Uruguay ha dado un paso al frente en el debate sobre la despenalización de las drogas en América Latina. No solo será el primer país latinoamericano que despenalizará su consumo, sino que se convertirá en el primero en el mundo que gestionará y regulará la producción de marihuana para uso recreativo. La medianoche del pasado miércoles el Congreso uruguayo aprobó un proyecto de ley que permitirá al Estado controlar el negocio del cannabis, permitir su autocultivo y ponerlo a la venta en las farmacias. La decisión no ha gustado nada a la ONU, que ayer emitió un comunicado a través de la Junta Internacional de Control de Estupefacientes (JIFE), expresando su “preocupación” por la legalización y afirmando que está en “completa contravención” con los tratados internacionales sobre drogas, de los que Uruguay es parte.
“La ley intenta una regulación, no es que sea un viva la pepa”, defendió ayer el presidente uruguayo, José Mujica, en la emisora de radio local M24. “Se intenta terminar con la clandestinidad. Identificar y tener un mercado a la luz del día”, analizó.
En los últimos tiempos han surgido en el continente —el más azotado por la violencia y la corrupción derivada del narcotráfico— múltiples voces, cada vez menos aisladas, que reclaman una vía alternativa al modelo represivo para luchar contra el narcotráfico. El año pasado, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, abanderó durante unos meses una corriente de opinión que promulgaba la legalización de las drogas. El expresidente de México, Vicente Fox, declaró recientemente: “Cultivaría marihuana si estuviera permitido”. También el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, apoyó hace un año las intenciones del Gobierno uruguayo. Otras voces como las del premio Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa, o los exsecretarios de la ONU y la OTAN, Kofi Annan y Javier Solana, también se han mostrado a favor de la despenalización. Sin embargo solo en Uruguay, bajo el mandato del exguerrillero Mujica, esta corriente se ha transformado en algo plausible.
Aún a falta de que el proyecto de ley pase por el Senado y se elabore el reglamento, los ejes de la futura legalización están claros. El Estado asumirá el control y otorgará licencias a algunas empresas para que realicen la distribución y producción. “Somos un país chico, con unas 20 hectáreas (unos 30 campos de fútbol) tendríamos suficiente”, calcula Sebastián Sabini, uno de los principales autores del proyecto y diputado del Frente Amplio, la coalición de partidos en el Gobierno. Cada cultivador podrá tener seis plantas, se podrán constituir clubes de cannabis de hasta 45 miembros y 99 plantas y cada usuario —mayor de edad y residente en Uruguay— tendrá una cuota de 40 gramos mensuales para su consumo, que deberá adquirir en las farmacias. “Estamos en un contexto de aumento de los decomisos y de presos por el tráfico de drogas y, sin embargo, el fenómeno no cesa, la inseguridad pública y el consumo han aumentado”, explica Sabini. Según los cálculos del Gobierno hay unos 180.000 consumidores (aproximadamente el 5,5% de la población) y unos 3.000 reos cumpliendo penas por narcotráfico.
El proyecto de regulación de la marihuana ha sido uno de los que más se le han enquistado a Mujica, que durante su mandato ha aprobado otras leyes sociales muy progresistas para la región, como la del aborto o la del matrimonio homosexual. El 63% de los uruguayos se oponen a la ley, según la última encuesta divulgada esta semana por la consultora Cifra. “Somos un país de viejos, nos cuesta mucho entender y atender a los jóvenes”, aseguró Mujica, quién expresó su deseo de que la ley esté acompañada por un mayor respaldo social.
En el terreno político también existe una gran división. La sesión en la cámara legislativa en la que se discutió la medida duró 14 horas. Finalmente los dirigentes del Frente Amplio hicieron valer su mayoría y la medida se aprobó con 50 votos a favor y 49 en contra.
En España, la portavoz del Plan Nacional sobre Drogas se abstiene de comentar “decisiones de Estados soberanos”, aunque considera que “no existen razones sociales ni de salud para favorecer un comercio legal del cannabis” en nuestro país. En su opinión, la legalización de la planta supondría un aumento de su consumo, una banalización de sus efectos, una disminución en la edad de inicio y un incremento de los costes sanitarios. Además, fuentes del organismo consideran que si no se legaliza en todo el continente americano podría suponer un “efecto llamada” que haría “aumentar el trapicheo”.
La legislación vigente en Uruguay, aprobada en 1974 bajo la dictadura militar, permite el consumo de marihuana y otras drogas pero prohíbe la producción y el comercio. Juan Vaz, uno de los fundadores de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay (AECU), estuvo preso 11 meses después de que la policía le encontrara un cultivo en su casa. La AECU calcula que en Uruguay hay unos 10.000 cultivadores y que con la nueva ley se sumarán otros tantos. Vaz, que lleva 20 años cultivando la planta y que ha asesorado al Ejecutivo en la elaboración de la ley, defiende que “no es una ley ideal, pero es mucho mejor de lo que hay. Al menos se quiebra el paradigma de la prohibición respecto a las drogas”.
La situación de la marihuana en el mundo
P. PAREJA
· EE UU permite la compra y venta de marihuana para uso medicinal, con receta médica, en 17 Estados y en el distrito de Columbia. Colorado y Washington también legalizaron, en noviembre de 2012, el uso recreativo de la planta, permitiendo la posesión de una onza (28 gramos) por persona. Dichas regulaciones chocan con la legislación federal y está por ver si podrán aplicarse. Se calcula que las ventas de marihuana medicinal ascendieron a entre 1.200 y 4.000 millones de dólares en 2012 (entre 900 y 3.000 millones de euros), según el Medical Marijuana Business Daily.
· Holanda es tolerante de facto con los coffee shops, pequeñas tiendas donde se vende y consume, pero nunca las legalizó formalmente. El cultivo está prohibido hasta el punto de que mucha marihuana consumida en los coffee shops holandeses ha sido cultivada fuera del país. Además, el consumo se restringe a nacionales.
·España no castiga el consumo privado, pero sí el público y la tenencia con una falta administrativa. Diversas sentencias judiciales que reconocen la producción para autoconsumo han hecho proliferar las asociaciones cannábicas, sobre todo en Cataluña y País Vasco, que se basan en un cultivo colectivo que se divide en tantas partes como socios tenga la asociación. En el Parlamento vasco existe una Comisión de Salud con el objetivo de buscar una “solución regulada de la actividad de los denominados clubes sociales de cannabis”.
· Luxemburgo, Bélgica y Portugal sancionan con multa la tenencia para uso personal, si bien su persecución no es una prioridad. La República Checa aprobó en mayo su venta en farmacias para enfermos de cáncer, psoriasis, esclerosis múltiple o párkinson. Argentina aprobó el pasado noviembre su autocultivo.
· Otros países siguen criminalizando al consumidor. Es el caso de EE UU (a nivel federal), Reino Unido, Canadá, Luxemburgo, Noruega, Suecia, Finlandia y la mayoría de los latinoamericanos.
