Mientras tanto, aquí los responsables políticos se entretenían jugando a sus cosas, mirando para otro lado y, desde luego, entonces como ahora, lo último en lo que pensaban era en dimitir. Su prioridad fue intentar tapar la noticia, haciendo que la catástrofe fuera muchísimo peor -de hecho en eso se ampara la aseguradora para no pagar- y la propaganda más asquerosa: Catástrofe? Qué catastrofe? Agitadores antisistema que se empeñan en asustar a la población para volverla contra el gobierno, pero esto no ha sido nada, tranquilos.
El País, 11 de julio 2013El presidente del tribunal del ‘Prestige’: “Es obvio que faltan muchos implicados”
- Prevé para el 11º aniversario de la catástrofe una sentencia “estándar”
- Los videos inéditos del hundimiento del barco
- ESPECIAL Consulte toda la información sobre el juicio del 'Prestige'
PAOLA OBELLEIRO A Coruña 10 JUL 2013 - 21:48 CET
Los acusados escuchando al Tribunal / GABRIEL TIZÓNEl juicio de la catástrofe del Prestige quedó visto para sentencia, tras nueve meses de vista oral bastante olvidada. El presidente del tribunal, Juan Luis Pía, convocó inmediatamente a los periodistas para darles sus impresiones sobre el balance del proceso y soltarles un trallazo informativo en forma de queja: “Es obvio que hay más gente implicada en el siniestro, tanto responsables políticos como no políticos”. Pía, que será el ponente de la sentencia, considera que se deberían haber sentado en el banquillo de los acusados algunas personas más que los dos mandos del petrolero y un solo responsable político o alto cargo, el exdirector de Marina Mercante, José Luis López-Sors.
Nada más pronunciar el “visto para sentencia”, Pía acudió a la sala de prensa y, rotundo, describió las grandes lagunas que, en su opinión, arrastra la mayor causa por un delito ambiental jamás instruida en España. “Faltó mucha gente entre los acusados”, se lamentó el presidente de la sala. Entre los ausentes citó a los “responsables políticos” de la gestión de la catástrofe y a los directivos del “entorno del barco”.
José Luis López-Sors, exdirector de Marina Mercante en el Gobierno de Aznar, fue el único cargo público acusado por la gestión de la crisis. El exministro Francisco Álvarez-Cascos y otros cargos bajo su mando tan solo fueron testigos para la justicia. No es la primera vez que la Audiencia coruñesa, aunque con otros magistrados, enmienda la enrevesada instrucción de esta catástrofe, que duró nueve años.
Para Juan Luis Pía, este macrojuicio, con tres jubilados como únicos acusados, ha resultado “desmesurado, un sinsentido”, además de carísimo. El magistrado reconoce que esas ausencias entre los imputados van a influir inevitablemente en la sentencia, que prevé tener lista en la primera quincena de noviembre, cuando se cumplan 11 años de la catástrofe. “He echado de menos muchas cosas y mucha gente para poder decidir” los responsables del desastre, abundó Pía. Aunque el magistrado confía en que el fallo sea “aceptable, estándar y comprensible, huyendo del intento de sentar jurisprudencia”, vaticina que el veredicto acabará recurrido ante el Tribunal Supremo. Pía, en sus quejas, incluyó una al Estado, a la vez demandante y acusado en este proceso. Una condena de López-Sors implicará declarar a España responsable civil subsidaria de una catástrofe cuya factura la Fiscalía cifra en 4.338 millones de euros. El presidente del tribunal destacó que el fallido pleito que el Gobierno intentó en Estados Unidos contra ABS, la poderosa sociedad norteamericana que autorizó a navegar al viejo petrolero, “perjudicó enormemente”.
Pese a todo, el presidente del tribunal se congratuló de que por primera vez en un proceso de tal envergadura “nadie pidiese la nulidad”. Eso implica que todas las partes consideran que se va a impartir justicia. Prueba de ello es que el capitán del Prestige, Apostolos Mangouras, usó el turno de última palabra no para defenderse sino para deshacerse en agradecimientos, en especial “al pueblo gallego”. “Terminan diez años de juicio permanente”, apuntó.
Los abogados abortaron su intento cortés, al terminar el juicio, de estrechar la mano al presidente del tribunal. “Que nos dé las gracias por tenerlo aquí nueve meses, a sus casi 80 años, tratándolo todos los días de delincuente, da idea del ambiente” de este proceso, remarcó Pía. Dejó claro que el anciano capitán, en todo caso y por su edad, no volverá a estar entre rejas. El jefe de máquinas del petrolero, también acusado, se despidió pidiendo “perdón al pueblo gallego por los daños del Prestige”.
El exdirector de Marina Mercante limitó, por el contrario, sus agradecimientos a su letrada. Rocío Castro, abogada del Estado, hizo hincapié en que su defendido no actuaba por libre, “sino que formaba parte de toda una organización” administrativa. También subrayó que López Sors “no se fue de caza” cuando llegó la marea negra, como sí hicieron el exministro Álvarez-Cascos y el expresidente Manuel Fraga. López-Sors, insistió su letrada, “asumió todas las funciones de su cargo” y optó “por la única alternativa posible y legal” con el Prestige: “alejarlo de la costa hasta su desenlace más probable, su hundimiento”.
Una factura de más de 4.000 millones de euros cuyo pagador es incierto
Aparece cada vez más lejana la posibilidad de que la aseguradora británica del Prestige, la única sociedad solvente del escurridizo entramado empresarial del viejo petrolero, acabe pagando en parte la multimillonaria factura de la catástrofe. A pesar de todos los esfuerzos y las estrategias jurídicas desplegadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado para intentar una sentencia del tribunal de A Coruña en ese sentido. Ambas acusaciones públicas incluso rogaron a la sala, en sus conclusiones finales, que buscará fórmulas para lograr declarar responsable civil directa de la catástrofe a esa compañía de seguros, The London P&I Club. La póliza del petrolero es de 1.000 millones de dólares.
Pero la aseguradora, que eludió personarse en el juicio aunque participó indirectamente pagando las costosas defensas de los dos marinos griegos imputados, así como de la dueña liberiana del barco, considera que ya cumplió de sobra con sus obligaciones al abonar, en 2003 y en nombre de la naviera, una fianza judicial de 22,7 millones de euros. Una cifra que corresponde al 3% del fuel que, según los dueños del Prestige, perdió el petrolero nada más recibir un golpe en su casco cuando navegaba frente a Galicia en noviembre de 2002. El resto, el 97% de la catástrofe, es cosa del Gobierno, al que el entramado del barco acusa de haber convertido “el derrame inicial en masivo”.
Hay normas internacionales, sobre todo el convenio de 1992 que delimita las responsabilidades en caso de derrame de hidrocarburos y al que están sometidos tanto España como los propietarios del barco, que no se pueden obviar, según recordó ayer el presidente de la sala de A Coruña, Juan Luis Pía. “Esto es al fin y al cabo una cuestión penal, determinar si cometieron o no delito” los tres hombres sentados en el banquillo de los acusados, destacó el magistrado. Por mucho, abundó, que el derecho español haya permitido unir, en un mismo proceso judicial, las responsabilidades penales y las civiles.
“Es una barbaridad”, opinó Pía, y dio pie a ese formidable embrollo jurídico que deja, más que nunca, en el aire el pago de una factura que la Fiscalía elevó en total a 4.338 millones de euros. Es cada vez más improbable su abono. El presidente del tribunal hizo hincapié en que la sentencia, cuyas deliberaciones con los otros dos magistrados de la sala espera resolver en solo 15 días, deberá determinar “hechos probados” sobre las causas del accidente del petrolero y, sobre todo, los responsables de la errática travesía del barco que acabó tiñendo de fuel 1.600 kilómetros de costas españolas y francesas.
Un poco de memoria:
El País, 16 de octubre 2012Los políticos clave
- El más devastador desastre ecológico de la historia de España no tuvo ningún precio político
- La mayoría de los que gestionaron aquel episodio prolongaron sin dificultades sus carreras
- ESPECIAL La catástrofe del 'Prestige'
XOSÉ HERMIDA 16 OCT 2012 - 05:44 CET
El entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, observa un mapa de los buques anticontaminación. / EFEEl más devastador desastre ecológico de la historia de España no tuvo ningún precio político. La mayoría de los que gestionaron aquel episodio, en medio de una oleada de indignación popular sin precedentes en Galicia, prolongaron sin dificultades sus carreras políticas, y, de hecho, uno de ellos, Mariano Rajoy, es hoy el presidente del Gobierno de España. Otros han pasado al ostracismo, pero por otros vaivenes políticos, no por el Prestige, que ni siquiera provocó dimisiones de cierto rango en la Administración de entonces, pese al consenso casi generalizado sobre la calamitosa gestión que del episodio hizo el Gobierno de Aznar. Estos fueron los personajes clave en la crisis.
JOSÉ LUIS LÓPEZ-SORS
Es el único que se sienta en el banquillo y también el único que pagó por los errores. En realidad, era un técnico, no un político, un asturiano al que su paisano Francisco Álvarez-Cascos, entonces ministro de Fomento, había encomendado la Dirección General de la Marina Mercante. López-Sors fue fiel a su jefe, asumió la orden de alejar el barco y en ningún momento descargó responsabilidades hacia arriba. Desde entonces, desapareció de la vida pública.
FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS
No solo no asumió ninguna responsabilidad por los errores cometidos –era su departamento el que debía decidir sobre el destino del petrolero en apuros- sino que el Gobierno gallego, que en aquel momento presidía Manuel Fraga, llegó a premiarle con la concesión de la Medalla de Oro de Galicia. Si su carrera política fue en declive, se debió estrictamente a su alejamiento de la dirección del PP, que abandonó el pasado año. Pero, con un nuevo partido, llegó incluso a presidir durante unos meses el Principado de Asturias, una de las comunidades salpicadas por el chapapote. Ahora, languidece como diputado de la oposición autonómica y jefe de su partido, Foro por Asturias.
Los entonces vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy,MARIANO RAJOY
y el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos. / RICARDO GUTIÉRREZ
Entonces vicepresidente del Gobierno, no intervino en los primeros días ni tuvo ninguna responsabilidad en la orden de negar al Prestige el refugio en algún puerto gallego. Pero cuando la situación en Galicia estaba a punto de estallar, sin que el Ejecutivo hubiese reaccionado ante una marea negra que se empecinaba en negar, el presidente Aznar le puso al mando de un gabinete de crisis. Las meteduras de pata de Rajoy fueron antológicas. Primero negó –pese a las evidencias que ofrecían las autoridades portuguesas- que el pecio hundido del buque desprendiese fuel. Y luego – en la frase más recordada- redujo las filtraciones a la categoría de “hilillos de plastilina que ascienden verticalmente”. Aunque tuvo que sufrir el acoso de sus airados paisanos gallegos, su carrera política siguió adelante y acabó en La Moncloa.
FEDERICO TRILLO
Como ministro de Defensa, tardó tres semanas en movilizar al Ejército para hacer frente a la marea negra mientras los marineros recogían el chapapote del mar con sus propias manos o con herramientas improvisadas. Tuvo intervenciones públicas imborrables. Mientras el buque daba tumbos soltando fuel a chorros frente a la costa gallega, llegó a sugerir como solución que lo bombardeasen. Luego, en una visita a Galicia, proclamó, contra toda evidencia, que las playas estaban “esplendorosas”. Aunque su carrera política también ha ido declinando, el Gobierno de Rajoy le ha premiado nombrándole embajador en Londres.
ARSENIO FERNÁNDEZ DE MESA
Era el delegado del Gobierno en Galicia y, como tal, el portavoz único de la Administración durante los primeros días. Su estampa, de traje impecable y pelo cuidadosamente engominado, contrastaba con las imágenes de los marineros batiéndose el cobre contra el chapapote. El Gobierno de Aznar había decretado la inexistencia de la marea negra y Fernández de Mesa puso todo su empeño en mantener la ficción. En Galicia, su figura salió escaldada, pero nunca abandonó la política, como diputado en el Congreso durante los últimos nueve años y un estrecho colaborador de Rajoy. El actual presidente le hizo director general de la Guardia Civil.
XOSÉ CUIÑA
La otra víctima política de la catástrofe paradójicamente no tuvo nada que ver con su gestión. Xosé Cuiña era entonces consejero y mano derecha de Manuel Fraga en la Xunta de Galicia. Asustado, como otros dirigentes del partido, por la reacción popular, convenció a Fraga de que tratase de marcar distancias con el Gobierno de Aznar. Y hubo algunos gestos, como el de crear una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia, que finalmente se quedaría en nada. A las pocas semanas, Fraga le echó del Gobierno instigado por la dirección nacional del PP. Falleció de una enfermedad en diciembre de 2007. A Cuiña lo había sustituido en la Xunta un hombre también promovido desde Madrid, Alberto Núñez Feijóo, hoy presidente de Galicia.
FRANCISCO VÁZQUEZ
El entonces alcalde de A Coruña fue el único socialista que se desmarcó de la protesta contra la gestión del Gobierno y se afanó en arropar todo lo que pudo a Aznar. Obtuvo un premio: en un Consejo de Ministros celebrado en el Ayuntamiento coruñés se aprobó su proyecto de construir un nuevo puerto exterior en la ciudad. Pero el episodio distanció definitivamente a Vázquez de los socialistas. Zapatero se lo quitó de en medio nombrándole embajador ante la Santa Sede. Cuando cesó en ese cargo, maniobró para ser Defensor del Pueblo, sin lograr que el PSOE le diese su apoyo. Ha regresado a A Coruña, ya sin ningún protagonismo político.
