EL CRIPTOCONFESIONALISMO DEL ESTADO ESPAÑOL

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Vitriólico
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Re: EL CRIPTOCONFESIONALISMO DEL ESTADO ESPAÑOL

Mensaje sin leer por Vitriólico »

ESTE CULEBRÓN LEGAL ES UN INFUMABLE: MEDALLAS PÚBLICAS A UN SER IMAGINARIO, EL LIBRO DE BAUTISMO EN UN ORDENADOR NO ES UN FICHERO INFORMÁTICO, ... ESTE PAÍS NO TIENE SOLUCIÓN.
Y NO OS PERDÁIS LA LECTURA DEL PÁRRAFO DESTACADO EN ROJO.
El Constitucional decidirá si es legal la medalla que Interior le puso a la virgen en 2014

Europa Laica y Mhuel llevan al alto tribunal la sentencia por la que la Audiencia Nacional avaló, con un tribunal quebrado con dos votos particulares que la consideraban ilegal, la condecoración que el ministro Jorge Fernández Díaz otorgó a una imagen religiosa.



Las organizaciones lacicistas Europa Laica y Mhuel (Movimiento Hacia Un Estado Laico) han pedido el amparo del Tribunal Constitucional para declarar ilegal la concesión de una medalla de oro al mérito policial a una figura de la virgen María Santísima del Amor que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, conocido por sus iniciativas pías, acordó en febrero de 2014.

Las asociaciones, que defienden que esa condecoración, de carácter honorífico, no tiene cabida en un Estado formalmente aconfesional como el español, han recurrido la sentencia por la que la Sección Quinta de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en un tribunal de quebrado por los votos particulares de dos de sus tres magistrados, avaló esa decisión de Interior.

Piden al Constitucional que declare infringidos sus derechos, anule la sentencia y obligue al tribunal a dictar otra “respetuosa con el derecho fundamental vulnerado” y “estimatoria del recurso contencioso administrativo interpuesto”. EuropaLaica y Mhuel presentaron contra esa sentencia un recurso de nulidad que la Audiencia Nacional rechazó, por lo que la única vía que les queda para defender su postura es solicitar el amparo del Constitucional.


"Una figura religiosa no es ni puede ser sujeto de derechos ni de obligaciones", señala el recurso de las asociaciones
En su recurso, en el que sostienen que la Audiencia Nacional les causó indefensión y que vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva, mantienen que la sentencia incurre en “un error manifiesto sobre los presupuestos fácticos que le han servido para resolver el asunto”, que el tribunal cayó en una “incongruencia” que le llevó a emitir un “fallo imprevisible” y que, además, hizo una “aplicación arbitraria de la legalidad” al llegar a unas conclusiones jurídicas “ilógicas, irracionales, esperpénticas y absurdas”.
“Una figura religiosa, que no es persona, ni por tanto tiene entidad jurídica, ni es ni puede ser sujeto de derechos ni de obligaciones, de donde resulta que la Orden impugnada es de contenido imposible”, señala el recurso.

La impugnación alude también a supuestos defectos formales del expediente, como la ausencia de una propuesta formulada por una autoridad para iniciar el expediente de concesión de la medalla o la falta de un informe favorable de la Junta de Gobierno de la Policía, y también, el hecho de que no haga “ni siquiera mención de un solo mérito de la cofradía” para condecorar a su imagen. Los tres jueces que convalidaron la decisión sostuvieron que el hecho de que la Constitución declare que España es un Estado aconfesional “no debe llevar a desconocer la realidad sociológica del país”.
Para los jueces discrepantes, el planteamiento de sus compañeros incluye “referencias religiosas de muy difícil, si no imposible, justificación"
El expediente por el que Fernández Díaz aprobó la condecoración señala que su objetivo era dar a la imagen, propiedad de la cofradía malagueña de Jesús el Rico, “reconocimiento y respeto, acogiéndonos bajo el manto de su protección y con el ruego de que nos guíe en la difícil pero importante misión que la Policía tiene encomendada”. Eso, añadía, “constituye la manera de simbolizar la relación ya consolidada y aceptada entre dos instituciones”.

Para los jueces discrepantes, por el contrario, ese planteamiento de sus tres compañeros ─que rechazaban que la virgen no fuera una persona física o jurídica─, incluía, en realidad, “referencias religiosas de muy difícil, si no imposible, justificación a la luz del artículo 16 de la Constitución y, según se ha dicho, de la realidad social española actual”.

Y añadían que esa condecoración tiene como finalidad, “recompensar comportamientos muy relevantes o trayectorias profesionales ejemplares” relacionadas con la actividad policial, algo que, según su criterio, no cumple una imagen religiosa por mucho que sus cófrades propongan la liberación de un preso cada semana santa y que la Dirección General sea hermano mayor.


Fuente:
PUBLICO.ES
EDUARDO BAYONA
http://www.publico.es/politica/constitu ... erior.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Si pretendes razonar sobre religión con un creyente piensa que, si pudiera razonar sobre ello, ... ¡no sería creyente!

"La primera vez que alguien te engaña, es culpa suya. La segunda, tuya.".
(Proverbio árabe).

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skeptic
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Re: EL CRIPTOCONFESIONALISMO DEL ESTADO ESPAÑOL

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No confío mucho en el constitucional, son unos meapilas.
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"Argumentar con una persona que ha
renunciado a la lógica, es como dar
medicina a un hombre muerto".
— Thomas Paine
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Vitriólico
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Re: EL CRIPTOCONFESIONALISMO DEL ESTADO ESPAÑOL

Mensaje sin leer por Vitriólico »

Ya hay un español que quiere
vivir y a vivir empieza,
entre una España que muere
y otra España que bosteza.
Españolito que vienes
al mundo te guarde Dios.
una de las dos Españas
ha de helarte el corazón.


Ésta es la que congela.
La Asociación Militar de Guardias Civiles pide apoyo al arzobispo Castrense ante “agresiones laicistas” en el Cuerpo


COMENTARIO: Hay quienes siguen anclados en el pasado, tanto del confesionalismo decimonónico como del nacional-catolicismo franquista, y pretende que en pleno siglo XXI se siga manteniendo un confesionalismo católico en la Guardia Civil. Una institución estatal que por la propia Constitución debe ser, al menos, aconfesional. Y sorprende que sean ellos quienes califiquen de totalitarios a los que simplemente defienden la laicidad en las instituciones del Estado. Más les vale analizar los “valores cristianos” de ese Cuerpo en el pasado siglo XX.

La Asociación Militar de Guardias Civiles (AMGC) ha denunciado ante el arzobispo Castrense, monseñor Juan del Río, la máxima autoridad eclesiástica para el Ejército, “agresiones laicistas” en el seno del Cuerpo y el arzobispo ha mostrado su apoyo a todas las iniciativas que preponderen el humanismo cristiano en el ámbito militar.
Según han indicado fuentes del arzobispado a Europa Press, el arzobispo Juan del Río reivindica y apoya “todas las iniciativas donde tengan una cierta preponderancia los valores del humanismo cristiano” y esto fue lo que transmitió al presidente de la AMGC, Alberto Baena.

Durante el encuentro, que tuvo lugar la semana pasada, el presidente de la AMGC, denunció ante el arzobispo Castrense “agresiones de laicistas en el seno del Cuerpo” y alertó de la intención por parte de estas personas de “desmilitarizar el Cuerpo y apartarlo de sus costumbres y tradiciones”.

“La obcecación cuasi enfermiza de algunos por querer desmilitarizar el Cuerpo y apartarlo de sus costumbres y tradiciones no tiene sentido pues somos lo que somos gracias a nuestra naturaleza militar y a los valores cristianos que emanan de nuestra misión benefactora”, asegura Baena.

Desde la AMGC abogan por “combatir desde la fe cristiana” estos comportamientos que califican de “totalitarios”. Por ello, han planteado a Del Río poner en marcha iniciativas encaminadas a reforzar los valores cristianos en el ámbito castrense.

Según recuerdan desde la asociación, estos valores “han acompañado a la Guardia Civil desde su creación y están recogidos en la Cartilla del Guardia”.

En la reunión también estuvo presente la coordinadora de AMGC en Madrid, Carmen Jiménez, que defendió que “vivir en un Estado aconfesional no conlleva claudicar ante las pretensiones de los laicistas y, mucho menos, ante las imposiciones de aquellos que, profesando religiones minoritarias, pretenden imponer en la Guardia Civil sus costumbres y convicciones”.


Fuente:
LAICISMO.ORG
TELECINCO · 7 MARZO, 2016
https://laicismo.org/2016/la-asociacion ... rpo/142792" onclick="window.open(this.href);return false;
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JohnyFK
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Re: EL CRIPTOCONFESIONALISMO DEL ESTADO ESPAÑOL

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Los capellanes castrenses... la mayor aberración de este país y el peor lastre que nos ha dejado el nacional-catolicismo.

Debería de ser considerado una aberración hasta para los propios religiosos si fueran consecuentes con lo que se supone que son sus propios valores y mandamientos.
"El ser humano no es un animal racional, tan solo es capaz de razonar" Jonathan Swift
Jesús no murió por ti, fueron las estrellas: http://www.youtube.com/watch?v=Ne9pVmG7n8Q
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Vitriólico
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Re: EL CRIPTOCONFESIONALISMO DEL ESTADO ESPAÑOL

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SUBVENCIONES PÚBLICAS

Patrimonio subvenciona misas y rezos en el Valle de los Caídos

El organismo pagó en 2013 casi 900.000 euros a tres congregaciones religiosas por celebrar ceremonias y cuidar edificios públicos

Imagen
Monumento del Valle de los Caídos


El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional subvenciona todos los años con 340.000 euros a la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos “por levantar las cargas espirituales" y “atender a la finalidad social de la fundación”, según el informe preliminar que ha redactado el Tribunal de Cuentas sobre la gestión en 2013 del citado organismo. El tribunal, además, cuestiona otras dos entregas de dinero en forma de subvención por un total de 543.000 euros que perciben congregaciones religiosas de los Monasterios de Yuste (Cáceres) y del El Escorial (Madrid). Ambas subvenciones están fundamentadas también en el levantamiento de cargas espirituales (“misas diarias, mensuales y anuales”) y custodia y atención social por parte de los religiosos de bienes propiedad de Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de Presidencia. Así se indica literalmente como finalidad en los contratos o convenios que existen entre el Estado y estas congregaciones religiosas, y de los que se hace eco en el informe al que ha tenido acceso EL PAÍS, cuestionándolos, el Tribunal de Cuentas. Uno de los convenios que obligan a Patrimonio a la entrega anual de estos importes (que suman 880.000 euros) fue revisado en 2013, y otro data de 1958.

La subvención de 340.000 euros a la Abadía del Valle de los Caídos (también conocida como Cuelgamuros) “es anual y directa” (sin concurrencia ni publicidad) y su motivo es, señala el Tribunal de Cuentas, “levantar las cargas espirituales impuesta por el fundador y atender a la finalidad social” de la Fundación, denominada La Santa Cruz del Valle de los Caídos. Y que “principalmente”, subraya el informe del órgano fiscalizador, consiste en la actividad de “un centro de estudios sociales, biblioteca, escolanía y hospedería”. Otra condición para recibir el dinero es que la abadía “en todo momento cuente con 20 monjes profesos y el correspondiente noviciado”.

Los auditores y letrados del Tribunal de Cuentas que han elaborado el informe, que ahora está siendo supervisado por sus 12 consejeros (la mayoría nombrados por el PP) y adelantado este jueves por EL PAÍS, se muestran muy críticos con estas subvenciones. Y, especialmente, con la del Valle de los Caídos. "De esta subvención no se ha rendido nunca cuenta justificativa”, exponen. Cuando el tribunal pidió que se justificase la subvención de 2013 (año objeto de la fiscalización, Patrimonio Nacional aportó copias de facturas que fueron “compulsadas posteriormente” por un funcionario de este organismo que se desplazó hasta la Abadía.

“No se aporta memoria justificativa de haberse cumplido las condiciones y los objetivos del convenio suscrito, ni una explicación sobre la vinculación de los gastos justificados con el contenido de dicho convenio”. Se refiere el tribunal a un convenio entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la citada congregación religiosa que data de 1958. “En el expediente [de justificación por parte de Patrimonio] faltan, además, los informes del órgano gestor y de la intervención sobre su conformidad o reparos a la justificación presentada por el beneficiario [de la subvención], así como en su caso, la aprobación por el órgano competente. Este procedimiento, por tanto, no cumple suficientemente los requisitos formales y materiales establecidos para la justificación de subvenciones en la Ley General de Subvenciones y en su reglamento”, dictamina el informe, elaborado por el departamento de la consejera del tribunal Enriqueta Chicano.

La otra subvención que cuestiona el Tribunal de Cuentas es la que se otorga a la comunidad religiosa del Monasterio de El Escorial denominada Provincia Agustiniana Matritense. “De la subvención al Real Patronato del Monasterio de El Escorial por importe de 213.400 euros”, señala el órgano fiscalizador, “la principal partida justificativa corresponde, a su vez, a una subvención del Real Patronato a la Provincia Agustiniana Matritense, por importe de 450.000 euros". Esta subvención obedece "a un contrato firmado en 1984 con la citada comunidad religiosa (…) Y de acuerdo con ello, se ceden por tiempo indefinido [a los citados religiosos] diversos bienes inmuebles del Monasterio de El Escorial: La Real Basílica, convento, noviciado, seminario, biblioteca, el edificio La Compaña, en el que se sitúa el Real Colegio de Estudios Superiores María Cristina, locales estos que integran el Real Colegio de Alfonso XII, huerta, jardines, etcétera, así como bienes muebles (pinturas, alhajas, relicarios, vasos y ornamentos sagrados, ropa de iglesia…)". El citado convenio establece, además, y "a tanto alzado, una subvención anual de 45 millones de pesetas (equivalente a 270.455 euros) cuya cuantía se ha venido revisando hasta llegar a los 450.000 euros abonados en 2013”.

A cambio de este dinero, aclara el tribunal, los religiosos “se comprometen al levantamiento de diversas cargas espirituales que se especifican en el contrato (misa diaria, mensuales y anuales) y a colaborar en fines culturales, científicos y de custodia” aludidos en el convenio “de un modo genérico e indeterminado”. Según el tribunal, “únicamente se detalla de modo específico las obligaciones de custodia y dirección de la biblioteca por parte de tres religiosos (director y auxiliares), y las de dotar de diez becas para hijos de empleados de Patrimonio Nacional”. La única justificación aportada sobre estos gastos “se limita a una memoria de actividades elaborada” por los religiosos “sin aportación de facturas”. Este procedimiento incumple también la ley de subvenciones, zanja el tribunal, que además entiende que la regulación de esta subvención es "laxa" por lo "indeterminado" de sus fines; y señala que muchas veces quienes tienen que justificar en que invierten el dinero se limitan a decir, sin más, que están cumpliendo con lo acordado. Es decir, que las misas se celebran, los bienes se cuidan y las atenciones sociales, en su caso, se han desarrollado.

Y la tercera subvención que ha investigado el Tribunal de Cuentas es la destinada al obispado de Plasencia (Cáceres) y que es fruto de un convenio firmado en 2011 entre este y Patrimonio Nacional, y que establece “la cesión durante 20 años, a título gratuito, para que se instale” la denominada "orden de San Pablo, el primer Eremita de Polonia”, de clausura, en una parte del Monasterio de Yuste. Además de esa cesión, Patrimonio se compromete anualmente a pagar 93.000 euros y se hace cargo de las obras de rehabilitación, conservación y mantenimiento de las dependencias cedidas, entrega del mobiliario, elementos litúrgicos y ajuar doméstico; y también a cubrir "los gastos de seguridad, suministro de luz, agua y combustible para calefacción y agua caliente en sus dependencias”. Los religiosos se comprometen, a cambio de ese dinero, “a mantener la residencia permanentemente, atender el servicio de culto en la iglesia del monasterio y a colaborar en actividades de ámbito cultural, que no se especifican” en el convenio, subraya el tribunal.

“No consta explicación alguna sobre la necesidad o conveniencia para el interés público de este convenio y de los gastos asumidos (sueldo de los monjes, cotizaciones sociales, alimentación, menaje, libros, etcétera), ni tampoco sobre el cálculo del importe total de la subvención, que no se apoya en presupuesto alguno”. Los justificantes que ha presentado el Obispado de Plasencia son los siguientes: "nóminas de dos sacerdotes (19.684 euros), paga extra de otro sacerdote (703 euros), cotizaciones a la Seguridad Social (4.857,72), mobiliario sacristía (42.915), alojamiento dos meses casa sacerdotal Plasencia (2.244), alimentación y gastos varios (16.579) y libros (6.468 euros)".

Patrimonio Nacional ha alegado ante el Tribunal, en relación a la subvenciones concedida a los religiosos del Monasterio de El Escorial, que “no existe una subvención a la Comunidad Agustiniana Matritense, la subvención se concede al Real Patronato del Monasterio de El Escorial”. Y que este, a su vez, “tiene un contrato” con los citados religiosos formalizado “por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, actuando en este caso como administrador del citado Real Patronato”. Sobre este asunto, Patrimonio añade: “En cuanto a la justificación de las subvenciones, en este y en otros patronatos, las debilidades apreciadas [por el tribunal] han servido para que el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional haya probado en 2015 las [nuevas] normas generales de concesión, distribución y justificación de las subvenciones”.

El tribunal entiende que las subvenciones y convenios firmados con estas tres congregaciones, más que el cuidado de los inmuebles públicos, tienen como finalidad "casi exclusivamente el mantenimiento de las comunidades religiosas", y subraya que "no consta explicación alguna sobre la necesidad o conveniencia para el interés público" de los citados convenios, "ni tampoco los gastos asumidos (sueldos de los monjes, alimentación, menaje, libros, etcétera)". Añade, además, que tampoco "consta el cálculo de los importes de las subvenciones" (es decir, por qué se entrega ese monto de dinero y no otro); ni se "especifican los gastos subvencionables ni su justificación con relación al contenido y finalidad de los convenios". También llama la atención en el hecho de que dos de las citadas congregaciones "no hayan presentado nunca cuentas justificativas hasta que estas fueron solicitadas por el tribunal", en 2013.

Fuentes judiciales consultadas por este periódico señalan: "Con estas entregas importantes de dinero, sin sacar nada a concurso, se vulnera la igualdad de culto en un estado constitucionalmente aconfesional, y se beneficia a una confesión religiosa a la que se le deja ocupar un edificio público; y, encima, se le pagan todos los gastos internos y de conservación. ¿Qué es eso de pagar por misas diarias o levantar cargas espirituales? Esos convenios deben cambiarse y ajustarse al hecho de que España es un país que no debe primar con dinero de todos a una única religión", entienden las citadas fuentes. Este periódico intentó ayer recabar la opinión de Patrimonio Nacional.

ALEGACIONES DE PATRIMONIO

Sobre la subvención de 340.000 euros del Estado a la Abadía del Valle de los Caídos, que “nunca ha rendido cuentas, señala el Tribunal, Patrimonio Nacional ha explicado al órgano fiscalizador, como alegación al informe, que aún no se ha desarrollado la normativa que debe regular la gestión del Valle de los Caídos y que, por ello, entiende que sigue vigente el antiguo convenio que permite tales ayudas entre la Fundación y la Abadía. La Fundación carece de toda actividad desde hace muchos años.

“A día de hoy, Patrimonio Nacional ha venido asumiendo los gastos que genera El Valle de los Caídos. Entre estos gastos se incluye una transferencia anual de 340.000 euros a favor de la abadía benedictina para sufragar la escolanía y mantener a la comunidad benedictina”.

Sobre el pago de 93.000 euros al Obispado de Plasencia, Patrimonio Nacional alude al convenio en el que se estipula que la finalidad es “cubrir los gastos derivados de la residencia permanente de la comunidad religiosa (…) en la zona asignada del Real Monasterio de San Jerónimo de Yuste, incluidos los derivados de los servicios religiosos en la iglesia del Real Monasterio, y los gastos en que incurra la comunidad religiosa directamente afectados al cumplimiento de las obligaciones contempladas en el convenio".


Fuente:
ELPAIS.COM
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ
Madrid 19 MAR 2016
http://politica.elpais.com/politica/201 ... 85685.html" onclick="window.open(this.href);return false;

investigacion@elpais.es
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eduardo dd
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Re: EL CRIPTOCONFESIONALISMO DEL ESTADO ESPAÑOL

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:z2: :z2: :z2:

El juez permite al ex tesorero de CDC ir a Roma de peregrinación

Autoriza el viaje por la «especial protección» de la Constitución a la religión

Noticia -http://www.elmundo.es/cataluna/2016/03/ ... b467c.html

eduardo dd
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Re: EL CRIPTOCONFESIONALISMO DEL ESTADO ESPAÑOL

Mensaje sin leer por eduardo dd »

Preguntas al Gobierno por las misas que paga en el Valle de los Caídos


En Comú Podem pide explicaciones sobre las subvenciones que abona Patrimonio Nacional “por levantar cargas espirituales"

Imagen

http://politica.elpais.com/politica/201 ... 20953.html" onclick="window.open(this.href);return false;
El diputado Xavier Domènech, de En Comú Podem, ha pedido al Gobierno en funciones que informe si el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional subvenciona todos los años con 340.000 euros a la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos “por levantar las cargas espirituales” y “atender a la finalidad social de la fundación”. Es decir, por celebrar misas, rezos y otros menesteres religiosos y sociales, tal como avanzó EL PAÍS el pasado 19 de marzo.

La subvención, destaca Domènech, que tuvo acceso al primer informe que ha hecho el Tribunal de Cuentas sobre la gestión de Patrimonio Nacional durante el ejercicio 2013, es “es anual y directa” (sin concurrencia ni publicidad). Patrimonio Nacional no solo subvenciona a esta congregación religiosa del Valle de los Caídos. También entregó en 2013 otros 600.000 euros a otras que hay en los monasterios de Yuste y El Escorial.

Y estas tres no son las únicas ayudas religiosas que otorga y que fundamenta en antiguos convenios, que se han ido renovando, en los que se indica como finalidad o contrapartida la celebración de misas, rezos y custodia de edificios. Patrimonio se hace cargo de casi todos los gastos: recibos de luz, agua, reformas…

Domènech centra varias de sus preguntas al Gobierno en funciones en el Valle de los Caídos y destaca: “Los auditores y letrados del Tribunal de Cuentas que han elaborado el informe se muestran, siempre según este prestigioso periódico, muy críticos con estas subvenciones. Y, especialmente, con la del Valle de los Caídos”.

“De esta subvención”, apunta Doménech, “no se ha rendido nunca cuenta justificativa. Y cuando el tribunal pidió que se justificase la subvención de 2013 (año objeto de la fiscalización, Patrimonio Nacional aportó copias de facturas que fueron compulsadas posteriormente por un funcionario de este organismo que se desplazó hasta la Abadía”.

Y agrega: “No se aporta memoria justificativa de haberse cumplido las condiciones y los objetivos del convenio suscrito, ni una explicación sobre la vinculación de los gastos justificados con el contenido de dicho convenio”. El diputado de En Comú Podem se refiere al pasaje del informe que concluye que el “procedimiento” seguido por Patrimonio Nacional con estas subvenciones “no cumple suficientemente los requisitos formales y materiales establecidos para la justificación de subvenciones en la Ley General de Subvenciones y en su reglamento”.

Patrimonio Nacional alegó al tribunal, con relación a la subvención de 340.000 euros del Estado a la Abadía del Valle de los Caídos, que está a la espera de que se desarrolle la normativa que debe regular la gestión del Valle de los Caídos y que, por ello, entiende que sigue vigente el antiguo convenio que permite tales ayudas.

Domènech quiere que el Gobierno indique si es verdad lo que dice el Tribunal de Cuentas, si se han seguido aportando esas subvenciones al Valle de los Caídos “en los ejercicios 2014, 2015 y 2016″ y, en su caso, el importe entregado. También quiere que el Gobierno informe “a cuántas entidades, asociaciones u organizaciones de toda índole subvenciona Patrimonio Nacional sin concurrencia ni publicidad”. Y que explique “en qué considera que contribuye a la mejora del Patrimonio Nacional un monumento que alberga y honra al dictador Francisco Franco y sus crímenes, que fue construido por presos políticos que fueron represaliados y forzados por permanecer fieles al gobierno legítimo de la República, y en el que se celebran misas y concentraciones que enaltecen la ideología fascista y el golpe de Estado de 1936″.

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