En mayo de 2012, mientras celebrábamos el aniversario del 15M, el sistema financiero y bancario español se desmoronaba, y obligaba a los contribuyentes a acudir al rescate de un grupo de entidades, mediante la inyección a fondo perdido de cantidades colosales de dinero público en cajas que se habían privatizado.
Un grupo de personas decidió que no era suficiente con salir a la calle a protestar. Lo que estaba pasando, lo que desde el poder económico y político se le había hechos millones de ciudadanos era un crimen. Una estafa cometida por rateros de corbata, pero no más que eso, simples rateros, que no debían de quedar impunes.
Pusieron en marcha lo que se conoce como dispositivo “15MpaRato”, focalizado en Rodrigo Rato, que acababa de dimitir de la presidencia de Bankia, abandonando la nave en plena tormenta, símbolo de la corrupción y de un sistema que no solo hacía aguas, sino que nos arrastraba hacia zonas peligrosas y míseras.
Tras una acción de captación por microfinanciación ciudadana de los fondos necesarios para poner en marcha un proceso judicial, el 14 de junio de 2012 se interpuso una querella (documento 1) contra Rodrigo Rato y la cúpula de la entidad, en defensa de los accionistas del banco que quisieron sumarse a la acción.
Entre los querellantes, se encontraban accionistas a los que engañaron en junio de 2011 vendiéndoles directamente las acciones en la salida a bolsa, y accionistas que eran dueños de participaciones preferentes de las múltiples Cajas de Ahorro que se habían integrado formando Bankia, a los que engañaron en marzo de 2012, ofreciéndoles acciones en lugar de sus Participaciones Preferentes.
La querella (documento 2) denunciaba los hechos perpetrados: se habían falseado los datos ofrecidos al público sobre la situación real de la entidad, engañando a los compradores de las acciones en junio de 2011 con las cuentas de la entidad, lo que significaba que se había cometido el delito castigado en el artículo 282 bis del Código penal:
“Los que, como administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores negociados en los mercados de valores, falsearan la información económico-financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros o las informaciones que la sociedad debe publicar y difundir conforme a la legislación del mercado de valores sobre sus recursos, actividades y negocios presentes y futuros, con el propósito de captar inversores o depositantes, colocar cualquier tipo de activo financiero, u obtener financiación por cualquier medio, serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 308 de este Código.
En el supuesto de que se llegue a obtener la inversión, el depósito, la colocación del activo o la financiación, con perjuicio para el inversor, depositante, adquiriente de los activos financieros o acreedor, se impondrá la pena en la mitad superior. Si el perjuicio causado fuera de notoria gravedad, la pena a imponer será de uno a seis años de prisión y multa de seis a doce meses.”
En el momento de presentación de la querella, existían dos cuentas, las de Rato (trescientos millones de beneficios) , y las de Goirigolzarri (cuatro mil millones de pérdidas). Y eso era imposible, alguien había mentido. Como era muy real (BOE) que se estaban trasvasando fondos públicos para evitar con extrema urgencia la quiebra de la entidad, parece que las cuentas que reflejaban la verdad eran las de las pérdidas.
Pero además, se había producido otro hecho que no podía explicarse legalmente. Después de captar tres mil millones de euros en la salida a bolsa en julio de 2011, Bankia había ampliado capital por mil doscientos millones de euros solo siete meses después, en marzo de 2012, efectuando un canje de preferentes por acciones.
Los mercados de preferentes se habían derrumbado en noviembre de 2011, sin que los ciudadanos hubieran recibido una explicación creíble de que había sucedido, y más de treinta mil millones de euros, fundamentalmente los ahorros de toda la vida de cientos de miles de jubilados, habían desaparecido. 15MpaRato si sabía que había sucedido, y además comprendía la maniobra. A los titulares de preferentes se les hizo creer que sus preferentes, además de estar atrapadas en una especie de limbo, estaban perdiendo valor, en concreto el 25%, de golpe, todas a la vez, daba igual de que Caja Fueran. Y para “salvarlos”, se les ofrecieron acciones de Bankia, presentándoles unas cuentas que reflejaban ganancias.
En marzo de 2012 la única información con la que contaban esos ahorradores estafados eran las publicaciones de Hechos Relevantes por Bankia anticipando las cuentas de 2011. Se habían publicado en febrero de 2012. Ni un solo documento, ni una sola información diferente que pudiera haber posibilitado tomar la decisión de canjear las preferentes por acciones basada en otros datos. Los “mercados reflejaban” el hundimiento de las cotizaciones de las preferentes y el banco ofrecía una salida que parecía mejor. Las preferentes había caído al 75% y Bankia ofrecía el 75% de su precio en acciones, y si se mantenían sin vender (estabilizando el valor), después pagarían el resto, el 25%.
Pero era imposible que los “mercados” experimentasen esos movimientos. Alguien los estaba manipulando. Lo denunciamos en nuestra querella:
Artículo 284:
“Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses a los que:
1.º Empleando amenaza o engaño, intentaren alterar los precios que hubieren de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, títulos valores o instrumentos financieros, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de contratación, sin perjuicio de la pena que pudiere corresponderles por otros delitos cometidos.
3.º Utilizando información privilegiada, realizaren transacciones o dieren órdenes de operación susceptibles de proporcionar indicios engañosos sobre la oferta, la demanda o el precio de valores o instrumentos financieros, o se aseguraren utilizando la misma información, por sí o en concierto con otros, una posición dominante en el mercado de dichos valores o instrumentos con la finalidad de fijar sus precios en niveles anormales o artificiales.”
Y pedimos una diligencia de investigación:
“Oficio a Iberclear para que informe sobre el total de las series de participaciones preferentes documentadas en la querella, que tanto por ciento en euros sobre el total fueron contratadas por profesionales, que tanto por ciento por particulares y que tanto por ciento por las entidades públicas. “
El Juzgado Instructor, además de admitir la querella, ordeno practicar esa diligencia, la página 13 del auto de admisión (documento 2 querella).
Se requirió a Iberclear para que proporcionara esa información.
Para poder manipular un mercado a esa escala, y con tanta facilidad, era imprescindible que los formaban parte del mercado no se dieran cuenta; y eso solo podía suceder si en ese mercado no existían profesionales a los que las maniobras de manipulación les pudieran causar un perjuicio. Había que averiguar por tanto, cuantos profesionales había en el mercado.
Iberclear contestó (documento 3) al Juzgado en septiembre que ellos no disponían de esa información. Que en caso, serían las bolsas las que debieran disponer de tales datos.
Se ofició entonces por el Juzgado instructor a las Bolsas. Se estaba preguntando por unas series de participaciones preferentes y de obligaciones subordinadas, que habían sido incluidas en el canje por acciones de Bankia en marzo de 2012.
De ese canje quedó excluida la serie de Caja Madrid 2009, preferentes serie II, por valor de tres mil millones. Pero todas las demás de todas las Cajas si se habían canjeado.
El Juzgado Instructor y esta acusación suponían que la información solicitada no era compleja y que no habría dificultad alguna para obtenerla, pues debía constar todo en los respectivos registros.
Sorprendentemente, las Bolsas tampoco sabían nada de esos títulos valores, indicando al Juzgado que preguntáramos a los bancos y a las agencias de valores. Eso hizo el Juzgado (documento 4) en noviembre de 2012: preguntar a todos.
Los indicios apuntaban a hechos inexplicables, que aparentaban la manipulación de los mercados de preferentes de manera continuada, y para demostrarlo debíamos comprobar quienes habían negociado en esos mercados de preferentes y obligaciones subordinadas.
Transcurrieron los días y muchas entidades fueron contestando al Juzgado Instructor, sin que por las partes del caso se prestara mucha atención a esas comunicaciones, pues todos estaban centrados en las declaraciones de los imputados el Juzgado, de mucho revuelo mediático, y en los centenares de miles de documentos contables que iban llegando a la causa.
Nadie, ni los bancos ni las agencias de valores, sabía nada de esos títulos valores y quienes eran los profesionales que los habían tenido en los mercados. Las imputadas, Bankia y BFA no querían colaborar, estaban de su derecho a no realizar actos que les perjudicaran, a pesar de que eran ya entidades públicas, bajo el control institucional del Estado y debían colaborar con el Juzgado. Las respuestas (documento 5) no hacían más que acrecentar las sospechas. Algo extraño había sucedido. No era lógico que nadie supiera nada.
Pero en diciembre, en plena vorágine de declaraciones en el Juzgado de los imputados, se produjo una respuesta que nos llamó poderosamente la atención:
El Banco Popular, como uno más de los requeridos, contestó al Juzgado Instructor que no sabía nada de esas preferentes (documento 6).
Eso era imposible, puesto que respecto a las preferentes de Caja Madrid 2004, serie I, emitidas por valor de mil ciento cuarenta millones de euros, el Banco Popular era el garante de liquidez, lo que suponía que había firmado un contrato con Caja Madrid y que debía de garantizar la compra cuando el mercado fuera insuficiente de hasta el 10% del volumen de la emisión, es decir estaba obligado a comprar hasta ciento catorce millones de euros en preferentes serie I de Caja Madrid proporcionando liquidez cuando no la hubiera en el mercado, y a cotizar esos precios, publicándose en donde se publicaran. En este caso en el mercado AIAF.
Ya teníamos algo. Por fin una incoherencia documentada, una prueba pro escrito, y no solo indicios.
Pedimos al Juzgado que de nuevo requiriese al Banco Popular recordándole que el era el garante de liquidez de esa emisión de Caja Madrid, tal y como constaba en el folleto de emisión, y de paso, que se preguntara a la CNMV por los porcentajes de profesionales y particulares y que nos proporcionaran los contratos de liquidez que habían firmado muchos bancos con los bancos emisores de la preferentes. Y eso hizo el Juzgado Instructor.
Febrero de 2013. El revuelo mediático del procedimiento era enorme. Se estaban produciendo las declaraciones de testigos, ex gobernadores del Banco de España, ex presidentes de la CNMV, jefes de Deloitte, etc. Los medios de comunicación y las partes del proceso se centraban en ese revuelo. Nosotros seguíamos esperando con paciencia los resultados de nuestra línea de investigación. Fiscalía no daba muestras de interesarse por ella.
En ese mismo mes, el Banco Popular respondió. Su segunda respuesta era aún más asombrosa que la primera. Efectivamente, ahora si recordaban algo, pero la información era incoherente: habían realizado operaciones con la misma Bankia ¡¡en el año 2006!! (documento 7).
Ya no eran indicios, ya eran evidencias de que lo habíamos denunciado había sucedido. Esperábamos la comunicación de la CNMV nuestros requerimientos con ansiedad, pues suponíamos que por fin nos enteraríamos de los porcentajes que estábamos tratando de averiguar.
La investigación dio un giro sorprendente cuando llegó a la causa el informe de la CNMV.
Era impresionante.
Solo respecto a tres series de obligaciones subordinadas y cuatro de preferentes de Caja Madrid y de Bancaja se ratificaba la manipulación del mercado, al menos en el periodo investigado, al máximo nivel posible. En realidad, ni siquiera había mercado, se había hecho creer a todos que los precios y las cotizaciones provenían de operaciones normales, cuando en realidad todo sucedía según la voluntad de las entidades.
Si se hubiera investigado tiempo atrás, es decir, antes del verano de 2010, el resultado habría sido el mismo. Siempre se perpetró la misma acción respecto a miles de preferentistas, desde el principio, desde que se las vendieron.
15MpaRato, ante el carácter del informe, ante la relevancia de la información, intentó contactar con la Fiscalía y con el FROB. Era finales marzo de 2013, y el Gobierno estaba en plena ejecución del Memorándum de Entendimiento, que imponía desde Europa, desde la Troika, que los preferentistas perdieran su dinero. Pero eso no debía suceder si en realidad no eran inversores, sino víctimas de un delito. Teníamos que impedir el canje por acciones que habían planeado para ellos. Suponía encubrir los delitos y arruinar a centenares de miles de familias.
Propusimos que se paralizara el canje de abril de 2013, que se incautaran los títulos valores a la espera de que el asunto que estábamos investigando en una causa penal se aclarara.
Se dio traslado de nuestra petición a Fiscalía y al FROB, que se opusieron a que se paralizara de ninguna manera el canje (documento 8).
Tanto la Fiscalía como el Gobierno conocían el informe de la CNMV el día 26 de marzo de 2013.
Durante esos días el Fiscal General del Estado, en diversos actos había sido abordado por ciudadanos que exigían justicia y que la Fiscalía los defendiera en la trama delictiva de las preferentes. El día 12 de abril de 2013 los medios publicaron, respecto a una intervención pública del la Fiscalía General del Estado, lo que se les dijo a las víctimas de las preferentes en Santander:
Que por ahora no sabían nada y que lo estaban investigando y actuarían.
Era falso. Fiscalía ya sabía que el informe de la CNMV existía, lo tenía en su poder, y se había opuesto a cualquier actuación al respeto. No solo era gravísimo lo que estaba sucediendo, no investigar lo que era evidente e intentar como hacíamos nosotros detener la consumación del delito, sino que, más grave aún, se hiciera creer a los ciudadanos que cuando se supiera algo se investigaría. Lo sabían y no querían investigar en la línea correcta, ni que se investigara.
En esas fechas, abril de 2013, 15MpaRato continuaba la investigación en la causa criminal. Había obtenido fruto del tesón y de su investigación el informe de la CNMV, pero aun no tenía los datos que buscaba. En los informes de la CNMV no se explicaba el número de profesionales y el número de particulares, es decir, no se explicaba como había sido posible esa manipulación de los mercados.
Habían sucedido dos cosas de enorme transcendencia; el 12 de abril se presentó en la Audiencia Nacional otra querella, esta vez exclusivamente centrada en lo que eran hechos delictivos evidentes respecto a las preferentes y a las obligaciones subordinadas. Luego se presentaron otras querellas los siguientes días, de UPyD y otros perjudicados, como los representados por la Asociación de Clientes Financieros.
La querella llegó nuevamente al Juzgado de Instrucción nº 4, que las remitió a Fiscalía.
Se pedía la actuación urgente del Juzgado para evitar el desastre que ocasionaría el canje programado para mayo por el Gobierno y ejecutado por el FROB.
Mientras tanto, el día 24 de abril de 2013 declaró en calidad de testigo, a propuesta de 15MpaRato quien fuera presidente de la Comisión de Control de la Caja Insular de Canarias, una de las siete que constituyeron el SIP que precedió a Bankia. En su comparecencia dejo a las defensas de los acusados sin reacción. Aportó documentos que acreditaban que él había estado denunciando continuamente el fraude desde el año 2010, que levantó actas notariales de todo, que se destruyeron documentos, que se falsearon las cuentas mediante artificios contables y que en definitiva, se engaño a todo el mundo, no solo a los preferentistas. Expuso además como él en persona llegó a reunirse con la cúpula del Banco de España para informar de lo que estaba sucediendo, y del desastre inevitable que iba a suceder si las autoridades no actuaban, y como de esa reunión solo pudo sacar en claro que ellos intentarían ocultar todo el asunto y que la orden era no “hacer ruido”. Explicó porque cuando después de haber hecho todo lo posible para evitar la destrucción de la Caja de las islas, decidió dimitir ante la vergonzante actuación de todos. Había denunciado lo que sucedía ante la Fiscalía Anticorrupción de Canarias, por escrito y documentando lo que denunciaba. Y no le habían hecho ni caso.
En esa declaración, de cuyo contenido dejó a todos con la boca abierta la única pregunta de la Fiscalía fue: ¿y usted compró acciones de Bankia? Bochornoso.
La querella sobre preferentes estaba presentada desde principios de abril de 2013 (documento 9) y Fiscalía no devolvía la documentación al Juzgado.
El retraso tenía una explicación: si se devolvía el Juzgado dictaría un auto de admisión a trámite de la querella, y eso significaba que el trámite del canje que estaba haciendo el FROB durante el mes de mayo de 2013 podría verse seriamente afectado. Además, podría igualmente comprometer el fraudulento arbitraje que estaba en marcha.
Pero Fiscalía no calculó que su deliberado retraso se volverían contra lo que estaba haciendo. El 29 de mayo de 2013 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sección 3ª, estimando un recurso de apelación que se interpuso por una empresa perjudicada en noviembre de 2012, resolvía que efectivamente el asunto de las preferentes presentaba, cuando menos, serios indicios de delito, que el Juzgado debía investigarlos (documento 10). El auto de la Audiencia se comunicaba al Juzgado en la primera semana de junio de 2012. Inmediatamente el Juzgado dictó los respectivos autos de las querellas presentadas. A pesar de que la presentada el día 12 de abril fue la primera, se confundieron en el Juzgado y dieron publicidad primero a la que presentó UPyD. No nos importaba, no estamos aquí para que nadie nos diga que bien lo hacemos, sino para acreditar los delitos y procurar que se castigue a los culpables.
La Fiscalía había informado en contra de la admisión de las querellas. Sus argumentos eran realmente insostenibles. Había retrasado innecesariamente el caso. El Juzgado dictó Auto admitiendo la querella (documento 11), en que recogía los argumentos de la querella y el informe de Fiscalía contrario a la admisión de la querella y a que se abriera la causa penal por las preferentes. La lectura del auto es imprescindible para todo aquel que quiera saber que está pasando y que está haciendo el Ministerio Fiscal en relación a este asunto.
Fiscalía sostiene en su informe que las preferentes son un producto legal, y que su comercialización responde a los parámetros civiles, que no se trata de un plan preconcebido, y que en su caso, si hubiera que investigar a alguien por estafa, sería a los empleados de las sucursales que las vendieron directamente a los clientes:
“La preferencia de la vía civil sobre la penal fue acordada en el encuentro celebrado en la Fiscalía General del Estado de 21 de septiembre de 2012 y al que asistieron, entre otros, los Fiscales Superiores de los distintos TSJ. El Defensor del Pueblo, en su Estudio sobre Participaciones Preferentes de marzo de 2013 se refiere también a la solución civil analizando los distintos pronunciamientos judiciales.”
Inconcebible: Nos enterábamos ahora de que la Fiscalía había decido no investigar ni perseguir penalmente la estafa de las preferentes antes incluso de que se presentarán denuncias y querellas, antes incluso de disponer de datos, investigaciones e informes de los organismos. Y a pesar de todo, se decía a los ciudadanos que acudieran a denunciar y que aportaran información a las distintas fiscalías repartidas por el territorio. ¿Como era posible decidir nada si ni siquiera habían investigado? ¿Acaso las órdenes del Gobierno eran tajantes e indiscutibles?
Además, según la Fiscalía, del informe de la CNMV no podía deducirse que se hubiera cometido un delito de manipulación de mercados y de precios, y que en todo caso, eso no era un delito que afectara a los titulares de preferentes. ¿Y entonces, si quien interpuso la querella pago por que se lo dijo el banco cinco veces más de lo que valían en 2011 las preferentes según la mismísima CNMV, ese perjuicio, a quien se le ha causado? ¿A nadie o a todos y cada uno de los afectados en concreto y de forma cuantificable de manera exacta?
No pareció gustarles a las partes, incluida la misma Fiscalía, que se abriera la investigación por la preferentes, así que recurren en apelación el auto del Juzgado, que no hacía más que cumplir no sólo la orden dada por la Sala de la Audiencia, sino recoger la argumentación contundente de las querellas frente a la debilidad e inconsistencia de los informes. En su apelación la Fiscalía insiste en no investigar (documento 12).
En el recurso de apelación incluso tienen la osadía de decir que fue la Fiscalía quien promovió la investigación de la comercialización de las preferentes, cuando, como vemos, fuimos nosotros, a pesar de su oposición (página 5 del recurso de apelación).
Se dice en la apelación que no parece razonable concebir que todo se debiera a un plan desde la dirección de la entidad, y que los empleados se limitaron a cumplir unas directrices de venta, sin informar correctamente a los clientes, pues ellos tampoco sabrían que estaban vendiendo.
Pero ¿y si Fiscalía hubiera investigado, como ha hecho 15MpaRato, hasta averiguar que era lo que sabían los empleados, y que instrucciones recibieron? ¿Y si se hubieran dado unas instrucciones de venta que implicaban informar a sabiendas de características que nada tenían que ver con las preferentes?¿Y si se tenía que insistir en la seguridad, en las garantías, en la liquidez, en los actos que boca a boca comercialmente realizaban los empleados porque así se lo ordenaron?
La seguridad no existía. Pero el empleado las vendía como seguras.
No existía ninguna garantía, pero a pesar de ello, la palabra garantía estaba presente constantemente en la conversación de venta, como si efectivamente existiera.
No existía liquidez alguna, pero siempre se insistía en que en unos días se recuperaba el dinero cuando el cliente quisiera.
Como no había datos objetivos, el deber de la Fiscalía era oponerse a las acciones ejercidas por otros. Podían haber investigado sobre esos datos ¿no?
Durante el verano, y a la espera de que muchísimas partes en la pieza separada de preferentes respondieran a los recursos de apelación de Bankia, BFA y Fiscalía, las actuaciones se paralizaron.
Naturalmente se presento la oportuna impugnación a los recursos de apelación (documento 13).
Nosotros seguíamos sin saber lo que queríamos, los famosos porcentajes.
Era evidente que Bankia los sabía, pero se negaba a entregarlos, y que la CNMV también debía conocerlos.
El día 11 de septiembre de 2013 llegó a 15MpaRato de manera anónima esa información:
Resultaba que cada emisor de preferentes informaba siempre a la CNMV de la distribución que había tenido el producto entre profesionales y particulares, el mismo día de cierre de cada emisión. Bankia y la CNMV lo sabían. Pero por razones obvias se habían negado a dar esa información al Juzgado.
Al respecto de las preferentes de 2009, todo se vendió a particulares, ni una sola a profesionales.
Tenemos por tanto una de las piezas clave de este puzzle criminal: si ese dato existe para unas preferentes, debe existir para todas las demás. Así que lo hemos pedido al Juzgado respecto a las series con las que iniciamos la querella, las del canje de marzo de 2012.
Habíamos dicho que esto no era una crisis, que era una estafa.
Sabíamos que los mercado estaban manipulados. Lo denunciamos en nuestra querella y en nuestros escritos, y 15MpaRato lo ha probado con el informe de la CNMV de marzo de 2013.
Sabíamos que para manipular un mercado era necesario que en él no hubiera profesionales, que era imprescindible que todo el mercado estuviera compuesto de clientes ahorradores que ignoraran siquiera que estaban en un mercado, y con el documento que presentamos el 11 de septiembre 15MpaRato ha vuelto a probarlo.
La investigación estaba llegando a su fin. Un mercado manipulado, unos clientes ignorantes para ese mercado, y solo faltaba acreditar que todo se basaba en un plan.
Los clientes no debían saber que compraban exactamente, sino que había que engañarlos para que compraran una cosa pensando que compraban otra. Había que informarles sobre unas características que lo que le vendían no tenía, para ganarse su confianza y lograr estafarles.
Tenían que escoger a clientes de muchos años, para no despertar sospechas.
Y lo sabían todo acerca de todos.
La operación de traspasar los ahorros de los clientes a patrimonio de las Cajas era fundamental para intentar solventar el problema de la quiebra en la que estaban.
Todo, para captar recursos masivamente sin que los afectados ni siquiera llegaran a imaginar que serían despojados de sus ahorros.
15MpaRato ha vuelto a conseguirlo. Ahora, de nuevo, aportamos a la causa criminal documentos que acreditan que el plan se trazó , diseñó y ejecutó desde la dirección de la entidad. El plan de ventas fraudulento.
Que era vital conseguir vender el producto a los más débiles.
Que además, cada día se debían colocar unas cantidades específicas, por cada sucursal, sin excusas y fuera de la forma que fuera.
Y por supuesto, los clientes no deberían enterarse nunca.
Presentamos ahora los argumentarios de venta y la información necesaria que se envió a las sucursales para que los empleados y directores colocaran las preferentes, documentos que deberían permitir que en todos los juicios civiles que por todo el país se están tramitando resultaren condenados por haber inducido a error a los clientes.
Plan provincial de venta, órdenes y argumentos, datos de clientes (documento 14).
El primero de ellos se refiere a la provincia de Toledo. Debe haber uno por provincia, pero solo tenemos este, y hemos pedido los demás.
Observen que el documento comienza diciendo que la operación es VITAL para la entidad, puesto que ese dinero iría a recursos propios, que en realidad, y dada la situación era “a cubrir pérdidas”. Segunda página.
Esto no se lo dijeron a los clientes.
Oportunidad única para cumplir objetivos, es decir, se pagaría bien a los empleados.
Todos debían implicarse, eran “acciones de nuestra empresa”.
Eso tampoco se lo dijeron a sus clientes.
Todos conocemos el producto, tenemos que saber que contestar cuando alguien ponga objeciones, y ha venderse boca a boca, sin publicidad. Nunca ha de darse publicidad a esta operación.
A pesar de que precisamente, en estos casos se debería dar la máxima difusión, según las normas, y ser transparentes y públicos los datos, según la CNMV.
En la página 10 del documento que ahora presentamos, se prohíbe a los empleados que haya publicidad del producto en ningún sitio. De ningún modo debe quedar prueba por escrito de lo que se va a hacer, ni nadie debe enterarse de lo que hacemos (no sea que de la voz de alarma)
Cuando esas limitaciones de las que habla el documento está prohibidas por las leyes.
En definitiva, no solo probamos que había un plan, sino que además el plan suponía mentir, y mentir a clientes específicos. Atacar los plazos fijos y las ventanas de liquidez de los fondos. Solo en la provincia de Toledo habían vendido preferentes de 2004 a más de 800 menores de edad. Conocían toda la información de las personas mayores, a los que principalmente había que convertir en objetivos. Y decirles que se pagaba más, que se podía recuperar el dinero rápidamente, y que eso lo hacían con ellos, porque eran preferentes.
Todo mentiras, en definitiva.
Ese primer documento, contiene la propuesta de la operativa de venta, con los argumentos que hay que utilizar para vender y que por supuesto son totalmente contrarios a la realidad de los folletos. Pero ya sabemos, no debía haber ningún papel ni ninguna publicidad en las oficinas, de manera que no quedaran rastros o pruebas y que los clientes no pudieran comparar lo que les decían verbalmente con lo que se plasmaba en los folletos de emisión, de los que en realidad solo les daban un resumen cuando habían firmado todo y movido el dinero.
Todo el plan se basaba en manifestaciones inciertas sobre el producto,
El primer argumentario quedo de esta forma definitivamente:
Observen los puntos clave de lo que le decían a las víctimas. Nada coincidía con la verdad que las leyes obligaban a trasmitir a este tipo de consumidores.
Argumentos provisionales que debían utilizar los comerciales (documento 15).
Creemos que con estos documentos hemos completado la investigación necesaria para probar que todo era un delito, que se planificó de manera ilegal, que se consiguió engañar a todos los que había que engañar, y que se manipuló el mercado para que no se descubriera el engaño.
Hemos de decirle una cosa a la Fiscalía: Creemos que con esto es suficiente para sostener una acusación. ¿Qué más necesitan?
Y, para terminar, el resultado definitivo, que desde la central se envío a todas las sucursales, además por supuesto de la misma advertencia e información que acabamos de mostrar respecto a Toledo:
Ah, se nos olvidaba, miren ustedes un pequeño detalle en la primera página y en todas y cada una de las demás:
“NO ENSEÑAR A LOS CLIENTES”
Documento 16. presentado por Bankia en un Juzgado de Madrid a requerimiento del Juez y de un abogado que en agradecimiento a lo que 15MpaRato procura para todos, quiso informarnos de lo que había conseguido. Gracias, desde 15MpaRato a todos aquellos que colaboran con nosotros ayudándonos a perseguir a los criminales y a conseguir que reciban su justo castigo.
Hemos completado el puzzle. La investigación de los delitos de estafa, captación de capitales mediante engaño en las cuentas y manipulación de mercados, ha concluido. Todo ha quedado demostrado.
Ahora solo falta el epílogo de esta trama. ¿Qué hicieron con el dinero?
Próximamente les contaremos que es lo que hicieron. Es igual de inmoral que lo anterior.
