Corrupción - Las soluciones del PP

[Shé]

Y no has pensado nunca que buena parte del problema que tienen los políticos honrados es la falta de apoyo de la gente?

Qué pasa cuando políticos corruptos reciben el apoyo incondicional de tanta gente, como ha ocurrido con Fabra y otros caciques que ni siquiera han sido juzgados? O con un partido actualmente en el gobierno para el que aún hay intención suficiente de voto como para temer que puedan conseguir el poder en las siguientes elecciones -el ser inexistente no lo permita-?

Por lo demás, lo de por los siglos de los siglos está fuera de lugar: aunque hay momentos de retroceso como el actual, el progreso social es un hecho, y los derechos hoy reconocidos eran una auténtica utopía hace no tanto tiempo. Intentar consolidar conquistas sociales, conseguir nuevas, no ceder ante las actuales mentiras de que el estado de bienestar es insostenible -una falacia que está calando miserablemente-, no es autoengañarse. Es contribuir a que sea posible.

En mi opinión, no hay hoy más corrupción que hace unos años, pero está más visible que nunca gracias a la crisis, y gracias, sobre todo, a que algunos políticos y jueces -y no pocos funcionarios- son hoy más valientes y activos que entonces, cuando no se veía ni la punta del iceberg que está ahora saliendo a flote como un globo. Entonces, por cierto, cuando la gran mayoría de la gente engañaba al fisco si podía o se quejaba de no poder hacerlo, sin que casi nadie se escandalizara porque casi nadie entendía que evadir impuestos era robarnos a todos.

Los tiempos son duros, por supuesto. Pero también nos brindan la oportunidad de ver algo que nuestros bisabuelos tenían muy claro: que construir una sociedad justa no es solo trabajo de los gobiernos, sino también, y, sobre todo, de los ciudadanos.

La tolerancia cero con la corrupción obliga a buscar y encumbrar a los políticos honrados.

Lo malo de España, a mi parecer de culebra reptante, es que no hemos sido capaces aún -posiblemente por culpa de la dictadura, o tal vez viene de antes- de eliminar la corrupción de nuestra cultura. Somos un pueblo que aún tiende a admirar al capo y despreciar al honesto "por tonto".

[Pastranec]

Ayer, que supimos que España es el país en el que más ha crecido la percepción de corrupción, tras Siria, tuve que oír muchas veces que en este país se votaban a corruptos, que un 70 % de los imputados habían vuelto a ser votados por los ciudadanos. En cambio no oí ni una sola vez que en este país se vota al partido, y que no hay ningún mecanismo para que los ciudadanos podamos decidir qué candidatos van, o no, en las listas.

El poder de las cúpulas de los partidos sobre quién va y quién no va en las listas es absoluto, y eso debe cambiar urgentemente, por eso necesitamos ya las listas abiertas, y libres, que las que cualquiera pueda presentarse y someterse al juicio de los ciudadanos.

[eduardo dd]

Queda patente en cualquier mapa de corrupción global que es la norma. Los países menos corruptos, suelen ser los que tienen mas multinacionales corrompiendo en políticas de terceros países -con el consentimiento por acción u omisión de sus gobiernos-.

[Shé]

El mero hecho de que en la Agbencia Tributaria haya semejantes discrepancias entre los altos cargos a la hora de hablar de "criterios" en la lucha contra el fraude resulta clarificador.

Ya pueden negar que haya injerencias políticas. Refiriéndonos a un gobierno que indulta a políticos y empresarios corruptos condenados por la Justicia, quién va a creer que no intenten antes de eso evitar que muchos más sean inspeccionados y sancionados?

Por qué, en un país en el que la estimación del fraude fiscal es mayor que la cantidad por la que se nos rescata, interviene y mangonea el estado de bienestar, Hacienda no mueve un dedo por acabar con él? En cambio, el ministrillo Montoro no se corta en hacer veladas acusaciones de fraude a todo tipo de colectivos, acusaciones que no llega a concretar ni a transformar nunca en la denuncia correspondiente.

Este sigue siendo un pais de sainete. Pero a un carísimo precio que sigue pagando la ciudadanía, no sus gobiernos, cuyos miembros se aseguran puestos de élite en la empresa privada a la que favorece gracias al poder que reciben de las urnas.

Los tejemanejes de Montoro descabezan la inspección de la Agencia Tributaria

El jefe de los inspectores de Hacienda niega haber dimitido por presiones políticas. Dice que lo hace por "discrepancias" con últimos nombramientos. El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado pide "una dirección única, clara y firme contra el fraude" y lamenta el escándalo.

PÚBLICO / EUROPA PRESS Madrid 04/12/2013 16:47 Actualizado: 04/12/2013 18:20

Imagen de archivo de Luis Jones.EP

Ante el revuelo que ha causado su dimisión, el ya exdirector de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria, Luis Jones, ha emitido un comunicado en el que aclara que su dimisión al frente de este departamento se debe a las "discrepancias" que en los últimos meses ha mantenido con el director del organismo, Santiago Menéndez, en asuntos que constituyen "ámbitos esenciales de decisión" del Departamento de Inspección.

Además, Jones indica que estas discrepancias están relacionadas tanto "con el fondo como con la forma" en la que se han resuelto por parte de la Dirección de la Agencia Tributaria determinados nombramientos y ceses de funcionarios en el área de Inspección.

Por último, aclara que su dimisión "no tiene relación alguna" con la actuación de la Inspección de Hacienda "en ningún expediente o caso concreto, ni con ningún intento de injerencia ni de carácter político ni de ningún otro tipo en las actuaciones de la Inspección".

La dimisión de Jones, uno de los miembros de la alta dirección de la Agencia Tributaria, se produce apenas unas semanas después de que se conociera el cese de una inspectora de la Delegación de Grandes Contribuyentes y la dimisión su jefe directo, Ignacio Ucelay, tras rechazar un recurso de reposición de la multinacional cementera Cemex contra una sanción tributaria multimillonaria.

Jones indica que las discrepancias con sus superiores están relacionadas tanto "con el fondo como con la forma"
Precisamente el nombramiento del sustituto de Ucelay es lo que habría motivado la dimisión de Jones. En este sentido, otras fuentes indicaron que Jones remitió ayer, martes, a sus subdirectores y directores regionales de Inspección un correo en el que les exponía los motivos de su dimisión, relacionados con el retraso de la sustitución de este alto cargo y el hecho de que la cúpula de la Agencia Tributaria no hubiera tenido en cuenta su opinión para elegir al sustituto.

De hecho, el propio Jones alude en su correo a discrepancias que se han agudizado en los últimos tiempos acerca de este nombramiento, así como a la imposibilidad de resolver la sustitución de este cargo en un plazo razonable de tiempo.

Luis Jones fue nombrado en enero de 2012 director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria por la anterior directora de la Agencia, Beatriz Viana. Inspector de Hacienda y especialista en fiscalidad internacional, con anterioridad estuvo destinado en la Delegación de Grandes Contribuyentes.

Los inspectores piden "coordinación"
El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, Ransés Pérez Boga, también terció en la polémicas: pidió que los dos puestos más importantes de la Agencia Tributaria, su director general y el responsable del Departamento de Inspección, actúen de forma coordinada y con una dirección "única y firme" que no repercuta en los resultados de la lucha contra el fraude.

Para Pérez Boga no es admisible que entre ambos cargos, "los más importantes" de la Agencia Tributaria, existan este tipo de discrepancias, por lo que reclamó una mayor coordinación en el organismo, dada la importancia de fijar criterios comunes en cualquier aspecto que tenga que ver con la Inspección de Hacienda.

"Debe haber una dirección única, clara y firme contra el fraude", añadió el presidente de la organización de inspectores, quien, tras mostrar su respeto por la dimisión de Jones, consideró que los más altos cargos de responsabilidad de la Agencia Tributaria deben estar "coordinados" y tener "unicidad de criterios" en la lucha contra el fraude.

Público, 4 de diciembre 2013

[jasimotosan]

A esto me refiero:

El pleno del Tribunal Constitucional ha avalado, por unanimidad, la exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles a la Iglesia. Esta decisión responde a un recurso presentado por el Gobierno a la ley aprobada por el parlamento navarro en la que obligaba a la Iglesia a pagar la contribución urbana a los Ayuntamientos por todos sus edificios excepto por los destinados al culto.

Habladme ahora de democracia española.

[Vitriólico]

A esto me refiero:

El pleno del Tribunal Constitucional ha avalado, por unanimidad, la exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles a la Iglesia. Esta decisión responde a un recurso presentado por el Gobierno a la ley aprobada por el parlamento navarro en la que obligaba a la Iglesia a pagar la contribución urbana a los Ayuntamientos por todos sus edificios excepto por los destinados al culto.

Habladme ahora de democracia española.

Esas noticias tan escandalosas suelen tener algún trasfondo. Y, como me fío menos de los periodistas que los arquitectos, esperemos a la lectura del texto de la sentencia, a ver lo que realmente se ha recurrido y qué se ha dictaminado.

Ya habrá tiempo para ciscarse en el Ser Inexistente.

[eduardo dd]

El SUP afirma que si dependiera de Interior, muchos casos de corrupción no se conocerían

El portavoz del sindicato policial considera "innecesarias" las leyes de seguridad ciudadana y privada y cree que Interior pretende "distraer la atención de lo fundamental"
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) considera que si dependiera de los dirigentes de Interior muchos casos de corrupción no se conocerían, y acusa al Ejecutivo de utilizar a la Policía como pantalla para que los problemas del país acaben en uno de orden público.



http://www.eldiario.es/politica/SUP-dep ... 78792.html

En una entrevista con Efe, el portavoz del sindicato mayoritario de la Policía, José María Benito, afirma que el Gobierno ha querido "politizar" y "dirigir" la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial, que en tan solo dos años ha cambiado cuatro veces de titular.

"Que en dos años haya habido cuatro comisarios al frente de la Policía Judicial lo dice todo", dice Benito tras recordar que este órgano policial es el encargado de investigar casos de corrupción como la trama Gürtel, Bárcenas o el ático de Ignacio González, entre otros.

Afortunadamente, añade el portavoz sindical, en estos casos la Policía depende de jueces y fiscales, porque "si dependiera de quienes la dirigen o del Ministerio, muchos casos no los conoceríamos". Benito cree que es de "agradecer" que haya agentes que, pese a las críticas de sus propios jefes, se están dedicando "en cuerpo y alma" a luchar contra la lacra de la corrupción, afecte a quien afecte".


Contra las leyes represivas

Durante la entrevista, Benito alude a las futuras leyes de Seguridad Ciudadana y Seguridad Privada, dos proyectos, a su juicio, "innecesarias" y que no pueden justificar en las "cuatro manifestaciones violentas que hay en España o en la necesidad de imitar a otros países europeos con más vigilantes privados pero más inseguros que España".

Para Benito, ambas iniciativas de Interior recortan derechos a los ciudadanos y a la seguridad pública, y dan más prioridad a las empresas privadas, cuyo objetivo es obtener beneficios.

Opina el dirigente sindical que la intención es "distraer" la atención de los verdaderos problemas de España, como el paro, los desahucios o la corrupción, ya que no hay una demanda social que exija mayores cotas de seguridad, subraya.

Vaticina Benito problemas competenciales y de inseguridad jurídica con las atribuciones que la futura ley de Seguridad Privada otorga a los vigilantes, y rechaza la pretensión del texto todavía en trámite de que las fuerzas de seguridad del Estado puedan ceder datos a esas empresas privadas.

No le gusta tampoco al SUP que la futura ley confiera también a la Guardia Civil el control de las empresas de seguridad privada, cuando era competencia exclusiva de la Policía Nacional.

Sí apoya la regulación de las identificaciones policiales en la calle, que tendrán que estar perfectamente justificadas, garantizando la seguridad jurídica de policías y ciudadanos.

De todos modos, Benito considera que la seguridad privada puede "convivir perfectamente" con la pública, pero lo que no debe hacerse es "quitar espacios a una para dárselo a la otra".

Como ejemplo, cita los 13 millones de euros que se gastará Interior en la protección exterior de las cárceles por parte de agentes privados. Benito cree que Interior se ha dedicado a "improvisar" con leyes "polémicas e innecesarias" en lugar de organizar el "caótico" modelo policial.

Interior quiere "distraer la atención"

Además, augura carencias importantes de agentes en los próximos años, ya que se perderán 10.000 policías en cuatro años debido a las jubilaciones y la falta de oferta pública de empleo, a lo que se unirá un material viejo y problemas de combustible para los vehículos.

Mientras tanto, Interior adquirirá un camión lanza agua para los antidisturbios por 408.000 euros, que la Unidad de Intervención Policial (UIP) no había pedido, señala Benito. Y destaca: Interior ha querido "distraer la atención de lo fundamental para crear una pantalla con la Policía y que todos los males de este país y sus problemas acaben en un problema de orden público con la Policía".

Sobre ETA, el portavoz del SUP opina que el Gobierno de Mariano Rajoy está cumpliendo "a rajatabla" la hora de ruta de sus antecesores en el Ejecutivo, y reprocha a los actuales inquilinos de Moncloa que quieran meter en la cárcel a policías -c omo los del denominado caso Faisán- mientras "sacan terroristas a la calle".

También considera que se ha aplicado "con una celeridad incomprensible" la sentencia de Estrasburgo que derogó la doctrina Parot, sin haber pedido aclaraciones a la Corte Europea y sin cumplir el compromiso del Gobierno de que "no habría una excarcelación masiva".

Y para "tapar" las críticas de las víctimas o de sindicatos como el SUP, añade Benito, el Ejecutivo ha querido "centrar" el debate en los violadores que también se beneficiaron del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). "Se ha querido tapar una cosa con la otra, lo que es repugnante", apostilla.

Convencido de que las fuerzas de seguridad no han bajado la guardia contra ETA, Benito afirma que la banda "se está saliendo con la suya", está ya en las instituciones y conseguirá el acercamiento de sus presos y, en un siguiente paso, la puesta en libertad de los reclusos.

[eduardo dd]

Como no se les había ocurrido antes; si no hablas de corrupción esta no existe

Si este despropósito se concreta, creo que a llegado el momento de pedir amparo al TEDH

El nuevo Código Penal prevé la imposición de multas a los periodistas que hablen de corrupción



http://www.alertadigital.com/2013/03/15 ... orrupcion/

El borrador de Código Procesal Penal, que una comisión de expertos elaboró para cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, recoge tales limitaciones para los medios de comunicación que supone una mordaza contra la prensa. Los ‘expertos’ parecen partir de la falsa idea de que la corrupción no existe si no se da a conocer y, por tanto, imponen limitaciones al derecho a la información: no sólo cuando hay secreto de sumario, como hasta ahora, sino cuando lo dictaminen el juez y el fiscal. Es decir, que con ese Código, los casos Gürtel o Bárcenas no podrían ser conocidos por la sociedad como lo son ahora.
Las limitaciones al derecho a y de la información están recogidas en el Libro II (“Disposiciones generales sobre las actuaciones procesales y la mediación penal), Título III sobre “Publicidad de las actuaciones”, y a las mismas se les ha dedicado los artículos 129 a 134 de lo que tendría que se la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La comisión redactora de ese borrador encargado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, justifica las limitaciones -tremendas- que impone a los medios de comunicación, alegando en su “Exposición de motivos” que en el régimen de la publicidad de los casos judiciales “se ha entendido necesario establecer prohibiciones de revelación que resulten indispensables para asegurar el éxito de la investigación, la imparcialidad del Tribunal, el respeto por la presunción de inocencia, el honor y especialmente la intimidad de la víctima”.
En concreto, esa motivación quiere decir que si ese Código Procesal que estudia Ruiz-Gallardón estuviera ya en vigor, los ciudadanos no podrían conocer ningún tipo de dato de los casos de supuesta corrupción política como el ‘caso Gürtel’ o el ‘caso Bárcenas’, y que si alguien filtraba algún tipo de documento, el filtrado iría directamente a la cárcel y el periodista debería pagar una multa de impresión.
El resultado es que el Gobierno habría conseguido ‘eliminar la corrupción’, pero no luchando contra el corrupto hasta su desaparición, sino callando la voz a los medios de comunicación: ‘corrupción que no se publicita, corrupción que no existe’, parece que pensaron los redactores del tal borrador de reforma de la LECRIM.
Las ‘excepciones’ a la publicidad en los casos judiciales
Como no podía ser de otra manera, el borrador de Código Procesal Penal establece en su artículo 129 el “Principio de general de publicidad”, es decir, que el juicio oral será en audiencia pública, pero en su artículo 130 impone algunas importantes excepciones.
Al igual que hasta ahora, se señala que el juicio oral podrá celebrarse a puerta cerrada “cuando ello sea necesario para la protección del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades lo exijan”, pero introduce una coletilla muy peligrosa: “o, en fin, en la medida en la que el tribunal lo considere estrictamente necesario, cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia”.
Eso quiere decir que en casos, por ejemplo, de gran corrupción política, o en otros similares, el tribunal puede decidir que se celebre a puerta cerrada, dejando sin información real de lo que ocurre al conjunto de la sociedad.
Presencia de los medios de comunicación
La presencia de los medios de comunicación en el juicio oral estaba regulada en el Artículo 131, señalando que “podrán captar y difundir imágenes generales de la sala al inicio de la audiencia pública”, pero establece que el Tribunal podrá autorizar, previa audiencia de las partes, la retransmisión al público de la imagen y del sonido del juicio oral cuando concurran en la causa especiales circunstancias de las que se derive la preponderancia del interés público en la publicidad general del juicio frente a otros intereses en conflicto.
Es decir, que la audiencia ya no es tan pública, porque deja al Tribunal el criterio de si se emite el juicio por televisión o no. En casos de corrupción política, la respuesta sería previsiblemente que no.
En todo caso, el borrador obliga a que la señal difundida “habrá de ser institucional”, es decir con el tiro de cámara, etcétera que fije el Tribunal y sin recursos accesorios. Además, el borrador establece que “el Magistrado del Tribunal unipersonal o el Presidente del Tribunal tendrán el control permanente de la señal cuya desconexión podrán ordenar cuando concurran razones que lo aconsejen”. Es decir, que con sólo apretar un botón, el juez se convierte en censor cuando el apetezca.
Prohibiciones al derecho de y a la información
Las mayores medidas atentatorias contra la libertad de expresión están contenidas, sin embargo, en los artículos 132 y siguientes. El primero de los artículos ya establece que “excepcionalmente el órgano de enjuiciamiento, cuando fuese necesario para preservar alguna de las finalidades previstas en el artículo 130.1, podrá requerir al encausado, a testigos, a los profesionales o a cualquier tercero para que se abstenga de revelar fuera del proceso el contenido de las declaraciones o cualesquiera datos o informaciones sobre los hechos enjuiciados”.
Es el primer varapalo a la libertad de expresión: jueces y fiscales podrán promover el ‘secretismo’ en las actuaciones, incluso no mediando el ‘secreto de sumario’. Es decir, que ahora mismo, con este borrador y si el juez quiere, no se podría publicar ningún documento o información sobre Luis Bárcenas o sobre el ex ministro de Fomento, José Blanco.
En su punto dos se materializa la amenaza contra los medios de comunicación: “El Tribunal de Garantías podrá adoptar igual decisión a instancia del Ministerio Fiscal finalizada la fase de investigación y hasta la apertura del juicio oral. La prohibición será ratificada o alzada por el órgano de enjuiciamiento en el momento en que conozca de las actuaciones”.
Y en su apartado tres se es más directo: “Durante la fase de investigación el Fiscal podrá requerir al encausado, testigos, peritos profesionales, o a cualquier tercero que haya tenido acceso a la información que convenga mantener reservada, que se abstengan de revelar fuera del proceso el contenido de las declaraciones o cualesquiera datos o informaciones sobre los hechos investigados de los que hubiere tenido conocimiento”.
En el caso de que tal mandato se incumpliera, el punto 4 lo aclara todo: “Si se difundiere públicamente por cualquier medio información sobre el proceso, con vulneración del secreto de las actuaciones o en su caso de los deberes de sigilo y reserva previstos en este Título, el Tribunal de oficio o instancia del Ministerio Fiscal podrá acordar, previa ponderación de los intereses en conflicto el cese de la difusión, siempre que esta pudiere comprometer gravemente el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados”.
Es decir, que si alguien publica algo que el juez o el fiscal quieren que no se conozca, se prohibirá a tal medio seguir con la publicación, y si no lo hace se tendrá que atener a las consecuencias, las cuales vienen establecidas en el punto 5 de este artículo 132: “La comunicación a los afectados por las órdenes dictadas al amparo de este precepto irá acompañada de la advertencia de incurrir en eventuales responsabilidades penales en caso de incumplimiento”. Es decir, la cárcel, sin eufemismos.
Información sobre procesos en curso
Un solo artículo, el 134, les basta a los redactores del borrador de Código Procesal Penal para quitarse a los medios de comunicación de en medio: la Fiscalía General del Estado podrá informar a los medios sobre el curso de una investigación “siempre que ello no ponga en peligro su éxito y el asunto sea de interés público, salvo en el caso de que la causa haya sido declarada secreta”.
Pero, además, se establece que “podrá proporcionar información a los medios sobre la marcha del proceso cuando la fase de investigación haya finalizado y la causa tenga trascendencia para la opinión pública, siempre y cuando no exista riesgo de perjudicar alguno de los valores mencionados en el Artículo 130.1″. Mientras tanto, absoluta mordaza.
Es cierto que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dicho que los periodistas no irán a la cárcel, sino sólo los que filtran los documentos o actuaciones, aunque los periodistas serán multados -proceso por lo civil-, y también ha dicho que se trata sólo de un borrador y que habrá cambios. Pero es que a Gallardón ya nadie le cree.

[eduardo dd]

[Shé]

Ya los veo reunidos pergeñando la desaparición del CGPJ, ya que ni con él lleno de incondicionales pueden cumplir con su misión divina, y tampoco pueden cambiar ellos solitos la sagrada constitución, tan práctica para algunas otras cosas cuando les conviene.

Qué difícil es pastorear un rebaño con unas leyes del siglo XX -o XIX, según sea el caso -.

El CGPJ abochornará hoy a Fernández Díaz por su inconstitucional ley de seguridad ciudadana
La obligación de identificarse en caso de infracción administrativa no es constitucional ni está justificada. Tampoco la identificación de personas por el mero hecho de ir embozadas. Ni la posibilidad de detener para prevenir una infracción administrativa a quien no entregue su DNI, asegura el borrador de informe del órgano constitucional

JULIA PÉREZ Madrid 27/03/2014 07:00 Actualizado: 27/03/2014 07:35

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debate hoy un informe sobre el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que supone un varapalo a varios puntos elaborados por el Gobierno al considerarlos contrarios a la Constitución y a las libertades y derechos que protege. [Ver pdf, aquí]

El informe, de 115 páginas, ha sido elaborado por los vocales Wenceslao Olea y María Victoria Cinto, de tendencia conservadora y progresista respectivamente.

El ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz ha adelantado que modificará el Anteproyecto para suprimir aquellos puntos que el CGPJ y el Consejo de Estado considere que chocan con la Constitución. Ambas instituciones deben emitir informes previos a los anteproyectos que elabora el Ejecutivo.

El documento que votarán hoy los vocales del CGPJ recomienda adecuar la reforma a los límites constitucionales que establece el concepto de seguridad ciudadana, ya que hay varios artículos incorrectos, vagos y alguno de dudosa constitucionalidad.

El informe considera "contrario a la Constitución" la posibilidad de que la policía monte controles en lugares públicos para identificar personas y, con ellos, detener a quien haya cometido una falta penal o una infracción administrativa.

Así, refiere expresamente la "dudosa constitucionalidad" del artículo 16 del anteproyecto gubernamental. La detención y limitación de la libertad de una persona sólo puede realizarse para prevenir un delito o falta. Pero este "canon de proporcionalidad no se respeta en el artículo 16 del Anteproyecto, que justifica la limitación de la libertad de la persona no identificada exclusivamente en la prevención".

"El hecho de ser un presunto partícipe de una infracción se erige en supuesto de la obligación de identificarse", y en su caso, de privación de libertad, lo que para el informe "no cumple los cánones de constitucionalidad: ni está justificado, ni responde a una finalidad de derechos, bienes o valores constitucionalmente reconocidos, ni es proporcional".

El informe aconseja también la supresión de la referencia expresa a la identificación de las personas que lleven el rostro embozado (artículo 16.1) porque es "superflua", ya que no puede identificarse a una persona "por el solo hecho de ir embozado", sino cuando concurra uno de los supuestos previstos en la reforma: para prevenir delitos, faltas o infracciones administrativas.

El Anteproyecto obliga al ciudadano a identificarse con el DNI ante las fuerzas de seguridad en prevención de un delito y de una infracción administrativa, y permite retener a las personas en caso de que se nieguen a identificarse o no sea posible identificarlas en ese momento. Este precepto "podría ser difícilmente compatible" con el artículo 17 de la Constitución española. Dicho artículo garantiza el derecho a la libertad de los ciudadanos y regula la detención, sus plazos y sus garantías.

El documento también recomienda que los policías sean obligados a informar, de modo inmediato y comprensible, de las razones por las que requieren la identificación a una persona así como de la duración máxima de la retención y del tiempo de identificación en dependencias policiales.

El informe del Consejo rechaza la obligación de empresas y empleados de seguridad privada de colaborar con la policía en la disolución de reuniones y manifestaciones, ya que afecta al ejercicio de un derecho fundamental cuya defensa "se atribuye a estas últimas y a la autoridad gubernativa".

También recomienda que se elimine, por "desproporcionada" la sanción administrativa a quien repetidamente pierda el DNI. La multa puede alcanzar los 1.000 euros y se equipara la descuidada custodia de ese documento a comportamientos de mayor gravedad, como el deslucimiento de inmuebles de uso público. Además, podría dar lugar a denuncias falsas para encubrir extravíos y eludir las multas.

Libertad de deambulación, libertad de pasaporte, libertad de reunión...
Otro punto de "dudosa legalidad" es la facultad que se atribuye el ministerio de Interior de denegar el pasaporte cuando se declaren los estados de Alarma, Excepción y Sitio y esta negativa sea necesaria para la efectividad de las medidas que deban adoptarse en esos estados excepcionales. Una prohibición de denegación del derecho al pasaporte limita el derecho a la libre circulación del artículo 19 de la Constitución, sostiene el informe.

El rapapolvo del informe se extiende al artículo 20: regula la prohibición del paso y retención de personas, lo que choca con la Constitución
El rapapolvo se extiende al artículo 20, que regula las "medidas extraordinarias" en situaciones de emergencia. La "prohibición del paso" y "retención de personas" limitan los derechos reconocidos sobre la libre deambulación y la libertad, reconocidos en los artículos 19 y 17 de la Constitución. Así, recomienda suprimir los términos "vagos e imprecisos" de este artículo "que deja en lo incierto cuáles sean las personas a las que la medida pueda afectar, y la más que cuestionable constitucionalidad de las mismas, en particular la retención de las personas".

También cree discutible la atribución de la competencia para acordar medidas extraordinarias a los agentes de la autoridad.

El informe cuestiona además que el artículo 22 del Anteproyecto modifique de facto la Ley Orgánica del Derecho de Reunión, en concreto su artículo 5.2, y convierta en causa de disolución de una reunión o manifestación lícita el riesgo a que se produzca una alteración ciudadana con armas, objetos contundentes o con otros medios de acción violenta.

La propuesta de informe sostiene también que tipificar lo que actualmente son faltas penales como infracción administrativa tiene como consecuencias, entre otras, que sea la Administración, y no un órgano judicial, la que imponga la sanción.

En ese caso, para revisar la sanción será necesario el pago de tasas judiciales, que no existen en el proceso penal. Mas diferencias: en el procedimiento administrativo que pretende la reforma, las declaraciones de los agentes gozan de valor probatorio (artículo 52 de la reforma), mientras que en el procedimiento penal son "simples declaraciones testificales" (artículo 717 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Público, 27 de enero 2014

[Shé]

Es posible que un recurso de la Fiscalía Anticorrupción dilate aún más este proceso contra la trama de corruptos llamada Gürtel?

En este país, sí. La Fiscalía Anticorrupción, con la ley en la mano, provoca un retraso adicional a la folclórica lentitud de la Justicia española en el proceso más importante contra la corrupción que se encuentra actualmente en los juzgados.

El juez Garzón inhabilitado por investigar, el juez Elpidio Silva fuera de juego por encarcelar a un banquero corrupto -que por supuesto está en la calle-, el juez Castro duramente combatido por imputar a la infanta...

La Fiscalía Anticorrupción debería cambiar de nombre. A, cómo! Que no se puede llamar a una institución pública Fiscalía de Protección de los Corruptos Institucionalizados? Que proteger a los delincuentes no es labor de una fiscalía?




Alguno me dirá ahora que tampoco tiene lógica que España tenga 10,2 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras la media europea es de 21.3

La Fiscalía da otro año de paz a los ‘malvados’ de Gürtel
Planea recurrir ante el Supremo la única pieza ya instruida de Gürtel. Hasta dentro de un año los acusados no se sentarían en el banquillo. Mientras, se ultima la pieza de los papeles de Bárcenas en la Audiencia Nacional

JULIA PÉREZ Madrid 16/04/2014 19:23 Actualizado: 16/04/2014 20:14

Francisco Correa, Pablo Crespo y Pablo Pérez 'El Bigotes', la cúpula de Gürtel.

Un año más de retraso. Y ya van cinco los transcurridos desde que saltó el escándalo. La Fiscalía tiene previsto recurrir la única pieza ya instruida de la red Gürtel ante el Tribunal Supremo, por lo que hasta dentro de un año los acusados no se sentarían en el banquillo. Mientras, echa toda la carne en el asador en la Audiencia Nacional, sobre todo en la instrucción de los papeles del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, de tal manera que este juicio podría celebrarse en las puertas de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015.

La trama Gürtel tenía el pasado 31 de marzo su primera cita en el banquillo de los acusados, pero no hay forma de sentarlos todavía. Era la pieza separada sobre las contrataciones para el pabellón valenciano en Fitur, relacionada con una supuesta financiación del PP de Valencia. Allí se iban a sentar los jefes de la trama, con Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes a la cabeza.

El magistrado instructor, José Ceres, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) había culminado dos años de trabajo de esta pieza separada, la número 3. Es una de las seis que instruye en Valencia. Ceres hizo el trabajo duro, la instrucción de la pieza, con sus 34 tomos, pero una maniobra de última hora dejó en ese tribunal un mal sabor de boca: el de la utilización política.

Estaba todo preparado para la vista oral del 31 de marzo: 43 sesiones de vista pública y 13 procesados entre ellos dos ex consejeras de turismo, la cúpula de Gürtel, el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, otros cuatro empleados públicos de la Generalitat....

Pero las dos diputadas autonómicas que iban a ser juzgadas -las exconselleras de Turismo Angélica Such y Milagrosa Martínez- renunciaron en el último instante a su escaño. Resultado: el TSJCV se vio obligado a suspender la vista cautelarmente y, ayer, dictó un auto en el que declara que el órgano competente es la Audiencia de Valencia, tras la pérdida del fuero.

Nada más difundirse este auto, la Fiscalía Anticorrupción divulgó que planeaba recurrir la decisión del TSJCV por esta cuestión de competencia. Argumenta que el juicio debe seguir celebrándose por la Sala de lo Civil y Penal de este tribunal, y no por la Audiencia de Valencia, ya que así lo decidió el Tribunal Supremo en su día.

Si la Fiscalía recurre finalmente esta decisión, la disputa sobre la competencia llegará al Tribunal Supremo para que dilucide a qué órgano corresponde juzgar la pieza de Fitur.

Es previsible que el Supremo no resuelva hasta después del verano, como pronto. Suele tardar de tres a cuatro meses en resolver las cuestiones de competencia.

Después, el órgano que sea declarado competente -la Audiencia de Valencia o el TSJCV- tendrá que señalar una nueva fecha de juicio. Por lo tanto, habría que sumar al menos otros tres meses más hasta que el juicio sea señalado de nuevo.

El juicio a Bárcenas caería cerca de las elecciones de 2015
Entre recursos y vericuetos varios del calendario, los especialistas calculan que se tardará año y medio más antes de que la vista oral de la pieza de Fitur alcance de nuevo el estrado de un tribunal.

Mientras esto se produce en Valencia, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz avanza a velocidad de crucero en el tramo final de la pieza separada de Gürtel que afecta al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, quien está imputado por delitos de cohecho, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

La Fiscalía está muy concentrada en el caso del ex tesorero y el juez central de instrucción 5, Pablo Ruz, tiene muy avanzada la investigación del caso Gürtel, por lo que es es previsible que este juicio se celebre dentro de un año.

El juicio, con Bárcenas en el banquillo, comenzaría a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015.

Ruz investiga las operaciones de la trama Gürtel en la Comunidad de Madrid, así como contratos de la organización en Toledo, Pontevedra, Jerez y La Rioja. Dentro del caso, mantiene abierta una pieza separada sobre los papeles de Bárcenas, relativas a la contabilidad B del PP con los delitos electoral y fiscal de fondo.

En Valencia, el magistrado José Ceres instruye la trama Gürtel en seis piezas separadas y ahora afecta a cinco aforados, después de la dimisión de las dos diputadas valencianas.

Público, 16 de abril 2014

[skeptic]

Nada de esto sale gratis.

Ya dicen las encuestas que aumenta la percepción de que los poderosos son inmunes a la justicia y, aunque no se pueda culpar al gobierno en los tribunales, todos sabemos que son unos corruptos que atacan a los jueces y usan la fiscalía como abogados defensores.

Vamos a ver, aparte de especulaciones, que pasa el próximo 25 de mayo, pero todo parece indicar un descalabro histórico de PP y PSOE.

[Vitriólico]

Veremos ... dijo un ciego.

[Shé]

De momento, yo lo único que veo es el camino que nos están haciendo recorrer a los demás mientras, supuestamente, les lleva a ellos a la perdición.

Los primeros alucinados de estar aún en donde están deben ser ellos mismos.

No dejo de pensar que lo dan todo por perdido y por eso su audacia para trincar todo lo que puedan, mientras puedan, no tiene límites. Lo malo es que les está funcionando porque no les estamos echando.

Tal vez con aceite, disolvente o gasolina y unas tenazas? Es más difícil que quitar garrapatas al perro.

[jasimotosan]

Shé:

Yo también lo doy todo por perdido y solo hacen sacarme el poco dinero que me queda...

[Shé]

Es que lo que nosotros podemos dar por perdido y lo que ellos dan por perdido no es lo mismo.

Ellos están saqueando las arcas públicas y vendiéndonos a la organización económica neoliberal, y lo que creen que tienen perdido es poder seguir haciéndolo, así que le han dado al acelerador para quedarse con todo lo que puedan por el camino.

Poco hay que hacer a corto plazo, aunque la diferencia entre lo que han conseguido y lo que hubieran conseguido si no hubiéramos protestado es esencial para muchas personas.

Pero lo importante es que este es un juego de guerra a largo plazo, y, en mi opinión, nuestra obligación es seguir luchando para conseguir resultados a ese largo plazo, resultados que disfrutarán las generaciones venideras, igual que nosotros pudimos estudiar y no tuvimos que trabajar 7 días a la semana gracias a la lucha de otros antes.

Que nos equivocamos y un partido con un programa seductor social y económicamente hablando no cumple nuestras expectativas?

Mejor sería ese error que seguir dejando, por puro cansancio, que unos ladrones inmorales y corruptos sigan en el poder. No tenemos derecho, en mi opinión, a tirar la toalla.