ESTA crisis que nació en la economía financiera, liderada por grandes fortunas que se mueven al margen de los escasos medios de regulación establecidos, se está convirtiendo en una religión de la que nos quieren convertir a todos en píos devotos. Pero para caer en ella hay que ignorar ciertos hechos, que no por no ser titulares de prensa dejan de estar a nuestro alcance.
Goldman Sachs, el emporio financiero americano que ayudó al Gobierno griego a engañar a la Comisión Europea en 2010, origen, dicen, de lo que está pasando en Europa, tenía como presidente para Europa entonces a Mario Draghi. Sabemos también que Draghi es hoy el presidente del Banco Central Europeo, cuyas decisiones han hundido a varios países aún más, a pesar de las opiniones en contra de no pocos economistas de prestigio mundial.
John Christensen, director de Tax Justice International, declaró en enero que, según datos del FMI, el 31% del PIB mundial está refugiado en paraísos fiscales. Más aún: por el informe de la Tax Justice Network -21 de julio, diario británico The Observer-, hemos sabido que la élite financiera mundial ha refugiado 16,7 billones de euros en esos paraísos en los últimos años. Esto con la ayuda de la banca privada -sí, esa que nos está arrastrando a los ciudadanos a la ruina-.
El blanqueo de esta cantidad de dinero bastaría para salir de la crisis en Occidente y mejorar la vida de millones de personas en el Tercer mundo. Es dinero fruto de la especulación, narcotráfico, sobornos a gobernantes y de otras actividades delictivas. Pero también de beneficios de negocios no declarados en sus países.
En cuanto a nuestro país, según Miguel Ángel Mayo, coordinador en Catalunya del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, si el Gobierno de España recaudara los impuestos escatimados por el fraude fiscal, tendríamos 89.000 millones de euros más al año para las arcas públicas, arcas que administra el Gobierno, pero que son de todos los españoles, no lo olvidemos.
Es más, si en lugar de tener un sistema tan regresivo -menor diferencia entre lo que pagan las rentas altas y las bajas-, el nuestro se pusiera a la altura del de Suecia, estos ingresos anuales supondrían 200.000 millones de euros más al año, según cálculos de Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra y en la Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU).
En vez de recaudar, pedimos fondos para rescatar nuevamente la banca, y para conseguirlos, el Gobierno ha hecho los más brutales recortes y ha subido de forma regresiva los impuestos. Peor aún: al margen del ahorro, que supondrá más sufrimiento para millones de españoles, no es aventurado avanzar que no conllevarán los ingresos previstos ni por el IRPF ni por el IVA, porque estas medidas hundirán aún más la economía provocando aún más paro y retrayendo más el consumo.
Con una adecuada lucha contra el fraude podríamos ayudar -sin entrar en si esto es lo que se debe hacer- a nuestros bancos a devolver sus créditos a la banca alemana y francesa sin recortes ni rescates, pero se prefiere terminar de hundir a los más débiles con una reducción insoportable en las prestaciones y una subida injusta del IVA, que en algunos casos supondrá un 13% de incremento.
Mientras se culpabiliza al ciudadano de a pie por «haber vivido por encima de sus posibilidades», ni los gobiernos anteriores ni el actual parecen haber conseguido avanzar en la lucha contra el fraude, auténtica lacra de nuestra economía. Pero es que resulta prácticamente imposible conseguir lo que no se persigue.
El Gobierno de Rajoy ha emprendido una cruzada contra el fraude del paro mientras indulta a corruptos condenados por la justicia, como Tomás Gómez Arrabal, exalcalde de la localidad malagueña del Calle de Abdalajís, y a tres concejales condenados por delitos continuados de prevaricación y a varios otros delincuentes convictos.
Javier Aguilar, esposo de Cristina Cifuentes -delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid- ha sido declarado en ignorado paradero por la justicia, que le busca por un litigio relacionado con problemas laborales surgidos de su actividad empresarial. Carlos Fabra, presidente de la Diputación Provincial de Castellón y padre de la criatura que pronunció el conocido exabrupto «Que se jodan» cuando se estaban comunicando los recortes a los parados, está imputado por un presunto tráfico de influencias y delito fiscal: su caso judicial ha conocido cuatro fiscales y ocho jueces distintos en cuatro años -los siete jueces anteriores pidieron el traslado-. ¿Para qué seguir?
¿Cómo vamos a esperar que unos políticos corruptos defensores de delincuentes respeten nuestros derechos constitucionales frente a las injerencias de los más poderosos actores de la economía nacional e internacional?
Mientras no tengan freno, los explotadores seguirán explotando aunque las consecuencias se les escapen a veces y ellos mismos salgan perdiendo en ocasiones, como ocurrió con la devaluación global del patrimonio inmobiliario. También es cierto que no son ellos quienes, por mucho que pierdan, pasan penurias o se ven obligados a trabajar 16 horas para sobrevivir cuando le vienen mal dadas al casino en que han convertido el planeta.
Pero es que, además, quienes infringen hasta las leyes construidas a su medida, tienen secuestrada a la clase política, y esta les permite todo tipo de abusos legales como exenciones de impuestos, subvenciones a medida, amnistía fiscal, indultos, etcétera, e ilegales, como es esconder el dinero en paraísos fiscales. Mientras, la Administración se muestra implacable con los más desfavorecidos, eliminando ayudas, ahora más necesarias que nunca.
Se quiere ignorar dónde está y a quién pertenece el dinero escondido que no cotiza impuestos, en un contexto en el que una tasa de paro insostenible está provocando, entre otros dramas personales, el desahucio de sus viviendas de más de 500 familias al día. No olvidemos que el origen de esta recesión está en la economía financiera especulativa, no en la productiva, y en absoluto es achacable al Estado de bienestar que se está desmantelando, ni aquí ni en ningún otro país. Es como intentar reparar un edificio quemando un bosque.
Dejar de alimentar las arcas estatales con impuestos del dinero evadido por delincuentes, pues lo son quienes delinquen, aunque sean ricos banqueros, y pretender tapar los agujeros a nuestra costa, no solo es injusto, es también inútil. Igual que lo es culpabilizarnos por «vivir por encima de nuestras posibilidades», cuando nuestra culpa real es haber puesto en el poder a quienes protegen a los que nos están hundiendo.