A desregistrar, a desregistrar que esa casa es nuestra...

[Vitriólico]

Una jueza investiga las inmatriculaciones de la Iglesia

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba, María Teresa García, es la primera jueza de España que ha abierto diligencias para determinar el alcance de las inmatriculaciones de distintos bienes llevados a cabo en los últimos años por la Iglesia Católica. La jueza ha abierto diligencias después de recibir una denuncia del diputado provincial del partido Unión Cordobesa (UCOR) Carlos Baquerín, que el pasado mes de octubre envió su escrito a la Audiencia Provincial de Córdoba para que decidiera si podía haber algún tipo de delito sobre este proceso que ha permitido a la Iglesia poner a su nombre distintos bienes en el Registro de la Propiedad.

El propio Baquerín ha sido citado para la próxima semana por la jueza para que declare y confirme las acusaciones de su escrito. En su denuncia, Baquerín enumeró seis hechos que podrían ser delitos. Así, en el primero señala que “la Diócesis de Córdoba desde hace años ha procedido a inmatricular en su beneficio propio bienes inmuebles al amparo de los distintos privilegios que le otorga el artículo 206 de la Ley Hipotecaria” y que lo ha hecho “mediante la expedición de certificaciones del diocesano cuyo contenido literal no parece probable que resulte cierto y veraz en todos los casos señalados. Puede concurrir un presunto delito de falsedad documental”.

¿APROPIACIÓN INDEBIDA?

Además, agregó que podría haber “apropiación indebida” al haber inmatriculado algunos bienes que son de titularidad pública. También considera que “lo ha hecho mediante posible abuso de confianza y de posición, y sin publicidad ni consulta alguna”. El cuarto hecho que relató es que “si además se diera el caso de que la Administración hubiera tenido conocimiento de la situación, la responsabilidad sería común. Pudieran concurrir presuntos delitos de estafa y de prevaricación”. Por último, asegura en su denuncia “que no es excluible, al menos en algún caso, la responsabilidad del Registro de la Propiedad de Córdoba”.

Baquerín citó en su denuncia cuatro inmatriculaciones concretas: la Mezquita Catedral, el Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente, la plaza del Pocito de la Fuensanta y la ermita del Socorro, junto a la plaza de la Corredera. No obstante, desde su denuncia han trascendido más inmatriculaciones, como las llevadas a cabo por la Diócesis en la iglesia de San Agustín después de que el edificio fuese restaurado con fondos públicos, la ermita del cementerio de la Salud (inmatriculada tras una cesión del anterior gobierno municipal, dirigido por IU) o la ermita de los Santos Mártires en el Balcón del Guadalquivir, incluida por el Ayuntamiento de Córdoba como de su propiedad según consta en la ficha del Plan Especial del Casco Histórico de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

También la Diócesis ha inmatriculado la iglesia de San Hipólito, donde está adosado un antiguo kiosko que es de titularidad municipal y localizado sobre el dominio público, según distintas fuentes del Ayuntamiento de Córdoba.


Fuente:
ALFONSO ALBA / 11 Ene 2015
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[Vitriólico]

LA HIPOCRESÍA DE ESTA GENTE NO TIENE LÍMITES. AHORA RESULTA QUE "ESTAMOS EN OTROS TIEMPOS".

Los obispos pierden la prórroga de un año para registrar propiedades

El PP elimina los privilegios de la Iglesia en su reforma de la ley hipotecaria

La reforma de la ley hipotecaria planteada por el PP en abril del año pasado eliminaba los privilegios de los obispos para poner a su nombre propiedades que no tenían dueño conocido. Pero les daba un año desde que esta modificación entrara en vigor para seguir haciéndolo. Ese año de prórroga fue eliminado el miércoles mediante una enmienda de los populares: la reforma de la ley en la comisión de Justicia del Congreso impedirá, nada más publicarse en el BOE, que la Iglesia siga con esta práctica que tanto rédito le ha dado. Se desconoce el número de propiedades —pisos, ermitas, catedrales, fincas, frontones, fuentes, plazas públicas— que los obispos han registrado a su nombre, sobre todo desde 1998, cuando el Gobierno de Aznar amplió esos privilegios, pero se sabe que son miles por toda España.

El diputado popular Gonzalo Ordóñez resume así el espíritu de esta enmienda: “Son otros tiempos, la Iglesia debe tener los mismos derechos que las demás instituciones, no debe haber esos privilegios, todos tenemos que estar en pie de Igualdad”, resume el diputado popular Gonzalo Ordóñez. El PP se ha corregido a sí mismo con una enmienda. Las llamadas inmatriculaciones de la Iglesia estaban poniendo en aprietos a varios Ayuntamientos, como el de Córdoba, una ciudad donde algunos ciudadanos están muy movilizados desde que descubrieron que la Mezquita ha pasado a ser propiedad del obispado por unos 30 euros y sin demostrar que el monumento es suyo.

“Creo que eliminar ese año extra es positivo", dice el diputado de IU Gaspar Llamazares, "pero el expolio ya está hecho; los ciudadanos deberían tener el derecho a conocer qué propiedades están registradas y recurrirlo”, añade.

"¿Cuál es el coste social y económico de este paraíso fiscal de la Iglesia para la ciudadanía?"
La eliminación de estos privilegios y su prórroga no alegra del todo a las plataformas y organizaciones ciudadanas, porque creen que esto, con ser bueno, consagra la “amnistía registral” de los obispos. Ellos esperaban que el artículo franquista de esa ley que permite a los obispos actuar como funcionarios se hubiera recurrido al Constitucional porque, en caso de haberse declarado contrario a la Constitución, se ampliarían las posibilidades de los ciudadanos para recuperar sus propiedades en los tribunales, aseguran.

Así lo quería IU, por ejemplo, pero este grupo no tiene diputados suficientes presentar un recurso. El PSOE, que sí los tiene, no ha querido porque no tenía garantías de que el Constitucional lo admitiera a trámite, o eso es lo que han venido argumentando. El diputado socialista Víctor Morlán insistía ayer en que prefieren “esperar a ver cómo queda el proyecto de ley y si hay posibilidades de que admitan el recurso”.

“Ya es tarde”, lamenta Carmen Urriza, abogada de una de las plataformas ciudadanas. “Y no hay sorpresas por parte de algunos grupos políticos”, dijo en referencia al PSOE. “Recurrir al Constitucional ya no tiene sentido porque la reforma elimina esos privilegios franquistas. Creo, eso sí, que se ha consumado el expolio y los ciudadanos tendrán muy difícil recuperar las propiedades en tribunales”, añade. Las plataformas de Navarra y Córdoba y las organizaciones Europa Laica y Redes Cristianas estudian ir a los tribunales europeos con este asunto. Y creen que esos registros de la Iglesia siguen siendo inconstitucionales porque se hicieron bajo un procedimiento inconstitucional. Urriza opina que el rechazo del PSOE a presentar este recurso, les ha "maniatado" y les obliga a ir a Europa si quieren seguir con esta lucha. "Nosotros no damos plazos al Gobierno. Queremos que nos digan ya cuántas inmatriculaciones se han producido y cuál es el coste económico y social que este paraíso inmobiliario y fiscal de la Iglesia supone para la ciudadanía", dice Urriza.

Abstención en Navarra

El pleno del Parlamento navarro ha debatido este jueves si se presentaba un recurso al Constitucional sobre la ley franquista que permite que los obispos actúen como funcionarios y pongan a su nombre propiedades sin dueño conocido y sin tener que demostrar que ellos son los titulares. Los parlamentarios han decidido que no se presentara ese recurso. Para ello han votado en contra UPN y PP con un total de 21 votos, a los que no pudieron sobreponerse los 18 que sumaron EH Bildu (13), Izquierda-Ezkerra (3) y Geroa Bai (2). ¿Y que hizo el partido socialista?
La semana pasada los socialistas navarros permitieron con su voto que la Mesa del Parlamento enviara a pleno este asunto y los grupos de izquierda esperaban que, en consecuencia, votaran a favor, "como suele ocurrir tantas veces", dice el parlamentario de Bildu Víctor Rubio. Pero se abstuvieron. Los socialistas argumentan aquí y allá que no quieren llevar este asunto al Constitucional si no tienen garantías de que sea admitido a trámite y tanto los servicios jurídicos del Parlamento andaluz como del navarro han informado de que no se admitiría. Los argumentos jurídicos, impecables, es que el plazo para llevar al Constitucional las leyes predemocráticas concluyó en 1980. Cierto, pero eso no ha impedido que los obispos hayan utilizado esa ley franquista para sus inmatriculaciones todo este tiempo.
La cuestión ahora es si las plataformas de ciudadanos llevaran este asunto a los tribunales europeos, en busca de un soporte jurídico que les permita acudir a los tribunales en España con cierta garantía de que las propiedades a nombre de los obispos sean devueltas al patrimonio público o a sus propietarios privados. Algo que según las plataformas de ciudadanos se habría conseguido quizá con un pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
En el PP defienden que cualquier ciudadano que se considere afectado puede acudir a la justicia y pleitear por lo que considera suyo. Pero, ¿cómo demostrar la titularidad de miles de iglesias, ermitas y otros templos que nunca estuvieron inscritos a nombre de nadie pero que en su día, puede que siglos atrás, construyeron las gentes de los pueblos con su trabajo y cediendo el terreno? Difícil.



Fuente:
ELPAÍS.ES
CARMEN MORÁN
Madrid 26 MAR 2015
http://politica.elpais.com/politica/201 ... 18610.html" onclick="window.open(this.href);return false;

[Vitriólico]

Aquí tenéis un bonito y detallado ejemplo del expolio de bienes que la Iglesia Católica ha cometido en solo una de las provincias de este curioso y sufrido país.

Mapa de las inmatriculaciones de la iglesia católica en Córdoba

Aunque el expolio inmobiliario que ha llevado a cabo la jerarquía católica en los últimos años es una pandemia que afecta a todo el Estado, pocas ciudades como Córdoba han sido capaces de desvelar el escándalo en sus distintas dimensiones, sin duda a raíz de la reivindicación ciudadana de la Mezquita. La apropiación de bienes por parte de la Iglesia Católica se ha efectuado con arreglo a dos normas franquistas, propias de un Estado confesional y flagrantemente inconstitucionales: una equipara a la Iglesia Católica con una administración pública, y otra a los diocesanos con notarios. Valiéndose de ambas herramientas, la jerarquía católica ha inmatriculado miles de bienes de manera clandestina y sin acreditar título de propiedad, con especial codicia a partir de la reforma con la que Aznar abrió la puerta del Registro a los “templos de culto” en 1998. Hasta entonces, nadie cuestionaba la naturaleza pública de estos bienes, como las calles o las plazas, sin perjuicio de los derechos al uso que en su caso pudieran corresponder a sus poseedores. La inmensa generalidad de los inmuebles con finalidad aparentemente religiosa, no habían sido construidos por ninguna estructura de la Iglesia, habían sido mantenidos por el pueblo y restaurados con dinero de todos y todas.

Desconocemos el número de bienes inmatriculados con arreglo a este procedimiento porque el Gobierno, el Ministerio de Justicia o la Dirección General de los Registros y del Notariado, se han negado sistemáticamente a proporcionar estos datos con las excusas más peregrinas o con el silencio como respuesta.

En segundo lugar, no sólo se han inmatriculado templos de culto o similares. Este hecho contrastado desmonta la coartada de la Iglesia Católica de limitarse a regularizar sus “posesiones” (que no sus propiedades), porque han inscrito bienes privados de otra índole, que no ha poseído o documentadamente públicos, hasta el extremo de ofrecer vergonzantemente su devolución. El caso de las plazas del Pocito, del Triunfo de San Rafael o del kiosco de San Hipólito, raya el esperpento y evidencia el uso torticero y la voracidad inmobiliaria de la jerarquía católica.

Y en tercer lugar, por definición, los bienes de dominio público no acceden al Registro de la Propiedad “privada”. Las inmatriculaciones practicadas por la jerarquía católica han invertido la prueba de manera diabólica: ahora se presumen que son suyos y deben ser las administraciones quienes tienen que demostrar lo que hasta entonces era incuestionable. Para colmo, han degradado su naturaleza jurídica al rango de un mero bien privado. Desde la Mezquita hasta la plaza del Pocito

Dejando aparte el caso más emblemático de la Mezquita, intentaremos diseccionar los diferentes supuestos de expolio que hemos sufrido en la ciudad de Córdoba:

Apropiación de plazas públicas

Triunfo de San Rafael

En abril del 2011 el Obispado inmatriculó la Plaza del Triunfo de San Rafael sin presentar ningún título de propiedad, fundamentando su dominio únicamente en la descripción histórica del monumento y en su dedicación al “culto católico”.

La titularidad pública de la plaza es indiscutible. En el archivo constan datos precisos que prueban que desde el año 1850 la plaza es de propiedad pública, con el consentimiento expreso del Obispado de desprenderse de ella para no asumir su mantenimiento. Además, está documentado que todas las reparaciones realizadas hasta hoy han sido pagadas por el Ayuntamiento. Las últimas actuaciones fueron su inclusión en el inventario de bienes del Ayuntamiento en el año 1984, y su restauración en el año 2002 en el Plan de Excelencia Turística. Aún con esto, el obispado inmatriculó la plaza a su nombre en el 2011.

La respuesta lógica hubiese sido reclamar su devolución inmediata, pero no fue así. El Ayuntamiento optó por borrarlo de su inventario de bienes y decir que si la Iglesia manifiesta que es suyo, será que es cierto, aunque choque frontalmente con los antecedentes documentados y con las propias actuaciones anteriores del Ayuntamiento. No es una mera dejación de su obligación de defender el patrimonio público, sino una verdadera colaboración activa en la apropiación privada del mismo.

La Plaza del Pocito de la Fuensanta

En 1987 se inmatriculó la Plaza del Pocito de la Fuensanta, ocultando su carácter religioso y con una descripción oscura para ocultar su apropiación. La reforma de Aznar que permite registrar templos de culto no se produjo hasta 1998, por lo que el Obispado no declaró que se trataba de una iglesia para poder inscribirla en el Registro. Además el texto trata de esconder que se inscribe la plaza. Para ello se usó esta descripción:

“Porción de terreno al pago de Nuestra Señora de la Fuensanta, de esta Capital, con superficie de cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro metros cuadrados, sobre la que existen edificaciones en su fondo, que ocupan mil ochocientos veintiocho metros cuadrados, y que consisten en la Casa del Capellán, con un pequeño jardín; Capilla y otras dependencias.”

De la comparación del texto con los metros de superficie y el plano que consta en el catastro se extrae que cuando se dice “otras dependencias” se está refiriendo a la Iglesia, el pocito y la plaza pública en la que se encuentra.

Ante esta apropiación el Ayuntamiento de nuevo ha guardado silencio, siendo el consejo de Distrito Sureste, que representa a los vecinos de la Fuensanta, los que han actuado en contra. Lejos de acceder a la devolución, el Obispado parece dispuesto a discutir la propiedad de la plaza en los juzgados.

Bienes públicos mantenidos por las administraciones públicas

Estas plazas no han sido los únicos bienes públicos de los que se ha apropiado la Iglesia frente a la pasividad de las Administraciones públicas. En el 2005, el Obispado inmatriculó la Iglesia de San Hipólito, y aprovechando que estaba en su esquina, un kiosko municipal. Está perfectamente documentado que el kiosko, actualmente en desuso, fue construido por el Ayuntamiento. Encontrarse en una esquina de la iglesia y estar cerrado parecen motivos suficientes para inscribirse en el registro junto con el templo.

Puede decirse que el Ayuntamiento no ha respondido ante estos hechos, limitándose a decir que estudiará la situación. Al hacerse público este “robo jurídico”, el Obispado ha decidido devolver por sí mismo el kiosko, con lo que podemos dar por hecho que no habrá ninguna consecuencia en su contra. Estará automáticamente libre de culpa. Tan sorprendente como injusto.

Analizar todas las inmatriculaciones de Córdoba sería una labor demasiado extensa, por lo que sólo señalaremos unas de las más representativas, las iglesias fernandinas. Mandadas construir por Fernando III el Santo, son el ejemplo perfecto de templo de titularidad pública. Su construcción fue ordenada por la corona, se utilizaron como edificios administrativos en sus respectivos barrios y sus restauraciones han sido pagadas hasta hoy por el Estado. Así encontramos la Iglesia de San Agustín, restaurada con casi cuatro millones de euros por la Junta, o la Iglesia de la Magdalena, cuya reparación tras un incendio costó a la Junta más de 600.000 euros. Ambas iglesias fueron inmatriculadas por el Obispo poco después de su última restauración. Especialmente grave es el caso de la Magdalena, al tratarse de un bien desacralizado. Ya sabemos que este mismo procedimiento se usó con las Iglesias de San Pablo (ganada posteriormente en el Tribunal Supremo por sus legítimos propietarios), San Pedro, Santa Marina, la Ermita de los Santos Mártires, la Iglesia del Socorro, la Basílica del Juramento de San Rafael, etc.

La respuesta del Ayuntamiento siempre ha sido la misma, guardar silencio y continuar sufragando el mantenimiento de los templos.

La Iglesia no inmatricula ruinas

“La Iglesia no inmatricula ruinas.” Así de claro lo dijo el Arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián. La expresión más correcta sería que las ruinas son restauradas con dinero público para ser después inmatriculadas por la Iglesia. Ese es el procedimiento que se ha seguido con la inmensa mayoría de inmuebles, algunos ya citados.

Córdoba se ha convertido en el ejemplo perfecto de este expolio monumental. Tenemos tres templos en ruinas: el convento de Regina, la Iglesia de Santa Clara y la de Campo Madre de Dios. Nunca se ha cuestionado su titularidad ni a quién corresponde su restauración, ambas en manos del Ayuntamiento. Está visto que cuando su estado de conservación es malo no choca que sean templos de titularidad pública.

El Convento de Regina ya está siendo restaurado para albergar el museo cofrade, y el culmen de la mala actuación del Ayuntamiento llega con Campo Madre de Dios, pactando que se restaure con dinero público para cederlo después a la Iglesia. Lejos de exigir a la Diócesis el cuidado de sus bienes, se restauran los públicos para regalarlos. Y lamentablemente, no es la primera vez que ha ocurrido.



Fuente:
Claudio Rodríguez
03 de mayo de 2015
http://www.lamarea.com/2015/05/03/anato ... n-cordoba/" onclick="window.open(this.href);return false;

[Vitriólico]

Córdoba impulsa con nuevos bríos la ‘guerra de las inmatriculaciones’ contra la Iglesia

La ‘guerra de las inmatriculaciones’ eclesiásticas se recrudece en el incruento campo de batalla de las calles de Córdoba después de que el resultado de las últimas elecciones municipales hayan permitido a la izquierda recuperar el gobierno municipal. Además de su importancia política general, el cambio de gobierno tiene importancia ‘bélica’, ya que el anterior equipo del Partido Popular tendía más bien a alinearse con el ‘enemigo’, representado por el poderoso Cabildo de la Catedral.

El grupo de Ganemos Córdoba, que no está integrado en el gobierno municipal pero cuyos votos son decisivos para la estabilidad del gobierno de coalición de PSOE e IU, llevará una proposición al próximo Pleno del Ayuntamiento de Córdoba con la pretensión de que el Consistorio “solicite un listado de los bienes inmatriculados por la jerarquía católica” en Córdoba.

Simultáneamente, la junta de gobierno local aprobaba ayer una moción por la cual se declaraban de titularidad pública los más de 2.000 metros cuadrados de la plaza del Pocito, uno de los inmuebles inmatriculados en su día por el Cabildo que para el Ayuntamiento son de propiedad inequívocamente municipal, es decir, del pueblo de Córdoba.

TODA UNA ‘DECLARACIÓN DE GUERRA’

La moción la promovía por el teniente de alcalde de Gestión, Emilio Aumente, dispuesto “a defender todo aquel espacio de sea público”. Junto a la también concejal Alba Doblas, de IU, Aumente augura una enconada judicialización del asunto, pese a considerar que “sería mucho más fácil para todos que hubiese voluntad para solucionar algo que es tan evidente”. El nuevo equipo consistorial, que encabeza la socialista Isabel Ambrosio, lo tiene claro: “Todo lo que sea público se inscribirá a nombre de este Ayuntamiento”. Una declaración de ‘guerra’ en toda regla.

Mientras tanto, el Cabildo ha venido mostrándose dispuesto a alcanzar acuerdos con el Ayuntamiento, sí, pero “siempre que se preserve el carácter religioso del santuario y la capilla del Pocito, así como la legalidad de la inscripción registral”. La Iglesia sostiene que la plaza se asienta sobre unos terrenos inscritos en el catastro en el año 1754.

FRACASO DE LA VÍA JUDICIAL

Hasta ahora, la vía judicial no ha dado resultados favorables a los defensores del laicismo. El pasado 9 de junio un juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba acordaba el archivo de las denuncias presentadas contra las inmatriculaciones de la Diócesis de Córdoba sobre diferentes monumentos, al resolver que los hechos denunciados “carecen manifiestamente de contenido penal”, dado que la inmatriculación de bienes inmuebles por parte de la Diócesis está “amparada” por la Ley Hipotecaria.

La instrucción concluía que “todas las inmatriculaciones se han realizado en cumplimiento estricto de la legalidad vigente y que han sido supervisadas por los registradores de la propiedad, contra los cuales caben interponer los recursos correspondientes tanto en vía administrativa como judicial”.

Al respecto, el auto recogía que “en ningún caso” se puede suponer la comisión de delitos penales por parte de las autoridades, funcionarios o la Diócesis de Córdoba, tras presentarse en este caso las denuncias contra el obispo, Demetrio Fernández, y el alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto, entre otros.

GANEMOS CÓRDOBA HACE MEMORIA

En un comunicado de ayer, Ganemos Córdoba recordaba que “en 1998 el Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar, modificó el Reglamento Hipotecario para permitir la inscripción de templos de culto en el registro de la propiedad, lo que hasta entonces no era posible por su naturaleza históricamente pública”.

Para aprovechar esta nueva norma, según recordaba Ganemos, “la jerarquía católica resucitó el uso de dos normas franquistas e inconstitucionales, aprobadas en 1946 y 1947: el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y el 304 del Reglamento Hipotecario. El primero equipara a la Iglesia con la Administración Pública, otorgándole el privilegio de acceder al Registro de la Propiedad sin título, y el segundo equipara a los diocesanos con notarios, de forma que un obispo puede certificarse a sí mismo que es el propietario de un inmueble atendiendo a lo que él diga”.

A través de este procedimiento, según ha criticado Ganemos, “se han inmatriculado, sin título de propiedad, miles de bienes en España que podrían ser públicos”, cuando, además, “debe quedar claro que el posible uso litúrgico no condiciona en absoluto la propiedad” y, por otro lado, “se han inmatriculado miles de bienes en manifiesto abuso de derecho y fraude de Ley, al no haber sido poseídos nunca por la Iglesia Católica e incluso no poder argumentar la coartada de su posible uso litúrgico, como solares, viviendas, caminos e incluso plazas públicas”.

La presión ciudadana y política, según subrayaba Ganemos, “ha desvelado numerosos escándalos, provocando la aprobación de la Ley 13/2015, que modifica la Ley Hipotecaria para eliminar el privilegio registral mencionado, pero lo hace sin efectos retroactivos, con lo que se produce una amnistía registral sobre los miles de bienes inscritos por la Iglesia Católica sin presentar título de propiedad”, de ahí que Ganemos quiera conocer cuáles son los bienes inmatriculados por la Iglesia en Córdoba, según recoge Europa Press.

Fuente:
ANA ISABEL CERRO / 11 Jul 2015
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[Vitriólico]

Las inmatriculaciones de la Iglesia llegan a Europa

Cinco colectivos ciudadanos llevan al Parlamento europeo el "escándalo" que ha permitido a los cabildos "apropiarse de miles de bienes de dominio público"

Así lo han explicado en un comunicado las mencionadas asociaciones, entre las que también figuran las Plataformas de Defensa del Patrimonio Navarro, Europa Laica, Redes Cristianas y Comunidades Cristianas Populares, destacando que, "aunque la disposición ha sido ya reformada, dada su evidente inconstitucionalidad, no tiene carácter retroactivo y, de hecho, consolida todas las inmatriculaciones efectuadas en virtud de una ley predemocrática que equipara a la Iglesia con el Estado y concede a los diocesanos el rango de fedatarios públicos".

Por este motivo, los citados colectivos pretenden reunirse con los grupos parlamentarios de la Eurocámara, a quienes expondrán "la dimensión de un problema que afecta a la práctica totalidad del patrimonio histórico de España, incluidos la Mezquita-Catedral de Córdoba o la Giralda de Sevilla, dos de los monumentos más importantes del mundo".

Los cinco colectivos van a impulsar dos preguntas parlamentarias, una referida a las inmatriculaciones y otra a la defensa de la Mezquita de Córdoba, para las que espera "concitar el mayor número posible de apoyos entre los grupos de la Cámara de la UE".

De hecho, según ha señalado los colectivos, "varios partidos han contestado ya afirmativamente a la petición ciudadana" y, "en todo caso, el propio martes se analizará conjuntamente con los europarlamentarios otras vías políticas de actuación, dentro de los cauces reglamentarios de la Unión Europea (UE)".

"El escándalo de las inmatriculaciones de la jerarquía católica -- prosigue el comunicado-- da de esta manera un salto crucial a la esfera europea, por cuanto representa una clara vulneración de uno de los valores comunes, como es la separación entre Iglesia y Estado y la perpetuación de un privilegio arcaico incompatible con un Estado democrático y de derecho".

Los colectivos de defensa del patrimonio histórico han declarado "confiar en una mayor comprensión en Europa del grave problema que representa la monumental apropiación de inmuebles de dominio público por parte de la jerarquía católica que hasta hace escasos años nunca habían accedido al registro de la propiedad privada".

Las plataformas han explicado por último que, "hasta ahora todas las iniciativas para evitar el expolio cultural se habían atascado en sede parlamentaria", ya que "ni en el Congreso de los Diputados, ni en los parlamentos autonómicos de Navarra y Andalucía, se lograron sumar apoyos parlamentarios mínimos para elevar un recurso de inconstitucionalidad contra la ya reformada Ley Hipotecaria".


Fuente:
Córdoba. (EUROPA PRESS) -
Leer más: http://www.lavanguardia.com/local/sevil ... z3fm3vL5Zu" onclick="window.open(this.href);return false;

[JohnyFK]

La aberración en éste caso es que es totalmente cierto que los inmatriculadores compulsivos eclesiásticos realmente sí que tienen derecho legal (que no moral) a hacer lo que están haciendo. Por lo tanto, por mucho que se investigue, a no ser que los abusivos derechos notariales de la iglesia católica se anulen con carácter retroactivo, esto a nivel legal quedará en un simple pataleo, aunque sí que pueda valer para concienciar a la gente.

Bueno, por algo se empieza. Pero me parece increíble que no se haga más eco de ésto en los medios de comunicación importantes. Porque, como ya he dicho, es una aberración.

[Vitriólico]

El PSOE impide que la Junta de Andalucía reclame las inmatriculaciones de la Iglesia

El Parlamento votó una proposición de Podemos para recuperar parte del patrimonio pero el PP votó en contra y PSOE y Ciudadanos se abstuvieron
Los socialistas alegan que es competencia del Gobierno central y desde Podemos lo desmienten y les recuerdan que País Vasco, Navarra y Aragón ya han elaborado ese listado

El Parlamento de Andalucía rechazó este jueves que el Gobierno regional elabore un listado con todos aquellos bienes de los que se ha apropiado la Iglesia desde el año 1978. Tumbaron esta propuesta de Podemos el voto en contra del PP y las abstenciones de PSOE y Ciudadanos. Los cinco diputados de IU sí apoyaron esta petición, que además del registro pretendía que la Junta reclamase aquellas propiedades que la Iglesia se atribuyó sin la debida justificación.

Los socialistas alegaron la dificultad de contabilizar el enorme Patrimonio histórico y cultural de la región: "Andalucía es una comunidad muy extensa y eso es competencia del Gobierno central, nosotros podríamos hacerlo también, sí, pero otras comunidades lo han pedido al Gobierno de la nación y se lo han dado, es más fácil que lo hagan ellos", expresó la diputada Soledad Pérez.

Según informa El País, desde Podemos, Lucía Ayala recordó que su partido había negociado con el PSOE pedir esta tarea al Gobierno de Rajoy y, que si no obtenían respuesta pasado un mes, sería la Junta la que tomaría la iniciativa. Podemos subrayó además que no es esta una competencia exclusiva del Gobierno del Estado ya que País Vasco, Aragón y Navarra han elaborado ya estos listados, en todos los casos contando con el apoyo del PSOE.

Los socialistas tampoco quieren que se contabilicen las apropiaciones desde 1978 sino desde 1998, año en el que Aznar permitió a los obispos que se quedaran también con los templos de culto. A raíz de entonces, dicen, se produjeron la mayoría de inmatriculaciones. Sin embargo, Podemos proponía ampliar el registro a toda la etapa democrática porque fue una ley franquista la que convirtió a los obispos en funcionarios del Estado y les atribuyó la posibilidad de inscribir a su nombre cualquier propiedad, sin necesidad de contar con el visto bueno de un notario.

"El PSOE se convierte en cómplice del enorme expolio"

Desde la plataforma Mezquita-Catedral: patrimonio de todos criticaron que, con su abstención, "el PSOE traiciona su compromiso expreso reiterado por su presidenta, Susana Díaz, de defender la titularidad pública de la Mezquita-Catedral y se desmarca de su propio programa electoral, reclamaba 'la titularidad del dominio o de otros derechos reales sobre los bienes que han sido inmatriculados a favor de la Iglesia católica si dicha inmatriculación se produjo sin la existencia de un título material'".

De hecho, recordaron que la propuesta rechazada estaba redactada "en idénticos términos a la presentada en mayo por su propio partido ante el Congreso". "La Junta de Andalucía deberá explicar por qué defiende con firmeza el interés general cuando es oposición y a una entidad privada, como la Iglesia católica, cuando tiene responsabilidades de gobierno", añadió el colectivo.

Para esta plataforma "el PSOE de Andalucía se convierte en cómplice del enorme expolio perpetrado por la Iglesia al amparo de una ley claramente inconstitucional" que le ha permitido, entre otras cosas, adueñarse de la Mezquita de Córdoba.

Fuente:
INFOLIBRE.ES
Gabriel Arias
http://www.infolibre.es/noticias/politi ... _1012.html" onclick="window.open(this.href);return false;

[skeptic]

Susanita parece del PP, vaya asco.

[eduardo dd]

Vistos los resultados en Andalucía, para que van a cambiar

[eduardo dd]

Publicada el jueves, 07 de abril de 2016 -http://www.parlamentodenavarra.es/57/se ... ticia=7561

Se insta al Gobierno a asumir la defensa jurídica del patrimonio inmatriculado por la Iglesia

Se plantea la revisión de la política institucional referida a subvencionar el mantenimiento y conservación de dichos bienes, en función de los intereses de los pueblos


El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y los votos en contra de UPN y PPN, una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “cumplir con la resolución aprobada por este mismo Pleno el día 15 de junio de 2012, en sus puntos 1 y 3”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se exhorta al Ejecutivo Foral a “recabar del Ministerio de Justicia todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica en Navarra, desde 1946 hasta hoy”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se emplaza al Gobierno de Navarra a “solicitar a las Diócesis de Pamplona y Tudela que devuelvan los bienes inmatriculados. Y, caso de no ser así, a que procedan de uno en uno de forma pública y notoria, a fin de preservar los derechos que pudiesen ostentar terceros sobre dichos bienes”.

Asimismo, se conmina al Ejecutivo Foral a que, “mientras no se recuperen los bienes inmatriculados por la Iglesia católica, toda política institucional referida a subvencionar el mantenimiento y conservación de esos bienes sea valorada y revisada en función de los intereses de los pueblos afectados, de la recuperación de dichos bienes y de la seguridad del patrimonio común navarro”.

Por otra parte, se llama al Gobierno de Navarra a “personarse en todos aquellos procedimientos judiciales iniciados a instancias de entidades locales de Navarra o cualesquiera legitimados, cuyo objeto sea la recuperación de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia católica”.

Además, se solicita al Ejecutivo que “informe sobre la cuantía y destino de todas las partidas institucionales que se han asignado al mantenimiento y reparación de todo tipo de bienes, muebles e inmuebles patrimoniales, ahora privatizados por las diócesis navarras desde 1979 hasta 2015”.

Por último, se insta a Gobierno de España a “iniciar los trámites para declarar la inconstitucionalidad de los artículos modificados (artículo 206 de la Ley Hipotecaria y artículo 5 del Reglamento Hipotecario), al objeto de evitar una amnistía registral y posibilitar la recuperación de lo inmatriculado”. En este epígrafe el PSN ha sumado sus votos en contra a los de UPN y PPN. El resto ha mantenido su apoyo.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por los G.P Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E muestra su “estupor” por los 1.087 bienes inmuebles que las Diócesis de Pamplona y Tudela inmatricularon entre los años 1998 y 2007 y, a ese respecto, advierte sobre el impacto de la Ley aprobada durante el primer gobierno de Aznar, dado que el 78% de las inmatriculaciones realizadas en Navarra durante ese período se corresponden con lugares de culto, algo “excluido incluso durante la dictadura franquista”.

Los proponentes entienden que la “aconfesionalidad” consagrada en la Constitución choca con un “trato de favor continuado” en materiales tales como “el pago de impuestos o la recepción de ingresos públicos”, un “escándalo monumental” que ha derivado en “hurto de patrimonio material e inmaterial por parte de una institución que hace gala de una falsa austeridad”.

A su juicio, esta situación, “reprobable por diversas consideraciones sociales, jurídicas y éticas”, más aún en el caso de bienes que, “como los templos, han sido en muchos casos levantados y mantenidos por los habitantes del respectivo pueblo o ciudad”, obliga al Parlamento a “posicionarse y adoptar las resoluciones oportunas a fin de procurar la recuperación de dichos bienes”.

En ese sentido, se recuerda que el 14 de junio de 2012 el Pleno del Parlamento de Navarra aprobó una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a realizar un inventario del patrimonio total afectado por las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia católica, a asumir la defensa jurídica de dicho patrimonio y a promover la declaración de inconstitucionalidad del artículo 206 de la Ley Hipotecaria.

Y, ya más recientemente, se apunta que el conjunto de la propuesta presentada por la Plataforma de defensa del Patrimonio navarro en la sesión de trabajo celebrada el pasado 13 de enero en el seno de la Comisión de Presidencia “fue acogida favorablemente por todos los grupos parlamentarios que tomaron parte en la misma”.

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• Publicación de la moción (BOPN, n.º 45, de 01-04-2016)

[JohnyFK]

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