Para los que defienden lo privado frente a lo público

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Dom Nov 06, 2011 9:05 pm

Malo para los pacientes, peor para los empleados y encima más caro para todos.

Viva la Espe!

La privatización de hospitales, una hipoteca para el futuro
Los nuevos centros públicos de financiación privada disparan los costes a largo plazo, según expertos y sindicatos

ANTONIO GONZÁLEZ Madrid 05/11/2011

"Los nuevos servicios han sido, en general, más costosos que si se hubieran empleado los métodos tradicionales (...) Algo positivo es que es más fácil que estas instalaciones se construyan en el plazo y dentro del presupuesto; pero estas ventajas se consiguen a menudo a costa de la calidad".

Esta era, en 2006, la principal conclusión de un informe de la Organización Mundial de la Salud sobre los hospitales públicos construidos, y a veces también gestionados, por la iniciativa privada. Hoy, cinco años después, expertos, sindicatos y organizaciones de defensa de la sanidad pública siguen criticando y planteando dudas sobre un modelo que, sin embargo, tiene una gran rentabilidad política. No en vano permite a las administraciones inaugurar nuevos hospitales, incluso en crisis como la actual, sin apenas desembolsos en los primeros años, ya que la construcción recae en la iniciativa privada, que se acaba cobrando con creces la inversión a través que los cánones que cobra en los siguientes 30 años, lo que acaba disparando el coste final como ocurriría, por ejemplo, con una hipoteca.

Y es que un hospital puesto en marcha bajo una de estas modalidades, conocidas de forma genérica como PFI (iniciativa de financiación privada) por sus siglas en inglés, puede llegar a suponer, cuando vuelve a manos de la administración tres décadas después, un coste de al menos cuatro veces más a si su construcción se hubiera realizado con dinero público, según calculan los sindicatos y organizaciones de sanidad pública basándose en los cánones que debe pagar a las empresas concesionarias la Comunidad de Madrid, la administración que más frecuentemente ha recurrido a esta fórmula de financiación en los últimos años.

Los nuevos centros acaban costando al menos cuatro veces más

"Es muy cómodo para el político", señala Manuel Rodríguez, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO en Madrid, que alerta sin embargo de que recurrir al dinero privado, en lugar de a la financiación pública, conlleva "gastos financieros bestiales". Así, calcula que de los cerca de 1.000 millones que aproximadamente hubiera costado hacer los siete hospitales de Madrid construidos bajo la fórmula de gestión mixta pública-privada (una empresa construye el hospital y lo gestiona mientras la autonomía sigue controlando la asistencia sanitaria), el precio final para los contribuyentes rondará los 4.500 millones.

Además, como resalta Pilar Navarro, secretaria de Salud de UGT, al final de los 30 años de concesión la administración de turno, tras haber pagado cantidades millonarias, recibe "un hospital obsoleto". Por ello, este sindicato ya pidió al Gobierno central en julio que aborde un análisis riguroso de la eficiencia de estas nuevas fórmulas de gestión.

CCOO: el modelo mixto conlleva "gastos financieros bestiales"

También están muy preocupados por el coste de estos centros en la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, que ha recopilado datos según los cuales los madrileños pagarán este año un montante de 761 millones, que ascenderá a 4.284 una vez finalizadas las concesiones, por unos hospitales cuya construcción ha costado sólo unos 700 millones. "El coste se multiplica por entre cuatro y siete dependiendo de la modalidad de concesión", señala el portavoz de la Federación, Marciano Sánchez Bayle.

A su juicio, los nuevos hospitales construidos por Aguirre se hubieran podido hacer "a un coste muy inferior" con fondos públicos, si bien es cierto que "no todos a la vez". "Se trata de favorecer el negocio del sector privado", agrega. "Tienes que pagar el beneficio de la empresa privada más el IVA, y luego la gestión no es mucho mejor", valora por su parte Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO.

"Es un chollo inicial [para la administración] que luego sale muy caro a los ciudadanos", remacha. De hecho, la rentabilidad de las concesionarias fue superior al 11% hasta enero en Madrid, según reconocieron las propias empresas cuando advirtieron en abril al Gobierno regional del riesgo de "colapso" por la caída de sus beneficios. Asimismo, como señala la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid, estos centros "están diseñados para realizar actividades sanitarias que no comportan grandes riesgos, pero aseguran beneficios rápidos". "Las actividades más costosas y menos rentables (como unidades de quemados o cirugía especializada) se mantendrán en centros públicos", agrega.

Gestión privada pura
Pero al menos en los centros anteriores el personal sanitario sigue perteneciendo a la sanidad pública, algo que no ocurre en la modalidad de concierto, donde la concesionaria se ocupa también de la gestión sanitaria de la población del área de influencia del centro, como ocurre en el caso de los hospitales de Torrejón y Valdemoro. "Ahí el político paga y se olvida de todo lo demás", agrega Martínez, que alerta de que de facto una parte importante de la población pasa a ser atendida por la sanidad privada. Así, sumando estos dos centros más la Fundación Jiménez Díaz (que tiene concierto desde la época del Insalud) "hay 620.000 madrileños, casi el 10% de la población de la Comunidad, a los que la asistencia se la da la sanidad privada".

Un experto afirma que la fórmula es "irresistible" para muchos políticos

No hay que olvidar, al margen de la fórmula elegida, que "la financiación privada es más cara", como señala José Ramón Repullo, jefe de Planificación de la Escuela Nacional de Sanidad, que sí reconoce una ventaja: la rapidez en la inversión, frente a la "lentitud a veces exasperante de las obras civiles de hospitales del pasado". "Se puede inaugurar en una legislatura el hospital prometido en la campaña electoral anterior, a coste cero en los cuatro años de construcción", señala Repullo, que reconoce no obstante que esto se consigue a costa de delegar el coste del funcionamiento "para las siguientes legislaturas y la generación venidera". El modelo también permite "eludir controles de endeudamiento", lo que junto con el factor anterior tiene "un alto valor político" y convierte a la fórmula en "irresistible" para algunos gobernantes.

Por otro lado, la "ventaja teórica" de una buena gestión de los activos por parte de la concesionaria "parece desvanecerse en gran medida ante la complejidad de los servicios y su rápido cambio tecnológico". "Imaginemos agrega que nos entregan hoy un hospital en las mismas condiciones que tenía cuando acabó de construirse en 1980: valdría de museo, pero estaría totalmente obsoleto".

http://www.publico.es/espana/405192/la- ... -el-futuro

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Lun Nov 07, 2011 10:00 am

Una sanidad de referencia mundial
El incremento del gasto sanitario, la optimización de recursos y la reducción de la espera hicieron del sistema un modelo envidiado

VANESSA PI MADRID 07/11/2011 08:00

Se dice de él que es el mejor del mundo. El Sistema Nacional de Salud (SNS) no es el que dispone de más dinero, pero sí el que, a tenor de los resultados, mejor aprovecha sus recursos. En eso se fijó el presidente de EEUU, Barack Obama, cuando, en 2008, en plena elaboración de su reforma sanitaria, invitó al entonces ministro de Sanidad, Bernat Soria (PSOE), a explicarle sus claves de la eficiencia. Y es que, aunque gasta tres veces menos que Estados Unidos, la sanidad española sí es universal y gratuita.

De 2000 a 2009, la inversión en sanidad pasó de representar el 5,18% del PIB al 6,63%

El SNS ha pasado de financiarse con 32.673 millones de euros en el año 2000 a 69.846 millones en 2009, el último año del que se dispone este dato. En porcentaje respecto al PIB, en esos años el aumento fue del 5,18% al 6,63%. El incremento se disparó a partir de 2004. Entonces, el gasto sanitario representaba el 5,49% del PIB, un punto y 14 centésimas menos que en 2009. Si bien hay que tener en cuenta que en 2009 el PIB se contrajo a causa de la recesión económica, en 2008 el gasto sanitario ya representaba el 6,12% de este.

El aumento en la inversión en la sanidad pública se ha visto reforzado en las últimas legislaturas por políticas de restricción del gasto innecesario, alentado por un déficit que se calcula en unos 15.000 millones de euros. Así, el año pasado se consiguió reducir, por primera vez, el gasto farmacéutico. En 2009 se destinaron a esta partida 12.505 millones de euros; en 2010 se gastaron 12.211. Fue a partir de 2004 cuando la inversión en recetas médicas (el SNS paga el coste íntegro de las de los jubilados y el 60% de las del resto de pacientes) empezó a crecer a menor ritmo. El Gobierno aún pretende ahorrar unos 2.000 millones de euros más con la prescripción de los medicamentos más baratos, una medida que entró en vigor el martes pasado.

Por primera vez desde que se contabiliza, en 2010 descendió el gasto farmacéutico

Uno de los hitos que han llevado a la sanidad española a alcanzar una popularidad sin precedentes a nivel mundial ha sido la gestión de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). El buen funcionamiento de la compleja estructura ha llevado a España a mantener año tras año su récord mundial en la tasa de donantes y de trasplantes. Por ello, el modelo español se extendió el año pasado a toda la Unión Europea, en el semestre de presidencia comunitaria de España. Ese mismo año, la ONT recibió el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

Por otro lado, en los últimos años, el Gobierno central ha apretado las tuercas a las autonomías, con las competencias en sanidad transferidas, para mejorar la atención al paciente en cuestiones tan básicas como la reducción de las listas de espera. Diversos pactos adoptados en el Consejo Interterritorial de Sanidad han permitido que la media estatal de días de espera para someterse a una intervención quirúrgica haya disminuido de 74 días en 2004 a 67 al fin de 2009. Los últimos datos de que dispone el Ministerio de Sanidad corresponden al mes de junio de 2010. Entonces, la espera era de 61 días.

El pacto de Estado por la sostenibilidad del sistema fue roto en 2010 por el PP y CiU

Otro de los hitos conseguidos en la última legislatura ha sido paralizar la directiva comunitaria que avalaba en cierto modo el turismo sanitario. España, país turístico y donde residen algunos meses del año miles de jubilados de Gran Bretaña y Alemania, consiguió que el país donde reside el viajero asuma el gasto de las intervenciones que reciba. Evitó así que los europeos puedan elegir médico a la carta en cualquier país de la Unión. España hubiera sido uno de los destinos preferidos, lo que hubiera supuesto unos 2.000 millones de euros al SNS, según cálculos del Gobierno.

Sin consenso en el Congreso
Pero mientras de puertas afuera la sanidad pública española era elogiada, en el Parlamento, la mayoría socialista no conseguía que el pacto por la Sanidad, un acuerdo de todas las fuerzas parlamentarias para garantizar su sostenibilidad, saliese adelante. El PP y CiU saltaron del barco justo cuando este iba a llegar a puerto, tras dos años de travesía. Mientras, los dos grandes feudos del PP, Madrid y el País Valencià, importaban el modelo de gestión privada de la sanidad pública. Una especie de alquiler de hospitales que en Reino Unido se ha demostrado que, a la larga, sale más caro. Sin pacto de Estado, el Gobierno que salga de las urnas podría impulsar, si así lo deseara, un cambio en aspectos tan cruciales como la financiación de la sanidad. El copago, al que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ha cerrado en banda, podría llegar a aprobarse si así lo decidiera una mayoría parlamentaria.

http://www.publico.es/espana/405451/una ... rales-2011" onclick="window.open(this.href);return false;

Sunami · Jue Nov 10, 2011 10:50 pm

"Se abre el telón, sale Esperanza Aguirre, se privatiza el telón"

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Jue Nov 10, 2011 11:32 pm

Siempre he sido una optimista.

Por eso lo de que lo último que se pierde es la esperanza me parece una soberana majadería.

estintobasico · Vie Nov 11, 2011 1:56 pm

Iba a abrir un hilo para lo que tengo que decir pero éste ya me vale pues en el fondo va de lo mismo más o menos.

¿Qué se puede esperar de la privatización de los servicios públicos, en concreto del sistema sanitario? ¿Y si además los privatizadores proyectan su aberrante cosmovisión basada en las creencias y en la magufería y no en la ciencia más rigurosa para cubrir con seguridad algo tan requetesagrado como la sanidad pública?

Soy asiduo usuario (en adelante "cliente") del INCS (Institut Català de Salut) desde hace mucho tiempo. Tanto por mi propia experiencia en tanto que paciente como por la de familiares directos y amigos, quienes hemos precisado en algún momento de nuestras vidas de una intervención médica extraordinaria, de una medicina de altísima especialización, calidad y competencia científica como por la experiencia adquirida durante mis primeros veinte años de vida laboral pateando hospitales públicos y clínicas privadas suministrando equipos médico-quirúrgicos, puedo afirmar que el sistema sanitario catalán ERA hasta hace muy poco tiempo una referencia mundial sin nada que envidiar a ningún otro y sí mucho por lo que ser envidiado por países de los llamados desarrollados. He conocido esta sanidad pública por dentro y por fuera desde los tiempos de Franco pasando por la transición política, en tiempos de UCD, del PSOE, del PP, otra vez del PSOE en España y en particular en Catalunya en tiempos de CiU, CiU, CiU, CiU, CiU, PSC i otros, PSC i otros y finalmente otra vez CiU... La excelencia de la sanidad catalana no se debe a la gestión de ninguno de estos gobiernos si no a una tradición por esta actividad que ha proporcionado sagas de grandes médicos, cirujanos e investigadores por un lado y a un tejido social muy desarrollado complejo y exigente. Digamos que en todas esas épocas siempre se ha hecho buena ciencia médica, buena atención y aceptable gestión con mayor o menor rigor, más o menos recursos y más o menos cortapisas impuestas desde 630Km de distancia o desde la cercana Plaça de Sant Jaume.

Este sistema sanitario ha soportado todo tipo de ataques y abandonos pero lo que me temo que va a acabar con él será el neoliberalismo económico que está ya haciendo estragos desde que la nueva-vieja CiU ha vuelto al gobierno de la Generalitat con un clarísimo y descarado plan para hacer fracasar la sanidad pública en favor de la privada. De momento empiezan a "introducir" servicios privados dentro del sistema público. No me refiero a servicios concertados, que esos siempre han existido, sino a ciertas consultas de pago dentro de las estrucuturas asistenciales públicas como la odontología, dietética, logopedia y "otras"... Pero ahora no es mi intención hablar en particular de éste proceso político-económico, por otra parte ya previsto, sino de lo que puede pasar en el campo científico-técnico cuando además, al carecer de un control de la actividad médica bajo poderes públicos, los privatizadores permiten la contaminación del sistema público sanitario con pseudociencias, paraciencias y maguferías varias. Claro, es que lo señores de Convergència i Unió (en espacial Unió) son democrata-cristianos ¿oxímoron? y alguien que se postra ante muñecos de yeso es muy capaz de dar carta de racionalidad a cualquier otro producto excretado como consecuencia de la diarrea mental.

Ayer mismo fui a una consulta médica en el CAP (Centro de Asistencia Primaria) de Terrassa como tantas veces, pero en esta ocasión a una visita a la que voy muy de vez en cuando, más o menos anualmente, en la primera planta de dicho centro. Al llegar me quedé chocado e indignado al ver esto:

HOMEOPATÍA Y ACUPUNTURA nada menos. Una es una reconocida superchería fraudulenta sobradamente demostrada falsa, no sólo sin base científica sino en contra de toda evidencia. La otra, la acupuntura, no ha podido demostrar hasta hoy una eficacia probada y en cambio sí que se le ha probado un efecto placebo en los diferentes estudios que se han realizado. Pero aquí tenemos, en un sacrosanto centro de salud pública de uno de los mejores (ya no) sistemas sanitarios del mundo, instalada y con carta de credibilidad oficial la estulticia, la estupidez, la magufería y la sinrazón acientífica.

Mientras hacía la foto con mi móvil pasaba una ¿doctora? que extrañada se me quedó mirando, yo me volví y le pregunté "perdone ¿tienen también consultorio de vudú?" Luego me fui a administración a preguntar desde cuando existían estos servicios supersticiosos pues nunca los había visto antes a lo que me respondió que desde este mismo año (vaya, desde vuelve a mandar CiU) pero que estos servicios son privados... También me espetaron que eso de que no son prácticas científicas es tan sólo mi interpretación y que hay mucha gente, médicos y científicos incluídos que creen que sí.

Me siento impotente para iniciar yo solo algún tipo de campaña para luchar contra esto pero me uniría con gusto si se formara algún grupo activo para ello. ¿Alguna idea?

Salut (nos va a hacer falta)

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Jue Sep 27, 2012 11:45 pm

La demolición programada de la sanidad pública

La exclusión de los inmigrantes es solo el primer paso de un proceso de privatización
ASER GARCÍA RADA 24 SEP 2012 - 13:48 CET

"Seguro médico para toda la familia. Desde 36 euros al mes/persona”. Esto leen las fotocopias que empiezan a colgar de farolas y paredes del madrileño barrio de Malasaña. La operadora informa que trabajan con Mapfre y Adeslas y que las tarifas varían según la edad y el uso. Siendo joven y yendo poco al médico –el cliente estrella de las aseguradoras- es como se consigue la que se anuncia. En caso contrario, todo sube. Probablemente la relación entre estos anuncios y el hecho de que desde el pasado 1 de septiembre la sanidad española ya no sea universal no es casual, lo que evidencia cómo la sanidad privada será el gran beneficiario del promovido e interesado declive de nuestra sanidad pública. Y no solo porque se excluya a determinados colectivos que precisarán alternativas. El inminente recorte en prestaciones anunciado por Ana Mato, que implicará repagar servicios actualmente de acceso gratuito, además de golpear especialmente a los más desfavorecidos, conseguirá aumentar el número de pólizas. Pero esto es solo la boca de un sumidero nada casual.

Veamos. Siendo rigurosos, nuestra sanidad dejó de ser universal desde que se publicó en abril el real decreto, gestado en las esferas de índole económica del Gobierno, que degrada nuestro hasta ahora Sistema Nacional de Salud a uno de Seguridad Social, un retroceso que nos retrotrae a la época previa a la Ley General de Sanidad de 1986. La diferencia no es baladí. Mientras el primero se financia por impuestos generales y da cobertura a todos los ciudadanos, el segundo lo hace por cuotas de los trabajadores que revierten fundamentalmente en ellos. La mayoría de los mejores sistemas sanitarios, como los de los países nórdicos, Reino Unido, Italia, o hasta hace poco España, se configuran como Sistemas Nacionales de Salud, sistemas sólidos que tienen en común la dificultad que tiene la iniciativa privada para penetrar en ellos, al menos inicialmente. Si el sistema funciona razonablemente bien, ¿por qué contratar un seguro privado?

Para abrir paso al capital se ha programado un deterioro secuencial
Así, para abrir paso al capital se ha establecido un plan de deterioro secuencial en el que el ministerio de Sanidad, sin liderazgo para ejercer de contrapeso frente al de Hacienda, actúa más como peón que como alfil. “Fomentaremos la colaboración publico-privada para la gestión de las infraestructuras y servicios públicos”, aseguraba la página 150 del programa electoral del Partido Popular para las últimas generales. La idea es sencilla: inicialmente se desacredita el sistema público para luego plantear la iniciativa privada como solución, pese a que los sistemas sanitarios con más participación privada son los más caros del mundo: véanse, frente al 6,5% del PIB dedicado a sanidad pública en España, a EEUU con el 17.4%, o a Holanda que tras implantar en 2006 su modelo de aseguramiento privado obligatorio pasó del 9% al 12%.

¿Y cómo se desacredita? Fomentando un discurso que cuestiona su sostenibilidad y recuerda sistemáticamente su amplia deuda acumulada –unos 15.000 millones de euros- como si ese desequilibrio fuese consustancial al sistema y no fruto de lustros de políticas autonómicas de marcado carácter populista, fomentadas por un gobierno central permisivo y que, lo mismo que nos han llevado a tener aeropuertos sin aviones, AVE sin pasajeros, o autopistas sin coches, nos han conducido a multiplicar innecesariamente el gasto en infraestructuras y tecnologías sanitarias y en medicamentos financiados. Los ciudadanos no somos inocentes, todos queríamos un hospital y un robot cirujano en nuestro barrio aunque sean ineficientes para mejorar nuestra salud. Los profesionales tampoco. Por desinterés, ignorancia, o connivencia, hemos mirado de lado.

Por su parte, casi ningún político reconoce que, especialmente desde que en 2002 se consumaran las transferencias sanitarias a las diez últimas autonomías, los criterios electoralistas han primado sobre los técnicos, lo que disparó el gasto sanitario del 5,4% en 2004 al 6,5% actual en lo que alguno ha denominado la “burbuja sanitaria”. Periódicos rescates del gobierno central durante una década de bonanza mitigaron el descalabro hasta que, tras el inicio de la crisis financiera en 2008, eso dejó de ser posible. Por ejemplo, en Madrid se han construido desde 2003 diez hospitales y más de 70 centros de salud sin que se haya modificado la población de forma equiparable, sin que haya aumentado el número total de camas y bajo un modelo de colaboración público-privada que a la larga triplicará los gastos, como ya saben en Reino Unido donde nos llevan décadas de ventaja en esto. Otra comunidad, Cantabria, con 600.000 habitantes –menos de la población que cubre alguno de los centros madrileños- tiene cuatro hospitales, dos abiertos en los últimos años. Y así podríamos repasar autonomía por autonomía. ¿Cómo se les queda el cuerpo, pacientes abusadores?

En Madrid se han construido desde 2003 diez hospitales sin que haya aumentado igual la población
Porque cuando no se asumen responsabilidades, hay que buscar culpable. El archimencionado “abuso” va en esa línea y justifica de paso la implantación de repagos que dificultan el acceso, otra bomba a la línea de flotación pública y otro regalo a la sanidad privada. Y por ahí llegó también la inexplicable exclusión de, entre otros, los indocumentados aprovechando el atavismo de apelar al odio al extraño. "No tener derecho a la tarjeta sanitaria no quiere decir que no lo tengan a la asistencia sanitaria, sino que no lo tienen utilizando una tarjeta que les confiere derechos para uno mismo y para sus familiares". Con esas palabras que hay que leer varias veces para entender en toda su obscenidad y que pasarán a la historia de la hipocresía más absoluta, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, rubricaba a la salida de uno de esos consejos de ministros del terror este despropósito.

Despropósito porque supone eliminar una medida humanitaria elemental y porque, como abrumadoramente atestigua la evidencia científica hasta las antípodas, los inmigrantes son más jóvenes, están más sanos y usan menos los recursos sanitarios. Menos incluso los irregulares, porque persiste su miedo a ser identificados y expulsados. También porque no son ellos sino otros ciudadanos occidentales los turistas sanitarios con los que se les persigue identificar, y porque son pocos, entre 150.000 y 300.000 -un 0,7% como máximo de la población-, lo que convertiría en irrisorio un supuesto ahorro que, fíjense, el propio ministerio de Sanidad reconoce no haber cuantificado. Ahorro en cualquier caso improbable pues se augura una crisis de salud pública y porque la evidencia también demuestra que limitar la accesibilidad -por ejemplo con un repago- implica que los pacientes acudan más tarde y peor, requiriendo finalmente tratamientos más costosos. También porque la medida entra en vigor cuando aún no se ha aprobado la alternativa propuesta para aquellos indocumentados –personas sin trabajo o con trabajos ilegales y precarios- que quieran mantener su cobertura pública, la de pagar 710 o 1.864 euros anuales según si son menores o mayores de 65 años, respectivamente.

Pero es probable que esta medida absurda y su delirante alternativa sean la clave para entender qué nos espera. Si se ha aplicado una medida tan polémica, carente de soporte técnico y de estimación de ahorro, caben a mi juicio tres posibilidades. O bien nuestros responsables son incompetentes, o bien es un guiño populista a los sectores más conservadores, o la más plausible y que, aprovechando la excusa de la “crisis”, supondría el fin literal de casi tres décadas de una magnífica sanidad pública con el que algunos sueñan. Esta es, que los irregulares hayan sido el globo sonda tras el que vayamos los demás. Es decir, que de aquí a que toda persona tenga que contratar un seguro, bien ese público que ahora el estado ofrece a los inmigrantes, bien uno anunciado en el cartel de una farola, pudieran quedar pocas fases de esta demolición meticulosamente diseñada.

Aser García Rada es pediatra y periodista

El País, 24 de septiembre 2012

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Mar Nov 06, 2012 9:09 am

Destrucción de empleo público y desmantelamiento de la atención sanitaria en beneficio de qué?

De la concertación de estos servicios, fuera del circuito de la Seguridad Social, que pueda proporcionar desde el primer día unos pingües beneficios a empresas privadas que construyen hospitales para aprovechar este "nuevo nicho" de negocio. Para el estado es más barato durante los primeros años un contrato con un hospital privado que la construcción de uno nuevo. Pero desmantelar uno ya existente, en pleno centro de Madrid, es, simplemente, DEMASIADA CARADURA.

* A partir de cierto número de años, cuatro o cinco en el modelo que se sigue en la C. de Madrid, empieza a ser más caro, de modo que en el cómputo global nos cuesta muchísimo más a los ciudadanos: es un ahorro envenenado.

Firma la petición No al desmantelamiento del Hospital de la Princesa de Madrid

Trabajadores sanitarios de Madrid se encierran para pedir #NoalcierredeLaPrincesa
El personal del hospital se manifiesta contra el "desmantelamiento" del centro y pide firmas de apoyo a través de varias plataformas online

PÚBLICO Madrid 04/11/2012 21:40 Actualizado: 04/11/2012 23:21

Imagen del encierro en el hospital de La Princesa de Madrid, publicada en el Twitter de una trabajadora (@palmerlnl)
A las 11.00 y a las 18.00 horas. Estos son los únicos momentos del día en que los trabajadores del hospital La Princesa de Madrid abandonan su encierro en el salón de actos -donde residen desde el pasado viernes- para salir a la calle a visibilizar su protesta. Su intención es concienciar a los ciudadanos de lo importante de su causa: luchar contra el "desmantelamiento" de un centro sanitario "de referencia".

Para ello, han creado una petición en plataforma online Change.org [http://www.change.org/petitions/no-al-h ... s-ancianos] con la que esperan reunir el máximo número de firmas posibles para, así, intentar impedir la conversión del centro en un lugar especializado sólo en pacientes ancianos. Asimismo, también han realizado una PeticiónPública contra lo que, aseguran, supondrá un "cierre encubierto" del hospital.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció este cambio en La Princesa durante la presentación de los presupuestos autonómicos para el 2013, fecha en la que también adelantó la implantación del euro por receta, entre otras medidas. González defendió entonces su decisión de "externalizar" los servicios de seis hospitales de la comunidad. Al día siguiente, cuando el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, aclaró estas medidas, comenzaron las protestas en la propia Consejería de Sanidad.

Hoy, los allí encerrados han conseguido encender la red social Twitter, bajo el hashtag #NoalcierredeLaPrincesa. "Porque Madrid no puede permitirse dilapidar el patrimonio de su Sanidad pública", defiende un usuario de la citada red. "Si habéis firmado en papel, no lo hagáis online, ya que se anularían", advierten desde Democracia Real Ya. "Nuestra salud está por encima de sus negocios", sentencia también la líder de Equo, Inés Sabanés.

Sin información
Los manifestantes lamentan, no sólo el cierre anunciado de los servicios de cirugía cardíaca, neurocirugía, urgencias, consultas, hematología y de la unidad de transplantes, sino que denuncian que los gerentes del hospital no les han informado sobre cuál será su futuro a partir de ahora. "Los propios profesionales eran desconocedores de la “iniciativa”, tuvieron
constancia de la noticia, al igual que el resto de madrileños, a través de los medios de comunicación", enuncia un comunicado del sindicato Csit [ver documento].

Otro de los motivos de la protesta se debe a su defensa del centro en el que trabajan, "un hospital de referencia con más de 100 años de historia en el que especialidades como reumatología, hematología, dermatología o neurología han logrado diversos premios en la categoría de Investigación Social yCientífica", reza el citado documento.

"Pretenden desmantelar un gran hospital público para dar oportunidades de negocio a los centros privados"
La Plataforma de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) también ha hecho público su rechazo a la medida anunciada por la Comunidad de Madrid. "El Hospital está dotado de los mejores servicios y tecnologías", por lo que al cerrarlo "se empobrecería la calidad de la atención sanitaria a la población madrileña, se aumentarían aún más las listas de espera y se perderían las inversiones y la experiencia acumulada en este hospital", advierte la plataforma, que insta a los trabajadores a apoyar la huelga general del próximo 14 de noviembre.

Además, la Fadsp denuncia que el Gobierno regional "lo que pretende es desmantelar uno de los grandes hospitales públicos de la región para dar oportunidades de negocio a los centros privados", concluyen en una nota de prensa.

Por todo ello, los trabajadores del centro aseguran que no cesarán en su protesta. Según el blog que han creado para la ocasión, sus representantes sindicales se reunirán mañana con Lasquetty, consejero del ramo, en una mesa sectorial en la que intentarán aclarar dudas sobre su futuro. Aún así, tienen previstas más asambleas para determinar nuevas movilizaciones.

[En la imagen inferior, petición de apoyo de los trabajadores de La Princesa publicada en Twitter]

Público, 4 de noviembre 2012

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Sab Nov 24, 2012 9:35 am

Seguramente no habrá que bajar la guardia, porque la prepotencia y el exceso de confianza de los capos del PP parecen ilimitados. Pero esto es una muestra de que las movilizaciones sí sirven para algo.

La mayoría de los trabajadores de La Princesa abandonan el encierro ante el acuerdo con Sanidad
Sólo una pequeña parte del personal mantiene los turnos de permanencia en el salón de actos del hospital. El resto apoya la lucha de sus compañeros de otros centros pero considera que su problema ya está solucionado

PÚBLICO Madrid 22/11/2012 22:25 Actualizado: 22/11/2012 23:33

Trabajadores y usuarios de La Princesa, durante una de sus concentraciones diarias. A.FLOTATS.
Después de 21 días de encierro y protestas continuadas, los trabajadores del hospital La Princesa de Madrid consiguieron demostrar ayer que, a veces, las movilizaciones sí sirven para algo. El consejero de Sanidad de la Comunidad, Javier Fernández-Lasquetty, aún no ha hecho oficial su compromiso de mantener el edificio como un centro de atención general, pero ya lo ha hecho público; señal suficiente para que el personal sanitario empezara a fiarse de su palabra.

"El acuerdo anunciado ayer está a un abismo de las buenas intenciones que había anunciado la Consejería en ocasiones anteriores", señala Juan Pedro Iglesias, uno de los trabajadores y representante sindical de La Princesa. "Aún falta ver plasmadas estas promesas [una menor reducción del presupuesto y el mantenimiento de los servicios de urgencias, investigación, docencia y las especialidades, entre otras cuestiones] en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, pero creemos que lo responsable es abandonar ya el encierro", continúa Iglesias, de CSIT.

No obstante, un "grupo no representativo" de trabajadores que no acataron la decisión mayoritaria propuesta por los sindicatos presentes en el hospital, continúa con la lucha iniciada hace ya 21 días. Al ser menos en el salón de actos donde se lleva a cabo la protesta, esta tarde se extendieron ciertos rumores de un posible desalojo a través de las redes sociales. Varias fuentes del centro han desmentido a Público esta cuestión y han asegurado que el motivo de sus reclamaciones, a partir de ahora, es "seguir luchando contra la privatización de la Sanidad".

Ese objetivo lo perseguirá también el resto de sus compañeros, que, aunque no permanezcan encerrados, continuarán apoyando la lucha de los sanitarios madrileños. "A los que permanecen encerrados aquí [en la Princesa] no queremos que les pase nada y, con los profesionales de otros centros, seguiremos luchando juntos contra el desmantelamiento de la Sanidad Pública", explica Juan Pedro. "Además, intentaremos ser más proactivos y apoyarles en sus respectivas luchas, ahora que nuestro problema ya puede darse por solucionado", asegura.

Ya son 19 los centros sanitarios de la comunidad donde, debido a diferentes causas, se llevan a cabo protestas y encierros como los de La Princesa. Los motivos son variados, pero convergen en un objetivo común: solicitar la retirada del Plan para la sostenibilidad del sistema sanitario público, anunciado por el presidente de la región, Ignacio González, el pasado 31 de octubre.

Además de estas protestas individuales, médicos, enfermeros, auxiliares y técnicos de toda la comunidad conformaron el #tsunamiblanco que inundó las calles de la capital el pasado domingo. Asimismo, los representantes sindicales de toda la comunidad sanitaria han convocado paros en el sector en dos vertientes paralelas: una de cuatro días (26 y 27 de noviembre y 4 y 5 de diciembre), convocada por todos los sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial de Sanidad (SATSE, CC.OO., Amyts, CSIT-UP, UGT y USAE); y otra, indefinida, convocada por los representantes de los médicos . En este segundo caso, los servicios mínimos serán similares a los establecidos durante el pasado 14 de noviembre, día de huelga general.

"La privatización no perjudica al servicio"
EUROPA PRESS

Por su parte, el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha asegurado este jueves que la "externalización" de la gestión de los centros de salud y hospitales no tiene "ningún perjuicio" ni para el personal sanitario de la Comunidad de Madrid ni para el servicio "de calidad" que se ofrece a los pacientes.

"Ni antes, ni ahora, ni en el futuro habrá que pagar por la asistencia sanitaria", asegura el Gobierno regional
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, Victoria ha dicho que se están "mezclando" cosas "distintas" con el tema de la externalización y que con sus medidas han garantizado una "sanidad gratuita, universal y de la máxima calidad". "Por lo tanto, ni antes ni ahora ni en el futuro van a tener que pagar por la asistencia sanitaria y hospitalaria", ha sostenido Victoria, quien ha indicado que "al margen de ello" y dado "el escenario de austeridad" actual, desde la Comunidad se han tenido que "ajustar los presupuestos" y se han estudiado "nuevos modos de gestión" para los centros.

Todo ello, ha asegurado, "sin afectar al servicio público que recibe el ciudadano" y que "suponga un ahorro para el presupuesto de los madrileños". Además, ha indicado que entienden que la posible externalización de los servicios no sanitarios como la cocina, la lavandería o la vigilancia "puede suponer un ahorro importante e inmediato". Por otro lado, y preguntado por si la Comunidad está dispuesta a cambiar de opinión sobre los modelos de gestión después de haber llegado a un acuerdo con los profesionales del Hospital La Princesa, Victoria ha dicho que en este último caso no era un cambio de gestión sino profundizar en una especialización y que el Gobierno madrileño "ha hecho gala de una voluntad de diálogo".

Público, 21 de noviembre 2012

eduardo dd · Sab Nov 24, 2012 9:49 am

El coste de un sistema sanitario es:

- Alrededor de un 8% del PIB en el caso de sistemas públicos.
- Por encima del 20% del PIB en el caso de sistemas privados.

Alguno se cree que si la sanidad publica desaparece, va a seguir pagando 70 euros al mes a Sanitas y listo.

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Sab Nov 24, 2012 10:02 am

Esa es la cuestión.

Que se está degradando un servicio público, que nos cuesta más dinero a los ciudadanos, y que con este sistema de privatizaciones se están alimentando las cuentas de resultados de los inversores privados.

Peor, más caro, y un factor más para aumentar las desigualdades sociales, desviando dinero público a bolsillos privados que lo mismo les da invertir en hospitales que en campos de golf, armamento, cadenas de supermercados, cultivos de cacao o mercados de futuros. Cualquier cosa con tal de que sea a lo grande, chupe de las arcas de los estados y asegure pingües beneficios. Aunque sean un auténtico cáncer social y económico para los habitantes de este planeta.

Los beneficiarios de la privatización de la sanidad madrileña
Tres son las principales empresas que gestionan hospitales en la Comunidad. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública denuncia que sus convenios cuestan a los madrileños entre 7 y 8 veces más que los centros públicos, en peligro tras las últimas medidas de Ignacio González

PAULA DÍAZ (Fotos cedidas por Graciela Rodríguez) Madrid 24/11/2012 08:21 Actualizado: 24/11/2012 09:03

Uno de los hospitales públicos de gestión privada de la Comunidad de Madrid. Fuente: Hospital Collado Villalba
El personal sanitario de Madrid está en pie de guerra en protesta por las últimas medidas anunciadas por el presidente Ignacio González, que se estrenó como sustituto de Esperanza Aguirre anunciando el euro por receta y su intención de "externalizar" servicios en seis hospitales públicos. Además, también planteó la reconversión de La Princesa en un centro exclusivo para mayores de 75 años y del Carlos III en uno de media y larga duración, entre otras cuestiones. Desde aquel 31 de octubre, médicos, enfermeros, auxiliares, administrativos y pacientes han protagonizado concentraciones, manifestaciones y encierros en casi todos los centros de la comunidad en contra de lo que consideran una "privatización encubierta" de la sanidad pública madrileña.

No obstante, sus reclamaciones no son nuevas. Con Aguirre ya vivieron el nacimiento de los "hospitales públicos de gestión privada", que -como su propio nombre indica- son financiados por la Comunidad de Madrid pero dirigidos por empresas que, en ocasiones, no se dedican en exclusiva al sector sanitario.

Ahora, los miembros de la denominada marea blanca temen que la "externalización de servicios" anunciada por González en seis hospitales públicos (Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Tajo, Sureste y Henares) sea sólo el inicio de su privatización. Y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) ha puesto nombre y apellidos a los posibles compradores de dichos centros.

Son tres las grandes compañías que, a día de hoy, "se reparten las concesiones de los centros sanitarios", según la Fadsp: Capio, Ribera Salud y USP-Quirón. De hecho, las tres se autodenominan -respectivamente, en sus páginas web- como "el mayor grupo sanitario privado español", "el grupo empresarial de gestión sanitaria líder en el sector de las concesiones administrativas" o "la mayor red hospitalaria privada de España". Los tres, además, tienen otra cosa en común: su relación con empresas y fondos de capital riesgo de Reino Unido.

Capio y CVC Capital Partners

La primera de ellas, Capio, gestiona cuatro hospitales de la Comunidad: el Rey Juan Carlos, de Móstoles; el Infanta Elena, de Valdemoro; el Hospital Público de Collado Villalba; y la Fundación Jiménez Díaz. Este último supone un caso especial, ya que su gestión es semiprivada desde hace más de 60 años. Aunque rehúsan dar una cifra absoluta, fuentes de la compañía aseguran que "la financiación pública de Capio es el 65%".

En cuanto a su accionariado, el 80% de pertenece a CVC Capital Partners, un fondo de capital riesgo británico, con sede en Luxemburgo, que engloba a otras empresas de distinta índole como Abertis (infraestructuras y telecomunicaciones), Cortefiel (textil), o la telefónica 'R'.

Algunas fuentes han asociado recientemente a Capio con dirigentes del Partido Popular, como el exconsejero de Sanidad de Aguirre, Manuel Lamela, el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, o María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. No obstante, la compañía ha desmentido a Público dichos "bulos y rumores sin fundamento" y ha asegurado que ningún líder conservador tiene relación con su empresa. La propia secretaria general del PP también salió ayer a defender su no vinculación con el grupo privado, informa Efe. "Son bulos y panfletos falsos que cobardemente se amparan en el anonimato", denunció Cospedal.

"Es cierto que trabaja con nosotros Teresa Echániz [hermana del secretario de Sanidad del PP y consejero del ramo en Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz], pero empezó después de que su hermano dejara de ser consejero de Aguirre y antes de que lo fuera en Castilla-La Mancha", explican dichas fuentes. "Además, parece que por ser familiar de alguien ya no tienes derecho a trabajar en tu propia profesión", criticaron.

Ribera Salud: Adeslas+Sanitas+CAM+Bancaja

Ribera Salud es otro de los principales grupos de Sanidad privada del país. En Madrid sólo gestiona -desde 2011- el Hospital de Torrejón y la sociedad BR Salud, gestora del servicio de Laboratorio Central del Hospital Infanta Sofía, "que da cobertura a seis hospitales públicos y a más de 1.200.000 personas", según informan en el dossier informativo de su web.

Este grupo fue el primero en implantar en España el "modelo Alzira", nombre de la localidad valenciana donde se construyó, en 1999, el primer hospital público con concesión administrativa. Es el Hospital de la Ribera, cuya dirección se basa "en cuatro pilares fundamentales: propiedad pública, control público, financiación pública y gestión privada".

La coorporación está "participada al 50% por las cajas de ahorros Bancaja [actualmente, la rescatada Bankia] y CAM [Caja de Ahorros del Mediterráneo, también disuelta]", informa la compañía.

Según la Fadsp, Ribera Salud también está asociada a las aseguradoras privadas Adeslas (ligada a la sociedad Goodgrower) y Sanitas (ligada al grupo BUPA Internacional Health Insurance, la mayor compañía británica de asistencia y seguros privados sanitarios).

USP-Quirón y Doughty Hanson

El Hospital Universitario Quirón de Pozuelo de Alarcón es el único del grupo presente en la comunidad. No obstante, el grupo USP-Quirón posee centros en Barcelona, Bilbao, Bizkaia, Málaga, Pamplona, Donosti, Valencia, Torrent y Zaragoza.

Los centros Quirón son privados, aunque -como explican en su memoria anual- su "actividad asistencial se desarrolla en tres segmentos de mercado: los clientes privados, las compañías aseguradoras y las instituciones públicas". Estas últimas les derivan pacientes procedentes de los servicios públicos y mantienen otros convenios como el que la Consejería de Educación de Lucía Figar mantiene para que los titulares del Carné Joven puedan obtener "condiciones preferentes en intervenciones de corrección de miopía, astigmatismo e hipermetropía" en el Quirón-Madrid.

En cuanto a su accionariado, el grupo ha sido recientemente vendido a la compañía británica de capital privado Doughty Hanson&Co.

"Peor y más cara"
Según la plataforma pro-defensa de la sanidad pública, estos son los tres grandes grupos que comparten "intereses" en la privatización de la sanidad madrileña. Ello plantea serios problemas, como ya señaló el diario El País: ¿Qué pasa con los pacientes si el accionariado de estas empresas quiebra? "Se pone en riesgo la atención sanitaria de un sector importante de la población", señaló el presidente de la Fadsp, Marciano Sánchez Bayle, al citado periódico.

Las concesiones de los hospitales tienen vigor durante un mínimo de 30 años
Además, según denuncian esta asociación, los grupos de la oposición, los sindicatos sanitarios y los trabajadores, con la "externalización de servicios" que promueve el Ejecutivo regional no se consigue el ahorro pretendido. Mientras el consejero del ramo, Javier Fernández Lasquetty, continúa defendiendo -basándose en el modelo implantado por Aguirre en los últimos años- el "ahorro estructural" que suponen los hospitales concesionarios, la marea blanca permanece intentando demostrar y rebatir dichos argumentos.

Fadsp: "La Comunidad quita presupuesto a los públicos en beneficio de los privados"
"Estos centros cuestan a los madrileños entre 7 y 8 veces más que los de gestión tradicional", afirma la Fadsp. "Las empresas propietarias de los ocho nuevos hospitales no sólo han recuperado ya el 100% de la inversión (840 millones de euros), sino que ests año ya sumarán 150 millones de euros de ganancias. Hasta 2037 -que finalizará la concesión con la Comunidad- todo serán beneficios", explica en su web la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS-Madrid). Mientras dichas empresas -a las que la Administración pública seguirá pagando durante casi 30 años más- comenzaban a enriquecerse con su nuevo negocio, "se han cerrado cientos de camas en los hospitales públicos", denuncia CAS-Madrid.

Además, la Fadsp asegura que "el Gobierno de la Comunidad disminuye el presupuesto de los hospitales públicos para el año 2013 e incrementa la financiación de los privados". "Los centros que se benefician de un fuerte incremento son los de Valdemoro (Capio), Móstoles (Capio) y Torrejón (Ribera Salud)", detalla la plataforma. Pese a ello, "tendrán camas mucho más caras que La Princesa, cuyo presupuesto se rebaja", lamentan. ¿Los precios? "442 euros por persona en La Princesa, frente a los 505 de Valdemoro, los 592 de Móstoles y los 586 euros de Torrejón. "Los hospitales públicos de gestión privada sólo sirven para el estrangulamiento a los presupuestos públicos", confirmó también el diputado de IU-Los Verdes, Rubén Bejarano, el jueves pasado, en el pleno de la Asamblea de Madrid, informa Europa Press.

http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... azOEDfkilE

Pero el motivo que más indigna a la marea blanca es el que tiene que ver con sus pacientes, y no sólo el que afecta a sus bolsillos. "Cuando el lucro entra en el sistema, lo primero que sale de él es la calidad asistencial", denunció a este diario un trabajadora de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem). Los datos que aperecen en las memeorias de 2011 confirman su teoría. Por ejemplo, el grupo Capio tuvo un volumen de negocios de 672 millones de euros. En cinco centros de Madrid, atendió 226.158 estancias y 53.810 intervenciones quirúrgicas. También en 2011 sólo La Princesa, que recibió 158 millones de euros de los presupuestos regionales, realizó 23.556 intervenciones. En cuanto al personal, Capio tiene 3.985 empleados en sus cinco centros de Madrid. La Princesa, 2.135.

Pese a todo, los hospitales de gestión semiprivada inaugurados por Aguirre y extendidos ahora por González ya atienden a uno de cada cuatro madrileños.

Público, 24 de noviembre 2012

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Vie Dic 14, 2012 8:49 am

900.000 euros al mes de fondos públicos por un hospital cerrado
La Comunidad pagará a Capio el mantenimiento del centro de Collado Villalba

ELENA G. SEVILLANO Madrid 13 DIC 2012 - 10:53 CET

Unos trabajadores caminan por las obras del futuro hospital de Collado Villalba. / CARLOS ROSILLO
El hospital de Collado Villalba, uno de los cuatro centros con gestión enteramente privada que ha promovido el Gobierno regional en los últimos años, va a costar el año que viene más de 900.000 euros al mes pese a estar cerrado. Tras varios retrasos —inicialmente se dijo que se inauguraría en 2011—, estaba previsto abrirlo este verano, pero la Comunidad de Madrid decidió retrasar su puesta en marcha para ahorrarse los 21,9 millones que le destinaba el Presupuesto de 2012. Esta cantidad fue una de las que se eliminó de las cuentas en el ajuste de 1.000 millones que acometió el Ejecutivo en junio pasado.

Pero el hospital, que gestiona Capio, está ya construido. El 1 de enero de 2013, es decir, dentro de poco más de dos semanas, la concesionaria lo pondrá a disposición de la Administración. A partir de entonces empezará a generar gastos que el Gobierno regional tendrá que pagar durante todo el año, pese a que el hospital no prestará servicio. Se trata de gastos “para asegurar que la infraestructura se mantiene adecuadamente hasta su entrada en funcionamiento”, asegura una adenda al contrato firmada el 1 de octubre pasado a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Cada mes Capio recibirá 775.591 euros (con IVA, 938.465) en concepto de seguridad, desinfección y desratización, limpieza, mantenimiento de viales y jardines, reparaciones, seguros, suministros, tributos, amortización y costes financieros.

El anexo al contrato especifica que durante el “periodo transitorio” la concesionaria estará obligada “al debido mantenimiento y cuidado de la infraestructura hospitalaria”. También especifica “los servicios complementarios no sanitarios a realizar [...] en el porcentaje imprescindible para el correcto estado del edificio”. De todas las cantidades, la más abultada, 680.260 euros, corresponde al epígrafe “otros costes”. Un portavoz de la Consejería de Sanidad explicó ayer que se trata de “la amortización de la inversión realizada”, que se empieza a pagar en cuanto acaba la obra.

Gastos mensuales

Seguridad. 50%. 13.685 euros
Desinfección y desratización. 25%. 168 euros.
Limpieza. 15%. 10.189 euros.
Mantenimiento de viales y jardines. 100%. 2.648 euros.
Reparaciones y mantenimiento. 25%. 19.198 euros.
Seguros. 100%. 9.305 euros.
Suministros. 20%. 21.269 euros.
Tributos. 100%. 18.860 euros.
Amortización. 100%. 680.260 euros
La cuota mensual multiplicada por 12 meses supone 9,3 millones de euros en 2013. Sumado el 21% de IVA, resultan 11,25 millones de euros. Según la Consejería de Sanidad, lo que falta hasta los 12,7 millones de euros que le destinan los Presupuestos del año que viene corresponde a los días de actividad que tendrá el hospital a finales de año, dado que está previsto inaugurarlo el 15 de diciembre de 2013, según la adenda del contrato.

Esperanza Aguirre puso la primera piedra del hospital el 17 de diciembre de 2010. Un par de meses antes, el 1 de octubre, la Comunidad y Capio habían firmado el contrato de gestión de servicio público para la atención sanitaria de 110.000 habitantes de Collado Villalba y otros siete municipios de la sierra, lo que les evitaría desplazarse a El Escorial o al hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. La inversión prevista era de 108 millones de euros. El contrato se firmó por 1.817 millones de euros durante 30 años. Aguirre llegó a declarar la obra como de “interés general” para acelerar los trámites.

“Un problema claro de estos modelos de colaboración público privada es que la Administración adquiere compromisos que llevan a esta situación absurda de pagar por tener un hospital que no atiende pacientes”, asegura el portavoz de Sanidad de UPyD, Enrique Normand. Su formación pidió a la Asamblea de Madrid una copia de la modificación del contrato del hospital de Collado Villalba, que les remitieron el pasado 5 de diciembre. En una intervención en la Asamblea el 17 de octubre, la viceconsejera Belén Prado habló de la adenda, pero no mencionó los gastos que se iban a generar en 2013; únicamente señaló que el plazo de duración de la concesión no se ve alterado por el hecho de mantener el hospital cerrado un año. “En la Comunidad de Madrid se han inaugurado dos hospitales cuando ya estábamos inmersos en una crisis económica profunda por los compromisos adquiridos con las empresas concesionarias”, critica Normand.

El hospital de Villalba tendrá 140 habitaciones individuales, nueve quirófanos, 12 puestos de cuidados intensivos, 12 de diálisis, y otros 12 de neonatología, según la Comunidad. Cerrado, su presupuesto para 2013 es superior a lo que costó en 2012 el Instituto de Cardiología, que cierra el 31 de diciembre: 8,7 millones de euros.

Reto a González en el décimo día de huelga

Nunca habían estado más unidos —en realidad, nunca se habían unido— ni más en contra de una decisión que afecta a la sanidad pública. Los médicos madrileños crearon la semana pasada un “comité coordinador profesional” que funcionara como interlocutor con la Comunidad de Madrid.

Ayer ofrecieron la primera rueda de prensa, a la que acudieron representantes de los jefes de servicio, de los planes estratégicos, directores de centros de atención primaria, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) y el Colegio de Médicos de Madrid. Y lanzaron tres mensajes: el comité es “el único interlocutor válido del colectivo médico”, es “falso que la Consejería de Sanidad haya iniciado cualquier tipo de negociación” y reiteraron su “absoluto rechazo al plan que propone la consejería”.

Los médicos alegan que “la privatización de los centros supone un aumento del gasto sanitario y pone en peligro a corto plazo el acceso equitativo de los ciudadanos al sistema de salud, considerado uno de los mejores y más baratos de Europa”. Además, el plan del Gobierno regional, que incluye la privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud, “dificultará las actividades docentes e investigadoras propias de un sistema sanitario moderno y de calidad”.

La huelga indefinida de los médicos, convocada por AFEM, cumplió ayer su décimo día sin contactos entre los facultativos, que piden la paralización del plan antes de empezar a negociar, y la Comunidad de Madrid. Al menos, ninguno que ellos consideren válido. Según explicaron, los gerentes de los hospitales se están reuniendo con jefes de servicio para pedirles planes de ahorro y de adecuación de personal, pero se trata de cuestiones que nada tienen que ver con el plan de sostenibilidad. Las movilizaciones tienen por objeto paralizarlo, para negociar después un modelo alternativo de ahorro.

Un portavoz del Gobierno regional aseguró ayer que González preside el Consejo de Gobierno a la hora que han propuesto los médicos. Además, señaló que no les consta ninguna petición oficial de reunión y que mañana se reúnen los sindicatos de la mesa sectorial con la consejería. Uno de los puntos a tratar son los servicios mínimos de la huelga total de los días 19 y 20. Sanidad cifró ayer el seguimiento de la huelga de médicos en el turno de mañana en el 22,36%. Según AFEM, superó el 70%.

El Partido Popular de Madrid lanzó ayer una campaña en Twitter con el hashtag (etiqueta) #quenotelienconlasanidad para “desmentir las milongas” sobre la sanidad madrileña, pero los usuarios de la red social lo utilizaron para multiplicar la crítica.

El País, 13 de diciembre 2012

skeptic · Vie Dic 14, 2012 4:00 pm

El caso es que todo esto no es cuestión de si la sanidad pública es mejor y más barata, porque con eso, los que están tratando de vendernos estas reformas no ganan nada.

La avaricia es un poderoso argumento, claro que no van a decir abiertamente que es por robar, pero es evidente que es la única razón, lo mismo que lo que decía más arriba estintobasico de poner acupuntura y homeopatía en un centro sanitario, el dinero es la justificación para todas las barbaridades.

Hace falta buscar la forma de hacer que nadie pueda sacar beneficio de los servicios públicos, o simplemente los venderán todos y cada uno de ellos de forma más o menos disimulada, pero lo harán.

Pastranec · Vie Dic 14, 2012 4:45 pm

Uno de los argumentos recurrentes en esta polémica es el de que en realidad no se privatiza nada, si no que se externaliza la gestión. ¡Eso aún es peor!

Un hospital, un colegio, un ayuntamiento no deja de ser una institución pública que se financia con dinero público y que gestiona dinero público. Que el dinero público esté gestionado por una empresa privada debería estar prohibido por ley. Esto no es como externalizar la lavandería o las comidas, esto es externalizar la decisión de en qué se gasta o no el dinero público, es una cuestión de soberanía. ¿Os imagináis que dijeran que una ayuntamiento va a externalizar la gestión de su presupuesto? Pues a mí me produce la misma sensación.

Y ya no entro en que la empresa privada obtendrá beneficios directos del dinero público, ni en que no arriesgaría su dinero, como en el caso de que se privatizase, ni en que podría estar controlada por capital e intereses extranjeros.

Sinceramente, el argumento de que se externaliza la gestión de una institución pública, de que se externaliza la decisión de en qué se gasta el dinero público, debería producirnos la misma repugnancia que el argumento de que se externalizar el derecho al voto.

skeptic · Vie Dic 14, 2012 7:53 pm

Fíjate que en la película de Robocop de Paul Verhoeven ya aparecía ese caso, el ayuntamiento de Detroit y la policía eran una contrata de OCP (Omni Consumer Products), una empresa privada.

Todo el guión de la película gira en torno a la corrupción y el intento de deshacerse de los policías convencionales para cambiarlos por un robot que no cobra un sueldo.

En 1987 se veía como algo surrealista, pero parece que muchas veces la ficción más extrema se vuelve realidad.

Lo mismo que ocurrió con la película de Bertrand Tavernier, La mort en direct (La muerte en directo), en la que en un hipotético futuro una enferma terminal vendía los derechos para que un canal de televisión emitiera sus últimos días. Casi 30 años después, en 2009, la participante del Gran Hermano británico Jade Goody, enferma terminal de cáncer, vendió igualmente los derechos televisivos de sus últimos días.

Cualquier cosa que nos parezca una ficción y que se haga por dinero podría ser real el día menos esperado, llega un momento en el que el dinero importa más que la vida humana y no me extrañaría ver cosas como lo que aparecía en Rollerball y The Running Man, porque realmente viendo el asunto de Eurovegas, ya me espero cualquier cosa.

Cambiar las leyes para que un mafioso haga lo que quiera es la prueba de que nada les importa salvo el dinero.

Hoy dicen que no darán dinero para sillas de ruedas, muletas, ni protésicos, así que si no puedes andar y no tienes dinero, te puedes arrastrar como un gusano y si necesitas un audífono y no lo puedes pagar, mejor que aprendas lenguaje de símbolos.

Claro que esto ha sido en un año, aun quedan cosas por privatizar, las cárceles, la policía, los transportes públicos, las redes de distribución de agua, la gestión de los impuestos, la inspección de hacienda (esta sería muy divertida)...

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Vie Dic 14, 2012 8:22 pm

skeptic escribió:Cualquier cosa que nos parezca una ficción y que se haga por dinero podría ser real el día menos esperado, llega un momento en el que el dinero importa más que la vida humana

Yo lo veo al revés: en la historia del ser humano aún no ha llegado el momento en el que la vida humana importe más que el dinero.

Pero en algo sí hemos avanzado, y es en que nunca hasta el siglo pasado se había dado un valor legal por encima del dinero a la vida humana.

Dicho de otra manera, seguimos librando la misma guerra de siempre, pero lo que ahora están haciendo esos que suponen el 0.1% de los habitantes del planeta, sin ensuciarse las manos ni despeinarse, es ilegal visto de mil y una maneras. Quienes están ejecutando la estrategia es una élite de ejecutivos psicópatas que sería un 0.9% de los habitantes del planeta, ayudados por casi todos los gobernantes, sus capataces. Estos sí se ensucian las manos -sin despeinarse- pero se ven intocables porque se ponen a sí mismos por encima de la Ley. Lo están haciendo abierta y descaradamente, no por estar protegidos por la Ley, sino porque la fuerza que les da el control económico que ejercen evita que se les detenga, juzgue y condene.

Pero esta situación es insostenible y tiene que explotar en un sentido u otro. Y por eso estamos en un punto crítico y muy interesante, que puede durar aún mucho tiempo. Mucho para una vida humana, claro, no para la historia de la humanidad.

skeptic · Vie Dic 14, 2012 9:51 pm

Si, tienes razón, si miramos hacia atrás es verdad que el dinero siempre ha valido más que la vida, excepto en las civilizaciones que nunca usaron dinero.

Tenemos que cambiar de valores, está claro.

eduardo dd · Jue Dic 20, 2012 2:44 pm

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Dom Feb 17, 2013 12:51 pm

Traigo aquí esto que colgué ayer en el hilo "corruptódromo", porque encaja mejor aquí:

Shé escribió:Os recomiendo, hablando de corrupción -además de sus inmensos "daños colaterales"-, este programa sobre las privatizaciones de nuestro Sistema Nacional de Salud, S.A.:

Salvados: De paciente, a cliente

Manuel Marín, comisionado de la Consellería de Salud de la Generalitat Valenciana, pasó a ser el Director General del Hospital de Alzira. Esto, después de un rescate millonario pagado a Ribera Salud por el Hospital de Alzira, de permitir la concesión de este hospital a la misma empresa tras el rescate -único que se presentó al estar las condiciones hechas a su medida-, y de mejorar escandalosamente las condiciones económicas para garantizar el lucro perseguido por Ribera Salud, todo ello bajo su responsabilidad directa como funcionario público.

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Dom Feb 17, 2013 1:12 pm

TRABAJO PERIODÍSTICO - Mientras la mayoría de los periodistas se limitan a no complicarse la vida ni arriesgarse a que los echen, aún quedan algunos con ganas de trabajar.

Privatizar hospitales sale caro (I)
Varios expertos desmontan la teoría de Lasquetty y González sobre el ahorro que supone "externalizar" servicios sanitarios. El modelo "público de gestión privada" ya implantado en Madrid por Aguirre tuvo que ser rescatado en 2010.

PAULA DÍAZ Madrid 17/02/2013 08:00 Actualizado: 17/02/2013 10:19

Video que muestra el enorme apoyo del PsoE a todo este proceso de privatizaciones

De 600 a 441 euros por habitante. Esa es la cifra de ahorro ofrecida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para justificar sus planes de privatización en seis hospitales madrileños. Pero lo cierto es que ni la Consejería de Sanidad que preside Javier Fernández Lasquetty ni otros expertos en gestión sanitaria ofrecen datos que avalen dicha afirmación. Más bien, al contrario.

Según las cifras manejadas por asociaciones como la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS) o la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) "externalizar" los servicios sanitarios sólo sale más caro. Además, otras instituciones como la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) y sindicatos como CSIT-UP denuncian la falta de informes que avalen los datos de la Consejería y, aun así, aseguran que la privatización "es más cara y menos eficiente". La historia de los centros semiprivados que ya existen en la comunidad habla por sí misma.

Los seis hospitales que el Ejecutivo de Ignacio González quiere privatizar ya son, en realidad, "públicos de gestión privada". Este modelo lo creó la expresidenta Esperanza Aguirre, tras prometer en las elecciones de 2003 que crearía seis hospitales nuevos. En 2005 se celebró el concurso de concesiones y, finalmente, fueron inaugurados en 2008. Pero no se trataba de centros públicos.

El Hospital Infanta Sofía o del Norte (San Sebastián de los Reyes), el Hospital del Sureste (Arganda), el Hospital del Henares (Coslada), el Infanta Leonor (Vallecas), el Infanta Cristina (Parla) y el del Tajo (Aranjuez) fueron cedidos a empresas constructoras a las que se les paga un canon durante 30 años sólo por la amortización de la construcción de los edificios y el mantenimiento de los mismos. [Ver gráfico inferior, elaborado por CAS-Madrid ]. Dichas entidades se constituyeron en UTEs (uniones temporales de empresas) encargadas de los servicios no sanitarios de dichos centros (lavandería, cocina, celadores, administración...) a las que la Comunidad también paga por ello.

Y, además, como apuntó ayer el director del Máster de Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado de la Universidad Carlos III de Madrid, Félix Lobo, en la I Jornada de Gestión Sanitaria organizada por Afem, el gasto público en estos hospitales semiprivatizados no computan como deuda pública, según las normas de la UE. "No computa en el déficit, pero los madrileños y nuestros hijos los seguiremos pagando en el futuro", apuntó el catedrático. "Para un político, aquí había una oportunidad estupenda", añadió.

CAS-Madrid denuncia en su informe que las empresas propietarias "no sólo han recuperado ya el 100% de la inversión [en construcción y equipamiento de los hospitales], sino que en 2012 ya sumaron "150 millones de euros de ganancias", asegura la plataforma antiprivatización. Por tanto, añaden, "a partir de 2012 y hasta 3037 (30 años de concesión, prorrogable otros 30), prácticamente todo serán beneficios". "Si algún día queremos rescatar esas concesiones [en el supuesto caso de que entrara otro partido a gobernar y quisiera volver a la gestión directa en esos hospitales], hay que pagarlas igual, porque el contrato ya está firmado por 30 años", denunció, además, Lobo.

Los seis hospitales semiprivados ya suponen un sobrecoste de 1,9 millones de euros anuales
Por otro lado, este modelo, el modelo PFI (iniciativa de gestión privada, por sus siglas en inglés), fue importado de Reino Unido, donde el sistema sanitario ha demostrado tener graves deficiencias. Además, estos seis hospitales ya fueron rescatados en 2010, según un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid que reveló que el Gobierno de la Comunidad modificó al alza el canon que recibían ante el aviso de las empresas concesionarias del "colapso" que se produciría si no recibían 80 millones más de lo establecido en el contrato inicial, según informó el diario El País. Ello supone, asegura la Fadsp, un sobrecoste de 1,9 millones de euros anuales para la Comunidad.

Además, las empresas que reciben dichas cantidades de dinero público están en la actualidad en el punto de mira, ya que tanto el PSOE como Equo han pedido que investiguen si están relacionadas con "los papeles de Bárcenas" que implican al PP con pagos en negro que podrían haber recibido de los empresarios que obtuvieron las concesiones de estos hospitales semiprivados. Según la formación ecosocialista -que ha lanzado la campaña #AuditoríaSanitaria- algunas de ellas (Begar-Ploder, Hispánica y Sufi) tienen también "vinculaciones variadas" con la trama Gürtel.

Madrid se gastó 4 millones en una empresa que controla a las concesionarias
Por si ello no fuera suficiente, otro escándalo ha salpicado recientemente a estos hospitales. Ninguno de ellos tenía en su sede un laboratorio de análisis clínico ni servicio de radiología. Ambos servicios fueron centralizados a través de una empresa pública situada en San Sebastián de los Reyes. Sin embargo, esta empresa fue concedida, a través de un concurso público, a una empresa privada y, finalmente, terminó en manos de la empresa en la que actualmente trabajaba quien privatizó dichos servicios: el exconsejero de Sanidad Juan José Güemes, que se vio obligado a dimitir tras destaparse la polémica de Unilabs.

Asimismo, según la Fadsp, la Comunidad realizó otro concurso público para contratar a una empresa externa que controlase el correcto funcionamiento de estos seis hospitales. A dicha entidad "le pagaron 4 millones de euros para que vigilase que se cumplían las condiciones de los contratos con la concesionaria, como el número de personal mínimo contratado, entre otras cuestiones", explica Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Fadsp.

Probando 'Alzira'
Además de los seis hospitales PFI, Aguirre creó otros cuatro bajo el modelo PPP (partenariado público-privado) o "Alzira", es decir, de gestión privada casi al completo. La titularidad sigue siendo pública, pero las empresas concesionarias contratan también al personal sanitario (médicos, enfermeros, especialistas...). La Comunidad les paga una cantidad por cada persona que vive en el área de influencia del hospital, aunque no sean, necesariamente, pacientes del mismo.

Este pago per cápita se actualiza cada año, en función del IPC (Índice de Precios de Consumo). Sin embargo, "este año los presupuestos del hospital de Valdemoro se han incrementado en una cantidad equivalente al IPC+2", destapó ayer Félix Lobo en la jornada de Afem. "Yo aún no he encontrado explicación para ello", añadió el experto, que también denunció la falta de transparencia de la Administración. [Mañana, en Público, el tema "Privatizar perjudica la salud (II)"]

Se trata de los hospitales de Valdemoro, Móstoles II y Collado Villalba (todos en manos de Capio; este último aún cerrado por decisión de la Comunidad, que a pesar de todo sigue pagando 900.000 euros al mes a la empresa privada), así como el de Torrejón (en manos de Ribera Salud que recientemente se lo ha vendido a Sanitas). Según la Fadsp, algunos de ellos, como el de Torrejón, por ejemplo, han visto incrementado su presupuesto un 9% para 2013, mientras los de gestión directa (los 100% públicos) han recibido una reducción de casi el 20% de media en dichas partidas.

CAS-Madrid denuncia la derivación de pacientes rentables de la pública a la privada
Las empresas que gestionan dichos centros están en manos de bancos (Bancaja -ahora Bankia- y la CAM -ahora Sabadell-, en el caso de Ribera salud) y de fondos de capital riesgo (CVC Partners, en el caso de Capio), con los consecuentes peligros de cierre en caso de quiebra de dichas entidades.

Por otra parte, Capio posee también la Fundación Jiménez Díaz, un caso especial de privatización, que tiene concesión desde hace más de 60 años, y, según publicó recientemente el diario El Mundo, en 2011 también recibió de la Comunidad 94 millones más de lo reflejado inicialmente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. La Coordinadora Antiprivatización de Madrid asegura, además, que hoy en día saben que este centro ha factuardo 380 millones de euros a 31 de diciembre de 2012, aunque su presupuesto inicial, según la Comunidad, era de 200 millones de euros. ¿A qué se debe? "A esa Fundación se le deriva gente de la pública desde un call center centralizado y privado -pertenece a la empresa Indra- que dirige a los pacientes rentables hacia la privada", detalla Antonio Gómez, portavoz de CAS-Madrid, que también explica que si han accedido a estos datos ha sido "gracias a las filtraciones" de algunas personas que tenían acceso a ellos, ya que los datos de la Consejería no son fiables", denuncia.

Es posible que con la nueva "externalización" sean dos empresas las que gestionen los centros
Ahora, la Consejería de Lasquetty pretende cambiar de modelo a los seis hospitales PFI y pasarlos a PPP. Una (re)privatización que "saldrá finalmente más cara y empobrecerá los servicios que prestan: menos personal, menos capacidad resolutiva...", denuncia la Fadsp, basándose en el fallido modelo Alzira inicial (nacido en la localidad alicantina del mismo nombre en 1991 y que hoy en día incluye la privatización de los centros de atención primaria del área de influencia de los hospitales), que también tuvo que ser rescatado y mejorado.

Además, "lo que no se sabe todavía es si las UTEs [que ya gestionan los servicios no sanitarios de estos centros ] se van a incluir en este proceso o habrá dos empresas privadas gestionando el hospital: una para los servicios no sanitarios y otra para los sanitarios", advierte Sánchez Bayle.

El sistema público no es caro. ¿Miente Lasquetty?
A pesar de toda la historia de los hospitales semiprivados de Madrid, el consejero de Sanidad continúa afirmando que "externalizar" servicios abarata costes y sale más barato. Sin embargo, Lasquetty no justifica con datos su estimación de 441 euros por habitante frente a los 600 actuales.

Quienes sí han analizado al detalle dichas cantidades son las organizaciones pro sanidad pública y los sindicatos que mueven la marea blanca. CSIT-UP, por ejemplo, asegura que "la cama en un hospital de gestión privada cuesta 1.660 euros al día, mientras en la gestión pública, sólo cuesta 955 euros, un 74% más barata". "Ninguno de los hospitales inaugurados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde 2008 puede ser comparado en términos de calidad, eficiencia y eficacia con los hospitales tradicionales de gestión pública, por razón de la notable diferencia en complejidad hospitalaria instalada", detalla el sindicato. En cualquier caso, resume, "entrando en la lógica de la Consejería el análisis de distintos datos muestra sorprendentemente lo contrario: los nuevos centros hospitalarios de gestión privada son más caros y menos eficientes que los de gestión pública". Y muestran, para justificarlo, los gráficos siguientes:

En esta misma línea se ha manifestado también la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem), que en uno de sus informes asegura que las cuentas de Lasquetty salen si no se tiene en cuenta el gasto adicional del canon anual que hay que pagar a las concesionarias por la construcción y equipamiento del edificio. "El coste de la asistencia sanitaria especializada gestionada por empresas privadas es entre un 16 y un 27% más cara que si es gestionada por las administraciones públicas", asegura la asociación. De hecho, Afem asegura que aún externalizando los hospitales a los 441 euros por habitante que pretende Lasquetty, el Gobierno regional estaría "regalando a las empresas privadas 118 millones de euros al año" [ver gráfico inferior]. Y se preguntan: ¿"De dónde procede la cifra de 600 euros por habitante que la Consejería de Sanidad presenta como coste de la asistencia en hospitales de gestión mixta (PFI)?". "La Consejería de Sanidad no ha presentado ni un sólo documento que avale esa cifra, lo que la convierte en una cifra arbitraria y sin fundamento empírico alguno", concluyen.

[Mañana, en Público, la segunda parte de este tema: "Privatizar perjudica la salud (II)"]

Público, 17 de febrero 2013

Shé · Mensaje sin leer por **Shé** » Jue Feb 21, 2013 9:04 am

Privatizar perjudica la salud (y II)
Expertos en gestión sanitaria advierten de que el ánimo de lucro en el sistema sanitario está relacionado con una peor calidad asistencial para el paciente, aunque denuncian la opacidad de la Administración al respecto

PAULA DÍAZ Madrid 18/02/2013

Uno de los carteles exhibidos durante las 'mareas blancas' madrileñas muestra, en una viñeta,
la "muerte" de la sanidad pública en manos de empresas privadas.

Privatizar la sanidad no sólo es más caro para la Administración pública, sino que los beneficios que obtienen las empresas privadas que acaparan las concesiones de los hospitales públicos están relacionadas directamente con una peor asistencia al paciente. Así lo ha denunciado en numerosas ocasiones la marea blanca de Madrid, pero también son numerosos los expertos en gestión que advierten del riesgo de introducir el ánimo de lucro en los centros que salvan vidas.

Recientemente, los médicos de la Comunidad han denunciado irregularidades en los servicios de laboratorio centralizados y privatizados por el exconsejero de Sanidad Juan José Güemes, que "han puesto en riesgo la vida de los pacientes", según informó la Cadena Ser. La falta de material, la tardanza en la recepción de resultados de pruebas y la lejanía entre centros, entre otras cuestiones, hizo peligrar la salud de pacientes con leucemia, entre otros graves ejemplos, pero la Consejería que hoy dirige Javier Fernández Lasquetty nunca llegó a sancionar estas prácticas.

"El principal problema de las empresas privadas es que tienden a la selección de riesgos"
Si esto ocurre en los laboratorios, no es de extrañar -según los expertos- lo que pasa o pasará en hospitales y centros de atención primaria. En el hospital de Sant Pau (Barcelona), con un modelo concertado similar a los PFI madrileños ( Hospital Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Hospital del Norte, del Sureste y el del Tajo), los trabajadores también han denunciado, en numerosas ocasiones, el cierre de salas, la reducción del número de camas y de trabajadores eventuales,y, en consecuencia, el aumento de listas de espera y muchos más reingresos de pacientes.

"El principal problema de las empresas privadas con fuerte ánimo de lucro es que tienden a la selección de riesgos: es decir, buscan "descremar" la demanda y quedarse con los casos menos graves y que se puedan resolver de forma más sencilla y con menor riesgo de efectos adversos y complicaciones", señala José Ramón Repullo, jefe de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad.

El catedrático y director del Máster de Evaluación Sanitaria en la Carlos III de Madrid, Félix Lobo, también denunció el sábado, en la I Jornada de Gestión Sanitaria de Afem, que la selección de riesgos es "difícil de controlar", debido a que los contratos que la Administración firma con las empresas concesionarias "no son fáciles de diseñar para que prevengan estos problemas de forma completa". Según este experto, debido a que, si se derivan pacientes a los centros 100% públicos, los hospitales privatizados tienen "el incentivo de no derivar a otros hospitales, pero sí a la atención primaria", con los consecuentes riesgos que esta práctica puede suponer en la salud de los pacientes. Además, otras formas de selección de riesgo son, según Lobo, "la especialización en tratamientos no complejos, la escasez de facilidades para discapacitados y la no contratación de médicos buenos en especialidades caras para que los pacientes no vayan" a tratarse de enfermedades no rentables. Es así como las concesionarias que gestionan los hospitales ya privatizados de la Comunidad desde épocas de Esperanza Aguirre consiguen salir rentables en las cifras oficiales.

"El tabaco es malo para la salud y el ánimo de lucro malo para la sanidad"
En cuanto a las pruebas e intervenciones realizadas a los pacientes, además, Repullo también advierte de que "si se paga por acto, se tenderá al uso excesivo e inapropiado; si se paga por capitación (una cantidad por persona y año) se tenderá a la provisión de menos servicios de los demandados y posiblemente de los necesarios". "Por eso se suele decir que el tabaco es malo para la salud y el ánimo de lucro malo para la sanidad", metaforiza el experto en Economía de la Salud.

"La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado que los sistemas universales y públicos son los que consiguen mejores resultados en salud con menos dinero", cita también el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), Marciano Sánchez Bayle. "Es difícil demostrar con rigor esta situación debido a la falta de información, pero las empresas privadas, por lógica, tienen que repartir beneficios y es lógico también que ese dinero salga de la reducción de médicos, del tiempo de estancia del ingreso, de pruebas dianósticas...", señala también Antonio Gómez, portavoz de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS-Madrid).

Falta de transparencia en la Administración
Pese a estas suposiciones "lógicas", lo cierto es que no existen datos fiables que puedan avalarlas. La Fadsp, CAS-Madrid, sindicatos como CSIT-UP y organizaciones como la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) denuncian que la Consejería de Sanidad no ofrece ningún dato que avale su teoría de que "externalizar" servicios sale más barato. Y otros expertos en gestión sanitaria coinciden con dichas plataformas en que la falta de datos y la opacidad de la Administración Pública impiden saber con exactitud si las afirmaciones de Lasquetty sobre el ahorro de la privatización son un bulo interesado o datos con fundamento.

"No sabemos de dónde salen esas cifras [441 euros por persona, en lugar de 600], cómo ha realizado la Consejería esos estudios, porque no es lo mismo contabilizar coste por persona en un área determinada que coste por paciente realmente atendido", señala Juan Oliva, presidente de la Asociación Economía de la Salud. El Plan para la sostenibilidad del sistema sanitario público de Madrid es, para Oliva, "un plan ambigüo que no dispone de ningún informe técnico que lo avale ni de una fuente de información de donde podamos obtener ese cálculo", insiste.

"Los hospitales están infrapresupuestados y ese es un juego perverso", señala otro profesional
Lo que sí se conoce hasta ahora es que el presupuesto inicial destinado por la Comunidad de Madrid tanto a hospitales públicos como semiprivados acaba aumentándose con creces al final de cada año. "El gasto siempre está por encima del presupuesto, con lo que podemos concluir que los centros están infrapresupuestados; un juego perverso que, en cualquier caso, demuestra una mala gestión, bien por parte de la Administración pública que lo gestiona, bien por parte de la empresa privada que maneja el hospital en cuestión", advierte este experto. "Así no hay forma de saber quién es el culpable, porque no se dispone de información suficiente", añade.

"La responsabilidad última es de la Consejería, que es quien marca las reglas y quien tiene los elementos a su favor para que el sistema sea mucho más transparente, aunque en España tenemos una cultura inexistente de rendición de cuentas", continúa Oliva, que asegura que sólo Catalunya ofrece datos sobre sus indicadores de calidad asistencial. "El caso de Madrid es paradigmático no sólo por lo que propone sino por cómo lo propone: su forma de hacer política demuestra un claro déficit de calidad democrática, sin consenso con los profesionales, ni con los ciudadanos y sin transparencia", concluye el experto, que asegura que una forma eficaz de ahorrar en sanidad pública sería, por ejemplo, fomentando la prevención. "Si se hubiese hecho, habría menos enfermos, menos hospitalizaciones, menos tasa de dependencia...pero en España sólo legisla mirando el corto plazo", denuncia.

"La mayoría de afirmaciones sobre la eficiencia del modelo de concesión se lanzan sin datos que las avalen"
Otro experto del Centro Superior de Investigación Pública que recientemente ha elaborado un completo estudio sobre la eficiciencia de la gestión hospitalaria pública, Salvador Peiró, también señala la falta de información como inconveniente. "La mayoría de afirmaciones sobre la mayor o menor eficiencia del modelo de concesión propugnado se lanzan sin datos que las avalen. La tan esforzadamente lograda (y reiteradamente denunciada) opacidad del conjunto del Sistema Nacional de Salud facilita la algarada, pero restringe la posibilidad de adoptar decisiones informadas", sentencia el documento. "No es que apenas existan datos sobre los "otros" hospitales [los ya semiprivatizados], es que tampoco se difunden los referidos a hospitales de gestión directa [los 100%públicos]", añade.

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) también señaló en un comunicado "la insistencia demostrada por nuestras autoridades sanitarias en no hacer pública la información necesaria" para verificar las reiteradas afirmaciones sobre la eficiencia de la privatización. "No se dispone de evidencia que apoye esas aseveraciones", insisten.

"Hay demasiada oscuridad en el sistema como para saber si el modelo público de gestión privada funciona o no", denuncia también Repullo. "No hay información suficiente sobre lo que se consigue y lo que cuesta este modelo, tampoco fue desvelado el reequilibrio de las concesiones que parece que se produjo de forma limitada den 2010, ni se conoce la información de detalle de si se facturan a estos centros por pacientes suyos que se derivan a centros públicos, y parece que tampoco se ha compensado por el personal público que trabaja en concesionarias", detalla Repullo.

Repullo: "Si hay que recortar, mejor que lo hagan los profesionales"
"Sí podemos decir que sería exigible plena transparencia y rendición de cuentas", resume el experto, partidario de que si hay que recortar, que sean los profesionales quienes digan de dónde. "Hay grasa y usarla para extraer energía en estos tiempos de graves recortes pasa a ser una obligación ética de los que defendemos el sistema público de salud. Y mejor hacerlo nosotros, para que el recorte no se lleve ni músculo ni hueso", metaforiza.

"EL PP repite de forma machacona que es más barato, pero no hay ningún dato que lo demuestre y sí muchos indicios de que la privatización es una ruina económica con muchos riesgos para las arcas públicas y un grave peligro para la calidad asistencial", resume también la #AuditoríaSanitaria de Equo.

Los contrainformes
Pese a los datos y argumentos esgrimidos por los defensores de la sanidad pública, las empresas privadas también pueden encontrar informes a su favor, aunque, según los expertos consultados por Público, no hay ningún dato 100% fiable que pueda equilibrar la balanza hacia uno u otro lado del conflicto.

Aun así, la empresa IASIST, por ejemplo, asegura en Evaluación de Resultados de los Hospitales en España según su modelo de gestión que los centros que tienen un modelo de gestión distinto del 100% público "son centros más pequeños", que tratan "pacientes de similar complejidad", "hacen una utilización más eficiente de las camas y son más intensivos en el uso de alternativas ambulatorias". Además, añaden, "son más eficientes, al tener un coste por unidad de producción un 30% inferior". Pese a ello, concluyen, "obtienen buenos resultados de calidad científico-técnica".

La firma internacional de auditoría y asesoramiento Russell Bedford presentó recientemente un estudio en el que asegura que la gestión público-privada de la Sanidad podría ahorrar más de 13.000 millones de euros en toda España, informa Efe.

No obstante, los defensores de la pública restan credibilidad a estas cifras. "A veces estos datos provienen de organizaciones que montan ellos mismos [los gestores privados de la sanidad pública] para proteger sus intereses con informes amañados que les favorecen", sentencia el presidente de la Federación de Asociaciones por la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle.

Público, 18 de febrero 2013

Foro de Iniciativa Atea

Para los que defienden lo privado frente a lo público

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