Uno de los lugares más contaminados por pesticidas del mundo

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Uno de los lugares más contaminados por pesticidas del mundo está en España

Una sopa tóxica de 4.000 toneladas amenaza a uno de los principales afluentes del río Ebro, según un estudio del Gobierno de Aragón que mide la catástrofe medioambiental causada por los vertidos ilegales de una fábrica de insecticida

“Es el lugar perfecto para rodar una película gore”, resume con rabia Jesús Fernández. Este geólogo es una de las pocas personas que han entrado en los últimos años en la fábrica abandonada de Industrias Químicas del Noroeste (Inquinosa), en el pueblo de Sabiñánigo, al pie de los nevados Pirineos oscenses. Es un lugar de pesadilla. Su equipo entra en las instalaciones con trajes Tyvek, de protección química, y bombonas de oxígeno, para poder desplazarse entre cientos de bidones con residuos tóxicos. La escena parece sacada, efectivamente, de una película de ciencia ficción apocalíptica, “pero no hay que dejarse engañar por las fotografías, porque lo peor está bajo el suelo”, alerta Fernández.

Entre 1975 y 1989, Inquinosa fabricó miles de toneladas del pesticida lindano, entonces usado como insecticida sobre semillas de cereales y hoy prohibido en todo el mundo por su extremada toxicidad para el ser humano y para el medio ambiente. Sin escrúpulos y sin autorización administrativa, la empresa española tiró en ese tiempo entre 115.000 y 160.000 toneladas de residuos tóxicos de la producción del pesticida en dos vertederos de Sabiñánigo, según ha calculado ahora un equipo de técnicos del Gobierno de Aragón del que forma parte Fernández. Con estos nuevos datos el lugar es, según certifica el geólogo, “uno de los lugares más contaminados por pesticidas del mundo, junto con algunas plantas de India, Rumanía y Brasil”.

Algunos de estos residuos eran líquidos y unas 4.000 toneladas de sopa densa y tóxica permanecen repartidas entre los dos vertederos. Es un puré venenoso formado por restos de la fabricación del lindano, como benceno, clorobencenos, clorofenoles y HCH. Poco a poco, esta sopa se filtra y emponzoña los acuíferos bajo los vertederos, constituyendo “una seria amenaza para el medio ambiente”, según los técnicos del Gobierno de Aragón.

El río Gállego pasa cerca de estas bombas de relojería en su camino hacia Zaragoza, donde desemboca en el Ebro, el río con más agua de España. “Hemos hecho estudios sobre qué pasaría si esta fase densa llega al río Gállego y la conclusión es que no puede llegar de ninguna manera, porque sería inasumible”, alerta Fernández. Sería un desastre medioambiental sin precedentes.

Desde 2004, los técnicos del Gobierno de Aragón han conseguido extraer mediante bombas neumáticas 20 toneladas (unos 20.000 litros) de esta sopa densa filtrada a las aguas subterráneas. Extraen el líquido a una profundidad de hasta 40 metros con extremo cuidado, porque algunos de sus componentes químicos para colmo son muy inflamables.

Puro veneno

“20.000 litros puede parecer poco, pero un litro de esta sopa es capaz de inutilizar un hectómetro cúbico [mil millones de litros] de agua, según los valores normativos. 20.000 litros podrían haber contaminado toda la reserva hídrica de Aragón durante 15 años”, advierte el geólogo. Esta sopa tóxica se envía a Francia, donde se destruye en una incineradora especializada.

El proceso de limpieza es un infierno y, a causa de la crisis económica, va muy lento. “Tenemos dos opciones: o esconder los residuos debajo de la alfombra o destruirlos. Yo defiendo que construyamos una planta incineradora en Sabiñánigo para destruirlos, porque es una tecnología que da garantías absolutas y porque es infinitamente peor tenerlos como los tenemos. No podemos estar años con unos vertederos que están goteando”, opina Fernández, del Servicio de Control Ambiental del Gobierno de Aragón.

La incineradora, calculan, costaría unos 100 millones de euros, a los que habría que sumar otros 100 millones en labores de restauración para devolver el ecosistema a su estado natural. El Gobierno de Aragón no tiene ese dinero. “Es un problema económico, tendríamos que conseguir financiación fuera”, señala.

En el desastre ecológico de Sabiñánigo, el principio “quien contamina, paga” ha sido ultrajado. El dinero de la limpieza tendrá que salir de los bolsillos de los contribuyentes. La historia de este descomunal vertido tóxico es ignominiosa. El 25 de mayo de 1987, la Asociación para la Defensa del Pirineo Aragonés denunció la contaminación de Inquinosa, mostrando a la prensa que alevines de trucha morían ipso facto en aguas cercanas a un vertedero, pero no aguas arriba. Los directivos entonces no dieron la cara.

Los ecologistas, detenidos

El 15 de marzo de 1989, seis mujeres activistas de Greenpeace, procedentes de varios países, saltaron las vallas de uno de los vertederos y algunas de ellas consiguieron encadenarse a un camión que transportaba residuos tóxicos. La Guardia Civil llegó y se las llevó detenidas. Greenpeace presentó entonces una querella criminal contra los directivos de Inquinosa por el “gravísimo riesgo” que suponían sus vertidos. Mucha gente del pueblo salió en aquella época a defender a la fábrica de pesticidas, porque daba unos 70 puestos de trabajo. “Debían de ser los que más cobraban de Sabiñánigo”, recuerda Fernández. Los extrabajadores cuentan que a veces salían de la fábrica con residuos tóxicos líquidos transportados en una cisterna con fugas. Cuando llegaban al vertedero, la cisterna ya estaba vacía.

Tras la campaña ecologista, la Audiencia de Huesca condenó en 1994 al director gerente de Inquinosa, Jesús Herboso Pajarrón, a una pena ridícula de dos meses de cárcel y un millón de pesetas de multa como responsable del vertido, que se ejecutaba sin autorización administrativa. La sentencia absolvió al director de la planta, José Manuel Cuartero.

Herboso Pajarrón llegó entonces a un acuerdo comercial con la empresa estatal rumana Oltchim para seguir fabricando lindano en Rumanía, de nuevo lejos de cualquier preocupación medioambiental. Y, en 1998, vendió el 50,1% de las acciones de Inquinosa International por 1,8 millones de dólares a JLM, una empresa química con un historial de violaciones medioambientales en sus fábricas de EEUU.

En un informe oficial del Gobierno mexicano (pdf), elaborado en 2004, Inquinosa aparecía como el mayor productor de lindano del mundo desde su escondite en Rumanía y la empresa todavía aseguraba que el pesticida no era un contaminante orgánico persistente. En 2003, un juzgado de Huesca había sentenciado a Inquinosa a pagar 6,5 millones de euros de indemnización tras una demanda civil del Gobierno de Aragón en 1996 por los daños ambientales en Sabiñánigo. Pero el dinero todavía no ha aparecido. Inquinosa se ha esfumado.

Vertidos sin control

“Esa cantidad nos la hemos gastado ya varias veces”, reflexiona Fernández, que en un ejercicio de transparencia poco habitual publica los resultados de siete años de estudios en la revista científica Environmental Science and Pollution Research. El trabajo también está firmado por el ingeniero de montes Carlos Cacho, jefe del Servicio de Control Ambiental del Gobierno de Aragón, y por Miguel Ángel Arjol, técnico de la empresa pública Sodemasa.

Cuando Inquinosa comenzó a fabricar lindano en 1977, volcaba sus residuos tóxicos directamente en el vertedero del pueblo, el vertedero de Sardas, donde iban a parar también las basuras y los escombros de construcción de Sabiñánigo. El vertido se hacía sin ningún tipo de medida de control, como la impermeabilización del suelo para que los residuos no acabaran en los acuíferos subterráneos. En 1984, Inquinosa comenzó a verter en un nuevo vertedero municipal, el de Bailín. Ambos, Sardas y Bailín, están a pocos cientos de metros del río Gállego. Entre 1995 y 1997, los dos vertederos se clausuraron y se aislaron de manera superficial.

Ahora, para solucionar el goteo tóxico hacia los acuíferos, las autoridades han construido un nuevo vertedero bien impermeabilizado al que van a trasladar los desechos de Bailín. El movimiento se llevará a cabo entre mayo y octubre de 2013, si no hay complicaciones. Las obras costarán 19 millones de euros. El vertedero de Sardas se quedará como está, goteando. Desde 2005, las arcas públicas han desembolsado 1,5 millones de euros cada año para minimizar las fugas tóxicas en Bailín y otros 500.000 euros anuales en Sardas. Pero todas estas actuaciones son, básicamente, parches, hasta que aparezcan los 200 millones de euros que permitan descontaminar de verdad la zona. Porque quien ha contaminado, no ha pagado.