.

GRUPO RAFAEL. La ONIF constata que las empresas de este Grupo “se prestaron a
colaborar en la manipulación orquestada por la organización de Francisco Correa” como lo
evidencia que “presupuestos destinados a la CAM aparezcan en los ordenadores de las
empresas del Grupo FCS”. Según la ONIF, “el volumen de la manipulación en materia de
contratación pública en la que la organización de Francisco Correa utilizó al Grupo Rafael en el
período 2005-2007 ascendió a 801.403,72 euros. En esa manipulación participaron las
empresas Tecnimagen Rafael, , Kilda Producciones, Fotomecánica Rafael, Inmobiliaria Dobe
Gamo, Fotomecánica Doble M, Grupo Rafael The Image Company y Rafael SAU
.
QUASAR ILUMINACIÓN Y SONIDO SL. Empresa de Alcorcón propiedad de Antonio Alonso
Ferreres, según la ONIF “colaboró con la actividad presuntamente delicitiva del Grupo FCS en
materia de contratación pública de la CAM” por importe de al menos 42.745,87 euros en el año
2006.

LATA LATINA SL. Empresa de Alcorcón propiedad de Antonio Alonso Ferreres, según la ONIF
la colaboración de esta empresa con “la actividad presuntamente delictiva del Grupo FCS en materia de contratación pública de la CAM” ascendió al menos a 246.415,30 euros y a
154.399,28 euros en 2006.

DIMO STAND SL. Sociedad domiciliada en Madrid propiedad de José Luis García Núñez,
según la ONIF la colaboración de esta empresa con “la actividad presuntamente delictiva del
Grupo FCS en materia de contratación pública de la CAM” ascendió en 2007 al menos a
74.881,63 euros.

AEKIO SL. Sociedad domiciliado en Humanes de Madrid propiedad de Lucio Bernal Merino,
Carlos Molina Fernandez, Evelio Rojas Avila, entre otros, según la ONIF la colaboración de
esta empresa con “la actividad presuntamente delictiva del Grupo FCS en materia de
contratación pública de la CAM” ascendió en 2006 al menos a 23.193 euros.

DINAMICA DE PRODUCCIONES Y EVENTOS SL. Domiciliada en Madrid propiedad de Miguel
Angel Blazque Vilar y María José Jordán Goncet, en el año 2006 declaró haber pagado a Easy
Concept 108.306,64 euros. La ONIF afirma que la documentación incautada a las empresas
de Correa prueba que “la manipulación en materia de contratación pública que arbitraron
Alberto López Viejo y la organización de Francisco Correa”.

ILUSIONA SL. La ONIF sostiene que esta empresa “trabajaba mucho para la CAM porque su
director era amigo de Alberto López Viejo”, afirmación que sostiene en correos interceptados a
Pablo Crespo e Isabel Jordán en los que señalan que “Ilusiona les está quitando trabajo porque
un tal Luis Fraga (director de Ilusiona) es amigo de Alberto”. No obstante, según esos mismos
correos, Isabel Jordán le dirá a Pablo Crespo que ha “hablado con Alberto de la empresa
Ilusiona y según él no son muy amigos, los conoce pero que nosotros vamos a seguir haciendo
los trabajos, solo que facturamos a través de ellos”.

Documentación de interés

Informe UDEF de 23.01.2009 sobre participación de cargos públicos
Informe UDEF de 23.07.2009 sobre comisiones visita Papa a Valencia
Informe UDEF de 31.07.2009 y 30.07.2010 sobre financiación del PP de Valencia
Informe UDEF de 29.04.2013 sobre papeles El País y empresarios
Informe UDEF de 23.05.2013 sobre análisis información cuentas donativos PP
Informe ONIF de 01.07.2013 sobre Alberto López Viejo y empresas de Francisco Correa
Autos juez Ruz de 31.05.2013 y 03.07.2013

FUENTE (PDF)

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Mar Sep 03, 2013 12:55 pm

Tenemos un elenco en el gobierno que no tendría precio para un buen remake peliculero sobre la historia de cualquier dictadura decente, como dios manda.

Cospedal alardea de colaborar con la Justicia pese a entregar a Ruz los ordenadores vacíos
La secretaria general del PP elude hablar del borrado de información de los ordenadores requeridos por el juez, niega que haya negociado el finiquito de Bárcenas y se centra en las "importantes mejoras" económicas del último año.

PÚBLICO Madrid 02/09/2013 13:53 Actualizado: 02/09/2013 21:02

~~Los flamantes candidatos al Oscar al mejor actor y mejor actriz protagonistas y mejor actor secundario~~
perdón,
María Dolores de Cospedal, Mariano Rajoy y Javier Arenas durante el Comité Ejecutivo Nacional del PP- REUTERS
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha hecho gala de la gran colaboración de su partido con la justicia en relación con el caso Bárcenas. "Hemos entregado todo lo que teníamos y lo que teníamos obligación de tener", ha sentenciado la presidenta de Castila-La Mancha en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, que ha tenido lugar este lunes.

En una comparecencia en la que el caso Bárcenas ha centrado todas las preguntas, la conservadora no ha dado ningún dato nuevo. Para Cospedal, al igual que para Rajoy, ya está todo dicho y "donde se tenía que decir": como testigo ante el juez Ruz, que instruye el caso Bárcenas.

La entrega al juez, sin disco duro, de los ordenadores que utilizó Bárcenas y que el PP "custodiaba" en Génova no supone niguna obstrucción para la investigación del caso, según la dirigente conservadora, que ha defendido la colaboración del PP con la Justicia. "Protección de datos y derecho a la intimidad" han sido los únicos argumentos que ha aportado en relación a los ordenadores requeridos por Ruz.

Ver enlace para vídeo nº 1

También ha negado la veracidad de las informaciones que apuntaban a que ella llevó a cabo negociación del finiquito del extesorero del partido, Luis Bárcenas, en febrero de 2013, como apuntaba este lunes el diario El Mundo, algo a lo que ya se refirió como "una indemnización en diferido". "Es todo falso, pero falso, falso", ha dicho.

Objetivo: más reformas y olvidar a Bárcenas

Cospedal: "Ya nadie habla de rescate y la prima de riesgo no es tan grave como hace una año"
La postura del PP de olvidarse de Bárcenas de una vez por todas ha quedado patente. Rajoy se ha limitado únicamente, según ha informado la propia Cospedal, a explicar los "importantes avances" en materia económica con respecto al año anterior. "Hace un año, todos hablaban de rescate, de subida de la prima de riesgo y del aumento del paro", ha enumerado, para después confrontar con su percepción actual en la que "ya nadie habla de rescate, la prima de riesgo no es tan grave". Según Rajoy, en palabras de cospedal, la fecha de salida de la recesión es "cercana".

Ver enlace para vídeo nº 2

Para esta afirmación se ha basado en el "reducción del ritmo de destrucción de empleo" y ha adelantado que los datos que se conocerán el martes sobre el empleo arrojarán los "mejores datos del un mes de agosto desde el año 2000" y el "mejor periodo enero-agosto desde 1999".

"Pese a la intención de algunos de entretenernos con otras cosas", ha sostenido la número dos del PP, "seguiremos luchando contra el déficit, llevando a cabo más reformas. "Es muy difícil encontrar en nuestra Historia una actividad reformista tan importante, valiente y profunda como la del PP", se ha enorgullecido.

Sin crisis de Gobierno

" Los cambios en el PP se decidirán dentro del partido y no en base a especulaciones". Así de tajante ha sido al ser preguntada por un supuesta crisis de Gobierno que implique la sustitución de ministros.

Por otra parte, la situación en Siria, también ha ocupado una parte del Comité. La postura del Gobierno es de "cautela", ha dicho Cospedal, que también ha asegurado que el Ejecutivo "promueve que haya un acuerdo internacional en la ONU y no queden sin respuesta los ataques con armas químicas", pero desde una posición "consensuada".

Sobre Gibraltar, ha sostenido que el Gobierno no entrará en una negociación a "tres bandas" y que las conversaciones se tienen en exclusiva con el Gobierno británico y no con el de Picardo.

Ver enlace para vídeo nº 3

Público, 2 de septiembre 2013

skeptic · Mar Sep 03, 2013 2:37 pm

Que siga riéndose de todos, este tipo de actos nunca salen gratis en política.

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Mar Sep 03, 2013 5:22 pm

Ya, claro.

Lo malo es que el precio seguimos pagándolo nosotros, y esto ya empieza a parecer que no se va a terminar nunca.

Hala, vamos, que soñar es gratis:

De pronto llega un Fiscal Anticorrupción inspirado que detiene a toda al cúpula del PP, varios ministros y un buen número de cargos peperos de las CCAA. Los encarcelan preventivamente por indicios de diversos fraudes, cohechos, prevaricación, apropiación indebida y delitos gravísimos contra los intereses de los ciudadanos, y riesgo de fuga.

En la instrucción encuentran 17 delitos graves de media más por detenido, e indicios suficientes para incriminar al resto de los ministros, a los principales banqueros del país, a Joan Rosell y sus secuaces, a varios empresarios, al director de La Razón y a un par -o diez- directores generales afines al régimen que pasaban por allí, por delitos similares.

Resultado: macrojuicio ejemplar del que surgen, como alegres copos en una máquina de palomitas, condenas de cárcel para todos ellos. Igual que en Z, pero en Madrid.

skeptic · Mié Sep 04, 2013 2:16 pm

Bárcenas es el puto amo, como le llaman en el intermedio.

Ha permitido que el PP hiciera desaparecer los discos duros, ha permitido que Cospedal diga que está colaborando con la justicia por entregar un ordenador sin disco y otro borrado y ahora...

Ahora va a entregar las copias de los discos duros al juez...

http://www.elboletin.com/nacional/82890 ... cenas.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Realmente Bárcenas es el puto amo, no me gustaría tenerlo de enemigo, este termina el solo con el PP.

skeptic · Mié Sep 04, 2013 4:58 pm

Las cuentas que no tenía y que publicaron unos hackes, están dando mucho de si, por eso es importante que que todas las cuentas de dinero público estén en Internet.

http://m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3386750" onclick="window.open(this.href);return false;

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Mié Sep 04, 2013 6:36 pm

skeptic escribió:Bárcenas es el puto amo, como le llaman en el intermedio.

Ha permitido que el PP hiciera desaparecer los discos duros, ha permitido que Cospedal diga que está colaborando con la justicia por entregar un ordenador sin disco y otro borrado y ahora...

Ahora va a entregar las copias de los discos duros al juez...

http://www.elboletin.com/nacional/82890 ... cenas.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Realmente Bárcenas es el puto amo, no me gustaría tenerlo de enemigo, este termina el solo con el PP.

Esto se ha convertido en un culebrón veraniego con vocación de convertirse en thriller gótico hasta que acabe el juicio que vendrá después de la instrucción. Lo divertido es que, de entre todas las distracciones con las que el PP nos quiere hacer olvidar la crisis, esta es la que menos les mola.

Aunque corremos el riesgo, como en las películas, de que el puto amo

termine cayéndonos hasta bien. Sobre todo si de verdad termina con el PP, cosa que dudo aunque nos gustaría a tantos y tantos espectadores.

Para los -más- vagos, copio el artículo al que enlazas:

Nacional
Raúl del Pozo anuncia la ‘resurrección’ de los discos duros de Bárcenas
E.B.
El PP ha perdido el tiempo con su polémico borrado de los discos duros de Bárcenas. Al menos, si se confirman las ‘amenazas’ emitidas hoy por el columnista de El Mundo, Raúl del Pozo.

Según él, el entorno del extesorero posee copias de esos consumibles informáticos destruidos y se las va a hacer llegar al juez Ruz, con lo que Bárcenas habría conseguido casi matar dos pájaros de un tiro.

Por un lado, el partido ha hecho un espectacular ridículo, como mínimo y por otro habría logrado meter un poco de miedo en el cuerpo a esos posibles ‘donantes’ cuyos paseíllos por Génova se suponen inmortalizados en vídeo y convenientemente ‘guardados’ en esos discos duros duplicados que están a punto de ver la luz.

Algunos comentaristas han ‘picado’ ya en este anzuelo tendido por el columnista de ‘El Mundo’ y hay bastante opiniones sobre la posibilidad de que estas amenazas veladas tengan una base real.

Hasta hay quien aventura, como Antonio José Chinchetru en periodistadigital.com, que ni era creíble que Bárcenas no hubiera hecho copias de ese material ni tampoco lo es que el PP no haya procedido a realizar un trabajo parecido antes de destruir los famosos discos duros como paso previo a la entrega de los portátiles al juez.

Ahora, la incógnita, por lo tanto, es más bien ¿cuántas versiones de los discos duros de Bárcenas van a aparecer en los próximos días? Quizá la solución llegué la semana que viene cuando Ruz termine sus vacaciones.

03-09-2013 • 14:49

skeptic · Mié Sep 04, 2013 6:50 pm

Me da la sensación de que Bárcenas es el más listo del PP, les ha puesto trampas y han caído en todas y esto desde la cárcel, como salga que se echen a temblar.

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Sab Sep 21, 2013 6:17 pm

Será para salir corriendo en cuanto pueda, o para demostrar que, a pesar de estar en prisión, sigue siendo the fucking Master of the Universe, como le bautizó el Gran Wyoming?

Bárcenas adquiere un coche de lujo de 92.000 euros un mes después de estar encarcelado

Luis Bárcenas, en una imagen de archivo. (GTRES)

Una de sus empresas ha empezado a pagar un Land Rover 4.4 que le costará casi 92.000 euros.

Los pagos se empezaron a hacer un mes después de que ingresara en prisión. Uno de ellos incluso el mismo día que le embargaron.

Bárcenas había pedido al juez que le desbloqueara 5.000 euros mensuales para pagar gastos comunes.

El juez Ruz mantiene en prisión a Bárcenas por "riesgo de fuga".

D. FERNÁNDEZ. 19.09.2013 - 19:44h

Luis Bárcenas ha empezado a pagar un coche de lujo que le va a costar 92.000 euros. Y lo ha hecho estando ya en prisión, donde ingresó el 27 de junio. El Servicio de Blanqueo de Capitales del Banco de España ha detectado que una de las sociedades de Bárcenas, Conosur Land, ingresó el 30 de julio de este año 1.599 euros a una cuenta de Madrid Leasing Corporation ESD (una filial de Bankia) para financiar la compra de un vehículo. Ese mismo día le fueron embargados al extesorero diversos bienes en concepto de responsabilidad civil, cifrada en 43,2 millones de euros.

Se trata de un Land Rover modelo Range 4.4 TDV8 Vogue. El precio del vehículo es de 69.491 euros, pero la renta total a satisfacer por Bárcenas es de 91.936 euros porque está financiado. Bárcenas dejó en garantía casi 13.000 euros, según la información notarial ya en poder del juez Pablo Ruz.

Y eso que a principios de septiembre el extesorero del PP y su mujer, Rosalía Iglesias, han pedido al juez que le desbloquee 5.000 euros al mes de sus cuentas bancarias para afrontar "los gastos de uso corriente de la familia", en referencia a los recibos de "luz, agua, gas, teléfono, comunidad de vecinos y seguridad social".

El juez pide ahora a la filial de Bankia que "de forma urgente" le envíe toda la documentación de ese contrato de leasing. El pasado 2 de julio, Ruz ordenó a Bankia el bloqueo "urgente" de las cuentas a nombre de Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias, así como la que el matrimonio tiene a nombre de la sociedad Conosur Land y que, entre abril de 2012 y abril de 2013, recibió 140.460 euros de la empresa del también extesorero del PP Ángel Sanchis.

20 Minutos, 19 de septiembre 2013

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Vie Oct 04, 2013 9:56 am

A pesar de todo esto, me cuesta creer que el PP vaya a tener que responder por lo que, al parecer, es un delito fiscal.

Conseguir que la cuantía defraudada no llegue al umbral, que, con la connivencia de la Hacienda ~~Pública~~ se pretenda que no sea un delito sino una falta ante el Tribunal de Cuentas, o esperar a que prescriban no hará desparecer los HECHOS.

Será interesante ver cómo, una vez más, el PP niega haber cometido delito alguno poniendo a parir a quienes digan lo contrario, sobre la base del tiempo transcurrido, de una tesis de Hacienda rebatida por la Justicia, o, tal vez, preguntando: A qué se refiere usted con el PP? al periodista de turno.

Eso sí: a la hora de votar, la mayoría no se acordará de esto, o le parecerá que no es tan grave, o se creerá lo que sea que diga algún pepepero, como muchos creerían a Mato cuando dijo que eso de cobrar 4.5 € por envase a enfermos que se suministran de medicamentos en los hospitales no es un copago.

Para conseguirlo, en los presupuestos de este año hay una subida de las asignaciones a los partidos del 28%, ya sabéis. Y en lugar de reducir el número de consejeros, aumenta: es que hace falta muchos kilos de cerebro pensante para seguir engañándonos. Ambas cosas se compensarán con las reducciones en la dependencia -y todos los puestos de trabajo que generaría- y los copagos -y lo que no lo son-. Y es que el dinero guardado en los paraísos fiscales lo tiene vigilado el juez Ruz, y de algún sitio habrá que sacar para la campaña, no?

La Audiencia también rechazó que las donaciones ilegales al PP desgraven

La Sala consideró en junio que la contabilidad b pudo suponer “un delito contra la Hacienda Pública”

Las sugestivas certezas de Hacienda sobre Luis Bárcenas

Hacienda contradice a Ruz al permitir que el PP desgrave donativos ilegales

FERNANDO J. PÉREZ Madrid 3 OCT 2013 - 20:42 CET3

La teoría de la Agencia Tributaria de que las donaciones ilegales a las formaciones políticas siguen disfrutando, pese a su irregularidad, de la exención fiscal prevista en la Ley de Financiación de Partidos no solo choca con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Pablo Ruz. El pasado 7 de junio, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también rechazó por “simplista” esta interpretación, sostenida repetidamente por los abogados del Partido Popular y amparada por los dos inspectores de Hacienda que han realizado un informe sobre las implicaciones fiscales de los papeles de Bárcenas, la contabilidad b del PP.

En un auto –resolución judicial razonada- los tres magistrados de la Sección Cuarta consideraban que la teoría de que las donaciones ilegales a la luz de la Ley de Financiación de Partidos están sujetas a desgravación fiscal “está plagada de quiebras en el propio orden normativo”. El tribunal, en contra del criterio apuntado por Hacienda, considera que “solo quedan exentas [de tributación] las donaciones privadas que cumplan el criterio de transparencia legalmente marcado, estando por el contrario sujetas a tributación las donaciones que no se adecuen a los requisitos de forma y cuantía establecidos por la ley”.

El PP y el Ministerio de Hacienda consideran que las sanciones a los partidos que reciban donaciones superiores a 100.000 euros –hasta 2007 el límite era de 60.000- y de empresarios cuyas compañías sean contratistas con la Administración corresponden al Tribunal de Cuentas. La Sección Cuarta de la Audiencia rebate esta interpretación. “Olvida la parte recurrente [el PP] que (…) dicha potestad sancionadora se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades legales de cualquier índole que se deriven de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico en general y de lo preceptuado en esta Ley en particular”, se lee en el auto. Según los magistrados, “el principio de preeminencia del Derecho Penal permanece inalterable en una hipotética colisión con el derecho administrativo sancionador previsto en la norma de referencia”.

Aplicar la teoría de la exención fiscal a las donaciones ilegales tiene unas claras implicaciones penales para el PP. Supondría que la cuota supuestamente defraudada por Impuesto de Sociedades en el PP en los años 2007 y 2008 sea inferior a los 120.000 euros, umbral en el que se sitúa el delito fiscal. Los magistrados hablan en ese escrito de la “real y no hipotética perspectiva” de que el partido del Gobierno “pueda ser considerado responsable civil” o bien partícipe “a título lucrativo” de los hechos investigados. Además del delito fiscal, el tribunal apunta la posibilidad de la comisión de otros "muchos relacionados con las malas prácticas políticas".

El País, 3 de octubre 2013

skeptic · Vie Oct 04, 2013 2:13 pm

Cuando les puedan juzgar por "algo", habrá prescrito.

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Sab Oct 19, 2013 10:43 am

Estoy empezando a pensar que lo que dijo el Juez Elpidio José Silva -el que está pendiente de juicio con riesgo de 40 años de inhabilitación tras haber encarcelado a Blesa un par de veces- el otro día en un programa de televisión, es rigurosamente cierto.

Respecto de las donaciones ilegales al PP, de los cobros en dinero negro de sus dirigentes -esos que decían hasta anteayer que perdían dinero al dedicarse a la política-, las adjudicaciones de obras ilegales, interesadas o inútiles, el despilfarro de dinero público para enriquecer a empresarios afines, y no para mejorar las condiciones de la vida ciudadana... Silva dijo: comparado con la marcha del sector financiero de determinadas Cajas de Ahorros en España, el caso Bárcenas es poco importante. Insistiendo en que a los ciudadanos se nos está ocultando la realidad mientras que la Justicia no trata por igual a todos los ciudadanos, siendo la presión para favorecer a determinadas personas -por su relevancia política, de prestigio excepcional, o poder financiero- enorme. Y, claramente no hablaba de cosas conocidas, que no lo son, precisamente, por esta situación en la que la Justicia española se desenvuelve, controlada por los poderes fácticos.

Siendo el caso Bárcenas/Gürtel importante, se está utilizando como una cortina de humo?

Desconcierto en el PP ante una estrategia que da el altavoz a Bárcenas

Arenas, Mayor. Acebes y Rato también retiran la demanda contra EL PAÍS

CARLOS E. CUÉ / FRANCESCO MANETTO Madrid 18 OCT 2013 - 21:31 CET

Sáenz de Santamaría, ayer, tras el Consejo de Ministros. / LUIS SEVILLANO
Estrategia suicida, ausencia total de un plan o disparo en el pie. Entre estas tres ideas se debatía este viernes internamente un PP desconcertado después de una jornada demoledora para la imagen del partido. Nadie acaba de entender por qué Dolores de Cospedal no evitó el “espectáculo”, en definición muy extendida, de ver en todas las televisiones la imagen de su choque en directo con Luis Bárcenas desde la cárcel, que con su memoria, su aplomo y sus gravísimas acusaciones dominó enseguida la escena. Los más cercanos a Cospedal explicaban que no se trataba de una cuestión de estrategia política, sino de honor. Ella estaba decidida a llegar hasta el final en la defensa de su honor, costara lo que costara, señalan, y por eso no quiso retirar la demanda, a pesar del riesgo enorme que eso suponía para el partido.

La decisión de Cospedal ha roto totalmente la estrategia del PP y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que consistía en no decir una palabra sobre el caso Bárcenas para intentar que desapareciera del primer plano. “Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir sobre este tema”, era la respuesta ante cualquier pregunta sobre este tema desde el regreso de las vacaciones de agosto. Y, de hecho, habían logrado que las encuestas mejoraran con ese silencio.

Lo que más preocupa en el PP es que esta estrategia o decisión de Cospedal ha dado un nuevo y potentísimo altavoz a Bárcenas, que ha denunciado alto y claro, en directo, que toda la cúpula del PP cobró dinero en negro que él mismo les entregó.

“Esto no es nuevo. El presidente y todos los ministros han manifestado su posición claramente”, contestó Soraya Sáenz de Santamaría, a quien el regreso de Bárcenas al primer plano sorprendió en pleno Consejo de Ministros como presidenta en funciones ante la ausencia de Rajoy, de viaje oficial en Panamá. Y es cierto que las acusaciones no son nuevas. Bárcenas se ha reafirmado. Pero por primera vez las ha hecho en directo, y ante Cospedal.

El PP mantiene su denuncia pero quiere evitar que se repita el “espectáculo” de ayer
Algunos dirigentes están preocupados porque este caso está “desfigurando el papel de la secretaria general”, aunque nadie cree que Rajoy se esté planteando cambios en el PP de forma inminente. Si acaso cuando se acerquen las europeas hará un paquete de cambios en el Gobierno, el PP nacional y el PP andaluz, señalan. Otros temen que tenga consecuencias para la imagen de Cospedal y ponga en riesgo la victoria electoral en Castilla-La Mancha en 2015, clave para su carrera política. Los cospedalistas argumentan que es muy injusto que precisamente ella, la que más se ha enfrentado a Bárcenas, la que no estaba en los años del apogeo de Gürtel, cargue con el mayor coste de imagen. Aunque a otros les pareció desleal que ella dijera que no sabía si otros habían cobrado, aunque a ella se lo habían negado, al estilo del “cada palo que aguante su vela” que tan mal sentó al principio de la crisis del caso Bárcenas. Muchos la acusan en privado de ir por libre. De hecho, ella presentó la demanda que el viernes se dilucidaba sin consultar con nadie, y con ello forzó que los otros dirigentes también acabaran presentando otra más tarde.

El abogado de la número dos de los populares, Adolfo Prego, comunicó en la vista celebrada en Toledo que Cospedal, después de que Bárcenas haya reconocido la autoría de los papeles, retiraba su demanda contra EL PAÍS. “La razón de demandar a EL PAÍS ya no tiene el fundamento que tenía inicialmente”, afirmó el letrado. El entorno de Cospedal incidió en que “la esencia” del juicio es la defensa del honor de la secretaria general y, en su opinión, quedó aclarado lo fundamental: que no cobró sobresueldos. En palabras de la senadora Carmen Riolobos, “ha quedado demostrado que Bárcenas miente, porque no ha podido demostrar las acusaciones que hizo contra la presidenta de Castilla-La Mancha”.

Pocas horas después de que Cospedal retirara la demanda contra la empresa editora de EL PAÍS por la publicación de los apuntes manuscritos del extesorero, el partido comunicó que el exvicepresidente económico Rodrigo Rato; el exministro Ángel Acebes; el actual vicesecretario de Política Local y Autonómica del PP, Javier Arenas, y el portavoz popular en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor, también renunciaban a esta acción judicial contra EL PAÍS por “coherencia” con la decisión tomada por la secretaria general. No obstante, mantienen la demanda “contra el autor de los falsos papeles publicados”. Anteriormente, ya habían retirado la demanda contra EL PAÍS la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y el locutor Federico Jiménez Losantos.

El PP, como partido, tampoco retirará la acción judicial presentada el pasado 6 de marzo, lo que podría llevar a un nuevo espectáculo como el de ayer, aunque diversas fuentes señalan que harán lo posible para que no se repita. Tampoco retiran su demanda el expresidente del Gobierno José María Aznar, su yerno, Alejandro Agag; el arquitecto que remodeló la sede del PP, Gonzalo Urquijo; y el expresidente de Sacyr Luis del Rivero.

El País, 18 de octubre 2013

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Dom Nov 24, 2013 11:53 am

Es un delito prescrito un no delito?

Ha quedado suficientemente probado que los papeles de Bárcenas eran reales y que, por tanto, el PP se ha nutrido de dinero negro durante más de 20 años. Lo que ha traído como resultado, entre otras cosas, que se ha pagado con dinero público los favores de quienes les han financiado otorgándoles obras públicas que se han llevado a cabo no con criterios de beneficio público sino de tráfico privado de favores, también que han pagado las costosas campañas con las que han engañado a los votantes, y, no lo olvidemos, que han pagado sobresueldos a unos individuos que, en público, declaraban con tozudez que "dedicarse a la política les costaba dinero".

Vistos los despidos de mandos policiales, de inspectores y mandos de Hacienda, acoso a los jueces, y nombramientos descarados como el de Pilar Valiente al frente de la ONIF -Oficina Nacional de Investigación del Fraude, o de fiscales que actúan como abogados defensores de los corruptos, podemos decir que nuestro país ha caído en manos de la MAFIA. La oligarquía local que viene maltratando este país desde hace más de un siglo.

Pero en Europa, sus jefes les felicitan por las recaudaciones y ahorros sin importarles un pimiento que la Ley esté siendo pisoteada con, entre otros, el resultado de esos aproximadamente 90 mil millones de euros que anualmente se dejan de ingresar en las arcas del estado. O pidiendo al PP que los compense con más dinero recaudado con subidas de impuestos proporcionalmente superiores para las rentas bajas, y con ahorros que aún se puedan realizar escatimando a los ciudadanos los servicios para cuyo fin se pagan esos impuestos, mientras que miles de millones de euros se perdonan impidiendo que se investigue a los defraudadores.

Es evidente, por tanto, que Europa también está en manos de la MAFIA. La élite financiera occidental que está imponiedo sus condiciones para empujar sus negocios con la mínima regulación, convirtiendo además en negocio lo que deberían ser insitituciones públicas, y ablandando aún más la Ley para que los costes económicos de esta fiesta recaigan en mayor porcentaje aún en los ciudadanos que producen y consumen lo que se les dice, mientras los beneficios van a parar a cuentas opacas desde las que compran los servicios de los funcionarios y gobernantes del mundo entero.

Al próximo que venga aquí preguntando cosas como "por qué la especie humana es la más evolucionada", me lo como y se acabó el debate. Cuestión de ir adaptándose a los nuevos tiempos.

Génova, en negro y ahora toca preguntarse si quienes defraudan y mienten pueden gobernar un país

El PP pensaba que presionando a los jueces y manipulando a los fiscales iba a conseguir que el 'caso Bárcenas' se quedase en muy poca cosa, pero se ha equivocado

23/11/2013

Si el PP pensaba que presionando a los jueces y manipulando a los fiscales iba a conseguir que el caso Bárcenas se quedase en muy poca cosa, se ha equivocado nuevamente. Puede que no tenga consecuencias penales para sus dirigentes, por no estar tipificada como delito la financiación irregular de su partido o por haber prescrito sus responsabilidades criminales, pero cada vez se hace más evidente la existencia de una doble contabilidad, y la B se refleja en los llamados papeles de Bárcenas, que con el tiempo se han consolidado como auténticos y veraces en su contenido.

Habrá tiempo de rebobinar la historia y escuchar las sandeces, desmentidos y contradicciones en las que en los últimos meses han incurrido De Cospedal y compañía, que han tenido su punto álgido cuando Mariano Rajoy mintió en el Congreso, pero hoy toca centrarse en el contenido del Auto dictado por el juez Ruz, que resulta demoledor por cuento afecta al corazón del PP, ya que parece confirmar que la sede el central del partido que gobierna este país, en la que se toman las decisiones de más trascendencia para nuestro futuro, se ha construido, al menos en parte, con dinero negro, procedente supuestamente de donaciones irregulares obtenidas por el cobro de comisiones abonadas por empresas que se han beneficiado de concesiones de obras públicas pagadas con nuestros impuestos.

Puede que el juez haya sido tibio a la hora de tomar decisiones contundentes, como es haber omitido el registro sin aviso previo de la sede del PP, lo que hubiese evitado la destrucción de pruebas que podrían haber hecho caer al gobierno; pero debemos de reconocer que, a pesar de la obstrucción de la Fiscalía y las presiones que sin duda habrá recibido, está siendo valiente y perseverante en su investigación, que le está dando efectos muy positivos para el esclarecimiento de los hechos.

Parece que nos hemos acostumbrado a admitir como normales conductas de extrema gravedad, como es la sospecha fundada de que los principales dirigentes del PP de los últimos 20 años, incluido el mismísimo actual presidente del Gobierno, cobraban sobresueldos en dinero B, al mismo tiempo que pedían que los ciudadanos nos abrochasemos el cinturón para superar la crisis económica. Pero es posible que lo conocido hace unas horas constituya el hecho más grave de la investigación del “caso Bárcenas”, no solamente porque parece confirmar definitivamente la autenticidad de los papeles que reflejan la contabilidad B, sino en especial porque se confirma que la sede del partido que nos gobierna se ha financiado en parte con dinero negro.

A partir de hoy, cada vez que un dirigente del PP entre en la sede de Génova no podrá asegurar que la puerta que abre, el suelo que pisa, los tabiques que separan las distintas estancias o la mesa en donde trabaja, se ha pagado con dinero obtenido de forma legal. En tales circunstancias ¿es posible que en ese espacio físico, y por parte de quienes han consentido que esto suceda, se tomen decisiones sobre cómo combatir el fraude fiscal, o cómo atajar los casos de corrupción?.

Es evidente que el pirónamo no puede ser bombero y quienes delinquen no pueden administrar justicia. Lo que debemos de preguntarnos ahora es si quienes defraudan a Hacienda, practican la corrupción y mienten sin complejos a los ciudadanos, pueden gobernar un país. Algún día deberemos preguntarnos por qué con nuestra pasividad hemos consentido que la degradación moral y la indecencia se hayan apoderado de todo; quizás para entonces ya será tarde.

Fernando de Silva es abogado y autor del blog SInLaVeniA

El Plural, 23 de noviembre 2013

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Dom Dic 01, 2013 1:18 pm

El juez Ruz, en su instrucción del llamado caso Bárcenas dice: “El conjunto de elementos bajo análisis (...) permite confirmar, a nivel indiciario (...) la presunta existencia por parte del Partido Popular de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas”.

O sea, que tiene Ruz suficientes indicios como para dar por cierto que en el PP se ha estado manejando dinero negro durante "un largo período de tiempo", de hecho, casi un par de décadas, aunque parte de lo delictivo de estos hechos haya prescrito.

También que las obras de reforma de su propia sede fueron cobradas con dinero no declarado por el arquitecto Gonzalo Urquijo, según documentación intervenida a este, y que coincide con lo consignado en los llamados papeles de Bárcenas.

A la vista de estos hechos y de la permisividad del gobierno ante el fraude por parte de grandes empresas y fortunas -lo que queda acreditado por los ceses de cargos policiales e inspectores dedicados a distintas investigaciones de dichos fraudes-, Cómo puede el PP tener la autoridad moral para cambiar 15 leyes a fin de combatir la corrupción?

Eso, claro, después de redactar una "Ley de Seguridad Ciudadana", que bien podría llamarse "Ley de Seguridad del PP contra las legítimas reivindicaciones ciudadanas".

Una ley que pretende castigar como una falta "las ofensas a España y a sus instituciones". Deberían empezar a multarse a sí mismos, ya que ellos no necesitan averiguar de qué manera España puede sentirse ofendida.

Aunque unos cuantos millones de españoles sí que nos sentimos ofendidos por tanto descaro, así que podemos ayudarles si lo necesitan para autocastigarse con la multa correspondiente: una por cada cese encaminado a eliminar investigaciones y sanciones, declaración falsa, sobresueldo pagado, delito prescrito, delito no prescrito, actuación de presión ante la Justicia, actuación contra la ética aunque no sea delito, por cada indulto a chorizos políticos o empresarios... y así hasta devolver a las arcas públicas todos los millones que Bárcenas custodia, y, como no hay suficiente, a embargarles sus bienes. Y aún quedarían ofensas sin pagar.

En total, una mínima parte de lo que ese dinero habrá costado al erario público de las CCAA y del Estado en contrapartidas.

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Sab Dic 21, 2013 9:05 pm

Después de tanto tiempo no sé qué narices habrán encontrado.

Pero no hay que perder la esperanza. Aún recuerdo que, en el registro de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, su presidente y hermana del Secretario de Estado de Hacienda entonces, 2001, se dejó una agenda encima de la mesa, que permitió, entre otras cosas, su detención y la de Camacho, dueño de Gescartera, así como la destitución de Pilar Valiente, presidente de la CNMV, por haber protegido a Gescartera en contra de la opinión de los inspectores durante más de dos años. Sí, esa misma Pilar Valiente que el PP puso al frente de la ONIF -Oficina de investigación contra el fraude- de Hacienda, nada mas llegar al poder en esta legislatura, diez años después de aquello.

Ruz destripa el corazón financiero del PP

El juez acusa al partido de “omitir” datos “relevantes” para la causa

El registro se hizo al hallarse indicios de “facturación ficticia"

El magistrado halla otros 12 elementos de relevancia relacionados con el caso

Un secretario judicial y varios agentes han registrado la sede de los populares durante 14 horas

Los policías han escaneado uno a uno los documentos relacionados con las obras de la sede

"Estamos tranquilos", ha dicho el presidente del Gobierno en una rueda de prensa en Bruselas

El juez envía a la policía a la sede del PP a por documentación de su obra de reforma

DESCARGABLE Comunicado del PP sobre el registro

DESCARGABLE El auto del juez Ruz

FERNANDO J. PÉREZ Madrid 20 DIC 2013 - 13:56 CET

Foto: Luis Sevillano | Vídeo: Atlas
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dio este viernes un sonoro puñetazo sobre la mesa en el caso Bárcenas sobre la supuesta caja b del PP. Después de haber visto cómo la formación conservadora destruía —unas veces amparándose en la Ley de Protección de Datos y otras invocando una sorprendente costumbre empresarial— las agendas y los discos duros del extesorero Luis Bárcenas; después de que varios imputados de la órbita del partido, en su derecho de no declarar contra sí mismos, trataran de hacerle comulgar con que Bárcenas les coaccionó para que redactaran los recibís de supuestos pagos en dinero negro; después —finalmente— de que el PP cuestionara la solvencia de los informes policiales sobre la causa, y le enviara incompleta y en fotocopia la documentación que le venía pidiendo desde julio, Ruz actuó con un auto que sorprendió al PP y a quienes han tachado al magistrado de timorato.

El magistrado envió el jueves por la noche a la sede nacional del PP, en la calle Génova 13 de Madrid, a dos agentes de la UDEF —unidad policial de delitos económicos— para requerir a la formación conservadora que entregara toda la documentación relacionada con los papeles de Bárcenas, la supuesta contabilidad b del partido. Los agentes, que iban acompañados en las diligencias por el secretario del Juzgado Central de Instrucción número 5, Javier Ángel Fernández Gallardo, tenían órdenes de recabar todo el material vinculado a los pagos en negro a la sociedad Unifica del arquitecto Gonzalo Urquijo, que reformó el interior de la sede nacional popular entre 2005 y 2011. Sin embargo, la resolución por la que Ruz mandaba la comisión judicial a Génova 13 iba mucho más allá: el magistrado exigía al PP que entregara “cualesquiera otros elementos que pudieren estar relacionados con (...) los apuntes contables contenidos en los soportes documentales objeto de la presente instrucción”. Es decir, todos los papeles y archivos informáticos que, en opinión de los investigadores, puedan servir para arrojar luz sobre la contabilidad manuscrita de Bárcenas.

La comisión judicial entró en la sexta planta de Génova 13 —donde se ubican la gerencia y la tesorería del PP— a las 20.00 del jueves y terminó su labor a las 10.10 de este viernes. Fueron 14 horas en las que, según fuentes policiales, se recabaron varias cajas de documentos que, debidamente precintadas, fueron llevadas a la Audiencia Nacional para su posterior examen y análisis. La comisión judicial también llevaba consigo un escáner para digitalizar los documentos más relevantes. Las mismas fuentes aseguran que la actitud de la tesorera del PP, Carmen Navarro, y de Alberto Durán, abogado del partido, fue de “absoluta colaboración” en la entrega de documentos.

La decisión de Ruz de enviar a la policía a Génova 13 era la parte más relevante del auto, su parte dispositiva. Sin embargo, los 18 folios de la resolución contenían, bajo su medido lenguaje jurídico, una notable carga de profundidad contra la actuación del PP desde que se destapó el caso Bárcenas, como pieza separada del caso Gürtel.

Según el magistrado, en la investigación realizada hasta el momento se desprenden indicios de que los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, y el exgerente del PP Cristóbal Páez se coordinaron con el arquitecto Urquijo para generar documentos y facturas “para dar cobertura a una facturación oficial ficticia”. Los abonos de la obra se liquidaron en parte mediante cheque contra la presentación de facturas y otra parte “mediante fondos ajenos que pudieran guardar correspondencia con las anotaciones contables reflejadas en los denominados papeles de Bárcenas”, publicados por EL PAÍS el pasado 31 de enero.

El magistrado actuó de forma expeditiva después de que el PP no le enviara en el plazo y la forma debidos la documentación sobre los pagos a la empresa Unifica, cuyo dueño, Gonzalo Urquijo, percibió 1,07 millones de euros en b entre 2006 y 2008 como pago por las obras de reforma de la sede nacional del partido.

Ruz reclamó al partido de Mariano Rajoy la información el pasado 30 de julio. El 10 de agosto, la formación conservadora remitió 520 fotocopias con documentación relativa a las obras de reforma del edificio. Sin embargo, el 2 de diciembre, el PP envió a Ruz, a través de la Fiscalía Anticorrupción, un escrito que desencadenó el registro del jueves.

En él, los populares sostenían que los pagos a Unifica se realizaron íntegramente con cheques y con transferencias recogidas en la contabilidad oficial. Para probar su versión, incorporaban 17 documentos —copias de cheques y órdenes de pago—. El secretario judicial comparó esta documentación con la remitida en agosto y descubrió que 12 de estos elementos no habían sido entregados hasta ese momento. Además, en el escrito, los populares cuestionaban la solvencia de los informes de la UDEF “por creer a pies juntillas” al encarcelado Luis Bárcenas.

En su auto de este viernes, Ruz reprocha al PP que haya “omitido” documentos “de relevancia” para la investigación y muestra su sorpresa por que el partido haya tenido acceso a esos informes de la UDEF cuando no está personado como acusación en la causa.

El País, 20 de diciembre 2013

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Sab Dic 21, 2013 9:14 pm

Hay que reconocer que arrojo y valor no le faltan, al hombrecillo.

Aznar, lejos de esconderse con la que está cayendo, se va a Soria a fotografiarse con un imputado estrella de la Gürtel

El expresidente acude raudo a la invitación del empresario Ulibarri para dar una conferencia política

M.P. | 21/12/2013

José María Aznar, en el centro, con José Luis Ulibarri a la derecha. Concha Ortega
Con la que está cayendo estas semanas, sobre todo por la publicación de los miles de correos de su amigo Miguel Blesa que en tan mal lugar le dejan, José María Aznar bien podía haberse quedado en su casa, escondido. Sin embargo, el expresidente del Gobierno no se anda con chiquitas y esta semana acudió raudo a la invitación de José Luis Ulibarri, empresario emblema del caso Gürtel, para dar una charla con motivo del centenario del periódico El Mundo Diario de Soria.

Aznar acudió el miércoles a dar una conferencia en Los Diálogos del Centenario, con motivo de los 100 años del periódico decano de la ciudad, que edita el polémico empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel y en cuyo sumario aparece señalado como ejemplo del modus operandi de la trama corrupta.

Hombro con hombro
Una circunstancia que no impidió a Aznar fotografiarse hombro con hombro con él, pese a que el caso Gürtel cada día se acerca más a su entorno. No en vano, su yerno, Alejandro Agag, era socio prioritario de Francisco Correa, al que pagó 50.000 euros por viajes de lujo. Más barata le salió la boda con la hija del expresidente, de la que no dejan de aparecer facturas pagadas por la Gürtel.

Inhabilitación de Garzón
De José Luis Ulibarri, y de la labor de su abogado, Ignacio Peláez, salió la iniciativa que consiguió acabar con la carrera judicial de Baltasar Garzón por las conversaciones que grabó en la cárcel entre el letrado y Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel, en la que Ulibarri está imputado por cohecho y blanqueo de capitales. Las sospechas de Garzón sobre el empresario eran tales que, en un auto, llegó a ponerle de “ejemplo” de “la forma de actuar” de la red corrupta.

La finca de El Escorial
Ulibarri está también imputado por un delito contra la Hacienda Pública por haber comprado una finca en El Escorial a una empresa Correa y su número dos, Pablo Crespo. Lo hizo a través de UFC, una empresa fantasma que fingía tener trabajadores. De esta manera, fingiendo que era un negocio entre empresas con actividad, en lugar de promoción inmobiliaria, presuntamente eludieron pagar a Hacienda 595.000 euros.

El caso Nevenka
Las relaciones de Ulibarri y sus empresas aparecen vinculadas a gobierno del Partido Popular en numerosos contratos públicos, pero sobre todo en Ponferrada. Un ejemplo curioso lo relató Juan José Millás en su libro Hay algo que no es como me dicen. En él, el escritor relata el caso de Nevenka Fernández, la concejala popular de Ponferrada que fue acosada sexualmente por su alcalde, Ismael Álvarez y cuenta como Begar, la empresa nodriza del imperio Ulibarri, le retiró una importante oferta de trabajo cuando denunció su via crucis.

Arropado por la élite
Lo cierto es que el escándalo Gürtel supuso una fuerte caída de los ingresos de Begar al empezar a perder contratos públicos. Tal era la situación que la empresa acabó en concurso de acreedores. Sin embargo, el cariño y el apoyo de la élite política y mediático de León no lo perdió nunca. Cada año, su otro periódico, el Diario de León, entrega unos premios entre miembros de la sociedad regional. Y año tras año, a pesar de sus imputaciones, en las galas no falta nadie: ni los dirigentes regionales, pertenecientes al PP, ni importantes líderes socialistas de la oposición. Por alguna razón, todos quieren llevarse bien con Ulibarri, y Aznar no iba a ser menos.

El Plural, 21 de diciembre 2013

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Sab Ene 25, 2014 12:22 pm

Qué más ha de descubrirse para que el gobierno dimita? Asesinatos?

El juez Ruz halla nuevos indicios de delito fiscal en el PP por el ‘caso Bárcenas’

Ruz cita como testigo al presidente de Mercadona en el ‘caso Bárcenas’

El magistrado cree que el partido pagó con 200.000 euros en negro la sede de La Rioja en 2008

Juan Roig figura como supuesto pagador de 150.000 euros al extesorero del PP

Las cuentas secretas de Bárcenas

DESCARGABLE Auto de citación de Roig como testigo

Judge calls on Mercadona chief to give evidence in Bárcenas case

Fallece un testaferro de Bárcenas justo antes de declarar

FERNANDO J. PÉREZ / FRANCISCO MERCADO Madrid 24 ENE 2014 - 23:24 CET

El juez Pablo Ruz, en las inmediaciones de la Audiencia Nacional. / ÁLVARO GARCÍA
El 2 de febrero de 2013, tres días después de que este periódico publicara los papeles de Luis Bárcenas —la contabilidad secreta del extesorero del PP entre 1990 y 2008—, Mariano Rajoy pronunció una frase lapidaria ante el comité ejecutivo nacional de su partido: “Cualquier irregularidad que se sospeche a partir de papeles apócrifos no responde a la verdad”. Casi un año después, los 14 folios manuscritos ya no son apócrifos —Bárcenas los ha reconocido como propios y los peritos de la policía también se los atribuyen a él—. Y no solo eso: con ellos como base, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha descubierto, y sigue descubriendo, no solo simples irregularidades, sino también indicios de delito en la formación conservadora.

El magistrado ha recibido un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que apunta que en 2008 el Partido Popular pagó con 200.000 euros en negro la compra de un local para su sede regional de La Rioja, como aseguró Luis Bárcenas en su declaración del pasado 15 de julio, cuando llevaba poco más de dos semanas en la prisión madrileña de Soto del Real. Este informe sirve para apuntalar la supuesta comisión de un delito contra la Hacienda Pública por parte del partido de Mariano Rajoy en 2008, el último ejercicio de la contabilidad b llevada por Bárcenas y el único que no está afectado por la prescripción.

Además, el juez Ruz ha citado al presidente de Mercadona, Juan Roig, para declarar, en calidad de testigo, por un supuesto pago de 150.000 euros consignados con fecha de 27 de febrero de 2008 en la contabilidad secreta del extesorero del PP Luis Bárcenas. El magistrado intenta apuntalar sus sospechas sobre supuestos delitos fiscales cometidos por el partido del Gobierno en el año 2008 y ha ordenado una serie de diligencias de investigación nuevas.

En su contabilidad paralela, Bárcenas anotó el 26 de mayo de 2008 la siguiente frase: “Entrega La Rioja”. Y al lado, la cifra de 200.000 euros. En su declaración, el extesorero confesó que el dinero procedía de empresarios de esa comunidad y que fue utilizado para adquirir la sede conservadora en Logroño. Según su relato del 15 de julio, el dinero, en metálico, fue entregado por el PP riojano en la sede nacional de Génova 13. Bárcenas ingresó el dinero en la cuenta oficial de donativos de la formación, fraccionando los depósitos para cumplir con la Ley de Financiación de Partidos, que impide que un solo donante entregue más de 100.000 euros.

El partido niega que el local fuera abonado con fondos opacos al fisco
Una vez blanqueada esa suma, el PP nacional realizó, el 23 de junio de 2008, una transferencia desde su cuenta de donativos a su sede riojana por valor de 200.000 euros. Con esa cantidad se sufragaron parte del coste de la adquisición del local y las obras de reforma para convertirlo en la sede regional del partido. La licencia de obras para las oficinas del PP se solicitó el 3 de junio y el dinero llegó de Génova 13 veinte días después. El presupuesto, de julio de 2008, ascendía a 214.000 euros.

Hasta aquí lo que se deriva de los papeles de Bárcenas y de la declaración del extesorero. El informe de la IGAE, órgano de control interno de la actividad económico-financiera del sector público, certifica que en junio de 2008 se produjo una transferencia de 200.000 euros desde la sede nacional del PP a la sede riojana, pero que previamente no existe ninguna aportación en dinero blanco por esa cantidad desde la sede de Logroño a Génova 13. Este hecho, unido a que el 6 de octubre de 2008 el PP riojano apunta en su contabilidad la compra del local por importe de 300.000 euros, lleva a los investigadores a dar crédito a la versión de Bárcenas de que la sede se adquirió con dinero b.

De probarse esto, el PP puede haber incurrido en un delito fiscal, ya que esta presunta donación opaca resultaría determinante para fijar la base imponible. El juez Ruz solicita a Hacienda que le remita las declaraciones del Impuesto de Sociedades del PP de los años 2007 y 2008. El partido ha afirmado que en este último ejercicio no realizó declaración. El magistrado también quiere certificación oficial de este hecho. Ruz ha citado como testigos el 5 de febrero a los apoderados y al gerente del PP riojano en 2008.

El PP riojano ha desvinculado la financiación de su sede de toda donación ilegal. “La compra y rehabilitación de esta sede se ha financiado con dos préstamos del Banco Santander que tienen vigencia hasta 2020 por valor de 1,02 millones de euros. También con cuotas de afiliados (más de 80.000 euros cada año) y donativos de simpatizantes (82.837 euros) y con la colaboración del PP (254.000 euros)”, afirma el partido. Lo que no dice el PP riojano es que ese año no solo recibieron tal ayuda del PP nacional, sino que ingresaron otros 670.000 euros “de otras sedes” del PP. Por tanto, por aportaciones directas del propio partido, el PP riojano dispuso en 2008 de casi un millón de euros, una cifra muy similar a la que pidió como crédito al Banco Santander.

El informe de la IGAE hace pensar a los investigadores que la sede de Logroño se pagó con dinero negro
Ruz cita en su auto, también para el 5 de febrero, al presidente de Mercadona, Juan Roig. Este figura como supuesto donante de 150.000 euros el 27 de febrero de 2008.

Además de a Roig, ha citado a otros tres supuestos pagadores, Pilar Pulido, Luis Gálvez y una persona que figura en la lista de Bárcenas como Adolfo S. y de la que el magistrado no tiene más referencia. Mercadona negó a EL PAÍS, con motivo de la publicación en este diario de los papeles de Bárcenas, el 31 de enero de 2013, haber efectuado donaciones al PP.

Fuentes de Mercadona han explicado, tras hacerse público el auto de Ruz, que se han enterado por la prensa de la citación de Roig como testigo y que ya en febrero de 2013, tras la publicación de la contabilidad secreta de Bárcenas, remitieron un escrito a la fiscalía para ponerse enteramente a su disposición. Las mismas fuentes insistieron en que el apunte de Bárcenas sobre Mercadona no es cierto, informa Jorge A. Rodríguez.

El hecho de que los cuatro supuestos donantes citados lo hagan como testigos y no como imputados obedece, según Ruz, a que “o bien no han sido objeto de acción penal alguna” —nadie se ha querellado contra ellos— o se han desestimado las denuncias “por falta de evidencias o indicios hasta el momento que permitan vincular las supuestas aportaciones a ellos atribuidas a con otros hechos”, como la adjudicación de contratos a sus empresas.

A diferencia de empresarios como José Luis Sánchez Domínguez, Ramón Arige, Manuel Contreras, Juan Manuel Villar Mir, José Mayor Oreja y Rafael Palencia, supuestos pagadores del año 2008 que han prestado declaración como imputados, los cuatro citados este viernes acuden como testigos.

Pilar Pulido, vinculada a una supuesta entrega de 36.000 euros en febrero de 2008, ha sido identificada en la querella de Izquierda Unida que ha dado pie al caso Bárcenas como “directiva” de ADS Brokers.

Luis Gálvez, que figura como supuesto aportante de 50.000 euros, figuraba hasta ahora como no identificado por Bárcenas. Sin embargo, un informe de la policía ha permitido su citación.

Finalmente, aparece otro donante desconocido, Adolfo S., relacionado con una entrega de 10.000 euros en junio de 2008. El magistrado ha ordenado a los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía adscritos al juzgado que investiguen su completa filiación.

El País, 24 de enero 2014

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Sab Abr 26, 2014 4:36 pm

La Justicia se ha portado otra vez, gracias a un juez que ha hecho su trabajo.

El “derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen”, no es derecho a la impunidad de los chorizos de altos vuelos -aunque Aznar y "altos vuelos" en la misma frase encajarían bastante mal-, y no debe confundirse con aquel. Faltaría más.

Por cierto, hace tiempo que no nos machacan con aquello que repetían constantemente los peperos: "ganaría mucho más si trabajara en una empresa privada".

Por qué será, será?

Aznar pierde su demanda contra ‘El País’: el expresidente sí cobró sobresueldos

Pedía una indemnización de 100.000 euros por una información sobre sus cobros del PP cuando ya estaba al frente del Ejecutivo

ELPLURAL.COM | 26/04/2014

José María Aznar con su primer gobierno.
Un juez de Pozuelo de Alarcón ha desestimado la demanda de José María Aznar contra el diario El País al concluir que el expresidente sí cobró sobresueldos del PP, al menos en tres ocasiones, cuando ya estaba al frente del Ejecutivo en 1996.

Lo prohibía la Ley de Incompatibilidades
El juez, Enrique Presa Cuesta, recuerda en su sentencia que esos sobresueldos estaban prohibidos por la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos y subraya que el abogado de Aznar aseguró que ese dinero pagado por el PP correspondía a actividades previas a ocupar el cargo de presidente, pero no lo ha acreditado con documentos.

Reclamaba una indemnización de 100.000 euros
El expresidente demandó a El País para defender, según su demanda, su “derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen” y reclamó al diario una indemnización de 100.000 euros por una información titulada “El PP pagó sobresueldos a Aznar cuando ya era presidente del Gobierno”.

La información de El País
Según publicó El País, Aznar cobró hasta en tres ocasiones “gastos de representación” cuando ya era presidente del Gobierno, en 1996, por importe de 2,7 millones de pesetas (16.755 euros). La Ley de Incompatibilidades vigente en aquel momento prohibía a los ministros y al presidente recibir retribuciones dobles.

Las razones del juez
El juez considera “artificiosa” la “discusión planteada sobre si las tres percepciones que el actor percibió tras la toma de posesión como presidente del Gobierno son gastos de representación o sobresueldos, pues en todo caso no se ha negado por la parte actora (José María Aznar) que se trate de percepciones que se sumaban a las que ya percibía antes de ser presidente, lo que encaja más con la idea de sobresueldo, ya que los gastos de representación en ningún caso en la edición disponible en la página web de la Real Academia de la Lengua Española se definen como el actor [Aznar] dice (‘asignación suplementaria para el más decoroso desempeño del cargo’) sino como los demandados (El País) expresan (‘asignación presupuestaria aneja a ciertos cargos públicos o privados para atender a sus actividades sociales’)”, aclara este sábado el diario al dar la información sobre la sentencia.

El Plural, 26 de abril 2014

Foro de Iniciativa Atea

Bárcenas y los rubores del PP

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