EL CRIPTOCONFESIONALISMO DEL ESTADO ESPAÑOL

[Shé]

Normal.

Para la sociedad que la Caspa quiere cultivar, HO es de lo más útil.

Está acercándose la hora de plantearse la objeción fiscal. Porque si además de utlizar el dinero público para engordar a los banqueros y a los obispos, resulta que empezamos a subvencionar a los beligerantes nazionalcatólicos, habrá que dejar de aportar el fruto de nuestros esfuerzos al enemigo que quiere acabar con nosotros, no?

[jasimotosan]

Después de un tiempo fuera, "da gusto" ver que nada ha cambiado.

Saludos a todos.

[Shé]

Quieres decir que no nos hemos convertido?

Pero no todo sigue igual. Lo que vemos diariamente con este gobierno, servil ante la CEE y el Vaticano -además de ante los banqueros, los corruptos, la Merkel...-, que trata a los ciudadanos como fuente de ingresos o como delincuentes en potencia -o de hecho, en cuanto a alguien se le ocurre manifestar oposición- nos tiene pelín deprimidos.

Bienvenido de nuevo. Por dónde te has perdido tanto tiempo, malandrín?

[jasimotosan]

Pues te voy a decir la verdad She: Es que estoy cansado.

Estoy cansado de "predicar en el desierto" ;D Veo que vamos de mal en peor, veo que da igual a quien se vote, veo que no hay remedio... "Abandonad toda esperanza vosotros que entráis aquí o los que vivís en España". Vamos para atrás y de nada sirve nada...

De verdad os admiro por no rendiros, por seguir adelante, yo ya estoy harto y dudo que la sociedad, nuestros prójimos, se merezca el esfuerzo (si acaso un 10% de ellos). Por supuesto contáis con mi respeto y colaboración (en lo muy poco que pueda servir).

Mi misantropía natural y la fuerza de la realidad me dan ganas de tirar la toalla y el que venga atrás que recoja.

Me estoy dedicando a evadirme como cuando tenía once años me evadía porque no podía soportar la realidad... Y eso que entonces no conocía el alcohol y su efecto terapéutico, sólo tenía los libros de ciencia ficción, ahora de adulto, tengo ambas cosas. Digamos que he completado el círculo.

Saludos a todos lo ateos laicistas incansables.

[Pastranec]

Pues eso...

La sanidad pública gasta en León 41.773 euros en 9 capellanes católicos en el primer trimestre

Por Ical | 23/08/2013

La Iglesia Católica dispone de 190 metros cuadrados en el Hospital de León y de 63 en el Hospital de El Bierzo. En el año 2012 el gasto en personal en esta materia en la Comunidad ascendió a 826.863 euros.

Los hospitales públicos de Castilla y León destinan 2.813 metros cuadrados para la asistencia religiosa católica, según se desprende de la información remitida a las Cortes autonómicas por la Consejería de Sanidad de la Junta, consultada por Ical. El Hospital Virgen del Mirón de Soria lidera la lista del espacio reservado para este servicio existente en la veintena de centros hospitalarios de la Comunidad, mientras que en el plano contrario se encuentran los hospitales de Aranda de Duero y Miranda de Ebro. El gasto en el pago de personal fue de 202.800 euros en el primer trimestre de 2013 y de 826.863 euros en 2012, conforme a los mismos datos.

Tras el hospital soriano se sitúan los hospitales clínicos de Salamanca (325) y de Valladolid (297), seguido de Los Montalvos de Salamanca (249) y el nuevo hospital de Burgos (245). En el resto de ciudades, Nuestra Señora de Sónsoles de Ávila y el Provincial de Ávila disponen de 132 y 145 metros cuadrados, respectivamente.

En León, 190 corresponden al Hospital Universitario y 63 al Hospital de El Bierzo, mientras que en el caso de Palencia 133 pertenecen al Río Carrión y 49 a San Telmo. El Hospital General de Segovia destina al mismo servicio 76 metros cuadrados y el Santa Bárbara de Soria 59. El Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid reserva 153 metros cuadrados y 51 el de Medina del Campo.

El listado, pedido por el procurador socialista Fernando Rodero, se completa con los hospitales zamoranos, de los que 92 pertenecen al Virgen de la Concha, 155 al Hospital Provincial y 36 al Hospital de Benavente.

El parlamentario se interesa también por el número de capellanes que atienden el servicio y el presupuesto destinado a su mantenimiento entre 2005 y 2013. En concreto, en el primer trimestre de este año -último dato facilitado- el número de capellanes disponibles en la veintena de hospitales era de 41 y la cuantía de pago de personal ascendió a 202.800 euros.

En los hospitales de León (León y Ponferrada) se concentran el mayor número de capellanes (9) y el presupuesto para este servicio, que ronda los 41.773 euros. Sigue Valladolid (Clínico, Río Hortega y Medina del Campo) con otros siete y 32.490 euros y Salamanca con siete capellanes y 30.400 euros de gasto. En Burgos (nuevo hospital, Aranda y Miranda) el presupuesto asciende a 29.414 euros y cinco personas para el servicio. Soria, que reserva más metros cuadrados, dispone de tres capellanes y un gasto de 11.825 euros.

En el año 2012, el gasto en personal ascendió a 826.863 euros y el número de capellanes disponibles a 42.

En http://www.ileon.com/actualidad/031622/ ... -trimestre" onclick="window.open(this.href);return false;

Se ha de observar que a estos capellanes los paga la sanidad pública, no la Iglesia católica, como paga a los curas de las parroquias.

[Shé]

Por algo es hoy el día de los animales -fuera de España-. Aunque yo prefiero, de lejos, los peludos con cuatro patas y sin mantillas.

La Junta de Cospedal concede una dispensa de hora y media a los funcionarios que vayan a misa
La Consejería de Agricultura envía un email a sus trabajadores anunciándoles los beneficios que tendrán los que se hayan sumado al rito por San Francisco de Asís

IÑIGO ADURIZ Madrid 04/10/2013 12:15 Actualizado: 04/10/2013 13:49

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano.JCCLM

La Junta de Castilla-La Mancha que preside la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, católica confesa y asidua en las liturgias de esta confesión especialmente durante la Semana Santa, parece haber decidido trasladar sus creencias religiosas al funcionamiento de la administración autónomica e incluso a la hora de otorgar beneficios laborales a sus funcionarios y trabajadores públicos, a pesar del carácter aconfesional del Estado que recoge la Constitución.

La Consejería de Agricultura de la comunidad, organismo que dirige María Luisa Soriano, envió ayer un correo electrónico (ver PDF) a su personal anunciando las ventajas que obtendrían aquellos empleados que decidieran asistir a la misa especial que ha tenido lugar este viernes a las 13.00 horas en el monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo con motivo de la celebración de la festividad de San Francisco de Asís.

El texto del email, al que ha tenido acceso Público, anuncia que "todo aquel personal que quiera acudir a dicho acto podrá fichar a las 12.30 horas y se le concederá una dispensa de una hora y media". Asimismo, explica cuál es el procedimiento que deben seguir aquellos trabajadores que finalmente quieran acogerse a esos beneficios por asistir al mencionado rito católico.

"Anticonstitucional utilización de los servicios públicos"
En primer lugar, "se hará solicitud en el programa Chronos", una herramienta interna con la que trabaja la administración, "con el motivo 'Incidencia informativa sin modificación de saldo'". A continuación, los funcionarios deberán completar el apartado de 'Observaciones' con el texto: "Celebración San Francisco de Asís".

Las reacciones a la decisión de la administración regional no se han hecho esperar. Fuentes del PSOE, el principal y único partido de la oposición en la región, lamentan que la decisión de la Junta la tome un Ejecutivo que "no sustituye medicos por vacaciones y que tarda 20 días en cubrir bajas". Asimismo, desde el sindicato de la función pública STAS-Intersindical han explicado a este diario que rechazan, "sin paliativo alguno, esta anticonstitucional utilización de los servicios públicos para potenciar actos religiosos de cualquier confesión".

Aseguran que el asunto es aún más flagrante "en estos momentos de múltiples e injustas restricciones y recortes de derechos a las trabajadoras y trabajadores públicos, reduciendo los permisos hasta lo inhumano; eliminando el complemento por enfermedad, reduciendo asistencia médica o rehabilitadora, cuidados de familiares, así como aumentando el horario laboral para cesar masivamente a personal interino".

Público, 4 de octubre 2013

[eduardo dd]

Cinco puntos constitucionales que marcan la diferencia entre la República y el régimen del 78

Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho, publica 'Modelos de democracia en España 1931 y 1978', una obra que nace con la "pretensión de proporcionar al lector claves e instrumentos" para comparar las dos constituciones españoles del siglo XX y recuperar parte de la herencia republicana.

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 07/10/2013-http://www.publico.es/472783/cinco-punt ... men-del-78

La izquierda está en plena ebullición. Desde diferentes frentes de la izquierda alternativa y social se llama a procesos de convergencia, regeneración e incluso se hacen referencias explícitas a un nuevo proceso constituyente que dote a la democracia española de nuevos sistemas de participación ciudadana, de un sistema garantista de derechos eficaz e incluso a una lista de derechos económicos y sociales más amplio. Los debates están en las calles, en los procesos como el de Alternativas desde Abajo, que se reúne este fin de semana en Madrid o en Convocatoria, que el jueves celebró su tercera reunión con la presencia de más de treinta organizaciones sociales y políticas, entre las que se encuentra como fuerza impulsora Izquierda Unida.

En este escenario cobra especial importancia la obra Modelos de democracia en España 1931 y 1978 de Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Un ensayo de derecho comparado que pretende proporcionar al lector las claves e instrumentos para valorar las dos constituciones españolas del siglo XX y, además, tratar de recuperar parte de la herencia constitucional republicana. "No para recordar de forma nostálgica un pasado que ya no volverá -asegura el autor- sino para contar con un sólido referente en el camino de construcción de una sociedad y un país más avanzados en términos políticos y sociales".

El presente artículo señala cinco puntos que diferencian a una Constitución de otra y que están recogidos a lo largo de la obra. No son los únicos. El establecimiento de las diferencias y similitudes ha llevado a Escudero a escribir más de 300 páginas. Sin embargo, sí son un buen inicio para comprender algunos de los problemas fundamentales que arrastra la democracia española y rescatar de la herencia republicana, al menos para ser discutidas y valoradas, las soluciones que durante la redacción constitucional creyeron que resolverían los grandes males que azotaban a España.

1. Una democracia participativa y una democracia de baja intensiva

La participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan a la colectividad denota la calidad de todo sistema democrático y afecta al grado de compromiso que las personas adquieren con él. "De la mayor o menos distancia entre la ciudadanía y los núcleos de poder, del fomento o no de herramientas democráticas que vayan más allá de elegir a sus representantes políticos cada cierto tiempo, dependerá una mayor implicación e identificación de las personas con el sistema; una mayor cultura democrática, en definitiva", escribe Escudero.

Es en este punto, señala Escudero, donde más se puede apreciar el modelo diferente de sociedad política hacia el que conduce cada una de las constituciones. Mientras que la constitución de 1931 parecía buscar una ciudadanía participativa y comprometida con la gestión de la res pública, el texto de 1978 prefiere limitar la participación ciudadana a la elección de los gobernantes, los parlamentarios y los representantes políticos.

El texto constitucional republicano buscó consolidar los mecanismos a través de los cuales la ciudadanía pudiera ejercer la soberanía directamente. Escudero señala dos mecanismos. Ambos contemplados en su artículo 66. "El referéndum sobre leyes votadas en las Cortes y la iniciativa legislativa popular" sin olvidar la extensión de la participación ciudadanía a otros ámbitos como la constitucionalización de la libertad sindical o el jurado popular.

La Constitución del 78, por su parte, no establece la figura del referéndum legislativo que sí contemplaba el texto de 1931. "Así pues, la diferencia es notable desde un prinicpio. El texto actual sólo establece la obligatoriedad de consultar a la ciudadanía mediante referéndum vinculante en los casos de reforma del núcleo duro de la Constitución y para la aprobación y reforma de algunos estatutos de autonomía", escribe.

Entre las razones por las que la Constitución del 78 ofrece tan poco espacio a la democracia directa, Escudero establece el "dominio que en la Transición continuaban ejerciendo las fueras conservadoras", un contexto internacional donde el viejo Estado de bienestar "se batía en retirada" y el paso del "paradigma de la legitimidad democrática al de la gobernabilidad como parámetro para ponderar la calidad de un sistema constitucional".



2. El subdesarrollo en derechos de la Constitución de 1978

La República trajo consigo la incorporación de los llamados derechos económicos y sociales, incluyendo específicas referencias a los grupos y colectivos más desfavorecidos de la sociedad de la época, las mujeres, los trabajadores o la tercera edad, entre otros. El resultado es la constitucionalización del elenco de derechos más amplio de la historia española.

La constitución de 1978, por su parte, introduce un extenso catálogo de derechos económicos, sociales y culturales ordenados según el nivel de protección que el Estado les otorga. En el tercer y último escalón de derechos, la Constitución del 78 hace referencia a los 'Principios rectores de la política social y económica'. Dentro de estos principios el, el texto constitucional incluye el "progreso social y económico y para una distribución de la renta regional", la garantía de "la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo", el derecho a la "protección de la salud" o "el acceso a la cultura" y la promoción de "la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general", entre otros.

A pesar de esta inclusión en el texto constitucional, estos supuestos derechos de la ciudadanía española no gozan de amparo judicial, dado que solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen (art.53.3). Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa. La legislación que desarrolla estos supuestos derechos no es requisito necesario para su regulación.

Por tanto, estos derechos económicos y sociales quedan reducidos a principios o valores que inspirarán, o no, las políticas del poder ejecutivo, pero sin que algún precepto constitucional le obligue a implementarlos. "Quiere decir esto que la Constitución no prevé mecanismos de control de la inacción del Gobierno, salvo los propios de la responsabilidad política que se manifiesten en las urnas (...). En conclusión, sólo de forma retórica puede hablarse de derechos si no generan obligaciones que puedan ser exigidas ante un tribunal", escribe Escudero.

Por contra, la Constitución republicana abrigó una "visión integral de los derechos, sin establecer diferentes grados de protección en función de una mayor o menor relevancia, otorgando a todos ellos el mismo estatuto jurídico. Fue la legislación de desarrollo la que circunscribió el recurso de amparo a ciertos derechos. "La plasmación real de los derechos pone de relieve la distinta filosofía que inspiran ambos textos. De la obsesión republicana por la máxima integración de materias y sujetos en el espacio público (...) se pasó a la contemporización del texto del 78, más reformista que transformador", opina Escudero.



3. El Estado laico frente al supuesto Estado aconfesional

La actual regulación constitucional en materia religiosa está presidida por el principio de aconfesionalidad del Estado español. Se consagra en el artículo 16.3 de la Constitución que, si bien afirma que ninguna confesión tendrá carácter estatal, señala también que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones.

Para Escudero, este último inciso es el que "impide avanzar" actualmente "hacia un Estado laico" y es clave para "entender la posición que la Iglesia católica ocupa en el escenario político y social diseñado a partir de la Transición". "Cuando argumentan en defensa de sus privilegios, sus dirigentes recurren precisamente a las palabras del artículo 16.3. Y en parte no les falta razón, dado que fue la voluntad del constituyente garantizar la presencia activa de la Iglesia católica en los foros públicos y contribuir decididamente a su financiación".

Pero la normativa favorable a la religión católica en el actual texto constitucional no cesa en este punto. La incorporación en el texto de la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones se ha convertido, opina Escudero, en "la mejor garantía de un sistema de colegios religiosos, subvencionados con fondos públicos mediante la figura de los conciertos y basados en el ideario del centro que en no pocas ocasiones vulnera los principios constitucionales".

La llegada de la República, sin embargo, se celebró como la ocasión con la que terminar con la excesiva influencia de la Iglesia tanto en la vida pública como en la educación. Trató de cambiar "radicalmente el statu quo y situar a la Iglesia en los márgenes propios de su misión espiritual". "Esto sólo podía hacerse a través de la configuración de un Estado laico", escribe.

Por ello, durante la redacción del texto constitucional de 1931 y durante todo el periodo republicano, la cuestión religioso fue "otro de los grandes caballos de batalla". "Las medidas que los dirigentes republicanos adoptaron al respecto condicionaron toda su vida política. Desde su inicio, ya en los propios debates constituyentes, hasta su final, causado por un golpe de Estado bendecido por la jerarquía católica".

Prueba de esta especial importancia concedida por el legislador republicano a la cuestión secular, el artículo 3 de la Constitución recoge que: "El estado español no tiene religión oficial". Artículo que fue acompañado de otros dos, el 26 y el 27, que regulaba la libertad de conciencia, religiosa y de culto. Como colofón, la República disolvió la Compañía de Jesús en enero de 1932 y en junio de 1933 aprobó la ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas mediante la cual la Iglesia debía rendir cuentas por su actividad económica y se le impedía ejercer la enseñanza.

4. La soberanía popular (pueblo) frente a la soberanía nacional (nación)

Las dos constituciones recogen en su articulado el principio de la soberanía popular. La Constitución de 1931 establece en su primer artículo que todos los poderes de la República emanan del pueblo y, consecuentemente con ello, en el pueblo reside la potestad de crear leyes y en el presidente de la República la personificación de la nación. Establece, por tanto, el principio fundamental de la soberanía popular.

Por su parte, la actual Constitución señala que la "soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". Aunque ambos textos aluden con diferentes términos al principio de soberanía popular, los términos utilizados, opina el autor, marcan la diferencia entre el espíritu de los dos textos constitucionales.

La Constitución de 1978 se queda con la expresión de "soberanía nacional", propia de la "retórica liberal decimonónica", antes que con el término "soberanía popular", de mucha mayor "raigambre democrática. Esta diferencia, explica Escudero, sirve para que desde la Constitución del 78 se insista, ya desde el inicio, en la idea de la unidad de España como fundamental del orden constitucional, poniendo por tanto un límite sustantivo a la soberanía popular. La declaración parece rotunda y tiene dos interpretaciones: la voluntad popular nunca podrá romper la unidad de España o si no se respeta la unidad nacional, no habrá democracia.

A su vez, la Constitución de 1978 sustrae o elimina también a la jefatura del Estado de todo principio democrático. "Es una auténtica declaración de intenciones sobre el alcance real de las decisiones que se van a someter al teórico principio de la soberanía popular". En este sentido, la constituyentes de 1931 tenían bien clara la relación entre el principio democrático y la fórmula republicana.

Prueba de ello es que señalaron en su primer artículo que "España se constituye de en una República democrática de trabajadores de toda clase". Escudero analiza la frase destacando dos claves. Aparecía por primera vez el concepto de "democrática" en un texto constitucional español y lo hacía acompañando al concepto de "República", una forma de Gobierno contrapuesta a la Monarquía, que tantas veces ha estado unido en la historia española a la "ausencia de democracia".

5. Una constitución transformadora, frente a una Constitución continuista.

La Constitución de la República, escribe Escudero, lejos de configurar un programa utópico o irreal, contenía lo máximo a lo que se podía llegar por la vía del reformismo en la España de la época en términos de políticas sociales y avances democráticos. El espíritu de aquel texto constitucional de 1931 trató de romper las ataduras que habían llevado a España al desastre en que se encontraba a comienzos del siglo XX, para así construir una sociedad más libre, igualitaria, solidaria, participativa y responsable.

La Constitución de 1978, sin embargo, no pretendió transformar de raíz la sociedad española. El texto constitucional del 78 tenía por objetivo salir del franquismo de la manera más airosa posible. Trató de configurar un régimen democrático, basado en el principio de la soberanía nacional, y se recogió un catálogo de derechos humanos. Sin embargo, relata el autor, la brutal represión, la continua propaganda antirrepublicana, la violencia política ejercida durante toda la dictadura y la presión constante de los sectores reacios a cualquier cambio político agrupados en lo que se ha venido a denominar el búnker o el "partido militar" determinaron en gran medida el devenir del proceso constituyente caracterizado por la aprobación de la Constitución de 1978.

Prueba de ello, escribe Escudero, es la "clara y rotunda" defensa de la Constitución de instituciones como la monarquía o "cuando reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, mientras que su redacción se torna confusa y atropellada cuando se trata de diseñar la organización territorial del Estado o a la hora de regular los derechos económicos y sociales, es decir, los relacionados con las condiciones reales de igualdad entre las personas".

La Constitución de 1978 no emprende ese viaje transformador que sí emprendió la República, no porque no fuera necesario ni porque las recetas republicanas no fueran validas, sino porque "no se tuvo (o no se pudo generar) el suficiente coraje político para plantear ese cambio radical de modelo de sociedad y de país".

[jasimotosan]

Yo no sé para qué leo estas cosas. Debo ser masoquista sin duda.

[eduardo dd]

¿Por?

Si te va la marcha, léete esto

http://www.abc.es/espana/20131006/abci- ... 60917.html

[Pastranec]

No me lo quería creer, y pensaba que era una noticia de El Mundo Today, pero no es de verdad...

La Iglesia: "cambiar la ley de matrimonio es más grave que cambiar de Monarquía a República"

El portavoz de la Conferencia Episcopal recuerda que el ahora Papa dijo en 2010 que "la ley del matrimonio homosexual es una acción de Satanás"

eldiario.es 18/10/2013 - 10:52h

Martínez Camino afirma que no garantizar la religión en Bachillerato "es ilegal"

(EFE)

La Conferencia Episcopal sigue muy contrariada con la aprobación del matrimonio igualitario que establece la equivalencia entre parejas heterosexuales y homosexuales. "Esa ley ha destruído el matrimonio", ha dicho su portavoz, Juan Antonio Martínez Camino, en una entrevista con Pepa Bueno en la Cadena SER.

"Ojalá hubiese ley del matrimonio homosexual, una regulación de los matrimonios del mismo sexo", que no afectara a lo que la Iglesia considera que es el matrimonio de verdad. "¡En la ley no aparece palabra homosexual! Lo que regula es el matrimonio de todos, suprimiendo las figuras de esposo y esposa", ha dicho.

"Cambiar esa ley con 15 votos de diferencia, con el Senado en contra", en referencia al trámite de aprobación durante el Gobierno de Zapatero, "es más grave que cambiar el modelo de estado, que pasar de Monarquía a República", ha sostenido.

Martínez Camino ha recordado que el ahora Papa Francisco dijo antes de ser pontífice que el matrimonio gay era "una acción de Satanás". Se refiere a las palabras que escribió en 2010 sobre la ley de matrimonio homosexual - aunque no ha especificado que no se refería al caso español sino a la aprobación de este modelo en Argentina. El entonces cardenal Bergoglio dijo que "no se trata de un mero proyecto legislativo (éste es sólo el instrumento) sino de una movida del Padre de la Mentira [Satanás] que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios".

A preguntas de por qué la Conferencia Episcopal se muestra tan beligerante con la política educativa y tan poco con los recortes y la pobreza, Martínez Campos ha respondido que para la pobreza "ya está Cáritas". Además, ha asegurado que "la Conferencia Episcopal nunca ha convocado una manifestación".

En http://www.eldiario.es/sociedad/Martine ... 31369.html" onclick="window.open(this.href);return false;

[Shé]

Que rabie monseñor, que rabie todo lo que quiera.

En el fondo, lo que le jode, es que estos temas no parece que vayan a ser el caballo de batalla para su jefe. Y teme que le tire de las orejas, para lo que ha tenido que buscar sus propias citas de antaño para no parecer un desobediente.

Deberíamos agradecer su creatividad a la hora de "entender" la realidad:

"Ojalá hubiese ley del matrimonio homosexual, una regulación de los matrimonios del mismo sexo", que no afectara a lo que la Iglesia considera que es el matrimonio de verdad.

En qué afecta esa ley, si se puede saber, a lo que la iglesia considera que es el matrimonio de verdad?

Es que lo que la iglesia considera se ve afectado?

Es que la iglesia no sigue considerando que el matrimonio de verdad, es exactamente la misma cosa que el matrimonio de verdad que consideraba antes?

A ver si es que Monseñor tampoco tiene un buen nivel de interpretación de textos y va a tener que volver al parvulario a empezar de cero otra vez...

Aparte de que, como ya sabemos, lo que sí les preocupa en serio aunque no lo digan, es el patrimonio de verdad, ese que la iglesia considera que es suyo.

[jasimotosan]

¡Que mancha de embusteros!

"Ojalá hubiese ley del matrimonio homosexual, una regulación de los matrimonios del mismo sexo", que no afectara a lo que la Iglesia considera que es el matrimonio de verdad...".

Y a quién cojones debe importarle lo que la ICAR considere o deje de considerar... ¿Por qué tendría que importarnos? ¿Qué tiene de especial esos corruptos?

Además que tampoco es cierto porque el matrimonio civil para ellos no cuenta. Si una pareja se casa sólo por lo civil para los "santos" padres están viviendo en concubinato... ¿Entonces?

Nadie les está diciendo que casen a los gays por la iglesia, se trata solamente delñ matrimonio civil QUE PARA ELLOS NO ES VÁLIDO de cualquier manera...

¡Que ganas de dar por cu..o tienen!


Y otra cosa ¿Qué tendría de malo que España volviera a la legalidad que nunca debió abandonar y fuera una república? ¿Y qué puñetas le importa o debería importarle a la ICAR el sistema del Estado español mientras los sigan engordando, lo que se hará con monarquía o con república?

Lo dicho ¡Qué ganas de dar por cu..o tienen!

[Shé]

Oscilo entre que la idea de que el confesionalismo del estado español sea "cripto" y la de que es manifiestamente descarado. Sobre todo al ver cosas como esta, ya que parece que entre multas millonarias y demás amenazas para mantener al rebaño en casa y acojonado, nos quieren colar una multa de 600.000 euros por provocar desórdenes en una misa.

Como si la transubstanciación que se celebra allí no fuera un desorden en sí mismo, y de los de peor diagnóstico.

Con esta ley, si la aprueban, me parece que va a haber que volver a las octavillas -dejan menos rastro que los móviles o las redes sociales-, o sea, igual que con Franco, pero más caras. Y las multas ni te cuento.

Fernández Díaz cuela multas de hasta 600.000 € por cometer desórdenes en misa

José María Olmo 21/11/2013

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz (d), asiste a la procesión del Santo Entierro de Bercianos de Aliste. (EFE)

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quiere aprovechar la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para introducir sanciones de hasta 600.000 euros para quienes alteren el orden público en misas u otras ceremonias religiosas. Así consta en el borrador del anteproyecto de la ley que maneja Interior y al que ha tenido acceso El Confidencial. Fernández Díaz, que siempre ha hecho gala de sus firmes convicciones católicas, espera presentar la norma en el Consejo de Ministros de este mismo viernes. Su objetivo es que la ley entre en vigor antes del próximo verano, según fuentes del Ministerio.

El borrador incorpora numerosas sanciones administrativas para conductas que hasta ahora no eran perseguidas por la legislación española, como manifestarse en las proximidades del Congreso, usar casco o capucha para cubrirse el rostro y tomar imágenes de los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Los insultos a los policías, las protestas en infraestructuras críticas, el escalamiento a edificios oficiales y los escraches también serán castigados con contundencia.

Además, el articulado de la Ley de Seguridad Ciudadana absorberá las faltas contra el orden público, que quedarán fuera del Código Penal tras la reforma impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya en trámite parlamentario. A partir de ahora, esos comportamientos serán perseguidos por vía administrativa. En algunos casos, el borrador elaborado por Interior se ha limitado a copiar los artículos del Código Penal que desaparecerán sin alterar su redacción. Pero el departamento que dirige Fernández Díaz también ha hecho importantes modificaciones.

Infracción muy grave

La más significativa de todas ellas, que hasta ahora había pasado desapercibida, permitirá a las delegaciones del Gobierno y a los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa castigar la provocación de desórdenes públicos en oficios religiosos. Según el régimen sancionador de la ley, este tipo de hechos se considerarán infracciones muy graves sujetos a multas que oscilarán entre 30.001 y 600.000 euros.

Los Príncipes, García-Escudero y Rajoy en la misa funeral en honor de Fraga. (EFE)

Fuentes de Interior aseguran que, en este asunto, el borrador sólo se limita a reproducir una de las faltas que desaparecerá del Código Penal por la reforma impulsada por Gallardón. En efecto, la propuesta del departamento de Fernández Díaz copia casi literalmente el artículo 633 del Código Penal, todavía vigente, que establece que “los que perturbaren levemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgados, en los actos públicos, en espectáculos deportivos o culturales, solemnidades o reuniones numerosas serán castigados con las penas de localización permanente de dos a 12 días y multa de 10 a 30 días”. La Ley de Seguridad Ciudadana utiliza una redacción similar para referirse a los mismos hechos. Pero Interior ha aprovechado la adaptación para colar en el texto la obligatoriedad de respetar el orden público en los “oficios religiosos”, dos palabras que no aparecen en el artículo original.

La cuantía de las multas se dispara

Desde el Ministerio del Interior reconocen el cambio pero lo enmarcan “en los esfuerzos que intenta hacer la ley para proteger el mayor número posible de eventos públicos”. “En todo caso”, matizan las mismas fuentes oficiales, “se trata únicamente de un borrador inicial que está sujeto a cambios”. “Hay cosas que pueden desaparecer antes incluso de que sea presentado en el Consejo de Ministros”, insisten.

Interior no sólo ha innovado en su propuesta con la persecución de los desórdenes en ceremonias religiosas. También ha utilizado el borrador para elevar sustancialmente la cuantía de las penas económicas. Con el Código Penal actual, infringir el artículo 633 implica una multa que puede ir de 20 euros (los dos euros mínimos de multa diaria con 10 días de condena) a 12.000 (el máximo de 400 euros de multa diaria con 30 días de condena). Pero en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, los mismos hechos serán castigados con sanciones que oscilarán entre 30.001 y 600.000 euros. Como mínimo, supondrá un incremento del 150%.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. (EFE)

La opinión pública no ha tenido en cuenta las advertencias de Interior de que sólo se trata de un borrador preliminar. El anuncio ha generado una enorme controversia en la calle y en las redes sociales que amenaza con arreciar durante la tramitación parlamentaria de la norma. Su mera presentación ha sido suficiente para reactivar los clichés más negativos que rodean tradicionalmente al PP. Tanto los partidos de la oposición como las plataformas que más han protestado contra la gestión del Gobierno han coincidido en denunciar que la norma supone un retroceso inaceptable en los derechos civiles. El PSOE ya ha adelantado que llevará la ley al Tribunal Constitucional si acaba siendo aprobada en los términos en los que está actualmente redactada.

Preocupación en Moncloa

La inquietud se ha instalado en el Gobierno y el PP tras varias semanas de relativa calma social. Fuentes de Génova consultadas por este diario afirman que el ministro ha vendido el anteproyecto por su cuenta, sin informar a otros ministerios afectados, al partido y al Grupo Parlamentario Popular. Las mismas fuentes señalan que esa estrategia ha descolocado a los portavoces, dirigentes y miembros del Gobierno y denuncian que llevan 48 horas respondiendo sobre el contenido del borrador de la futura ley de seguridad sin conocerlo en primera instancia más que por los medios de comunicación, informa Ángel Collado.

Así, ante las primeras noticias sobre algunos detalles del texto, los portavoces del PP en el Congreso tuvieron que ponerse en contacto con Interior para conocer el contenido del borrador y poder responder a las acusaciones y descalificaciones de la oposición. Primero tuvo que lidiar con las explicaciones el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, y después eludir el debate el resto de los ministros y el propio presidente del Gobierno en el pleno de control al Ejecutivo que se celebró este miércoles en la Cámara Baja.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso. (EFE)

Desde Génova achacan el problema, más que a algunos detalles del texto como las llamativas multas por faltar a los agentes del orden, a una mala venta del borrador por parte del Ministerio. El resultado es que la despenalización de determinados delitos se ha convertido, por las malas interpretaciones, en una imagen de lo contrario, de regresión para las libertades de manifestación e incluso de expresión por iniciativa del PP, según reconocen en los mismos medios.

Para frenar la campaña de la oposición, el PP reaccionó anoche convocando de urgencia para este jueves en Génova a Fernández Díaz y a los consejeros de Interior de las comunidades autónomas en las que gobierna. La secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, presidirá el encuentro. También acudirá Javier Arenas, en calidad de vicesecretario de asuntos autonómicos del partido.

El Confidencial, 21 de noviembre 2013

[Vitriólico]

Al cambiar estos supuestos desde delito a infracción administrativa, la jugada es evidente y muy grave:

EVITAR A LOS JUECES

De esta manera, pueden multar con semejante disparate (hasta 600.000€) a quienes osen criticarles, ejerzan su derecho a opinar o, simplemente, a quien consideren oportuno, arruinarle literalmente y dejar pasar años hasta que éste pueda obtener el amparo judicial al que tendría derecho hasta ahora -previo pago de las tasas que ellos han impuesto y a los abogados correspondientes, EN EL CASO QUE PUDIERA PAGARLOS-.

Y luego dicen que esto es una democracia y un "estado de derecho". No pasa ni en Liberia.
Pero el ancestralmente sumiso pueblo español sigue votando al PP, señores .... y yo sigo de vacaciones.

[Shé]

Normal para un gobierno con vocación de auténtica dictadura.

No soportan que los jueces les obliguen a indultar a sus correligionarios y compinches de las empresas privadas. Podían empezar por ignorar la ley y no condenarlos, como harían unos buenos jueces en el país de sus sueños con los amiguetes del gobierno.

No soportan que los jueces no vean delito en tantísimas acusaciones contra ciudadanos, ya sea por parte de particulares como de organismos del estado. Un ejemplo entre miles, los detenidos por supuesto acoso al congreso del 26S.

No soportan que tras la demanda de servicios mínimos abusivos, estos se vean corregidos sistemáticamente a la baja por los jueces.

No soportan que no esté en sus manos decidir quién, y a qué, tiene derechos que son universales. Pero los jueces se lo recuerdan cada día.

No soportan, ni entienden, que los trabajadores tengan derechos: lo vimos con la reforma laboral de enero 2012 y lo estamos viendo con el derecho a huelga, que van a intentar eliminar.

No soportan que la Justicia corrija -tarde y a destiempo, pero implacablemente- los abusos de poder, los fraudes o los incumplimientos tanto de las grandes empresas como de instituciones. Como está ocurriendo con las preferentes, después de que Guindos dictaminara que los estafados tendrían que joderse y como mucho recuperar el 10% de lo que se les había robado.

No soportan que la Justicia esté por encima de ellos, herederos naturales por la gracia de dios del poder en este país, detentado durante generaciones por sus familias.

Si no lo impedimos, pronto esto será igual que hace cuatro décadas, pero al parecer eso no desamina al electorado que sigue votándole lleno de fe.

Amén.

Yo creo que acabaré en Laponia o en Islandia.

O en la cárcel.

[jasimotosan]

Terminar en Islandia, Laponia o la cárcel dices, Shé.

Me has recordado el estribillo de una canción del carnaval de Cádiz de los años treinta que nos cantó un vejete de la reunión a cuenta de como está la cosa, dice:

"Porque yo les aseguro que
en cambiando de país
y no tomando por culo
se estará mejor que aquí."

Vox populi, vox dei.

[Pastranec]

Los capellanes católicos seguirán cobrando por acudir a hospitales públicos

Por Ical | 13/12/2013

Las Cortes rechazan la suspensión del convenio para prestar asistencia religiosa en los hospitales de Sacyl. El PSOE critica que se destine un millón de euros al año a esa prestación y el PP dice que es valorada y demandada.

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León desestimó este viernes la petición del Grupo Socialista de suspender el convenio de colaboración para la prestación de asistencia religiosa en los hospitales de Sacyl, ya que en opinión del Grupo Popular es "oportuno" mantener este servicios por ser "demandado y bien valorada".

En la defensa de la proposición no de ley, el socialista Fernando Rodero pidió la suspensión del convenio firmado en 2004 entre la Junta y los obispados para el servicio de atención religiosa en los hospitales de Sacyl. Rodero explicó que el coste de este servicio supera el millón de euros al año y añadió que esa asistencia no puede estar en la cartera de sanitaria.

Junto a los criterios de racionalidad económica, recortes aplicados por la Junta y austeridad en el gasto, el procurador defendió la libertad religiosa, y desde el respeto a la misma, estimó que se deben superar los "agravios comparativos" y que la sociedad española "ha cambiado mucho desde 1979".

Rodero rechazó el argumento del PP de que este servicio se utiliza por muchos ciudadanos e insistió en que "no es una cuestión de estadística, sino de respeto", a la vez que recordó al PP que son muchas las personas que se oponen al copago sanitario y a los recortes que se aplican por la Junta y el Gobierno, así como al retroceso en derechos.

Por su parte, el procurador del PP Jerónimo García apeló también al respeto de cualquier creencia religiosa y recordó que la Consejería de Sanidad asumió en 2004 junto a la asistencia sanitaria el convenio vigente entre el Estado y la Santa Sede, suscrito en 1985 por un Gobierno socialista.

Además, defendió que desde 2009 también se han producido ajustes en ese servicio en el número de capellanes y en las retribuciones y abogó por mantener este servicio como una oferta "oportuna, valorada y demandada", según explicó el procurador a Ical.

En el año 2012, el gasto en personal en esta materia ascendió a 826.863 euros y el número de capellanes disponibles a 42. De ellos 9 prestaban sus servicios en los Hospitales de León y de el Bierzo, con un coste trimestal de 41.773 euros.

En los antecedentes de la iniciativa socialista, se explica que esta asistencia religiosa se sufraga con cargo al "erario público" por un importe de 18.000 euros al año por cada capellán que preste dicha asistencia a tiempo completo y el 55 % de dicho importe para aquellos que lo presten a tiempo parcial. Es decir, este servicio supone alrededor de 700.000 euros anuales de dinero público.

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[Shé]

Lo raro es que no atribuyan a los curas las mismas funciones que ahora pretenden otorgar a los guardas jurados de las empresas privadas.

Pero todo se andará: si bien no dejan a los futuros "representantes del orden público privado" interrogar a los retenidos, bien podrían habilitar a los curas para esto.

Ya estoy viendo a un retenido en una sala de un centro comercial esperando a un descendiente de Torquemada para que le haga confesar el crimen.

[Vitriólico]

Lo raro es que no atribuyan a los curas las mismas funciones que ahora pretenden otorgar a los guardas jurados de las empresas privadas.
...

¿¿Cómo que no?? Los obispos son fedatarios públicos a determinados efectos en este país "aconfesional".

[Shé]

Ya, eso además. Me refería a algo nuevo.

Mejor no dar ideas.