Pues ya sabemos que nuestro gobierno está pergeñando una maniobra para que la Justicia en España, país que ha suscrito los acuerdos internacionales para adherirse a la llamada "Justicia Universal", ya no tenga que enfrentarse a criminales de otros países -esas "chiquilladas" generalmente militares que tanto trabajo dan a los Ministros de Asuntos Exteriores como Moratinos o este de ahora-, salvo en casos que cumplan tantas condiciones que será difícil encontrar alguno.
Esta providencia será, si nada lo impide, uno de los últimos síntomas de esa Justicia Universal en España. Traigo aquí la noticia por eso, no por el caso en sí, pues entre los muchos abusos del gobierno chino contra las personas los hay probablemente mucho peores, y crímenes contra la humanidad sin investigar, también.
Esperemos que Francia no haga lo mismo con los crímenes de Ruanda. O Argentina con los crímenes del franquismo.
El País, 6 de febrero 2014El juez Moreno ordenará el arresto del expresidente chino Jiang Zemin
- El magistrado dicta una providencia para cumplir la orden de busca y captura de la cúpula del PCCh por el genocidio tibetano
- La Audiencia reabre la causa contra Hu Jintao por el genocidio del Tibet
- Tíbet fuera de Tíbet
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dictará la orden internacional de detención contra el expresidente chino Jiang Zemin y el ex primer ministro Li Peng, entre otros antiguos altos cargos de la cúpula política y militar del gigante asiático, por el genocidio en el Tíbet. A través de una resolución de apenas un párrafo, el magistrado da cumplimiento al auto de la Sección Segunda de la Audiencia, que el pasado 18 de noviembre, ordenaba la puesta en búsqueda y captura de los políticos que gobernaron China en la década de los noventa del siglo pasado.
El escueto escrito pone un punto y aparte en el embrollo judicial sobre las órdenes de detención de la cúpula del Partido Comunista Chino. Tanto el juez Moreno como la Fiscalía de la Audiencia se mostraban contrarios -y remisos- a dictar las órdenes de detención. Enfrente, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, órgano superior, aceptó las tesis del Comité de Apoyo al Tíbet, impulsor de la querella por el genocidio en la región autónoma china, y forzó la búsqueda y captura de los dirigentes del PCCh.
La decisión de Ismael Moreno, obligada por la Sección Cuarta, llega mientras se tramita en el Congreso la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que reducirá a la mínima expresión la llamada jurisdicción internacional, esto es, la competencia de los jueces españoles, en este caso los de la Audiencia Nacional, para investigar delitos de lesa humanidad y otros cometidos fuera del territorio español. Esta limitación de la justicia universal llega después de que el régimen chino se haya mostrado vejado por las actuaciones de los jueces españoles y haya presionado con medidas de carácter comercial y económico al Gobierno de Mariano Rajoy.
Este miércoles, la Sección Cuarta de la Audiencia, presidida por la magistrada Ángela Murillo, rechazó el incidente de nulidad presentado el pasado 20 de enero por el que la Fiscalía buscaba la anulación de un auto de la propia Sección Cuarta por el que se obligaba al juez Ismael Moreno a dictar las órdenes de arresto, que él había decidido archivar.
El fiscal argumentaba que para dictar las órdenes de arresto, que causaron un "fuerte malestar" en el Gobierno chino, tenía que existir en el procedimiento un auto de prisión motivado, pero la sala sostuvo que ese trámite corresponde al juez instructor, Ismael Moreno, quien debía haber dictado el auto y luego ordenar las detenciones.
La sección cuarta ordenó a Moreno el pasado 18 de noviembre que dictara los arrestos al apreciar, en contra del criterio de este magistrado, que había indicios de delito contra los exdirigentes por su participación en lo que las víctimas califican de un ataque "generalizado y sistemático contra la población tibetana" entre finales de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado.
También reprochaba la Sección Cuarta al fiscal que haya pedido la nulidad el pasado 20 de enero, dos meses después de que se ordenaran las detenciones, cuando "decidió darse por notificado" de ello, y presentó un incidente "fundamentándolo en motivos que, de sobra, conocía dos meses antes".
Aparte de Jiang, presidente de China entre 1993 y 2003, la sala ordenó la detención de Li Peng, primer ministro chino a finales de los años 80 y principios de los 90; Qiao Shi, exjefe de la seguridad china y responsable de la policía armada; Chen Kuiyuan, secretario del Partido Comunista de China en Tíbet entre 1992 y 2001, y Peng Peiyun, ministra de Planificación Familiar en los años 80. Los querellantes sostenían que las declaraciones de distintos testigos ante el juzgado de Ismael Moreno, la información judicial enviada por Canadá, Bélgica y Suecia y las resoluciones de la ONU sobre el Tíbet apuntaban directamente a la cúpula del PCCh como responsables del genocidio y por ello pedían su detención.