Para los que defienden lo privado frente a lo público

eduardo dd · Mar Feb 26, 2013 10:29 am

Madrid cierra doce centros escolares mientras financia a colegios del Opus

La Consejería de Educación de Lucía Figar prevé una "reestructuración" de las zonas escolares que supondrá el fin de algunos colegios públicos, mientras mantiene la subvención a concertados que segregan por sexo.

Toda la inf. http://www.publico.es/451264/madrid-cie ... s-del-opus

skeptic · Mar Mar 05, 2013 10:08 pm

El Nicolás Salmerón sólo tiene 100 niños desde 1º de infantil a 6º de primaria (11 niños de promedio por curso).

Hay que entender que estando tan cerca del Pintor Rosales, un colegio recién reformado, hayan tomado la decisión de fusionarlos, aunque en el proceso, los niños de menos de 6 años no tendrán donde ir, el Salmerón tenía 3 cursos de infantil y el Rosales no tiene, a saber que harán con los peques.

Habría que ver el motivo de cada fusión y cierre, podría ser que estuvieran justificados.

Ahora, lo de los recortes ya es otra historia, en el caso del Nicolás Salmerón conozco unas cuantas historias de terror de los últimos dos años, ya que estaba en la junta escolar.

Vitriólico · Mié Mar 06, 2013 5:37 am

El problema es porqué tiene tan poca gente. ¿Será porque los padres no quieren llevar a sus hijos a esa suerte de guetto para gente con problemas en que están convirtiendo la escuela pública y prefiere llevarlos a la concertada?

El invento de la escuela concertada (del PsoE de Felipe González, por cierto) está acabando con la escuela pública en España.

bukowski · Mié Mar 06, 2013 9:40 pm

Vitriólico escribió:El problema es porqué tiene tan poca gente. ¿Será porque los padres no quieren llevar a sus hijos a esa suerte de guetto para gente con problemas en que están convirtiendo la escuela pública y prefiere llevarlos a la concertada?

El invento de la escuela concertada (del PsoE de Felipe González, por cierto) está acabando con la escuela pública en España.

Acabas de describir la razón por la cual muchos padres llevan a sus hijos a colegios concertados (que por alguna extraña casualidad suelen ser de tipo religioso).

La gente de mi barrio se da de codazos por que sus hijos entren al colegio de monjas en el que yo estuve. Y no precisamente por un fervor religioso, si no por la "supuesta" protección que da frente al un posible entorno conflictivo, además unas instalaciones en mejor estado o un mayor control sobre el alumno. Y sé por propia experiencia que en los colegios concertados no hay mejores profesores, ni existe menos acoso escolar ni tienen mayor capacidad de evitar dicho acoso que en los centros públicos. Y en cambio, el nivel de decisión de padres y alumnos es mínimo, ya que se presupone que los aceptados en el centro son "privilegiados" y si no les gusta algún método del centro pueden marcharse porque habrá otros en lista de espera para entrar. Y por supuesto los padres tienen casi el deber de "bailarles el agua" a las monjas y contribuir de manera monetaria en todas las "acciones caritativas" que propongan si no quieren que a sus hijos se les señale con el dedo. Por no hablar de lo mal que se mira al que se sale del canon establecido. Y todo esto sin entrar en el brutal adoctrinamiento que se da en este tipo de escuelas.

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Dom Jun 09, 2013 11:50 am

Un juez investigará la privatización sanitaria en Madrid

Una asociación de médicos se querella por supuestas irregularidades

E. G. SEVILLANO Madrid 6 JUN 2013 - 23:03 CET

Esperanza Aguirre, en la inauguración del hospital de Torrejón de Ardoz en septiembre de 2011. / GORKA LEJARCEGI
El proceso de privatización de la gestión sanitaria que Madrid emprendió en 2003, con la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia, y que en los últimos meses se ha acelerado con la salida a concurso de seis hospitales, se complica en los juzgados. La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), una de las organizaciones más activas en la marea blanca de protesta contra la privatización, ha presentado una querella en un juzgado de Madrid por supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación y gestión de los primeros tres hospitales que el Gobierno regional puso en manos de empresas: los de Valdemoro, Móstoles y Torrejón de Ardoz, inaugurados entre 2007 y 2012.

El Juzgado de Instrucción número 4 de la capital ha abierto diligencias previas después de que Afem presentara hace unos días un escrito de unas 80 páginas en el que describe posibles delitos tales como malversación de fondos públicos y cohecho. La querella va dirigida, según fuentes conocedoras del caso, contra los responsables de firmar las adjudicaciones y los contratos. Los consejeros de Sanidad que dieron luz verde a estos tres hospitales fueron Manuel Lamela y Juan José Güemes. El texto se centra en aspectos económicos que muestran el “interés por privatizar”. “Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, afirma el juez en los razonamientos jurídicos.

A la vía penal se suma la contencioso-administrativa. Este jueves Afem ha presentado un recurso contra el pliego de condiciones de la privatización de la gestión de seis hospitales públicos en el que pide la suspensión cautelar del proceso. El viernes 7 de junio termina el plazo para la presentación de ofertas al concurso.

Según informan fuentes jurídicas, el titular del juzgado, Marcelino Sexmero, da a Afem un plazo de 10 días para que se ratifiquen en la querella, informa Victoria Torres. Concluido ese plazo, decidirá si admite a trámite la querella o la rechaza. La iniciación de "diligencias previas", dice Afem en una nota, "podría suponer un importante avance en la lucha contra la privatización" de la sanidad madrileña.

La portavoz de Afem, Fátima Brañas, dice en la nota que los médicos confían "plenamente" en la Justicia y que "de momento" no facilitan mayor información por el respeto debido al curso de las investigaciones en un asunto que está sub iudice. Por su parte, el portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha criticado la "estrategia equivocada e irresponsable" de Afem, a la que ha acusado de presentar denuncias para "embarrar el proceso transparente" de la privatización sanitaria

En el mismo comunicado, Afem ha anunciado que presentará el recurso contencioso-administrativo contra el pliego de condiciones de la privatización de la gestión de los hospitales hospitales Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Cristina (Parla), del Sureste (Arganda), el del Henares (Coslada) y el Tajo (Aranjuez) y la solicitud de "suspensión cautelar del proceso de licitación de las empresas adjudicatarias".

En diciembre, el Gobierno regional aprobó la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que incluye lo que llama "externalización de la gestión" de seis hospitales y de 27 centros de salud en toda la región, que más tarde se redujeron por falta de ofertas. Se trata del mayor plan de gestión privada de la sanidad pública puesto en marcha en España y supone que la atención de cerca de 1,5 millones de madrileños pase a manos de empresas. Según AFEM, no supondrá ahorro, saldrá "más caro" a los madrileños, "no asegura la mayor calidad real posible" en la atención al paciente y "vulnera normas desde el punto de vista legal y se producen irregularidades que pudieran ser constitutivas de supuestos delitos".

Afem dice que para el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, no han sido suficientes estos argumentos ni "la voz unánime" de los profesionales sanitarios y las sociedades científicas, ni "el clamor de más de un millón de ciudadanos madrileños" para que se replantee su plan "descabellado". A las dos de la tarde de mañana viernes concluye el plazo para presentarse a la licitación de la gestión sanitaria durante 10 años de los seis hospitales. Después, los licitadores tendrán plazo hasta el día 19 para entregar las ofertas técnicas, y hasta el día 28 para presentar las ofertas económicas. La gestión de estos seis hospitales se reparte en cinco lotes, ya que el del Tajo, por ser el más pequeño, se licita junto con el Infanta Cristina.

El País, 6 de junio 2013

skeptic · Dom Jun 09, 2013 9:01 pm

Vitriólico escribió:El problema es porqué tiene tan poca gente. ¿Será porque los padres no quieren llevar a sus hijos a esa suerte de guetto para gente con problemas en que están convirtiendo la escuela pública y prefiere llevarlos a la concertada?

El invento de la escuela concertada (del PsoE de Felipe González, por cierto) está acabando con la escuela pública en España.

Cerrar colegios públicos es lo mejor para mejorar la educación y la igualdad de oportunidades.
Poner la clase de religión en el expediente académico no es adoctrinar.
Educación para la ciudadanía si es adoctrinar.
Los colegios públicos son la ETA y los que los defienden Hitler.
Subir el coste de las universidades al doble y eliminar las becas es para fomentar la igualdad de oportunidades.
Y... Vamos en el buen camino.

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Vie Jun 21, 2013 7:52 pm

Tiene buena pinta. Llevan tantos años confiados en Madrid con la sanidad, haciendo lo que les da la gana como la mafia siciliana en sus mejores tiempos, que puede que la Justicia les pueda hincar el diente en la yugular, por fin. Como mínimo, deberían sufrir lo que le hicieron pasar al Dr. Montes, aunque merezcan un millón de veces más.

Admitida la querella contra Lamela y Güemes por la privatización sanitaria
La Comunidad está "segura" de que todo se hizo correctamente y lo considera una "maniobra política del PSM y su sindicato médico"

EUROPA PRESS Madrid 21/06/2013 14:14 Actualizado: 21/06/2013 14:43

Juan José Güemes, en una imagen de archivo.EFE
El juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha admitido a trámite una querella presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contra nueve personas, entre ellas los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, por presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de los primeros hospitales de la Comunidad de Madrid (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz).

La querella también se dirige contra la actual viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), Patricia Flores, entonces directora general de Atención Primaria; el director general de Hospitales, Antonio Burgueño; el representante de la Fundación Jiménez Díaz, Juan Antonio Álvaro de la Parra; el presidente o consejero delegado de Grupo Ribera Salud; el presidente o consejero de Capio Sanidad; el presidente o consejero de Unilabs; y el presidente o consejero de Asisa.

En un auto fechado ayer, el magistrado acuerda admitir a trámite la querella presentada el pasado 29 de mayo por la comisión de supuestos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de causales públicos. La acusación popular la representan varios diputados del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid.

Lamela y Güemes declararán el próximo 2 de octubre
Tras incoar el pasado 3 de junio las diligencias de investigación, el juez cita en su auto a los querellados a partir del próximo 13 de septiembre. Las declaraciones concluirán el próximo 2 de octubre con las comparecencias de Lamela y Güemes. El juez indica en el auto que todos ellos deberán ir acompañados de un abogado, ya que declararán como imputados. Tras ello, dictará una nueva providencia para citar a varios testigos, entre ellos el director de continuidad asistencial del Hospital de La Paz, Miguel Amengual, o el director médico del Hospital Infanta Elena, Juan Antonio Azofra.

En la resolución, el juez expone que la querella denuncia supuestas irregularidades del SERMAS en "el concierto para asistencia sanitaria suscrito con la UTE-FJD (Grupo Capio), en la vinculación de excargos y cargos políticos con empresas privadas concesionarias o participes en la gestión sanitaria, en la negligencia en el control del gasto público y la facturación intercentros, la derivación del paciente a través del denominado Call Center y la vulneración de los derechos de los pacientes protegidos por la Ley 6/2009 de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid y la Ley 41/02 reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones".

Añade que los hechos "se resumen en el contexto de la actuación de la Administración autonómica en la Gestión de la Sanidad Pública, en la que según los querellantes se ha producido dentro de una gran opacidad y falta de información un incremento en el gasto la asistencia sanitaria con medios ajenos a la vez que un progresivo descenso en el gasto en la cartera sanitaria pública".

La Comunidad, "segura" de que todo se hizo correctamente
La Comunidad de Madrid, por su parte, ha explicado que las querellas son siempre admitidas cuando no tienen defectos de forma y se muestra "segura de que se actuó correctamente" durante la primera externalización, pues se desarrolló con "todos los procedimientos legalmente establecidos". Por tanto, entiende que esta querella es una "maniobra política del PSM y de su sindicato médico" ya que estos primeros hospitales con gestión "externalizada" no sólo "cumplen con un umbral de satisfacción muy alto", sino que con un 92% de ratio superan incluso a la media de hospitales de la región, que también cuentan con una satisfacción muy alta entre los pacientes.

El juez investigará el trasvase de pacientes de la sanidad pública a la privada
En relación con Lamela, la querella habla de su vinculación con la empresa Assignia Infraestructuras, una empresa que "participa en la unión temporal de empresas (UTE) que gestiona servicios del hospital del Tajo, licitados y adjudicados en la etapa en la que Lamela era consejero de Sanidad y que inauguró el hospital que ahora gestiona la sociedad en la que trabaja".

De igual modo, señala que Güemes, ex consejero de Sanidad entre 2007 y 2010, está vinculado a Unilabs, "una filial española de la mutliancional suiza del mismo nombre y que anunció el pasado noviembre la compra del 55% de la UTE, compuesta por Grupo Balaqué y Ribera Salud", la adjudicataria. "La operación se ha efectuado por valor de cinco millones de euros y su domicilio está en la Fundación Jiménez Díaz Después de cerrar el Laboratorio Central de Análisis, y cerrar los laboratorios de los hospitales, se otorgó la concesión a Unilabs en la que se integró Güemes", agrega el auto.

Güemes es miembro del consejo de administración de Unilabs. Esta empresa adquirió el pasado noviembre Balaguer, la empresa a la que originariamente la Comunidad, con Güemes de consejero de Sanidad, adjudicó los análisis clínicos de seis hospitales en 2009 en un concurso que, además, Unilabs perdió.

Gestión sanitaria de hospitales
En la querella se detalla cómo entre 2004 y 2007 se licitan y aborda la construcción de ocho nuevos hospitales en la Comunidad de Madrid, planteándose su construcción entre 2007 y 2011 de los hospitales de Torrejón, Móstoles, Collado Villalba y Carabanchel. Prosigue explicando que para los hospitales construidos posteriormente, Infanta Elena de Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles, Torrejón y Collado Villalba, se formalizan contratos de gestión del servicio público que incluyen también los servicios clínicos. El plazo de duración de los contratos es también de treinta años. Estos hospitales son conocidos como hospitales con colaboración público-privada (CPP) en régimen de concesión administrativa.

En este modelo de gestión, la empresa privada recibe de la administración pública un canon anual que se paga por adelantado mensualmente, por cada persona de su área de protección, a cambio de atender las necesidades asistenciales de su población.

Averiguaciones
Sexmero recalca en el auto que el objeto de esta investigación está encaminado a "la averiguación de la realidad de las conductas irregulares denunciadas sólo en la medida que tengan trascendencia penal respecto del trasvase injustificado, masivo y sistemático de pacientes de la sanidad pública a la privada bajo intimidación o engaño". Asimismo, a investigar "la denunciada ausencia de control del precio por la adjudicación de los centros de Pontones y Quintana y la no reclamación de 1.5 millones de euros a Capio en la medida que pueda haber perjudicado a la Hacienda Publica".

También se investigará "la denunciada falsedad o no de la facturación intercentros, las irregularidades de algunos de los convenios o concesiones al sector privado y en concreto a sociedades con accionistas opacos, la contratación de exconsejeros de Sanidad por las empresas concesionarias y beneficiarias de la gestión de aquellos y la supuesta negligencia y descontrol en el gasto público en la gestión de los servicios, sin perjuicio de las que pudieran derivarse de éstas".

Sexmero es el juez que archivó la denuncia del marido de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por el escrache que sufrió en su casa.

Público, 21 de junio 2013

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Mié Jul 10, 2013 10:32 pm

BRAVO!

El TSJM suspende cautelarmente la privatización sanitaria en Madrid
El tribunal aprecia que existen circunstancias de especial urgencia para detener el proceso, como solicitó el PSM

A. MUÑIZ / A. FLOTATS Madrid 10/07/2013 14:08 Actualizado: 10/07/2013 15:05

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido cautelarmente el proceso de privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid, por el que se pretende "externalizar" la gestión de los hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo. Eso fue lo que reclamó el Partido Socialista de Madrid (PSM)

El Tribunal aprecia que, efectivamente, existen circunstancias de "especial urgencia" para paralizar el proceso sin ni siquiera escuchar antes los argumentos de la Comundiad de Madrid por cuanto ya se ha llegado a anunciar incluso la adjudicación de los contratos por parte del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty. El Consejo de Gobierno aprobó la semana pasada adjudicar los centros Infanta Leonor de Vallecas y del Sureste de Arganda del Rey a Ribera Salud; el Hospital de Henares de Coslada a Bupa Sanitas, y el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes y los hospitales Infanta Cristina de Parla y el del Tajo de Aranjuez al grupo Hima San Pablo.

La causa que da origen a la denuncia presentada por los socialistas es la reducción de las garantías que las empresas que optan a la privatización de los centros tendrían que depositar en caso de resultar adjudicatarias. Esa garantía, del 5% del valor del contrato, fue modificada por la Consejería de Sanidad a cuatro días de la finalización del plazo de presentación de solicitudes como una corrección de errores. El departamento que dirigie Javier Fernández Lasquetty incluyó la palabra "anual" en el texto, lo que implica una reducción del 90% dado que los contratos de concesión son por 10 años.

El PSM considera que "esta disminución injustificada del importe de la garantía definitiva exigida es arbitraria y contraria a los intereses generales que deben presidir la actividad administrativa". Con esta modificación de última hora, reza la demanda del PSM, "se permite a las futuras empresas adjudicatarias aportar una garantía que está infinitamente por debajo de las penalizaciones que se pueden imponer por la Administración". Los socialistas advierten que este cambio, además de ir abiertamente contra la legalidad, "pone a la Administración en clara situación de riesgo ante un caso de insolvencia empresarial o de imposición de penalidades por incumplimiento contractual".

El TSJM considera que esa modificación en la garantía exigida a las empresas "pudiera exceder del ámbito de rectificación de un simple error material, siendo evidente que la cuantía de la fianza contractual varía sustancialmente según sea del 5% del importe total de adjudicación del contrato (diez años de ejecución) o del importe anual (deduciblemente con referencia al primer año)". El tribunal da un plazo de tres días a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para que formule alegaciones con relación a la medida cautelar acordada.

Este proceso se suma a la querella por vía penal presentada por la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (AFEM) contra dos ex consejeros de Sanidad y dos altos cargos de la consejería. El juez ha citado a los querellados a partir del próximo 13 de septiembre y las declaraciones concluirán el próximo 2 de octubre con las comparecencias de los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes.

Público, 10 de julio 2013

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Jue Sep 12, 2013 7:21 am

Tras la paralización de la suspensión cautelar del mensaje anterior, y muchos vaivenes veraniegos, la Justicia sigue su curso. Solo que esta vez la cosa queda en suspenso el tiempo suficiente como para que la Comunidad Autónoma de Madrid no pueda cumplir con la reducción del déficit gracias a su fórmula mágica:

Pan para hoy y hambre para mañana + negocio con la salud en beneficio de lo privado = Beneficio para el PP a costa de los ciudadanos

El Tribunal Superior detiene la privatización sanitaria de Madrid

La Sala ordena suspender el proceso hasta que dicte sentencia, lo que puede demorarse dos años

Apunta a irregularidades en la adjudicación del concurso

DESCARGABLE Auto del TSJM en respuesta al recurso de AFEM

REACCIONES | AFEM ve en el auto “el principio de la victoria” de la ‘marea blanca’

Diez meses de lucha de la 'marea blanca'
ELENA G. SEVILLANO Madrid 11 SEP 2013 - 22:56 CET

Una manifestación en defensa de la sanidad el pasado enero. / LUIS SEVILLANO
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha asestado este miércoles el que, según fuentes jurídicas y empresariales, puede ser el golpe definitivo al proceso de privatización de la gestión de seis hospitales impulsado por el Gobierno de esa comunidad. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado un auto en el que ordena la suspensión cautelar del procesohasta que tome una decisión, lo que puede suponer entre año y medio y dos años. Ordena que se mantenga la prestación sanitaria tal y como está hasta que haya sentencia y, sin entrar todavía en el fondo del asunto, apunta a irregularidades en el concurso de adjudicación.

Los magistrados han tomado en consideración el hecho de que el paso de estos hospitales a manos privadas afecta a 1,2 millones de madrileños y a 5.000 profesionales sanitarios y supone trasacciones económicas de decenas de millones de euros. La sala cree que el plan privatizador “es de unas dimensiones tan extraordinarias” que, de seguir adelante y si finalmente una sentencia obligara a volver a la situación anterior, los cambios en la gestión sanitaria pública serían ya “irreversibles”. De ahí que acuerde la suspensión, es decir, “mantener la situación existente” ahora “hasta que el recurso se resuelva”. Contra el auto cabe recurso.

Cuatro recursos de AFEM y 14 en total

El plan privatizador de la Comunidad de Madrid tiene pendientes en los tribunales 14 procedimientos. Cuatro de ellos están promovidos por AFEM, este proceso de hoy abierto por la vía de lo contencioso pero ante el TSJM y el otro el del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4, en el que los médicos apelan a la protección de los derechos fundamentales.

La tercera causa de AFEM es también ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 16 de Madrid, que denegó el pasado 5 de septiembre la petición de suspender de forma cautelar el concurso. A diferencia del recurso presentado ante el Juzgado número 4, el presentado ante el Juzgado número 16 era muy específico, ya que no se impugnaba todo el proceso sino única y exclusivamente la modificación de última hora de los pliegos del concurso.

Además, presentaron una querella al juzgado de instrucción 4 de Madrid por delitos como prevaricación y malversación de caudales públicos en la primera fase de la privatización, la de los hospitales de Valdemoro, Torrejón y Móstoles. Dos exconsejeros y dos altos cargos de Sanidad están citados en calidad de imputados y a la espera de prestar declaración. La declaración de los altos cargos está suspendida porque la Comunidad no ha entregado la documentación requerida.
Fuentes próximas a las empresas concesionarias consultadas por EL PAÍS dan el proceso de privatización prácticamente por muerto. De hecho, Ribera Salud, adjudicataria de dos hospitales, ha admitido este miércoles que ha suspendido las reuniones internas con los equipos directivos. Esta empresa cerró la oficina en la que informaba de las condiciones contractuales la semana pasada, cuando otro juzgado de menor rango (el de lo Contencioso-Administrativo 4 de Madrid), también ordenó la suspensión cautelar del proceso. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, reaccionó cuestionando la competencia del juzgado y solicitando que decidiera el TSJM. Este miércoles ha obtenido la respuesta que pedía.

Esta resolución judicial responde al recurso presentado por la asociación de médicos Afem, la más activa en la marea blanca de protesta contra la privatización sanitaria. Una colecta entre personal sanitario organizada en febrero pasado permitió contratar a un bufete que inició una ofensiva jurídica en varios frentes: contencioso-administrativo, penal... La de este miércoles es la mayor victoria del colectivo y deja a la Comunidad de Madrid en una situación muy complicada. La gestión privada de los hospitales ya está adjudicada, pero los contratos aún no se han firmado. Todas las fuentes consultadas coinciden en que el Gobierno regional no va a poner en marcha su plan este año, y puede que tampoco el próximo. Las próximas elecciones autonómicas están previstas para mayo de 2015.

Este mismo tribunal fue el que paralizó el proceso de forma cautelar el 10 de julio pasado a consecuencia de un recurso presentado por el Partido Socialista de Madrid (PSM). Dos semanas después levantó la suspensión al entender que los seis diputados socialistas —residentes en las zonas de influencia de los hospitales— “no ostentan un interés legítimo”. El auto de este miércoles sí le reconoce a la asociación de médicos esa legitimidad y niega el argumento de los abogados de la Comunidad de Madrid, que intentaron tumbar el recurso alegando, entre otras cosas, que Afem no ha participado en elecciones sindicales y no tiene “representatividad”.

Tras enumerar las alegaciones de los médicos, el auto del TSJM (24 páginas) asegura que debe “ponderar los perjuicios” para los recurrentes, los licitadores y “el interés general” que se producirían si estimara el recurso una vez adjudicados los hospitales y “una vez entregada la gestión del servicio público a las concesionarias”. Una de las cuestiones que destaca es una modificación de las condiciones del concurso que hizo la Comunidad de Madrid solo cuatro días antes de que se cerrara el plazo.

Mediante una corrección de errores en el boletín oficial modificó las garantías que deben depositar las concesionarias (avales para cubrir incumplimientos de contrato y penalidades, daños y perjuicios...) y las redujo a una décima parte (de 233 millones de euros a 28). La oposición política y la marea blanca lo calificaron de “regalo” a las empresas para facilitar que concursaran. El cambio, dice el tribunal, “supone una modificación sustancial de las condiciones” que “podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva”. Esta es, añade, “una circunstancia que no puede ser obviada por la Sala” al resolver sobre si suspende cautelarmente el proceso o no.

El Gobierno madrileño ha asegurado este miércoles que su plan aún está pendiente de la decisión de los tribunales y que las resoluciones judiciales “contradictorias” generan “confusión”. Por su parte, Afem ha mostrado su “satisfacción” con el auto e invitado a la Comunidad de Madrid a negociar con los profesionales sanitarios “la reforma que necesita el sistema, y que no era el plan calamitoso que plantearon ellos y que solo beneficiaba económicamente a unas empresas y no a los pacientes”, según su portavoz, Patricia Alonso.

Diez meses de lucha de la 'marea blanca'

• El presidente madrileño, Ignacio González, anuncia el 31 de octubre de 2012, junto con las líneas básicas del presupuesto para 2013, su intención de privatizar la gestión de seis hospitales y el 10% de los centros de salud, además de otros cambios polémicos en centros públicos.

• El 2 de noviembre una asamblea multitudinaria en el hospital de La Princesa decide iniciar un encierro indefinido contra su “desmantelamiento”... Este centro se convierte en emblema de la lucha por la sanidad pública.

• Para el 21 de noviembre, prácticamente todos los hospitales públicos mantienen encierros indefinidos en sus salones de actos.

• La primera jornada de huelga total del sector sanitario, convocada por todos los sindicatos para el 26 de noviembre (habrá otras el 27 y el 4 y 5 de diciembre), coincide con el inicio de los paros indefinidos de los médicos de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), que con el paso de los meses se convertirían en los más activos en la lucha contra la privatización, sobre todo en los tribunales.

• En diciembre se aprueban los Presupuestos y la Ley de Acompañamiento que permite las privatizaciones. En la quinta semana de huelga, con 40.000 consultas canceladas y 6.000 operaciones aplazadas, la negociación con los sanitarios está en punto muerto.

• En febrero, una asamblea multitudinaria de Afem vota recolectar dinero para parar la privatización en los tribunales. Partidos de la oposición y sindicatos también anuncian recursos.

• En mayo el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso contra la privatización de 50 senadores socialistas. Actualmente hay 14 causas en diferentes tribunales de la capital.

El País, 11 de septiembre 2013

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Lun Oct 14, 2013 8:11 am

Otro ejemplo más de fracaso de privatización de la Sanidad Pública. La noticia es de primeros de agosto, pero sale ahora en España.

El Reino Unido nos está demostrando con ejemplos prácticos que la privatización no solo sale más cara al estado, sino que es demasiado alto el riesgo de que fracase, aumentando más aún ese gasto después de un buen tiempo incumpliendo y ofreciendo un mal servicio a los pacientes.

Cameron, igual que la Espe, apostó por desviar fondos públicos para favorecer el negocio de la Sanidad a manos de empresas privadas en plena crisis: vista la historia de rescates anteriores, la apuesta solo podía ser interesada y además la ha perdido. Ni siquiera la presión existente en estos momentos en los que esas empresas deberían mostrar un mayor empeño en hacerlo bien ha sido suficiente.

Esperemos que la Justicia en Madrid tenga la oportunidad de evaluar correctamente las razones, los costes reales a medio plazo y los resultados previsibles -en vista de la experiencia en España y en el Reino Unido-, además del deterioro del servicio público, y pare las privatizaciones en curso definitivamente.

El Gobierno británico recompra un hospital privado tras retirar la licencia a su gestor
Tres muertes tras operaciones rutinarias y la pérdida de 8.500 historias clínicas encabezan las deficiencias detectadas

DAVID BOLLERO Londres 14/10/2013 07:30 Actualizado: 14/10/2013 07:30

Surgi Centre Hospital
El Servicio Nacional de Salud (NHS por sus siglas en inglés) británico compró este verano un hospital por más de 54 millones de libras (64,2 millones de euros). 18 meses de gestión privada -los mismos de vida con que contaba el centro- han bastado para que el NHS se vea obligado a rectificar su modelo.

Se trata del Lister Surgicentre (Stevenage), que prestaba servicios de hospital de día con cirugías de corta estancia (traumatología y oftalmología, entre otras), siendo propiedad de la compañía Clinicenta, una filial de la constructora Carillion -implicada en la trama de listas negras contra trabajadores-. Contaba con seis quirófanos, 26 camas y una clínica oftalmológica de urgencia.

Todo cuanto gira alrededor de esta operación ha servido para que los detractores de la gestión privada de la Sanidad vean más respaldados que nunca sus argumentos. En medio de la polémica, el coste para el erario público: 47 millones de libras (55,9 millones de libras) por el edificio y 7,7 millones de libras (9,2 millones de euros) por un contrato por un contrato que, en realidad, ha sido incumplido por Clinicenta. Unos importes que obligan a rescatar el acuerdo original entre el NHS y Carillion, que se extendía por un período de cinco años y contemplan el pago a la constructora de 153 millones de libras (182 millones de euros), repartidos entre 31 millones por el edificio y 122 millones por el servicio.

Se detectaron numerosas carencias de un sistema efectivo de salud, seguridad y bienestar
La adquisición del centro, que ahora está gestionado directamente por el East and North Hertfordshire NHS Trust, tuvo lugar después de que la Comisión de la Calidad de la Atención (CQC) solicitara la suspensión de la licencia de Clinicenta tras detectar numerosas deficiencias encabezadas por la carencia de un sistema efectivo de salud, seguridad y bienestar. En su informe, CQC alertaba de "la identificación de riesgos significativos para el bienestar de los pacientes".

Tres muertes sospechosas
Una de estas muertes fue la de Anita Mansi. Hace poco más de un año, en el verano de 2012, esta anciana de 86 años murió en el Surgicentre como consecuencia de un fallo multiorgánico tras haber sido intervenida de una rodilla. La investigación reveló que a primera hora del día previo a su muerte las enfermeras que la trataban habían necesitado un ventilador, siéndoles negado por no haber disponible ninguno en todo el centro. A ello se sumó, además, el hecho de que cuando la salud de la enferma se deterioró en las siguientes 24 horas, ningún doctor con experiencia la visitó en la habitación, limitándose únicamente a dar instrucciones a las enfermeras por teléfono.

A pesar de ello, el informe independiente suscrito por el doctor Alan Fletcher para el NHS Hertfordshire concluyó que la atención dispensada a Mansi fue en términos generales satisfactoria, muy similar a la ofrecida a otros enfermos parecidos en el resto de hospitales de Reino Unido. Preguntadas al respecto, fuentes de la East and North Hertfordshire NHS Trust, ahora a cargo del centro, aseguran que "esta investigación independiente no identificó ninguna acción concreta que hubiera podido evitar estas tristes muertes", al tiempo que matizan que "todas las organizaciones que participan en el cuidado y tratamiento de estos pacientes, aceptan plenamente las conclusiones del informe y tienen planes para poner en práctica las mejoras necesarias".

Ningún doctor con experiencia visitó la habitación, limitándose a dar instrucciones por teléfono a enfermeras
Estas tres muertes en extrañas circunstancias no son las únicas irregularidades en la historia del centro, cuya inauguración se remontan hace tan sólo a septiembre de 2011. Más de una veintena de incidentes graves de información clínica al paciente o la pérdida de 8.500 historias de pacientes ambulatorios de oftalmología son únicamente algunas de las otras deficiencias en el servicio del hospital que provocó que muchos pacientes reclamaran su cierre.

Modelo privado fallido
Desde la nueva gestión del Surgicentre prefieren no pronunciarse acerca de si el modelo privado del NHS ha fracasado o si se realizarán nuevas recompras de hospitales privados a la luz de otras evaluaciones negativas por parte del CQC, como ya sucediera en el caso del Hospital de Stafford. En su lugar, desde su Comisión Clínica se limitan a señalar que "no estamos en posición de comentar ningún asunto fuera de nuestra área inmediata".

Mientras, desde plataformas contra la privatización de la Sanidad, como NHS en venta, denuncian que las actuales listas de espera superan con mucho las de años anteriores. Sólo este verano las listas para derivar a un tratamiento rozaron los 2,9 millones de pacientes, la cifra más elevada desde 2008.

La facturación de estos hospitales procedentes de pacientes privados creció un 12%
A ello se suma, además, el hecho de que los hospitales públicos han alcanzado un récord histórico de operaciones privadas, que pueden llegar a aportar el 50% de los ingresos de los centros. En el último año, la facturación de estos hospitales procedentes de pacientes privados creció un 12% y, según los últimos datos oficiales, entre 2012 y 2013 el NHS de Inglaterra ganó 434 millones de libras (516 millones de euros) por esta vía, 47 millones (casi 56 millones de euros) más que hace un año.

El diputado laborista Gareth Thomas se suma a las denuncias de NHS en venta y no duda al afirmar que los pacientes está siendo forzados a acudir a la sanidad privada al padecer interminables listas de espera o, directamente, ser rechazados por el NHS. De hecho, el año pasado la Sanidad Pública negó operaciones rutinarias como cataratas o varices a más de 50.000 pacientes debido a las presiones presupuestarias del gobierno conservador de David Cameron; una realidad que a la plataforma NHS en venta pone en guardia al compararla con los 20.000 millones de libras (más de 23.700 millones de euros) de presupuesto de este mismo Ejecutivo para compañías de la sanidad privada.

Público, 14 de octubre 2013

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Vie Nov 01, 2013 1:45 am

Lamela y Güemes, imputados por prevaricación y cohecho
El juez del Instrucción número 4 desestima los recursos interpuestos por los exconsejeros de Sanidad contra la querella de Afem

PÚBLICO Madrid 31/10/2013 12:01 Actualizado: 31/10/2013 15:12

Juan José Güemes, en una imagen de archivo.EFE
El juez del juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha ratificado la imputación de los exconsejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes y Manuel Lamela por presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de los primeros hospitales privatizados de la Comunidad de Madrid (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz).

La querella interpuesta por Afem fue recurrida por Güemes, Asisa y Unilabs, pero el magistrado ha desestimado, en un auto fechado el pasado martes, dichos recursos, a los que también se habían unido la actual viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores; el director general de Hospitales, Antonio Burgueño Carbonell; la empresa Capio —ahora llamada IDC Salud—; e, incluso, la Fiscalía.

Sin embargo, Sexmero considera que la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) está legitimada para actuar como acusación particular ya que "al colectivo medico le asiste un interés legítimo en el proceso de la llamada “privatizacion o externalización” de los servicios médicos en cuyo contexto se habrían cometido los delitos que se imputan en la señalada querella".

Asimismo, el juez ratifica que los hechos que fundamentan la querella son constitutivos de delito; otro de los motivos para admitirla a trámite y desestimar los recursos contra la misma. "No puede decirse que del relato no puedan deducirse de manera explícita los hechos que pudieran ser constitutivos de delito y las personas a las que se imputa estos hechos", sentencia Sexmero en el auto publicado hoy [ver pdf].

Así, imputa a Capio, Ribera Salud y Asisa —empresas adjudicatarias de la gestión de los hospitales "externalizados" antes citados— por un presunto delito de "realización arbitraria del propio derecho y/o coacciones" por derivar pacientes de la pública a la privada a golpe de call center.

Por su parte, Flores, Burgueño y Juan Antonio Álvaro de la Parra —director regional de IDC Salud, gestora de la Fundación Jiménez Díaz—, así como la propia Capio, Ribera Salud, Unilabs y Asisa están acusados de un presunto delito contra la Hacienda Pública, fraude y malversación de caudales públicos. ¿Los motivos? "Ausencia de control del precio del concierto con la Fundación Jiménez Díaz sin que se haya fijado un canon; ausencia de control, también, en la facturación intercentros; y la concesión de una subvención encubierta por la amortización de obras", entre otras cuestiones citadas en el auto.

Por último, Güemes y Lamela están imputados por prevaricación y cohecho por haber utilizado la puerta giratoria. "Se imputa el delito de prevaricación y cohecho a los querellados que han intervenido en las adjudicaciones a empresas con un accionariado opaco, incumpliendo alguno de los requisitos previstos en la ley [...] y que se han beneficiado de dichos acuerdos para después contratar los servicios de anteriores Consejeros de Sanidad como el Sr. Güemes y el Sr. Lamela", especifica el juez. Sexmero considera a ambos exconsejeros —ratificando las acusaciones de Afem— como "responsables políticos de la adjudicación, en unión de Capio, Ribera Salud y Unilabs, habiéndose contratado incluso en la Consejería de Sanidad a cargos de estas empresas como el propio Sr. Burgüeño Carbonell que participó en su día en la creación del modelo Alzira".

Público, 31 de octubre 2013

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Dom Nov 24, 2013 12:17 pm

La gran mentira de la sanidad privada en 8 gráficos

Publicado el 21 de noviembre de 2013

“El mercado es más eficiente que el Estado gestionando la sanidad”
Desde que comenzó la crisis escucho cada vez más este argumento.

Podríamos abrir un debate filosófico al respecto. Pero en realidad no hace falta: hay datos.

Entre los países ricos existen dos grandes grupos en cuanto a cobertura sanitaria: EEUU y el resto. La diferencia entre estos dos “universos” puede observarse bien en este primer gráfico.

¿Qué porcentaje de la población tiene garantizada la protección sanitaria a través de un programa público?

Antes de continuar, hagamos algunos matices importantes. En EEUU hay ciertos programas públicos: Medicare, Medicaid, Veteran Health Administration, etc. (de ahí el 27% del gráfico anterior). En el “resto del mundo” las formas de gestión sanitaria no son exactamente iguales. En algunos países el Estado emplea directamente a los médicos (Reino Unido, España), en otros países la mayoría de las consultas son privadas pero el Estado paga las facturas (Francia) y también existe el “modelo suizo” donde la gestión se deja en manos privadas pero el Estado regula muy fuertemente a las compañías (ningún ciudadano puede quedarse sin seguro sanitario y las familias pobres tienen subsidios para pagarlo).

Si el mercado es más eficiente que el Estado gestionando la sanidad privada, entonces en EEUU la sanidad será muy barata y en el resto de países muy cara, ¿no?
Ocurre todo lo contrario, los estadounidenses son quienes más dinero se gastan en su sanidad (linea negra del gráfico)

Bueno, quizás en EEUU la sanidad sea muy cara, pero los resultados serán mucho mejores que en el resto de los países, ¿no?
Todo lo contrario. EEUU tiene los peores índices sanitarios entre los países ricos. Veamos por ejemplo su mortalidad infantil.

¿Y la esperanza de vida?

Otro ejemplo: amputaciones de extremidades inferiores por diabetes.

Entonces se gastarán tanto porque van mucho más al médico que el resto del mundo, ¿no?
Que no, que no.

Bueno, pero siendo tan caro, seguro que las listas de espera no existen, ¿verdad?
Error.

En el país más rico y poderoso del planeta, más de un tercio de los enfermos no pueden seguir un tratamiento por problemas económicos.

Cada vez que escucho que “el mercado libre el más eficiente que el Estado gestionando la sanidad” tengo una respuesta clara: mira los datos.

Fuente: Principia Marsupia

eduardo dd · Dom Ene 05, 2014 12:35 pm

Se hace pública la incapacidad d la Consejería de Sanidad para gestionar eficientemente los recursos disponibles RdP LVDH

Imagen

El Tribunal de Cuentas revela graves problemas de gestión en la Consejería de Sanidad

http://lavozdelhulp.wordpress.com/2014/ ... #more-2511

Durante 2011 el Hospital de el Hospital de Valdemoro (gestionado por IDC Salud, antes conocida como CAPIO), subcontrató personas físicas para el desarrollo de actividades asistenciales, estableciendo con ellos una relación mercantil: contrataban a autónomos para días sueltos para hacer guardias de Urgencias, UCI, Cirugía General en lugar de tener personal laboral propio (O_O). Se subcontrataron además actividades de hematología, ginecología, anestesia, incluso cirugías generales recurriéndose a servicios ajenos al hospital, pero “se hizo sin disponer de la autorización expresa de la Consejería de Sanidad”, según advierte la Cámara de Cuentas, que recuerda que esa autorización era de obligado cumplimiento, según se recoge en el contrato que firmó con la Comunidad de Madrid. Según el documento sobre la Fiscalización de los Conciertos en la Sanidad de la Cámara de Cuentas al que ha tenido acceso la Cadena SER, se han detectado las mismas irregularidades con el hospital de Torrejón, en manos ahora de Sanitas, pero gestionado en 2011 por Ribera Salud.

La privatización, cuestionada (El País – 04/01/2014)
La Cámara de Cuentas detecta irregularidades en la gestión de los hospitales privatizados de Madrid (SER – 31/12/2013).
Dos hospitales privatizados de Madrid cometieron irregularidades durante 2011 (El Plural – 31/12/2013).
La Cámara de Cuentas detecta irregularidades en ocho hospitales (El País – 01/01/2014).
La Cámara de Cuentas pone al descubierto el caos de la externalización de servicios sanitarios (El Plural – 02/01/2014).
La Cámara de Cuentas detecta irregularidades en los hospitales privatizados de Madrid (El Mundo – 02/01/2014).
IU carga contra Lasquetty por su “descontrol” sobre los hospitales privatizados (El Boletín – 02/01/2014). La oposición alerta del descontrol sobre las empresas que gestionan la sanidad (El País – 02/01/2014). PSM, IU y UPyD pedirán explicaciones en la Asamblea de Madrid por las irregularidades que señala la Cámara de Cuentas en ocho hospitales en 2011.
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La Cámara de Cuentas también ha descubierto numerosas irregularidades en la gestión de ocho de los hospitales madrileños en 2011 y ha recomendado a los hospitales de La Paz, Doce de Octubre, Ramón y Cajal, Clínico San Carlos, La Princesa y Gregorio Marañón que establezcan “los mecanismos de control adecuados” para garantizar que disponen del crédito suficiente para cubrir los gastos de unos servicios sanitarios “necesarios e inexcusables”. Los hospitales investigados carecían “total o parcialmente” de contratos formalmente suscritos sobre los servicios prestados y alegaron para justificar esas contrataciones “antiguos convenios o conciertos entre el desaparecido Insalud y los diferentes proveedores”. Los auditores se preguntan si realmente no era posible satisfacer los servicios sanitarios subcontratados con medios propios constatando una utilización de los medios de cada hospital muy diferente entre centros (p. ej. número de RM/aparato/año)

Sanidad niega que el Sermas pagara a proveedores por encima de tarifa (El Mundo – 02/01/2014). La viceconsejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Belén Prado, ha negado que hospitales públicos hayan pagado por encima de la tarifa permitida a sus proveedores durante 2011, como han publicado varios medios de comunicación citando un informe de la Cámara de Cuentas.
La privatización, cuestionada (El País – 04/01/2014). Días antes de un fallo judicial decisivo para los planes de privatización sanitaria de Ignacio González (PP), la Cámara de Cuentas emite su diagnóstico sobre cómo los hospitales de la red pública madrileña subcontrataron ese ejercicio con entidades privadas todo tipo de servicios. Y su conclusión es demoledora: encuentra numerosas irregularidades, entre ellas el desconocimiento del Sermas de muchas transacciones que obligatoriamente debían pasar por su control. El deber de supervisión y de gestión de este ente, que se dirige desde la Consejería de Sanidad, queda en entredicho: los hospitales de gestión privada, la misma que ahora González quiere imponer en otros seis centros, subcontrataron sin su conocimiento. Esto es, escaparon a su control.
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La consejería está preparando la privatización (AFEM – 27/12/2013). Volvemos a incluir el comunicado de AFEM respecto a los contratos de renovación en los hospitales que quieren privatizar: “La Consejería de Sanidad está ya preparando la privatización – antes de que el TSJM resuelva -. En el artículo al que aluden para justificar este atropello laboral y esta falta de respeto a los profesionales que cada día sacan adelante la asistencia sanitaria de estos hospitales desde hace años, en ningún caso se contempla el cambio de gestión como causa de cese.” Aquí podéis ver el contrato tipo que están haciendo, con un ejemplar del H. del Henares.
Lasquetty asegura que los profesionales de los hospitales madrileños están deseando que se privaticen (El Boletín – 27/12/2013). El consejero insiste en que no quiere funcionarios en la Sanidad porque “perciben unas retribuciones prácticamente iguales sea cual sea el rendimiento de su trabajo”. Sigue sin enterarse de que el dinero no es lo único que motiva a los profesionales sanitarios, y contradice su deseo de que no haya funcionarios con el comunicado indicando que van a aumentar las plazas y contratos estatutarios a lo largo de 2014. Huele a elecciones que apesta…
Órdago final a la privatización (El País – 29/12/2013). El TSJM decide los días 9 y 10 de enero el futuro de los planes de Ignacio González para entregar a empresas la gestión hospitalaria. Sanidad está haciendo contratos con una cláusula que supedita la renovación al fallo, en los hospitales que se quieren privatizar.
El PSM denuncia la “arbitrariedad” en la reconversión del hospital Carlos III (El Comercio – 29/12/2013). El PSM critica la “falta de transparencia” de Sanidad en el “proceso de transformación” del Hospital Carlos III (Europa Press – 29/12/2013). Oliva considera “preocupante” que, tal y como denuncia el personal del Carlos III, la consejería que dirige Javier Fernández-Lasquetty haya dado la orden verbal, a través de la gerencia de La Paz, del cierre de los servicios de Urgencia del laboratorio en turno de tarde y noche y que se reduzca la actividad en UVI y servicio de guardia en Urgencia hasta que se tenga el plan específico de transformación del hospital Carlos III y su integración con La Paz.
Madrid aviva la llama de la división con una carta a los profesionales de la sanidad (isanidad.com – 30/12/2013). Fernández Lasquetty anuncia un plan para el personal en 2014 (Acta Sanitaria – 30/12/2013). Lasquetty: “Acabamos el año más difícil en la historia de la sanidad madrileña” (SER – 30/12/2013). Lasquetty ‘amarga’ el fin de año de los profesionales de la sanidad madrileña (El Boletín – 31/12/2013). El consejero de Sanidad de la CAM acaba de enviar una carta a los médicos de Madrid defendiendo, de nuevo, sus planteamientos y propuestas ante la situación que la crisis ha generado. Sin embargo no hace mención a la privatización y sus recursos, a las movilizaciones, a las quejas de gestión y al resto de problemas de todo el año que los profesionales han ido denunciando. Lo que sí ha vuelto a anunciar son las medidas de estabilidad del empleo para que los médicos pasen de ser eventuales a interinos, algo que desde AMYTS se ha criticado con dureza porque están aprobadas desde varios años.
Fracasa el ‘plan’ de Lasquetty para hacer sostenible la Sanidad (SER – 31/12/2013). Un año después, la Consejería de Sanidad no ha conseguido poner en marcha la privatización de los hospitales, tampoco de los centros de salud. También les ha fallado el ‘euro por receta’, la reconversión del hospital de La Princesa o la centralización de los laboratorios. La Cadena Ser ha preguntado a los responsables de la Consejería de Sanidad qué ahorro han conseguido de los 533 millones que se fijaron como objetivo vital para mantener la sostenibilidad del sistema. Pero no ha habido respuesta, porque “no podemos ahora mismo darle esa cifra”.
Tomás Gómez exige la apertura del Hospital de Collado Villalba (Acta Sanitaria – 03/01/2014). Gómez pide la apertura del hospital y que sus gestión sea “100 por 100 pública” (El Mundo – 03/01/2014). El líder del PSM ha denunciado que pese a estar cerrado, la Comunidad de Madrid paga por el hospital de Collado Villalba “una importante cantidad de dinero todos los meses”. “Este hospital sigue vacío, sigue cerrado y por él pagamos una importante cantidad de dinero todos los meses. 900.000 euros para que estas instalaciones sigan vacías”, ha indicado.
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Vía legal
Los médicos se querellan en el Supremo contra Ignacio González por injurias y calumnias (El Boletín – 30/12/2013). Los médicos se querellan contra González por “calumnias” (El País – 31/12/2013). Los médicos se querellan contra Ignacio González por acusarles de “matonismo y extorsión” (El Plural – 01/01/2014). El sindicato de médicos AMYTS se querella contra González en el Supremo (El Mundo – 03/01/2014). AMYTS ha formalizado ante el Tribunal Supremo su querella contra Ignacio González por injurias y calumnias, por unas declaraciones que realizó hace unos meses, tras conocer la intención de los sanitarios de presentar un recurso contra la privatización de hospitales, acusando a los médicos de “matonismo y extorsión”, a lo que Amyts ha contestado de forma contundente no sólo con una querella, sino también afirmando en su página web que en su derecho a la defensa de los profesionales no practican aquello de lo que les acusa el presidente regional, sino que “siempre actúa conforme a derecho y es respetuoso con la Ley”.
Ya hay juez y fecha para decidir sobre la privatización de hospitales (El Diario – 02/01/2014). El juez Vegas sustituye a Martínez Tristán al frente al proceso de la privatización sanitaria (20 minutos – 02/01/2014). Miguel Ángel Vegas presidirá la sala que fallará sobre la externalización en hospitales madrileños (RTVE – 02/01/2014). La sustitución se produjo la semana pasada después de que Tristán fuera nombrado vocal de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, con competencia exclusiva. Así, se nombró al magistrado con más antigüedad de lo Contencioso-Administrativo para presidir esta sala.
Los médicos creen que la Justicia impedirá a Lasquetty privatizar los hospitales (El Boletín – 03/01/2014). El secretario general de Amtys convencido de que la externalización no será aplicada en esta legislatura (Acta Sanitaria – 03/01/2014). AMYTS cree que el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo de este tribunal, que se reúne el 9 y 10 de enero para decidir sobre los recursos presentados contra la medida de la Consejería de Sanidad, mantendrá la paralización del proceso, por lo que los seis hospitales madrileños que se iban a externalizar seguirán en manos públicas.
El TSJ de Madrid decidirá si es legal el copago en hospitales de Mato (InfoLibre – 03/01/2014). El TSJ admite el recurso contra el copago, pero no toma medidas cautelares (ABC – 03/01/2014). Aunque rechaza suspenderlo de forma cautelar, el tribunal madrileño sí admite a trámite el recurso presentado por Castilla y León. Esta comunidad argumentó que al afectar a los fármacos que se dispensan en los hospitales a enfermos graves o crónicos, no tendrá carácter disuasorio y tampoco supondrá un ahorro.
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La marea blanca
La Marea Blanca presenta un documental de su lucha contra la privatización de hospitales (El Boletín – 03/01/2014). Fernando Colomo rueda la Marea Blanca (El Diario – 03/01/2014). Esta película del director de cine Fernando Colomo, en la que han colaborado también y Pablo Mateo y Juanjo Delapeña, fue rodada durante el Maratón Cultural por la Sanidad Pública, que duró 12 horas y que fue organizado por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública (MEDSAP) el pasado 27 de abril en la Facultad de Filosofía-Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Para cerrar este encuentro la Marea Blanca ha preparado una actuación especial: la orquesta y coro de la Solfónica con Miguel Ríos.
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Otras noticias sanitarias de Madrid
Bárcenas cobró 900.000 euros de un banco de EEUU vinculado a la mayor adjudicataria de la Sanidad madrileña (El Diario – 01/01/2014). El portorriqueño Eurobank financió la expansión por el Caribe de una filial del grupo HIMA San Pablo con más de cinco millones de dólares con garantías dudosas. El banco quebró en buena medida porque la empresa no devolvió los préstamos y obligó a las autoridades federales norteamericanas a presentar una demanda. El propio Luis Bárcenas reconoció ante el juez Pablo Ruz que recibió una comisión de Eurobank de 900.000 euros a cambio de colocar el 15% del capital del banco.
“La Mesa Sectorial se está convirtiendo en un mero trámite, sin capacidad negociadora” (Acta Sanitaria – 02/01/2014). La falta de capacidad de negociación de la Mesa Sectorial de la Sanidad de la Comunidad de Madrid, “sustraída por la Consejería madrileña a los representante de los trabajadores”, y la consiguiente judicialización del sistema como única salida que les queda a los sindicatos para la consecución de sus reivindicaciones, son algunas de las quejas de Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, el principal sindicato médico de la comunidad. Considera, además, que la inclusión de una nueva cláusula, que vincula la externalización de los hospitales a la duración de los contratos de los trabajadores eventuales es “una vuelta de tuerca más”.
La tercera reunión de la plantilla de la Lavandería Central de Madrid y la concesionaria acaba sin acuerdo (El Boletín – 03/01/2014). No hay acuerdo para terminar con la huelga en la lavandería de Mejorada (Madridiario – 03/01/2014). La plantilla del centro ubicado en Mejorada del Campo se reunió ayer por tercera vez con la concesionaria Flisa para tratar de llegar a un acuerdo sobre los salarios y poner fin a los paros, pero la situación seguirá igual al considerar los empleados de la Lavandería que la oferta de la adjudicataria del servicio externalizado por el Gobierno regional es “insuficiente”.
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Tribuna Sanitaria
Declaración ‘urbi et orbi’ provida sobre el aborto (Acta Sanitaria – 22/12/2013). Juan Gervás, propone: “Como dice Victoria Camps, hay que cambiar el debate desde el campo de los principios al de las consecuencias”. El enfoque del problema no puede ser político, religioso o jurídico, pues el aborto voluntario constituye un drama y un fracaso social y educativo, y hay evidencia de las consecuencias que se producen en función de la legislación en diferentes países. Por ello, aboga por una ley de plazos que las tenga en cuenta. Se puede estar o no de acuerdo, pero es indudable que Juan Gervás, como siempre, aporta argumentos y enriquece el debate.
Ana Mato y las mujeres del PP (Acta Sanitaria – 23/12/2013). Fernando Magro se pregunta lo que piensan sobre la reforma de la ley del aborto las mujeres del PP que tanto hablan en muchas circunstancias. Y refiere: “En democracia sólo se dan pasos adelante en materia de libertades y derechos. Nunca se dan pasos atrás. Miren alrededor. Los más avanzados tienen leyes de plazos. Los que no tenían ley ya empiezan a tenerla con restricciones, pero empiezan a tenerla: Irlanda y Polonia. Ninguno ha dado marcha atrás.”
¿Sanidad pública o privada? (Público – 24/12/2013) Traemos aquí este artículo de Vicenç Navarro, publicado originalmente en Público en agosto de 2009, y que se publica de nuevo en la web por su actualidad en cuanto a la evidencia disponible respecto al ánimo de lucro y la calidad prestada en los servicios sanitarios, basado en un artículo publicado el mismo año en el British Medical Journal. Las conclusiones de este análisis son claras y contundentes: en general, la calidad de los servicios médicos proveídos por las instituciones con afán de lucro es menor que la proveída por las instituciones sin afán de lucro. La evidencia existente de la diferencia en la calidad entre ambas instituciones es también abrumadora en otros estudios que han analizado la atención hospitalaria y otros servicios, como los servicios de diálisis externos. La mortalidad (para el mismo tipo de pacientes) es mayor en las instituciones con afán de lucro que en las que no tienen tal afán. La importancia de estos estudios recae en que refuerzan la evidencia acumulada en la literatura científica, que el afán de lucro en medicina entra en conflicto con la calidad de los servicios sanitarios.
Glosario para entender un año de recortes sanitarios (y lo que nos espera en 2014) (El Diario – 01/01/2014). Raúl Rejón nos ayuda a navegar en la maraña de términos que usan los gobiernos para disfrazar sus verdaderas intenciones: “Copagos, nuevas carteras de servicio, correcciones de plantilla: una guía para no perderse entre los eufemismos del Gobierno sobre las medidas adoptadas en 2013. Y las claves de lo que vendrá en 2014: privatización de los hospitales madrileños, aplicación del copago en las farmacias hospitalarias, regulación de la ley del aborto…”
2013: un año desastroso para la sanidad (Acta Sanitaria – 02/01/2014). Marciano Sánchez Bayle, de la FADSP, repasa lo ocurrido durante el año y concluye: “Es obvio que estos planes contaban con un rápido deterioro del sistema sanitario público por los recortes y un aumento notable del sector privado favorecido por las crecientes privatizaciones, y también con la atonía y falta de respuesta de profesionales y ciudadanos. Las cosas no les han salido como pensaban, pero es previsible que continuarán con sus intentos de desmantelamiento, deterioro y privatización de la Sanidad Pública, y que buscarán todo tipo de rodeos y estrategias para avanzar en ese camino.”
Yo soy provida (Nueva Tribuna – 02/01/2014). Marlis González Torres reivindica que el término provida no se lo apropien sólo las organizaciones antiabortistas: “Hagamos bandera, exijamos si es preciso, que se entienda como defensores de la vida a todas y todos los que entendemos como legítimo el derecho de la mujer de traer o no una vida nueva a este mundo.” Interesante, como siempre, se comparta o no el punto de vista, pero también aportando ideas y argumentos.
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Más allá del Manzanares
Nacional

El IPC encarece el copago de los fármacos para los pensionistas (El Mundo – 30/12/2013). Sanidad sube el copago farmacéutico de los jubilados seis veces más que las pensiones (Público – 30/12/2013). La Marea Blanca carga contra Mato por subir el copago a los pensionistas y avisa que aumentará la mortalidad (El Boletín – 02/01/2014). La subida del tope máximo mensual ronda el 1,5% para los pensionistas. Los productos con un copago máximo del 10% pasan de 4,2 euros por envase a 4,26. En su página web la FADSP ha mostrado su “total rechazo” a la subida del copago de los medicamentos decretada por el Gobierno. Según el colectivo esta medida, “realizada de forma casi clandestina”, dificultará aún más el acceso a los medicamentos a las personas con bajos ingresos y/o enfermedades crónicas.
Parados de larga duración que salgan del país, definitivamente excluidos del sistema sanitario (Acta Sanitaria – 02/01/2014). Era de esperarse que estas enmiendas fueran aprobadas, por la mayoría que ostenta el PP en el Congreso, y ahora es un hecho, ya que la nueva normativa tiene efectos desde el 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida. Teniendo en cuenta la emigración económica forzada de la que están siendo víctimas muchas personas, especialmente jóvenes que no encuentran la forma de subsistir en este país, es de esperarse que el número de excluidos, afectados por esta reformas legales, sea realmente significativo. Otra vergüenza más de este gobierno.
La Marea Verde hace campaña para que los funcionarios rechacen la Sanidad privada y se pasen a la pública (El Boletín – 02/01/2014). El colectivo de profesores, padres y estudiantes anima a los trabajadores públicos a elegir la Sanidad pública para mostrar así su rechazo a los recortes del PP.
El gasto farmacéutico encadena tres meses seguidos de subidas (El País – 02/01/2014). Ana Mato vuelve a maquillar las estadísticas para ocultar el fracaso del copago farmacéutico (El Boletín – 02/01/2014). El gasto público en medicamentos encadena ya tres meses consecutivos subiendo, a pesar de que el Ministerio de Sanidad se empeñe en todo lo contrario. El departamento que dirige Ana Mato vuelve a comparar el último dato disponible –correspondiente al mes de noviembre-con el del mismo mes de 2011, ejercicio anterior a la promulgación del Real Decreto 16/2012, que introducía el copago. La FADSP ha manifestado, tras analizar los datos, que “el incremento del gasto que es evidente en estos últimos meses recoge un fenómeno que ya se había producido en anteriores exclusiones de medicamentos de la financiación pública: el desplazamiento de la prescripción hacia medicamentos que continúan siendo financiados y que son mucho más caros”.
Las comunidades autónomas deben aplicar desde este mes el copago hospitalario (El Mundo – 03/01/2014). Aunque entró en vigor el pasado 1 de octubre, se facilitó un plazo de tres meses para que las administraciones regionales pudieran adaptarse a esta nueva medida. Sólo Ceuta y Melilla la aplicaron tras su aprobación y el resto lo harán a lo largo de enero “con su propio criterio”, según informan fuentes del Ministerio de Sanidad.
Juan Vicente Herrera y Alberto Fabra se plantan ante el copago (El Mundo – 03/01/2014). Las autonomías se resisten a implantar el copago hospitalario (Gaceta Médica – 04/01/2014). Los barones del PP han menguado fuerzas en su plante colectivo frente al copago de los medicamentos hospitalarios, impuesto por el Gobierno de su partido. No obstante, dos de ellos, el castellanoleonés Juan Vicente Herrera y el valenciano Alberto Fabra, han estrenado el año con la decisión de no aplicar en sus respectivas comunidades el decreto del Ministerio de Sanidad que ayer entraba en vigor en toda España. Por su parte, el balear José Ramón Bauzá, tampoco lo ha aplicado aún, pero duda sobre si lo hará en el futuro próximo.
España sigue recortando en la prevención del VIH (El Mundo – 03/01/2014). Si seguimos así, “nos podemos acercar a lo que sucede en Grecia, que desde la aparición de la crisis y los recortes en políticas de respuesta a l VIH, las infecciones han aumentado hasta un 200% en algunos colectivos”.
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Andalucía

Luis Andrés López: “La Salud no se crea ni se destruye en los hospitales, sino donde vivimos, jugamos y trabajamos” (El Diario- 01/01/2014). El IV Plan Andaluz de Salud impulsa una filosofía transversal que abarca distintas políticas. Luis Andrés López (de la EASP), coordinador de las Jornadas de Salud Pública celebradas en Granada, resume algunas claves de este modelo.
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Aragón

Dos mil pacientes operados en Aragón en tres meses por 27 cirujanos con contrato temporal (ABC – 31/12/2013). En septiembre, el Servicio Aragonés de Salud (Gobierno de Aragón) decidió contratar temporalmente a médicos para desatascar las abultadas listas de espera quirúrgica que se acumulaban. En los tres meses transcurridos desde que se puso en marcha este plan, los 27 cirujanos contratados han operado a 1.900 personas hasta el pasado día 23, cifra que posiblemente superará las 2.000 cuando se disponga de las estadísticas totales hasta fin de año, según han informado fuentes de la Consejería de Sanidad. El Ejecutivo autónomo ha valorado como positiva esta experiencia, que se produce en medio de las críticas por los recortes aplicados en Sanidad, que ha supuesto una reducción de las plantillas en hospitales y centros de salud.
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Castilla – La Mancha

Mora: «Los datos de listas de espera del Sescam son una “tomadura de pelo”» (ABC – 02/01/2014). Según Mora, portavoz de sanidad del PSOE, estos datos suponen que el Sescam «nos toma por un engañabobos» y ha responsabilizado a las autoridades sanitarias de la comunidad de ofrecer los datos sin «ningún rigor», aunque tienen los datos ciertos porque se los ofrecen los hospitales, ha dicho el representante socialista.
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Euskadi

Osakidetza contrata menos a tiempo completo y más de modo parcial (El Mundo – 30/12/2013). Durante 2013 el Servicio Vasco de Salud formalizó cerca de un millar de contratos menos que en 2012 y lo hizo además ofertando contrataciones más reducidas. En 2013 el número de nóminas a jornada completa pagadas se han reducido en 973 respecto a 2012. En cambio, los contratos por jornadas parciales, bien menores del 50% de la ordinaria o entre el 50% y el 100% de la completa, aumentaron entre un 6% y un 8% respecto al pasado ejercicio.
Los sindicatos denuncian el colapso en las urgencias del hospital de Cruces (El Mundo – 30/12/2013). Han manifestado que el cierre de camas es “una decisión irresponsable” que colapsa las urgencias y aumenta las cargas de trabajo durante el periodo navideño, y que es una medida que sólo busca el ahorro económico y repercute negativamente en el personal y los pacientes.
Medio millón de vascos puede pedir desde hoy la compensación del copago (El País – 01/01/2014). El Gobierno Vasco pone en marcha las ayudas a desfavorecidos para su adherencia a tratamientos (Acta Sanitaria – 03/01/2014). El Departamento de Salud publicó el pasado martes la orden que da vía libre a paliar desde la administración autonómica el copago farmacéutico que varios colectivos con dificultades económicas abonarán por sus medicamentos a lo largo de 2014. La compensación abarca a los pensionistas con rentas anuales inferiores a 18.000 euros y sus beneficiarios y a colectivos sin recursos.
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Galicia

SOS Sanidade dice que el acuerdo entre Povisa y el Sergas “hace temer lo peor” (El País – 29/12/2013). El Sergas blinda a Povisa de recortes durante los próximos diez años (El País – 01/01/2014). “¿Qué pretenden? ¿Que cierre el policlínico?” (El País – 01/01/2014). La renovación del convenio por diez años deja “en manos privadas” toda la atención especializada del área sur de Pontevedra, una vez que entre en funcionamiento en Nuevo Hospital de Vigo, subraya SOS Sanidade Pública. Además, con la libre elección, Povisa “podrá seleccionar” anualmente a sus pacientes y “atender sus intereses empresariales” ya que le permite “captar pacientes y ofertar servicios fuera de su área actual”. Frente a los continuos recortes en la sanidad pública, Povisa, ese experimento de privatización sanitaria que cuesta más de 70 millones de euros anuales a las arcas autonómicas, tiene el futuro blindado. El convenio con el hospital privado aumenta un 4,4% el pago por tarjeta sanitaria. La gerente del Servizo Galego de Saúde, Nieves Domínguez, apela a un acuerdo por la salud firmado en 2006, durante el Gobierno bipartito de Emilio Pérez Touriño, para asegurar que “todo el mundo está de acuerdo en que debe mantenerse” el concierto con el hospital privado.
El 061 recorta el servicio de sus dos helicópteros de urgencias médicas (El País – 03/01/2014). Con la nueva adjudicación los dos helicópteros —con sedes en Santiago y Ourense— destinados a trasladar las urgencias sanitarias volarán este nuevo año uno durante 12 horas desde el orto y el otro a partir del ocaso descontando 12 horas. Ello supone, según ha alertado la CIG, que durante los meses de verano a partir de las siete de la tarde, aún de día, sólo estará operativo un helicóptero con base en Ourense por lo que un accidente en la Costa da Morte ocurrido en ese momento dispondrá de un recurso aéreo medicalizado a 35 minutos de vuelo.
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Valencia

Compromís pide investigar en las Cortes Valencianas la contabilidad del Hospital Provincial de Castellón (El Mundo – 30/12/2013). Oltra ha solicitado que se aporte copia de la relación de facturas del Consorcio Hospitalario de Castellón por importe de 3.750.000 euros “que, según el informe de la auditoría del año 2012 de la Generalitat, aparecen en un documento extra-contable sin que haya evidencia ni de sus registros ni de su contabilidad financiera ni presupuestaria”.
El Consell ignora un año después qué liquidará a las concesiones sanitarias (El País – 30/12/2013). Las respuestas parlamentarias del consejero de Sanidad, Manuel Llombart, al diputado socialista Ignacio Subías confirman que la Generalitat ignora un año después qué cantidades debe liquidar correspondientes al ejercicio de 2012 con las empresas que gestionan las concesiones sanitarias por conceptos como el incentivo por ahorro en la prestación ambulatoria de farmacia o por facturación intercentros, es decir, por la atención a pacientes de fuera de la propia área sanitaria. ¿Alguien piensa que en Madrid habrá más control? Tal y como se planteó, el dinero correspondiente a la cápita por la facturación intercentros constituye, al menos en Madrid, un adelanto financiero a las empresas concesionarias que es dudoso que los hospitales públicos que proporcionen el servicio lleguen a cobrar algún día, al no haber unos mecanismos de control y de facturación efectivos.
La oposición insta al Consell a no aplicar el copago en farmacia hospitalaria (El Diario – 02/01/2014). Al respecto, la diputada de Esquerra Unida Marina Albiol, ha exigido al Consell que se oponga al copago en farmacia hospitalaria para 2014, “que no apliquen ese impuesto a los enfermos más graves, que no hagan pagar a los enfermos de cáncer o hepatitis por sus tratamientos”, lo que considerara una medida “sádica y cruel”.
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Internacional

10 Questions: Cy Stein, MD, PhD (MedPage Today – 22/12/2013). Cada vez más médicos americanos lo confirman: su sistema es un desastre. Cy Stein, veterano del National Cancer Institute y actualmente jefe de servicio de Oncología y de Investigación Terapéutica (City of Hope, Duarte, California), contesta a una serie de preguntas. La primera, ¿cuál es la principal barrera que se encuentra para practicar la medicina hoy en día? Y contesta: “This is a difficult question. The biggest barrier is that there are a large number of small barriers that add up. But if I had to choose one, it would be the crazy system of insurance and payments that we have in this country that is making things difficult for everyone.” Creo que no os hace falta que lo traduzcamos. Y otra: Si pudiera cambiar o eliminar algo del sistema de salud, ¿qué sería?: “Bureaucracy, red tape, and the perverse financial incentives that compel certain doctors to inappropriately treat patients to make a buck.” O sea, eliminaría la burocracia, los privilegios y los incentivos financieros perversos que inducen a ciertos médicos a tratar inadecuadamente a los pacientes para ganar dinero.
10 Questions: Eric Matteson, MD (MedPage Today – 27/12/2013). Eric Matteson, jefe de Reumatología y profesor de Medicina de la Clínica Mayo, contesta a las mismas preguntas anteriores: (1) “Without a doubt, it is lack of access for many patients, especially the un- and underinsured.” (2) “I would have a tax-supported universal healthcare for at least minimum services.” Está claro que los médicos americanos, sobre todo los de más experiencia, apuestan por la cobertura universal. Justo al contrario de lo que está haciendo nuestro gobierno.
Londres restringe el acceso de los extranjeros a la sanidad pública (El País – 30/12/2013). El Gobierno cobrará a los no comunitarios que estén de forma legal pero temporal en el país. Los que entren con un visado de menos de seis meses deberán pagar el coste completo de la atención médica. Los extranjeros comunitarios sin residencia indefinida seguirán accediendo gratis a la sanidad pública pero el Gobierno pondrá en marcha un sistema de identificación que podría obligarles a acarrear la Tarjeta Sanitaria Europea.
Los médicos del sistema público griego prolongan huelga hasta el 10 de enero (El País – 31/12/2013). La decisión fue tomada tras una reunión infructuosa con el viceministro de Sanidad Andonis Bezas, en el marco del diálogo iniciado en vísperas de la Navidad para buscar una solución negociada a la huelga iniciada el pasado 25 de noviembre contra las amenazas de despido y la reforma sanitaria.
La complicada entrada en vigor de la reforma sanitaria de Obama (El País – 02/01/2014). La reforma sanitaria del presidente Obama se enfrenta con el comienzo de año a nuevos desafíos, coincidiendo con la entrada en vigor de sus principales apartados. Apenas unas horas antes de la llegada de 2014, una juez del Tribunal Supremo ponía en suspenso la provisión que obliga a las empresas a proporcionar a sus empleadas pólizas que cubran el coste de tratamientos anticonceptivos.
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Blogosfera sanitaria
Motivar e incentivar a sanitarios vocacionales… de debe?, se puede? (repunomada – 22/12/2013). Buen artículo de José Ramón Repullo, que comenta de forma indirecta la necesidad de seleccionar a los futuros médicos considerando más tipos de inteligencias/habilidades que los puramente curriculares que llevan a las altas notas ahora exigidas. En una segunda parte, reflexiona sobre cómo se puede incentivar a los profesionales sanitarios, y parece que no hay una solución única y universal… aún siendo esto obvio, es interesante leerlo desmenuzado y estructurado.
Salmo responsorial: “El aborto se ha usado como un método anticonceptivo más”. (medicocritico – 24/12/2013). Javier Padilla utiliza una frase de Susana Moneo (PP), en unas declaraciones en Esradio recogidas por Europa Press, como “estribillo” al que contrapone varios análisis con datos fundamentados y que cuestionan las afirmaciones de esta persona, realizadas sólo con un sustrato ideológico y político.
Cris tiene una malformación (curaraveces – 27/12/2013). Ana de Pablo valora la nueva ley del aborto en el contexto de su postura personal acerca de la humanidad del embrión/feto, y genera un montón de comentarios en diferentes sentidos. De nuevo, argumentos y posiciones para enriquecer el debate. Justo, como dice uno de los comentarios, lo que no han hecho los políticos de uno u otro signo, que únicamente se aprovechan de sus mayorías para imponer puntos de vista.
Prefiero recordarlo así (reflexiones de fin de año) (curaraaveces – 30/12/2013). Ana de Pablo de nuevo, poniendo etiquetas a 2013 para cambiarlas en un momento y hacernos ver todo lo que hemos conseguido. Gracias, Ana.
Al filo del nuevo año horrible para la sanidad de Madrid…¿que hemos hecho para merecer esto? (repunomada – 31/12/2013). José Ramón Repullo analiza cómo hemos llegado a esta situación y de donde han salido estos políticos que nos (des)gobiernan, y hacia dónde nos lleva: “…todo esto importa poco si los que nos gobiernan, bien sea por soberbia (vanidad política), bien por interés particular (puertas giratorias y recompensas futuras), ensayan un “carpe diem” y se dedican a capitalizar el aquí y ahora sin reparar en los destrozos que en las instituciones y servicios públicos dejarán como herencia.”
“Los Profesionales Sanitarios no son tus Reyes Magos”. Carta de Año Nuevo de Rosa Parks al Sr. Consejero de Sanidad (LVDH – 01/01/2014). Los comentarios atinados de ‘Rosa Parks’ a la infumable carta a los profesionales que escribió el consejero Lasquetty: “Te olvidas de los pacientes, pero no de los electores, por eso en 2014 –año electoral- tu preocupación está mucho más centrada en cuidar a estos últimos. Ahora entiendo el porqué de tu esperpéntica falta de coherencia al prometer cierta estabilidad en el empleo sanitario, cuando llevas años maltratando a los profesionales sanitarios encadenando eventualidades para desempeños estructurales mientras desacreditas a los funcionarios y a los que tienen estabilidad en el empleo.”
Año Nuevo, Lasquetty y la negligencia criminal. (La mano izquierda de Dios – 01/01/2014). El autor del blog comenta la responsabilidad de la CAM en las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en los hospitales madrileños, apuntando al máximo responsable de la consejería de sanidad: “Ese es el futuro que le espera a la sanidad privatizada madrileña. Empresas que operan y negocian de espaldas a los auténticos propietarios de esos hospitales, los ciudadanos, la sociedad, para subarrendar servicios que les resultan onerosos; para sacar dinero poniendo en riesgo la salud de los pacientes con acuerdos firmados entre bruma y arrendamientos delictivos de servicios que deberían prestar ellas mismas directamente.”
Galicia vuela hacia el orto del crimen sanitario (La mano izquierda de Dios – 04/01/2014). El autor habla de los recortes en el nuevo contrato de servicio de los helicópteros de emergencias en Galicia, que supone un recorte encubierto: “…mejor harán los gallegos en poner mucho cuidado en no caerse al mar, no quedar atrapados en un incendio y sobre todo no sufrir una embolia en los meses de verano a partir de las 19:00 en Costa da Morte. No sea que sus vidas no compaginen con las cuentas que está haciendo Núñez Feijoo para sus socios y sus helicópteros.”
El Gerente De Mediado (gerentedemediado – semana pasada). Es complicado resumir las últimas entradas del blog de Sergio Minué; desde aquí sólo puedo animaros a leerlas, pues desde las referencias mezcladas con altas dosis de creatividad en algunos casos, se convierte en el Pepito Grillo que mantiene despierta en nosotros la conciencia social y económica y nuestra responsabilidad en la sociedad que nos ha tocado vivir. Puede que genere desazón, pero también sirve indudablemente de estímulo. Leerlas, y entenderéis lo que queremos decir.
Del mismo modo, nuestra recomendación genérica para seguir los blogs de Vicente Baos (El Supositorio) y de Rafa Bravo (Primum non nocere), donde siempre encontraréis cosas interesantes que leer, ¡no necesariamente de política sanitaria!, aunque también, algunas veces.

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Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Sab Ene 11, 2014 11:32 am

Parece un milagro, pero el intento de algunos capos de la Comunidad Autónoma -con la ayuda del PP- de articular la Justicia de modo que esta favoreciese los chapuceros planes para la privatización de los seis hospitales públicos madrileños, les ha salido rana.

Los excompañeros del magistrado Tristán, colocado en el CGPJ por el PP -con la ayuda de los socialistas, lo que provocó la dimisión de Gómez- no han entrado al juego, y han devuelto los recursos a los juzgados de origen.

A menudo hemos hablado de la incipiente y frágil democracia española, que apenas nos protege de ataques externos e internos a los españoles. Ignoro las razones, pero no veo que, en otros países, cosas tan importantes como la Educación, las Pensiones o la Sanidad, puedan ser tan drásticamente alteradas en función de quién gobierna.

Tal vez nuestra aconfesional Constitución protege más claramente los derechos de la iglesia católica que los de los ciudadanos, o tal vez estamos en manos de oligarcas demasiado poderosos que, con la ayuda de politicastros decimonónicos -nunca mejor dicho- juegan con las instituciones como si fueran sus particulares cortijos. Lo que indicaría que ese poder que tienen se lo otorgamos los ciudadanos por actuar como jornaleros de cortijo -o aspirantes a serlo-.

Será capaz la ciudadanía de abrir los ojos, interesarse por lo que pasa y empezar a ejercer el papel que toca? Los gobernantes en este país han conseguido sus mandatos por la fe depositada en ellos sin que la gran mayoría se interese por los programas políticos: cambiará algo esta situación gracias a la crisis? Seremos de una vez capaces de poner en su sitio a estos mafiosos?

De momento, sigo felicitándome al ver que en la Justicia hay personas y mecanismos que frenan los abusos. Ya que el gobierno no solo no lo hace, sino que los provoca.

La privatización sanitaria de Madrid seguirá suspendida cautelarmente

La Sala de lo Contencioso-Administrativo devuelve los recursos a los juzgados de origen

La decisión supone un fuerte varapalo a Martínez Tristán, ahora vocal del Poder Judicial

REACCIONES | Lasquetty pide celeridad a los jueces para que se disipe la “incertidumbre”

In English: Magistrates maintain freeze on Madrid hospital privatization

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ / ELENA G. SEVILLANO Madrid 9 ENE 2014 - 15:37 CET886

Los planes del presidente madrileño, Ignacio González (PP), para privatizar la gestión de seis hospitales públicos van a seguir congelados, probablemente al menos durante meses. Así lo han decidido los 43 magistrados que han acudido al pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al que estaban convocados para deliberar sobre siete recursos presentados por asociaciones, sindicatos y oposición en contra del proyecto regional. Los jueces han acordado en apenas unas horas y por mayoría devolver los recursos a sus secciones de procedencia.

Según fuentes jurídicas, ha habido mucha discusión y se han anunciado votos particulares a la decisión, que supone un espaldarazo a la suspensión cautelar del proceso, en vigor desde septiembre, cuando la sección tercera del TSJM ordenó paralizar el proceso hasta poder entrar en el fondo del asunto. En su auto, este juzgado apuntaba a posibles irregularidades en la adjudicación, como una modificación de las condiciones del concurso solo cuatro días antes de que se cerrara el plazo, y a que los cambios en la gestión serían “irreversibles” si finalmente fallase contra el Gobierno regional.

La decisión de los 43 magistrados ha sido recibida con sorpresa en el ámbito sanitario: se esperaba que se pronunciaran sobre los recursos en uno u otro sentido, pero no que los devolvieran a los juzgados correspondientes. Se trata de un varapalo para González, pero también para el expresidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Gerardo Martínez Tristán, ahora vocal del Consejo del Poder Judicial a propuesta del PP, que fue quien decidió avocar al pleno —someter un asunto a consideración de todos los magistrados de una sala— el caso de la privatización al considerar que las dos secciones que concentran los siete recursos (tercera y octava) tomaron decisiones que “resultan o pueden resultar contradictorias”.

Elevar la competencia sobre todos los asuntos relacionados con la privatización fue, además de “inusual”, según fuentes jurídicas, muy polémica. Los socialistas recusaron a Martínez Tristán porque consideraban que estaba demasiado relacionado con el PP —está casado con una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal, también exalto cargo de la Comunidad de Madrid— como para ser imparcial. Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños, dimitió posteriormente como senador cuando PP y PSOE pactaron la composición del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que Martínez Tristán consiguió un puesto.

Con este magistrado ya fuera de la Sala —fue nombrado miembro de la Comisión Permanente del CGPJ, cargo que requiere exclusividad; le ha sustituido Miguel Ángel Vegas, el magistrado con más antigüedad en la sala—, sus excompañeros han tumbado su decisión. Aseguran que entre las dos resoluciones a las que aludió Martínez Tristán no existe contradicción, según fuentes jurídicas, es decir, que no había motivo para avocar a pleno los asuntos. El recurso de la asociación de médicos AFEM en la sección tercera pedía la anulación de un acto administrativo. En cambio, el caso que se seguía en la octava era un recurso especial de protección de derechos fundamentales instado por CC OO y que fue inadmitido.

Al enviar el asunto de nuevo a la sección tercera, será esta la que decida si levanta la suspensión, como le pide el Gobierno regional, o la mantiene, como defiende AFEM y todas las organizaciones que han apoyado en el último año la marea blanca de protesta contra la privatización de la gestión sanitaria.

El consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado que la decisión de los magistrados no supone ningún “golpe” para el Gobierno regional y ha pedido a los jueces que “resuelvan con rapidez” los recursos y que se disipe la “incertidumbre”, informa José Marcos. Ribera Salud, una de las tres empresas concesionarias de los centros (junto con Hima San Pablo y Sanitas), ha afirmado que lamenta “profundamente que continúe esta situación de incertidumbre que no favorece a nadie”. Las empresas están personadas en los procedimientos judiciales por considerarse perjudicadas.

Los hospitales fueron adjudicados, con la oposición en bloque de todos los partidos excepto el PP, sindicatos y asociaciones de profesionales sanitarios, en agosto pasado. Las empresas no llegaron a tomar posesión, porque distintos juzgados empezaron a decretar la suspensión cautelar del proceso en septiembre.

“Estamos convencidos de que en esta legislatura no se va a poder proceder con la privatización y el desmantelamiento del sistema sanitario público madrileño, así que recomiendo al presidente de la Comunidad de Madrid que lo incorpore al próximo programa electoral del PP y que los ciudadanos decidan”, ha señalado Tomás Gómez. En su opinión, la decisión adoptada por el pleno del TSJM “desautoriza” a Martínez Tristán como su “inspirador”. Fuentes del PSOE han afirmado que haber avalado la designación de Martínez Tristán para ser vocal del Poder Judicial fue una decisión positiva porque supuso apartarle del caso. En declaraciones a la SER, José Manuel Freire, portavoz de sanidad socialista en la Asamblea de Madrid, ha considerado que la decisión judicial de hoy implica que el proceso de privatización de la sanidad "está muerto".

Fátima Brañas, portavoz de AFEM, ha expresado a Efe su satisfacción: “Si las secciones estaban haciendo su trabajo correctamente, lo razonable, y parece que es el punto de vista jurídico, es que estas continúen con su trabajo”. “La constitución de una sala especial para tratar estos asuntos era una decisión absolutamente anómala, así que la decisión nos parece razonable y justa. Significa que se va a preservar un sistema de gestión pública más barato y más eficaz”, ha señalado el portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez-Bayle. "Nos parece una decisión absolutamente razonable y justa", ha asegurado el secretario general del sindicato médico AMYTS, Julián Ezquerra.

A las puertas del TSJM en la calle General Castaños se han concentrado, en coincidencia con el inicio del pleno y convocados por la plataforma Sanidad en Lucha bajo el lema No es de Justicia privatizar la sanidad, un centenar de personas en defensa de la sanidad pública que pedían a los magistrados que defendieran los "derechos básicos" de la ciudadanía.

Más de un año de 'marea blanca'

E. G. S.

» El presidente madrileño, Ignacio González, anuncia el 31 de octubre de 2012 su intención de privatizar la gestión de seis hospitales y el 10% de los centros de salud.

» El 2 de noviembre una asamblea multitudinaria en el hospital de La Princesa decide iniciar un encierro indefinido contra su “desmantelamiento”. Este centro se convierte en emblema de la lucha por la sanidad pública.

» Para el 21 de noviembre, prácticamente todos los hospitales públicos mantienen encierros indefinidos en sus salones de actos.

» La primera jornada de huelga total del sector sanitario, convocada por todos los sindicatos para el 26 de noviembre, coincide con el inicio de los paros indefinidos de los médicos de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), que se convertiría en la más activa en la lucha contra la privatización en los tribunales.

» Las cinco semanas de huelga indefinida de los médicos madrileños dejaron 50.000 consultas suspendidas y cerca de 6.500 operaciones aplazadas.

» En febrero, una asamblea multitudinaria de médicos de AFEM vota recolectar dinero para parar la privatización en los tribunales. Partidos de la oposición y sindicatos también anuncian recursos.

» Con el paso de los meses se acumulan hasta 14 causas en diferentes tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) suspende cautelarmente la privatización en julio tras una denuncia del PSOE, pero la levanta dos semanas después al considerar que el partido no tenía legitimación. A principios de septiembre, otro juzgado ordena la suspensión. Unos días más tarde, la sección tercera del TSJM toma la misma resolución hasta estudiar el fondo del asunto.

El País, 9 de enero 2014

skeptic · Jue Ene 16, 2014 5:44 pm

Si los tribunales suspenden la privatización, será que Ignacio González y Lasquetty han hecho algo bien... #gestionando

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Vie May 02, 2014 9:35 am

“Si se privatiza el sistema de salud, perdemos todos”

Grinspun se hizo enfermera para constuir “un mundo más justo”

ANA PANTALEONI 30 ABR 2014 - 18:51 CET

Grinspun: “El sistema sanitario americano me da dolor de estómago”. / CARLES RIBAS
Llega veloz, saluda efusivamente y se sienta. Empieza ella la entrevista: “¿Cómo están las cosas en España? ¿Y el sistema de salud? ¿Es cierto que se ha tumbado una privatización en los tribunales?...”. A la enfermera Doris Grinspun (Santiago de Chile, 1952) hay que interrumpirla. Porque cuando se trata de defender la sanidad pública y el trabajo de la enfermera no tiene límite.

“No he dormido. Ni he comido. Antes de coger el avión he estado lidiando con una propuesta de privatización en el sistema de salud canadiense”. Grinspun preside la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (Registered Nurses Association of Ontario), y en esta ocasión ha viajado a Barcelona invitada por la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria de Cataluña.

La fuerza de la juventud la llevó de Chile, país en el que creció, a estudiar a Israel. Y desde entonces no ha dejado de viajar. Ahora está más preocupada que nunca. Considera que hay que desenmascarar la privatización y eliminarla para poder seguir viviendo. “El problema es que podemos perder los sistemas universales. Si desaparece la universalidad, no hay dinero que alcance para cubrir tu salud de forma individual. Si se privatiza el sistema, perdemos todos, los que no pueden acceder y los que sí. El problema es que no siempre se cuenta la verdad”.

Grinspun, una mujer pequeña de manos delicadas, ha estado en tres guerras, se casó con un compañero de estudios con el que tuvo dos hijos y se fue a vivir a Estados Unidos. No se llevó un buen recuerdo de ese país: “Me daba dolor de estómago el sistema americano que devolvía a los pacientes en taxi a casa porque la aseguradora ya no pagaba más”.

Acabó viviendo en Ontario, donde ha impulsado un programa que ha elaborado reconocidas guías clínicas de enfermería. Además, su asociación ha logrado que en 26 clínicas de Ontario la enfermera asuma la responsabilidad de la atención primaria, prescriba y el médico acuda solo cuando es necesario. Y aclara: “La enfermera no tiene que ser un médico, no quiere serlo. Siempre va a tener trabajo”.

Profesora en la Universidad de Toronto, presume de mantener el equilibrio familiar pese a trabajar mucho. El secreto, según cuenta, es no fallar nunca a los tuyos en los momentos importantes. Dice que entró en esta profesión para “construir un mundo mejor, más justo”. Y ha logrado que su oficio sea muy reconocido en Canadá. “La enfermería siempre se ha visto como una profesión de compasión, de cariño. Pero, además, es una profesión de conocimientos tanto a nivel clínico como humano. Y esa parte no es reconocida suficientemente en muchos países. Si no tienes enfermeras con conocimientos, los pacientes se mueren”.

Grinspun lucha por mejorar las condiciones laborales de una profesión mayoritariamente femenina. Pero no para que entren más hombres. “En Canadá los salarios han subido. No me preocupa que haya más hombres o mujeres, sino que tengan el estatus que se merecen”. ¿Todavía ejerce de enfermera? “¡Oye! ¡Ahí te metiste en un problemazo!”, exclama. “Siempre ejerzo. Ahora me dedico a empujar políticas de salud. Si no fuera enfermera no podría hacerlo tan bien como lo hago”.

El País, 30 de abril 2014

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Dom Jun 01, 2014 11:35 am

Carlos Barra Galán
Médico Especialista en Otorrinolaringología, sistema madrileño de salud

Nueva caza de brujas en la Sanidad madrileña

Publicado: 31/05/2014 09:53 CEST Actualizado: 31/05/2014 09:53

Que el Partido Popular de Madrid ha tratado de imponer una especie de pensamiento único en materia sanitaria es hoy una evidencia para muchos ciudadanos madrileños.

Que trata de imponer ese pensamiento de forma autoritaria, intolerante y prepotente es también una certeza para muchos profesionales y ciudadanos.

Que reprime, amenaza y depura a los profesionales y trabajadores sanitarios que discrepan de su política y se oponen a ella, es una realidad constatable por los hechos acaecidos. Veamos.

Comencemos por hacer el siempre saludable ejercicio de recuperar la memoria histórica reciente y así recordaremos que tras la llegada de la Sra. Aguirre al poder en 2003, gracias al tamayazo, el gobierno del PP impuso a la sociedad madrileña un cambio sustancial en su sistema sanitario público; sin el imprescindible debate político previo que una democracia exige, sin el establecimiento del necesario diálogo con los profesionales e interlocutores sociales, el Gobierno regional inició un temerario proceso de irrupción en tromba de capital privado en la sanidad pública que suponía la entrada en un proceso privatizador absolutamente descontrolado, sin planificación alguna y sustentado sólo en una ideología que siente aversión a lo público.

Para soslayar la visualización pública de ese proceso privatizador, el Gobierno regional encomendó a su consejero de Sanidad Lamela, oscuro personaje hoy imputado, la ignominiosa misión de desprestigiar un hospital público emblemático, el Severo Ochoa, acusar a sus profesionales del servicio de Urgencias de reiteradas malas prácticas con resultados de cerca de cuatrocientas muertes amparándose para ello en una denuncia anónima y falsa (como se probó posteriormente). Se pretendió así crear una cortina de humo que impidiese el debate sobre la construcción de ocho hospitales con capital privado y ciertamente ese objetivo lo logró el Gobierno del PP madrileño.

Aquel escándalo supuso la mayor agresión conocida a unos profesionales en el ejercicio de su labor por parte de un responsable político, quebró la confianza en la relación médico-paciente e hizo un daño inmenso al sistema sanitario. La repulsa social fue unánime no sólo en Madrid, también se produjo en toda España. Mas a pesar de ello la Consejería de Sanidad cesó de manera fulminante a cinco jefes de servicio y rescindió contratos de médicos de Urgencias por el simple hecho de haber manifestado su apoyo a los compañeros encausados. Como es bien sabido la Justicia exoneró de todo tipo de mala praxis a los profesionales perseguidos y lo que no se subsanó fue la caza de brujas que se llevó por delante a profesionales muy cualificados y comprometidos con la sanidad pública.

La tibieza y ambigüedad que muchos profesionales y sus organizaciones mantuvieron ante aquella brutal agresión a la profesión, favorecieron en mi opinión que la Consejería iniciara una política de menosprecio y agresiones a los trabajadores sanitarios que ha perdurado hasta nuestros días; así la precariedad laboral ha llegado a niveles insoportables, los recortes salariales han sido superiores incluso a los determinados por las decisiones del Gobierno de la nación, la falta de participación de los profesionales en decisiones que afectan a su trabajo ha sido total, las irregularidades en los procesos de selección han sido numerosas, algunas incluso fueron objeto de sentencias de nulidad por parte de los tribunales, las jubilaciones forzosas se han ejecutado con máxima arbitrariedad y con el único objetivo de reducir los recursos humanos. Todas estas actuaciones son ejemplos clarificadores del menosprecio y maltrato hacia los trabajadores y profesionales sanitarios por parte de la Consejería de Sanidad. Sólo la sumisión y el halago han garantizado la promoción profesional y puestos de trabajo más gratificantes.

Simultáneamente a la ejecución de esa depredadora política de recursos humanos, el Gobierno del PP madrileño ha seguido con su proceso de desmantelamiento de la sanidad pública y privatización de la misma que ha llevado a sus instituciones (hospitales, centros de salud) a un deterioro progresivo que han percibido nítidamente los ciudadanos. El irregular y chapucero proceso de licitación que la Consejería puso en marcha para privatizar la gestión de seis hospitales fue la gota que colmó el vaso; profesionales sanitarios y ciudadanos se movilizaron con mayor continuidad y fuerza de convocatoria, las sucesivas mareas blancas como expresión de rechazo social a la política del gobierno regional junto a la resolución judicial que paralizaba el proceso obligaron al presidente, Sr. González, a renunciar en su intento y ensayar una medida de maquillaje que contuviese el enorme desgaste que su Gobierno estaba sufriendo.

Como primera medida se prescindió del Sr. Fernández Lasquetty, cuya prepotencia e ineptitud habían quedado patentes; su lugar lo ha ocupado el Sr. Rodríguez, cuya dureza y contundencia en la defensa de todas las medidas adoptadas por el Gobierno regional en la última década es bien conocida. Siguiendo un guión muy previsible, el nuevo consejero ha intentado transmitir una imagen de mayor moderación y menos prepotencia en un ejemplo de metamorfosis política ciertamente poco creíble conociendo su trayectoria; en efecto ha bastado esperar un corto periodo de tiempo para que hayamos podido comprobar que junto a la promesa de cumplir ahora, promesas incumplidas desde hace años, el Sr. Rodríguez prosigue con la política autoritaria y represiva que caracteriza la forma de ejercer el poder político desde el PP de Madrid.

El fulminante cese de cuatro directores de Centros de Salud que se habían caracterizado por su compromiso con la sanidad pública y habían manifestado públicamente su rechazo al plan de medidas que la Consejería puso en marcha, es un nuevo ejemplo de castigo a quien disiente, un nuevo caso de tratar de justificar la decisión represora desprestigiando la actuación profesional de los cesados, un nuevo caso de caza de brujas en la sanidad madrileña.

Si el consejero de Sanidad tiene el loable deseo de quitar de sus puestos a quienes no son eficientes en su desempeño, quizá debiera dirigir su mirada a su entorno más cercano donde se ubican altos cargos a los que, tras muchos años, no se les conoce ninguna acción que haya reportado beneficio alguno al sistema sanitario, en lugar de depurar a quienes critican su política.

Los hechos ponen a cada cual en su sitio; el Sr. Rodríguez avaló la caza de brujas en el hospital Severo Ochoa y ahora ha ejecutado la de los cuatro directores de los Centros de Salud. Por ello es razonable pensar que su pretendida intención de moderación, las reuniones mantenidas con profesionales y organizaciones sindicales, las mejoras de las condiciones laborales que se han llevado a cabo (contratos anuales e interinidades) no dejan de ser un intento de conseguir la desmovilización del conjunto de trabajadores sanitarios y de confundir a la ciudadanía. Lo cierto es que el Gobierno del PP sigue privatizando el sistema madrileño de salud a pesar del rechazo mayoritario de los ciudadanos y trabajadores sanitarios.

Para concluir: frente al autoritarismo, la opacidad, las irregularidades y la arbitrariedad que practica el Gobierno Regional, hoy más que nunca, las movilizaciones de ciudadanos y trabajadores sanitarios siguen siendo imprescindibles para defender al sistema sanitario público madrileño.

El Huffington Post, 31 de mayo 2014

eduardo dd · Dom Dic 14, 2014 1:18 pm

El dinero público financia la expansión de la empresa líder de la sanidad privada

IDCSalud gana la puja para hacerse con la clínicas Ruber meses después de adquirir Quirón y tras crecer a base de los contratos que se ofrecían desde la sanidad pública

El parón de las concesiones de los Gobiernos da paso a fusiones millonarias de grupos de hospitales privados

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http://www.eldiario.es/sociedad/contrat ... 67450.html

Como ondas expansivas, el frenazo a la privatización de la sanidad pública que ha seguido a la 'marea blanca' ha recolocado el punto de mira de los grandes grupos privados de salud. Sin el dinero público y a la mano para seguir creciendo pero con el ambiente de que el Sistema Nacional de Sanidad (SNS) no da abasto, el nicho de la atención sanitaria privada bulle. Como analiza el fondo de inversión Doughty Hanson: "El mercado tiene fuertes pilares de crecimiento derivados de la demografía y las dificultades del SNS para mantenerse como una alternativa de calidad". Así, el viejo proyecto de venta de las exclusivas clínicas Ruber de Madrid –que data de 2012– se ha acelerado hasta concretarse por fin.

La expansión del negocio sanitario por el lado del Sistema Nacional de Salud encalló, de momento, con la reversión del gran proyecto de la Comunidad de Madrid de ceder a contratistas la gestión de seis hospitales. Tras años de conseguir contratos para gestionar centros, operar pacientes de las listas de espera y hacer pruebas, la oposición social y la batalla legal excavaron una trinchera que las adjudicatarias Ribera Salud, Sanitas e Hima-San Pablo no pudieron saltar.

"Fue un plan demasiado ambicioso y de un solo golpe", analizó un dirigente del PP madrileño una vez finiquitado el movimiento del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que se llevó por delante a su consejero de Sanidad Javier Fernández-Lasquetty. Quizá consciente de los malos augurios, la gran contratista española de la sanidad pública, IDCSalud (antigua Capio), ni siquiera acudió a los concursos. Sin embargo, desde junio de este año, la empresa no ha parado de expandirse por las redes de la sanidad privada: en junio acordó adquirir el grupo Quirón; en diciembre está cerca de quedarse con las clínicas Ruber por más de 200 millones, según ha adelantado El Confidencial.

IDCSalud siempre ha crecido al calor de los contratos con los Gobiernos regionales. Nacida a finales de los años 90, en 2005 el 60% de sus ingresos anuales de 300 millones de euros provenían del sector público (180 millones), según el informe que redactó la empresa sueca Capio cuando adquirió IDC. Cinco años después esas magnitudes se habían duplicado: 413 millones de euros de la cuenta de resultados procedían de acuerdos con administraciones públicas (el 75% del total), según informaba el fondo de inversiones CVC al adquirir el negocio español de Capio.

Esa relación entre IDCSalud y las administraciones ha sido crucial para desarrollar y consolidar el negocio. Así lo reconocía el fondo de inversiones Apax en un análisis que el grupo hacía de su activo, IDCSalud: "Su reputación le ha permitido reforzar su asociación con la Autoridad Sanitaria de Madrid incrementando el número de pacientes tratados en sus hospitales. Apax se ha asegurado dos concesiones públicas de 30 en la región de Madrid. Estas adjudicaciones eran fundamentales tanto para el crecimiento del negocio como para una eventual búsqueda de nuevo propietario", de IDCSalud.

Si algo ha caracterizado el periplo de IDCSalud han sido estos tres pilares: comprar centros hospitalarios, apostar por el sector público-privado que le abrían las administraciones e ir pasando de mano en mano, es decir, de fondo de inversión en fondo de inversión. En 1997, CVC compró la empresa y comenzó la expansión a base de adquirir clínicas. En 2002 había pasado de Castilla-La Mancha a Madrid y Extremadura, donde en 1999 compró el hospital Clideba (que ya colaboraba con el Sistema de Salud Extremeño desde 1995 con el convenio Paracelso II).

Ese mismo año 2002 se hizo con el Hospital General de Catalunya. En la región también controla el Sagrado Corazón, lo que le hace ingresar más de 60 millones anuales por convenios de uso con la Generalitat. En 2005 fue el turno de la Fundación Jiménez Díaz, que está incluida en la Red de Utilización Pública de Madrid. Es entonces cuando la sueca Capio desembolsa 331 millones de euros y la convierte en Capio Sanidad. Solo un año después, el fondo de capital riesgo Apax invirtió 1.500 millones en controlar toda Capio. En 2010, la búsqueda de nuevo dueño de Apax resultó en que CVC acordara un precio de 900 millones por recuperar su antigua empresa de salud en España.

La expansión por la sanidad pública, sobre todo madrileña, concluyó con la concesión total del hospital Infanta Elena de Valdemoro, el Rey Juan Carlos (en Móstoles) y el de Collado Villalba. Este fue retenido por la Comunidad de Madrid más de un año, con lo que IDCSalud no podía facturar según el contrato firmado. Ha sido la última asociación con el Gobierno. IDCSalud no pujó por la gestión hospitalaria que sacó a la calle a la 'marea blanca'.

Posición hegemónica en Cataluña

En cambio, sí aprovechó su fuerte posición para adquirir el grupo privado Quirón. Este movimiento genera un gigante de la sanidad con pilares en el mundo de las aseguradoras y de la colaboración con la red pública: más de 5.000 camas en 40 hospitales y una facturación que supera los 1.400 millones de euros. Augura una hegemonía tan evidente que la propia Autoridad de la Competencia de Catalunya avisó de una concentración preocupante. Aviso que la Comisión Nacional de la Competencia no ha visto con suficiente base como para detener la operación.

Suma y sigue. Este noviembre, IDCSalud anunció su llegada al mercado del País Vasco. Había acordado un precio de 41 millones de euros por la Policlínica Gipuzkoa. Una nueva región para la empresa. Ahora, parece que ha ganado la carrera por el grupo sanitario Ruber. Estas dos clínicas (asociadas a clientes-pacientes de alto poder adquisitivo) tienen unos ingresos anuales en torno a los 80 millones de euros, según los ejercicios.

En la puja por las Ruber se ha quedado atrás otro grupo sanitario que trata de aprovechar el nicho de la salud privada para crecer: Hospitales Madrid. Con su núcleo en esta comunidad, desembolsó 85 millones de euros en marzo de este año para adquirir el grupo hospitalario Modelo en Galicia. Era la primera vez que salía de su ámbito geográfico de influencia. Posibilidades financieras tiene, ya que el nuevo auge de la medicina privada le ofrece a HM continuos crecimientos. En 2010 ingresaba 174 millones, con unos beneficios de 27 millones. En 2013 facturó 201 millones y declaró unos beneficios de 34. No le ha sido suficiente para disputarle al gigante el bocado que ofrecen las 'clínicas VIP' de Madrid.

Quest of knowledge · Lun Dic 15, 2014 6:21 am

Como soy mas lobo que oveja voy a divergir, y que viva la libertad de expresión.

En mi opinión, la "seguridad social" no es mas que una gigantesca subvención estatal y un agente de la industria farmacéutica. Esto no es ninguna filosofía, sino un hecho real en todos los países donde existe. No es mas que la mano de la industria farmacéutica en los bolsillos de todos los españoles. Aparte de no creer que la medicina cure algo en absoluto, la medicina se promociona y se vende a base de comprar a médicos y farmacéuticos.

Ya he explicado en otros hilos que ninguno de mis hijos ha sido vacunado ni han recibido nunca medicamento alguno. El mayor tiene 18 años y yo tengo 57 y tampoco uso medicina desde dos años antes de nacer mi mayor, osea hace veinte años

. Nuestra salud es envidiable, y por favor no hablarme de genética que en mi familia y en la de la madre de mis hijos son todos hipocondríacos enganchados en la medicina.

Mas aun, la madre de mis hijos (mi ex) ha decidido vivir una "vida normal" desde hace dos años y algo que nos separamos. Ahora está tomando toda la medicina que no tomó durante el tiempo que vivio conmigo. Tiene 48 años y hace dos años parecía tener 30. Ahora está llena de canas y de arrugas, y le han "detectado" un tumor de mamas. Yo no tengo cana alguna, ni soy calvo, y tengo las arrugas que serían típicas en un hombre bien conservado de 40 años. Yo se que eso no es un estudio "científico" y que no voy a convencer a nadie, porque la mayoría, temo, estáis adoctrinados en la pseudo-ciencia de la industria farmacéutica.

Si no pensáis que es adoctrinamiento, pensad en el astronómico número de inyecciones de antibióticos administradas en los culos de españoles por décadas para "curar" el resfriado, la gripe, y otras enfermedades virales. La lógica satisfacía a las masas. Me he resfriado, me han inyectado con antibióticos, me he curado, luego los antibióticos me han curado. Me suena como...me he resfriado, he rezado para que dios me cure, me he curado, luego dios me ha curado.

No se os olvide pensar que solo en Canadá mueren mas de 6,000 personas anualmente a causa directa de medicinas y/o de hospitalización. No creo que el número sea menor en España, ni se si esas estadísticas se declaran ahí.

Yo pago aproximadamente 50% de mis ingresos a "hacienda" y no me pesa, pero preferiría que esos impuestos que pago se gastaran en educación y en la mejora del medio ambiente, y no en enriquecer a la industria farmacéutica.

La seguridad social como un seguro de accidente es buena cosa. Si te caes, te atropella un auto, o te das con un martillo en un ojo, yo quiero que tengas todos los servicios médicos necesarios. Por otro lado, el cachondeo hipocondríaco actual de la seguridad social llevará al país a la banca rota y no es ni beneficioso ni sostenible.

Bueno...ya podéis lincharme por hereje.

eduardo dd · Lun Dic 15, 2014 2:09 pm

Es un tema que se ha tratado, con tu inestimable colaboración

, aquí... viewtopic.php?f=4&t=7766

¿O piensas que la sanidad en general es prescindible, hereje?

Foro de Iniciativa Atea

Para los que defienden lo privado frente a lo público

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